Puerto Rico y Cuba: ¿dos nuevas comunidades autónomas en el Caribe?
Isabel Miranda
Varias asociaciones en las excolonias españolas piden la integración de sus países en España en condiciones de «igualdad»
Wikimedia Commons
La playa de Patillas, en Puerto Rico
«Una nación no muere, ni agoniza porque le queman un poco de madera podrida.
Una nación es ante todo un alma, y el alma de España, no agoniza». Fueron palabras del escritor Leopoldo Alas «Clarín» tras el desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias americanas españolas. Y aunque las enunciase hace más de un siglo, quizá no le faltaba razón. Desde hace nueve meses, el
Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España (MRE) busca integrarse en el país como
la Comunidad Autónoma número 18.
La isla figura en la actualidad como Estado Libre Asociado de Estados Unidos, pero en general sus ciudadanos no están contentos con este estatus. En 2012, el Gobierno convocó un referéndum y el
54 por ciento de los puertorriqueños votaron en contra de su condición política territorial actual, para responder en la siguiente pregunta, con un 66 por ciento a favor, que querían convertirse en el Estado número 51 de la potencia mundial. Sin embargo, se trata de un debate que lleva décadas abierto y que, a la vista de los acontecimientos, no parece que a Estados Unidos le corra mucha prisa solucionar. Al final, y como reacción,
por primera vez en 116 años ha surgido en la isla un movimiento que defiende públicamente la Reunificación de Puerto Rico con España.
«No queremos permanecer como un Estado Libre Asociado, ese nombre es un engaño. En realidad Puerto Rico es una colonia estadounidense, sin derecho a tener congresistas, solo un comisionado residente con voz pero sin voto si es decisivo, tampoco votamos por el presidente, algo que como Comunidad Autónoma tendríamos derecho», dice el fundador del movimiento, José Nieves. «Queremos reunificarnos con España porque Puerto Rico fue una provincia de ultramar española
separada en contra de su voluntad por los Estados Unidos en 1898», explica. «Los puertorriqueños somos españoles, no es lo económico lo que nos motiva», dice. Su principal motivación es conseguir una «igualdad política» que Estados Unidos les niega.
La opción para «descolonizar» la isla
La idea, según comenta Nieves, está
«revolcado el avispero político» en el país «como la opción para descolonizar la isla». Sin embargo, no tienen todo a su favor.
La leyenda negra sigue pesando sobre los españoles. Es lo que se enseña en las escuelas, cuenta Nieves, aunque entre los universitarios su influencia es menor. «En las escuelas que tergiversan nuestra historia, ocultando parte de ella», defiende.
El mes de julio será decisivo para el movimiento de reunificación. Será cuando puedan averiguar
cuánto apoyo real tiene su iniciativa y cuántas personas se afilian, ya que celebrarán la primera asamblea y se nombrará un Consejo Insular. «Inscribiremos el MRE en el Departamento de Estado de Puerto Rico, coordinaremos una cita en el Consulado de España y en su momento iremos al Tribunal de La Haya para que se invalide el Tratado de París [por el que España cedió Cuba, Puerto Rico y Filipinas]». Lo cierto es que no son los primeros que aluden a la ilegalidad del Tratado de París, firmado en 1898. En su caso, aducen a su
ilegalidad por falta de representación del Gobierno autónomo de Puerto Rico, pero desde hace años también existen grupos que pretenden la integración de Cuba en España y que aluden a varios puntos en los que el tratado no sería legítimo. Es el caso de la asociación
Autonomía Concertada para Cuba (ACC), que defiende la integración de la isla en España en condiciones de igualdad con el resto de los territorios.
En la misma línea que los puertorriqueños, el fundador de la ACC, Ferrán Núñez, asegura que «se olvida muy rápido la existencia de la Carta Autonómica» por la que se establecía la soberanía de Cuba con su Cámara Insular. «Cuba gozaba de un Gobierno legítimo (electo) y un Parlamento que tendrían que haber consultado antes de firmar nada». Pero además, defiende, «nunca la Reina Regente estuvo autorizada para ceder ciudadanos, sólo territorios y propiedades. Por esa razón jamás fue discutido seriamente en las Cortes» y, aunque el Ejecutivo obtuvo la autorización para firmar el Tratado como lo exigía la Constitución, lo hizo a través de expedientes parlamentarios. «Lo importante es que los señores diputados de la época no lo refrendaron y un Tratado Internacional que no se apruebe en el Parlamento, antes y ahora, simplemente no vale», dice Núñez.
Diferentes vías de actuación
No obstante, en el caso de la ACC, tienen claro que
no conseguirían nada por la vía que defienden los puertorriqueños. Su estrategia radica en reclamar la nacionalidad española utilizando como argumento los cabos sueltos legales que se quedaron tras la firma del Tratado de París, acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una vez abierta la brecha a su favor, asegura Núñez, España tendría dos opciones: o Ratificar el Tratado de París ante el Parlamento 116 años después o plegarse a la decisión del Tribunal. El reclamo de la nacionalidad se volvería imparable en Cuba, defiende, con lo que «a continuaciín, un referéndum indiscutible sería garantía de éxito».
La ACC
nació en 2012 y fue legalizada en Francia. Pero aunque es anterior al MRE, no ha conseguido ni tanta difusión ni tantos apoyos. Apenas tienen 28 afiliados que pagan su cuota religiosamente. «Detractores sí que tenemos un montón, nos atacan historiadores desde Cuba, pero también del exilio. Muchos periodistas y blogueros que tienen acceso a internet cuando no tienen de qué hablar, pues la emprenden contra nosotros y hasta el
artículo en español que teníamos en Wikipedia fue borrado tras recibir amenazas de muerte». Mientras, ellos aseguran que una integración en España permitiría «un
regreso acelerado de Cuba a la modernidad sin demasiado drama» y España obtendría beneficios a nivel político.
No obstante, son muy conscientes de que su futuro es complicado. La labor de la asociación hasta ahora ha sido compilar datos, estructurar el discurso y los argumentos legales de la petición. Pero la ACC ha topado con su techo, reconoce Núñez. «En algún momento habrá que sacar el pecho y salir a la calle,
pero eso aún está lejos».
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Iniciado por Hyeronimus
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