EL DEBATE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Un cuerpo de policía privado www.lavanguardia.es
Las empresas de seguridad emplean a más agentes que la Policía o la Guardia Civil

Las empresas privadas de seguridad españolas emplean ya a más de 88.000 personas, 25.000 de las cuales vigilan edificios públicos o de empresas del Estado. Facturan 2.800 millones de euros

Las fuerzas de seguridad han cedido a la empresa privada la vigilancia de los ministerios

LUIS IZQUIERDO - 16/08/2004
Madrid

El sector de la seguridad privada está adquiriendo en España las dimensiones de un verdadero cuerpo comparable a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Más de 75.000 vigilantes, 7.900 escoltas, 1.500 especialistas en sistemas, 4.500 vigilantes de explosivos y una facturación anual que superará este año los 2.800 millones de euros así lo demuestran: los dos cuerpos de seguridad del Estado tienen un presupuesto anual conjunto inferior a los 3.600 millones de euros y una plantilla que no alcanza las 120.000 personas (45.900 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, y 71.477, a la Guardia Civil).

Mientras la facturación del sector privado crece anualmente por encima del 10%, los últimos gobiernos se han limitado a aumentos que apenas cubrían el incremento del IPC en la dotación presupuestaria de las fuerzas de seguridad. Así, en 1999 el presupuesto conjunto de Policía y Guardia Civil fue de 3.386 millones de euros, y el año pasado, de 3.587.

Se da el caso de que la Administración es el principal cliente de estas compañías. Uno de cada tres vigilantes privados custodia edificios públicos o está empleado en empresas del Estado, según se deduce de las cifras facilitadas por la Asociación Profesional de Compañías de Seguridad (Aproser), corroboradas por los sindicatos.

Eso quiere decir que 25.000 vigilantes prestan servicios en edificios oficiales o compañías del Estado en trabajos que antes realizaban policías o guardias civiles, habiéndose constituido en un desestructurado tercer cuerpo de seguridad con empresas privadas actuando de intermediarias entre el Estado y sus ciudadanos.

Esos agentes privados han sustituido a los policías en los puestos de vigilancia estática incluso de los propios ministerios, salvo excepciones concretas como Presidencia, Defensa, Interior o Administraciones Públicas, que por su naturaleza o ubicación no lo hacían recomendable. En la mayoría de los casos se ha aplicado la premisa de que los vigilantes pueden hacer el mismo trabajo saliendo más baratos al propio Estado, que puede destinar a policías y guardias a otras tareas.

Los agentes públicos han sido así sustituidos en instituciones tan significativas como el Banco de España o el Tribunal Supremo, aunque siempre bajo la supervisión de algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. A medida que han crecido las necesidades y ante la referida escasez de funcionarios, los vigilantes han asumido funciones difíciles de imaginar hace pocos años. Se encargan del control de los equipajes en los aeropuertos y puertos y de la vigilancia de las estaciones de autobuses y ferrocarriles. Y cada vez reciben más encargos para custodiar a personas susceptibles de ser atacadas.

Según los datos de Aproser, actualmente hay 7.900 escoltas privados en ejercicio dotados ya de sus propios sindicatos. Aunque UGT recorta la cifra real de escoltas en activo a algo más de 4.000, admite que son muchos y que, en cualquier caso, conforman una auténtica tercera fuerza en la custodia de las personas amenazadas por el terrorismo.

Además, las compañías privadas dicen que no pueden asumir la demanda de personal de seguridad porque no hay gente en el mercado de trabajo a la que la atraiga esta tarea. A finales del año pasado, Aproser contabilizaba 71.631 vigilantes y calculaba que existe mercado este año para la contratación de 17.000 personas más para este tipo de tarea.

Los bajos salarios son la causa de que la movilidad en el sector sea elevadísima, pues supera ligeramente el 50% anual. Que la de vigilante es una profesión de paso lo prueba que la media de permanencia en el sector es de sólo 4,8 años. A pesar de ello, las cifras de la seguridad privada en España comienzan a ser espectaculares. Y eso que no se contabilizan los auxiliares de control, auténticos guardias en la práctica que, amparados por compañías de servicios filiales de las de seguridad, visten el mismo uniforme del grupo empresarial, pero que no tienen el título de vigilante privado que otorga el Ministerio del Interior. Para conseguir la acreditación es necesario realizar un curso de 150 horas y pasar un examen. Los auxiliares de control o personas que realizan funciones de vigilancia sin tener la titulación constituyen una figura rechazada por el propio reglamento que regula el sector. Los sindicatos los denuncian, pero se les sigue contratando cada vez más.

Hace años que los empresarios piden a la Administración que cambie el reglamento para que los extracomunitarios también puedan acceder a la profesión –hasta ahora, es un requisito necesario tener una nacionalidad de la UE–. Sin embargo, los sucesivos gobiernos se han mostrado contrarios a esta petición, y no parece que reestructurar el sector de la seguridad privada esté entre los planes más inmediatos del nuevo Ejecutivo.

La situación en España no es diferente de la del resto de los grandes países europeos. Alemanes, franceses o británicos cuentan con sectores de seguridad privada con mayor tradición que el español y plantillas mucho más abultadas. En el Reino Unido, por ejemplo, había hace dos años unos 200.000 vigilantes contratados, y en Alemania, casi 170.000. El caso español está más próximo a estos países que a los de la Europa mediterránea, donde la custodia privada de bienes no ha adquirido todavía estas dimensiones.