El proyecto del Ministerio de Salud, que excluye la objeción de conciencia para los médicos y contempla la intervención hasta el quinto mes de gestación, está respaldado por más de 200 ONG financiadas por capitales extranjeros, en una estrategia para extenderlo a toda América Latina



El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva parece dispuesto a allanar definitivamente el camino hacia la legalización total del aborto en Brasil. El nuevo proyecto de ley del Ministerio de Salud no revoca unas anteriores normas técnicas que excluyen el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y les obligan a realizar abortos incluso en el quinto mes de gestación.



Más de 200 ONG feministas y proabortistas, financiadas por capitales extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, respaldan el proyecto en lo que se puede considerar una estrategia para extender el aborto a toda América Latina. Entre estas entidades financieras que fomentan el aborto están la Fundación Ford, entidades pertenecientes a la familia Rockefeller, la Fundación McArthur y otras entidades cuyo aporte global para la promoción del aborto, según cifras aproximadas, sería de 20 millones de dólares al año.



El ministro de Salud, José Saraiva Felipe, está dando continuidad a las estrategias adoptadas por el anterior ministro, Humberto Costa, de legalizar por completo el aborto en Brasil, mientras los medios de comunicación silencian sistemáticamente las informaciones sobre los aspectos más controvertidos del proyecto.



También silencian los medios que, en la mayoría de países donde se ha legalizado el aborto, su práctica aumenta año tras año. Las cifras que confirman ese incremento son indiscutibles, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Cuba y España. Al mismo tiempo, los límites y los supuestos que permiten realizar esos abortos también se sobrepasan progresivamente y esto también es ocultado por los medios de comunicación.



Dos normas técnicas no revocadas



Las dos normas técnicas que no han sido revocadas en el último decreto presentado por Saraiva contienen instrucciones contra la objeción de conciencia y autorizan el aborto hasta el quinto mes de gestación. La primera norma, Norma técnica de prevención y tratamiento de las consecuencias resultantes de la violencia sexual contra mujeres y adolescentes, fue elaborada en la segunda mitad del 2004 y expresamente ocultada a la población, a los medios y a los profesionales de la salud. Algo parecido ocurrió con la segunda norma, Norma técnica de atención humanizada al aborto.



Las normas autorizaba a los médicos de la red pública a practicar abortos en mujeres que dijeran haber sido violadas, aunque no existiera un registro policial ni ningún otro documento que demostrara la violencia sexual: Un auténtico ‘coladero’ de abortos ilegales. Más de 150 profesionales de la salud y alrededor de 52 centros fueron aleccionados sobre el contenido de esta norma.



Un día antes de que se produjera el cambio de ministro de Salud, que tuvo lugar el 8 de julio de 2005, el anterior responsable, Humberto Costa, incluyó las dos polémicas y silenciadas normas en un Decreto, el 1145, en el que se podía leer que se “exime a las víctimas de violación de la presentación del Registro Policial para someterse al procedimiento de interrupción de la gestación”.



Con el cambio, todo sigue igual



Al día siguiente de su toma de posesión, el nuevo ministro, Saraiva Felipe, suspendió 58 decretos, entre ellos el 1.145, para proceder a una mejor evaluación de sus contenidos. La suspensión continuó efectiva hasta el pasado 1 de septiembre, en que el ministro publicó el Decreto 1.508, que anulaba el anterior y que ahora se debate como proyecto de ley.



Sin embargo, con el cambio de decretos no se ha producido un cambio sustancial en el contenido de ambos. Las mismas palabras, los mismos signos de puntuación, aunque sí se ha cambiado el orden de algunos párrafos, con lo que las dos polémicas normas siguen teniendo plena vigencia. Entre otras cosas, el nuevo documento ofrece garantías a los profesionales de la salud de que, en el futuro, no serán procesados por realizar abortos.



Por tanto, se mantienen las referencias de las normas técnicas a la extinción del derecho a la objeción de conciencia: “No cabe objeción de conciencia en cualquier situación de aborto jurídicamente permitido, en la ausencia de otro (a) médico (a) que lo realice, y cuando la mujer pueda sufrir daños o problemas de salud en base a la omisión del (de la) médico (a)”. El médico se verá, por tanto, sometido a la obligatoriedad de realizar el aborto, bajo penas de ley.



A esta violación del derecho a la vida del no nacido cabe añadir la ausencia de cualquier tipo de control para la realización del aborto. La simple argumentación de haber sido violada permitirá a cualquier mujer poner fin a la vida del feto, incluso en el quinto mes de gestación.



Las reacciones



Aunque se intenta diluir la polémica generada por el nuevo proyecto de ley, lo cierto es que algunos ayuntamientos ya han tomado medidas de índole local para ‘neutralizar’ los efectos de este proyecto. En la ciudad de Río de Janeiro, el alcalde César Maia publicó el Decreto 25.745 por el cual se prohíbe a todos los centros de salud del municipio el cumplimiento del Decreto 1.508. Esta iniciativa ha sido secundada por varios municipios y estados de Brasil, donde diversos diputados están proponiendo una votación que conlleve proyectos de ley idénticos a los del decreto del alcalde de Río de Janeiro.



También la Iglesia ha alzado su voz en defensa de los no nacidos. Ante la presentación del proyecto de ley que busca la despenalización del aborto, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha iniciado una campaña para hacer conscientes a los parlamentarios y a la población en general de las nefastas consecuencias de la aprobación definitiva de este proyecto.



El obispo auxiliar de Säo Paulo y secretario general de la CNBB, monseñor Odilo Pedro Scherer ha enviado una carta a cada uno de los obispos de Brasil para que conversen con los parlamentarios que representen a sus diócesis e iluminen su decisión a la hora de votar por el controvertido proyecto.



Llamada a la acción



Las organizaciones provida también hacen un llamamiento a la población para que se manifiesten públicamente en contra del proyecto de legalización total del aborto. Cabe señalar que, tanto en Brasil como en la mayoría de países latinoamericanos, la gran mayoría de ciudadanos son contrarios a las prácticas abortivas. De hecho, en Brasil, según una encuesta realizada por el IBOPE, el principal instituto de estadística de opinión pública en ese país, el 90 por ciento de la población era contraria al aborto en 2003, mientras que ese porcentaje había crecido hasta el 97 por ciento en 2005.



Así, los defensores de la vida proponen enviar correos electrónicos de protesta al presidente de Brasil y al ministro de la Salud.