Contribución económica del Estado a la Iglesia, bajo Franco

**ALACRAN** · 24/05/2017

Aunque el artículo está escrito desde una óptica independiente, creo que sus datos sirven para retorcer contra la Iglesia española posconciliar esa anhelada "independencia económica del Estado", que tan abiertamente proclamaba la Jerarquía pero que era reacia a plasmar en hechos.

(Autor: Juan Antonio Monroy, 1976)

Contribución económica del Estado a la Iglesia, bajo Franco

“Anclada de tal manera en el poder, destacando en los distintos gobiernos a hombres que protegían sus intereses, la Iglesia católica ha gozado en los últimos cuarenta años de vida española de los más grandes privilegios económicos en toda su historia. El Concordato firmado en 1953 entre el Estado español y el Vaticano obliga a España a conceder a la Iglesia católica una larga serie de privilegios, entre los que destacan los de signo económico.

La Iglesia católica ha costado muy cara al régimen de Franco. Y aún no se sabe cuándo acabará esta sangría de nuestra economía en favor de una institución que no da más que disgustos al Estado.

Detallar la cuantía de esta contribución no es empresa fácil. Por un lado, la Iglesia recibe dinero de tantos y tan diversos departamentos ministeriales, que un control absoluto resulta complicadísimo. Por otro lado, la jerarquía de la Iglesia católica en España ha tenido sumo cuidado en preservar el misterio. Los datos que yo poseo son de procedencia estatal. Y también el Estado ha sido cauteloso en la declaración de tales contribuciones.

Creo que fue mediada la década de los sesenta cuando la prensa publicó por vez primera cifras concretas. El 23 de enero de 1965, apareció un artículo en el desaparecido semanario «El Español» con el título de «Florecimiento de la Iglesia en España». En aquel documento se decía que el régimen de Franco había dado a la Iglesia, hasta entonces, 4.520 millones largos de pesetas tan sólo para la construcción y reparación de edificios eclesiásticos. El mismo artículo añadía que en el presupuesto del Estado español cerrado el año anterior, la rúbrica «obligaciones eclesiásticas» comprendía la cantidad de 1.026 millones de pesetas. «El presupuesto actual, antes reseñado, de más de 1.000 millones de pesetas —continuaba el artículo— está a punto de ser superado por la aplicación de la Ley de 28 de julio de 1963, para satisfacer la sobredotación del clero».

En marzo de 1968, hubo un pequeño revuelo en las Cortes españolas. El procurador por el tercio familiar, Fernando Suárez, leonés, doctor en Derecho, al presentar una enmienda a los presupuestos del Estado descubrió que el Estado había entregado a la Universidad del Opus Dei en Navarra 100 millones largos de pesetas entre 1966 y 1967. EI diario «Pueblo», en una nota de redacción, señaló que el total del dinero asignado por el Gobierno para la investigación durante los años 1966 y 1967 fue entregado a la Universidad católica de Navarra.

Pero no quedó ahí todo. En el mismo informe se decía que durante los dos años mencionados, los veinticuatro Colegios Mayores del Estado recibieron un total de 6,6 millones de pesetas, en tanto que a los catorce Colegios Mayores del Opus Dei se les entregó en el mismo plazo de tiempo 6,25 millones de pesetas. Si se distribuyen proporcionalmente las cifras, la conclusión es que cada uno de estos Colegios católicos recibió casi el doble de ayuda que los Colegios del Estado. Puestos a tirar de la manta, también se dijo que aquel Gobierno concedió durante 1967 un total de 17.359 pesetas como subvención a cada alumno de la Universidad católica de Navarra, en tanto que los alumnos de la Universidad estatal de Barcelona, según el rector de la misma, recibieron como subvención a sus estudios diez mil solitarias pesetas.

En diciembre de 1968, la agencia de noticias Europa Press daba nuevas informaciones sobre la contribución económica del Estado a la Iglesia católica. Representantes del Gobierno y del clero se reunieron en Madrid para estudiar la subida del sueldo a los sacerdotes. Se pedía un incremento del cien por cien, y puesto que en aquélla época la contribución del Estado era de 650 millones de pesetas, la nueva cifra presupuestada ascendía a 1.300 millones de pesetas anuales. Esto, no más, como escribirían en Méjico, que para sueldos de los sacerdotes católicos.

En julio de 1970, se celebró en Madrid la XII Conferencia Plenaria de Obispos Españoles, que tuvo amplio eco en la prensa nacional. Con tal motivo, algunos periódicos y revistas dieron en escribir sobre la contribución económica del Estado a la Iglesia. Tanto insistieron en el tema que la jerarquía católica se decidió a hablar y la Secretaría Técnica de la Comisión Episcopal de Asuntos Eclesiásticos admitió que sólo a través de un ministerio, el de Justicia, la Iglesia católica recibía 2.000 millones de pesetas al año. En círculos entendidos se dijo que la cifra era «notabilísimamente mayor».

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se pusieron al rojo vivo en el verano y primeros meses del otoño de 1971. Tanto, que en la manifestación celebrada en la Plaza de Oriente en apoyo de Franco, al cumplirse treinta y cinco años de su exaltación a la Jefatura del Estado, hubo una vigilancia especial en previsión de que el pueblo se metiera con el clero. El cardenal primado (Tarancón)fue muy maltratado por un sector de la prensa. Algunas iglesias católicas de Madrid dijeron misas especiales de desagravio al cardenal.

En medio de una gran tensión se había celebrado, entre el 13 y el 18 de septiembre de aquel año, una Asamblea conjunta obispos sacerdotes. Aquí se trató de nuevo la cuestión económica. En el curso de la primera ponencia, presentada a la asamblea por el sacerdote de la diócesis de Córdoba, Juan Moreno, tras ofrecer números, conceptos y otros datos reveladores, el ponente concluyó diciendo que la Iglesia católica recibía del Estado español 3.050 millones de pesetas al año. Una cifra de auténtico mareo, pero incompleta porque, poco después, el 21 de noviembre del mismo año, la Agencia Europa Press, en un detallado estudio, hacia subir esta cantidad a 6.000 millones de pesetas. Fue una revelación sorprendente y desconcertante para el pueblo español.

Esta es la última información que yo poseo sobre cantidades fijas. El Estado español, es decir, el pueblo español, da a la Iglesia católica 6.000 millones de pesetas al año. No hay quien dé más. Esto era lo que decía el periodista Joaquín Aguirre Bellver el 17 de septiembre de 1971 en un artículo publicado en el diario «Pueblo», de Madrid. Dirigiéndose a los obispos españoles, el periodista escribía: «Oigan, señores, que yo he seguido la Ley de Educación; que este país ya no puede entregarles más, que no hay más que conceder, que nos hemos pasado de rosca. ¿Y todavía les parece poco? Pero, señores míos, ¡si acabamos de destrozar lo mejor que teníamos en el país, que eran los Institutos de Enseñanza Media, para que no les hagan la competencia a ustedes! No tienten al diablo de la irritación, reverendos hermanos en Cristo».

Como dato final añadiré la cifra dada por el desaparecido almirante Carrero Blanco. El 7 de diciembre de 1972, en un discurso pronunciado ante el Jefe del Estado, dijo que en los últimos treinta y tres años el Estado español había dado a la Iglesia católica 300.000 millones de pesetas. He aquí las palabras del Almirante: «De cómo la España regida por Vuestra Excelencia quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia, puede dar medida, aunque sólo sea en el orden material, el hecho de que desde 1939 el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera. Ningún gobernante, en ninguna época de nuestra historia, ha hecho más por la iglesia católica que Vuestra Excelencia, y ello, y esto es muy importante, sin otra mira que el mejor servicio de Dios y de la Patria, al que habéis consagrado vuestra vida con ejemplar entrega. «Es lamentable que, con el transcurso de los años algunos, entre los que se cuentan quienes por su condición y carácter menos debieran hacerlo, hayan olvidado esto, no quieran recordarlo, pero este hecho es lamentable, principalmente para ellos, porque Dios sabe bien lo que hay en el corazón de los hombres y Dios no olvida. Esto es lo que verdaderamente importa».

La afirmación de Carrero Blanco sobre la excepcional contribución del régimen de Franco a la Iglesia católica es ocasionalmente reconocida por el mismo clero. El 11 de febrero de 1969, habló por las pantallas de Televisión Española el obispo (creo que es obispo, ignoro si ha ascendido) Valentín Pacheco Pérez, doméstico de Pablo VI y secretario de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. Después de referirse a la ayuda que la Iglesia recibe del Estado, terminó diciendo que «jamás en la historia se ha visto un Gobierno que haya ayudado tanto a la Iglesia como lo ha hecho este nuestro del Generalísimo Franco».

Esta es la realidad. Ahí están los datos. Así es la situación. Me queda una pregunta por hacer. ¿Quiere la Iglesia católica desprenderse de esta ayuda? ¿Desea, realmente, ser una Iglesia libre, independiente, sin privilegios estatales? Tanto en la homilía pronunciada por el cardenal Tarancón (Nov. 1975) en la exaltación al trono de Juan Carlos I como en la Asamblea celebrada por los obispos españoles días después, se habla de libertad y de independencia de la Iglesia, de renuncia a cuantos privilegios recibe aún del Estado español. Pero me temo que todo quede en palabras.

Cierro este punto con opiniones expuestas por el conocido intelectual español José Luis López Aranguren, católico, defensor del catolicismo y especialista en asuntos eclesiásticos. En una entrevista publicada en la revista «Sábado Gráfico» (7 al 13 de enero de 1976) le preguntan por el papel que puede jugar la Iglesia católica en los cambios que se están efectuando en el país. Y Aranguren, pensando en el cardenal Tarancón y en su aireada homilía, dice:
«A todo el mundo le ha parecido bien la homilía del cardenal Tarancón. Y, sin embargo a mi me hubiera gustado hablar con uno de aquellos extranjeros presentes, del Cuerpo Diplomático o así que entendieran poco español o nada. ¡Qué gran actor! Me produjo una gran impresión. Seguía representando el papel de jerarca de la Iglesia; trataba al Rey como adoctrinándolo, lo cual nos devolvía a una época teocrática. Aparte de que el contenido fuera interesante, tal como lo decía, tenía el aire de gobernar el país. De inquisidor para arriba, todo lo que se quiera».
«La Iglesia española tendría, lo primero, que destruirse desde dentro. Romper esa costura autoritaria, ser más espontánea, de grupos...» «Cuando Monseñor u otros hablan de la separación Iglesia-Estado, no se lo creen ni ellos. Ni lo piensan. Hoy no pueden separarse por razones sumamente económicas. La clientela principal de la Iglesia es económicamente la burguesía, y ésta no entendería por qué empezar ahora a sufragar los gastos de culto, clero y todo eso, cuando resulta que los está pagando el Estado, por poco que pague.»

«La burguesía está bloqueada, y sólo es capaz de reaccionar en una situación, como en la República, de enfrentamiento. La iglesia le importa porque está identificada con sus intereses. Después de esa ruptura es el Estado el que rompe con la Iglesia. La burguesía tendría que correr con los gastos, pero no en una situación como la actual. Tarancón lo sabe perfectamente, y cuando dice lo contrario, quizá haga demagogia pura».

A demagogia pura suenan casi siempre los discursos eclesiásticos. Resulta muy difícil creer en la sinceridad y en la gratitud de la jerarquía católica. Por un lado, publica documentos en los que alaba al hombre que durante cuarenta años ha venido ayudando a la Iglesia con excesiva generosidad. Y por otro lado, amarga los últimos díasde este hombre sobre la tierra y siguen las intrigas en torno a él cuando ya está de cuerpo presente…

(Enero, 1976)

http://www.juanantoniomonroy.com/Lib...E%E2%80%A6.pdf

**ALACRAN** · 22/11/2024

"Los haberes del culto y clero: razones y… demagogias"

Dividimos el artículo en dos partes:

la primera, sobre los antecedentes de la financiación eclesiástica por el Estado, tras el latrocinio estatal de la desamort¡zación

la segunda, sobre la petición de renuncia a "sueldos estatales" por algunos clérigos progresistas, como un avance en despegue de la Iglesia del franquismo, pero que encubría la aspiración marxista de despojar de poder a la Iglesia, al conllevar la inviabilidad de numerosísimas parroquias

Revista FUERZA NUEVA, nº 136, 16-Ago-1969

LOS HABERES DEL CULTO Y CLERO: RAZONES Y… DEMAGOGIAS

En la maligna autodestrucción que desde el interior de la Iglesia por propios eclesiásticos se viene realizando, no podía faltar -por lo visto, ahora (1969) le toca el turno a esta cuestión- el embrollo, la sofisticación, las calumnias y los ataques a la aportación económica que el Estado católico ofrece a la Iglesia y a su sacerdotes para la realización de sus propios fines y sustento.

En Barcelona, se han publicado, con fecha de 1 de enero de 1969, unas hojas ciclostiladas, con un índice de falsas razones que sumariamente examinaremos. No deja de sorprender que, tratándose de un texto ni aprobado por la Jerarquía, ni publicado legalmente, “La Vanguardia” reprodujera en gran parte su contenido, en su sección “Religión y tiempo”, el 14 de enero. No hay como contar con redactores “objetivos” que saben informar correctamente…(IRONÍA)

Personalidad económica de la Iglesia

La Iglesia, como sociedad libre y perfecta, puede gozar de un patrimonio económico libre, para el cumplimiento de sus finalidades. El Derecho Canónico clarísimamente recuerda este atributo que no se puede negar a la Iglesia, ya que está sancionado por el Derecho natural y la propia naturaleza de la Iglesia.

La Iglesia en España tenía unos bienes que fueron desamortizados y despojados por las leyes de Mendizábal. Entre ellas recordemos la ley de 25 de julio de 1836, suprimiendo conventos y apoderándose de sus bienes “para crear una familia de propietarios, cuyos goces y existencia se apoyen principalmente en el triunfo completo de las actuales instituciones”. El liberalismo necesitaba su guardia pretoriana de aquellos que se enriquecieron con los bienes desposeídos. En 2 de septiembre de 1841, se decretó la expropiación del clero secular. Aproximadamente, el cálculo de los bienes eclesiásticos que después fueron vendidos, según el ministro de Hacienda de la época, ascendía a 4.500 millones de pesetas; al tres por ciento producirían en aquella época 135 millones de pesetas.

La Iglesia, con sus propiedades, contribuía, antes de la desamortización, ampliamente a las necesidades del Estado, del que no recibía ni un solo céntimo. Daba pensiones a seis Universidades y a muchos colegios de enseñanza gratuita. Sostenía 101 establecimientos de beneficencia y 2.166 hospitales, así como muchos otras necesidades sociales.

La desamortización ni ayudó al Estado, ni a los campesinos ni a la clase obrera. Fue una ocasión para que un gran número de agiotistas se enriquecieran. Los grandes perjudicados de la desamortización fueron el Estado -al que la Iglesia contribuía con un sesenta por ciento de la contribución general-, y los hospitales, los necesitados, los pobres.

Por esto, siempre la Iglesia ha exigido, como de justicia, la restitución. Pío IX, en 1851, decía: “Estas rentas -asignadas a la Iglesia por el Estado- no pueden seguramente compararse con la antigua riqueza del clero español”. Pío XI, en la “Dilectíssima Nobis, en junio de 1933, ante la supresión republicana del presupuesto del culto y clero, afirma:“El clero ha sido ya privado de su asignaciones con un acto totalmente contrario a la índole generosa del caballeresco pueblo español, y con el cual se viola un compromiso adquirido con pacto concordatario y se vulnera aún más la más estricta justicia, porque el Estado, que había fijado las asignaciones, no lo había hecho por concesión gratuita, sino a título de indemnización por bienes usurpados a la Iglesia”.

Hablan Jaime Balmes y Gumersindo Azcárate

Jaime Balmes, sacerdote que conocía mucho mejor que los firmantes de nuestros días de hojas escandalosas, justificaba plenamente el origen del presupuesto del culto y clero, con esta argumentación: “Prescindiendo de las razones alegadas a favor del culto y clero, razones que no podrá menos de apreciar todo hombre religioso, o que siquiera conozca lo que vale la religión en el ánimo de los pueblos, hay otra consideración que no se ha tenido presente al combatir la expresada preferencia. El clero, al reclamar sus medios de subsistencia, pide algo más que un sueldo: pide una justa de indemnización por lo que se le ha arrebatado. El Estado tiene la obligación de mantener a los ministros de la religión; pero, en el presente caso, a más de esta obligación general, vigente en todas las suposiciones, hay la obligación particular, particularísima, de indemnizar a la Iglesia por los despojos de que se le ha hecho víctima (…) El clero, como ministerio religioso, tiene derecho a ser mantenido por la nación que profesa la religión cuyo ministerio ejerce, y como clase despojada, tiene derecho a que se le indemnice. Y he aquí un motivo de preferencia justo, justísimo, de que no puede desentenderse, no diremos un Gobierno religioso, pero ni aun el que no quiera desconocer los primeros principios del derecho natural y positivo”. (Obras completas, t. XXVII, pág. 378).

Gumersindo Azcárate, liberal y krausista, de la Institución Libre de Enseñanza, en un discurso en el Congreso, en 18 de noviembre de 1907 decía: “Se trata, hablando del presupuesto del clero, no de unos funcionarios al servicio directo del Estado, sino de personas que realizan una función social, en la cual interviene por otros motivos el Estado, y que por ella tiene el clero un sueldo, salario, asignación como queréis llamarlo, que a mí me basta saber aquello de “operarius est dignus cibo suo”.

Fundamento bíblico

El pueblo judío tenía, como consta por los libros del Levítico, Números y Deuteronomio, la obligación de ofrecer diezmos y primicias para el sostenimiento del culto. Mientras la Iglesia padeció las persecuciones del Imperio Romano, como se comprende, la vida económica de la Iglesia se basaba en la generosidad y comunicación de bienes de las primitivas cristiandades. Concedida la libertad por Constantino, inmediatamente el Estado contribuyó al esplendor del culto. La Iglesia, en toda su historia, ha solicitado la ayuda de la sociedad civil y de los propios fieles. Pío XII, en la exhortación “Menti Nostrae” pide esta ayuda del Estado explícitamente a todos los Estados.

En el Decreto sobre el ministerio de los presbíteros, del Concilio Vaticano II se lee: “En la medida en que no se hubiese provisto por otra parte a la justa retribución de los presbíteros, los fieles mismos, como quiera que por su bien trabajan los presbíteros, tienen verdadera obligación de que se le proporcionen los medios necesarios para llevar una vida honesta y digna”. Esta aclaración –“en la medida en que no se hubiere provisto por otra parte a la justa retribución de los presbíteros” – se refiere concretamente a los Estados que no ayudan económicamente al sostenimiento del culto y clero, ya que la Santa Sede en sus concordatos y relaciones con los Estados, aunque sean aconfesionales y con total libertad de cultos, nunca prescinde de exigir subvenciones estatales para el fomento del culto religioso y del clero.

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Jaime TARRAGÓ

**ALACRAN** · 22/11/2024

"Los haberes del culto y clero: razones y… demagogias"

Revista FUERZA NUEVA, nº 136, 16-Ago-1969

LOS HABERES DEL CULTO Y CLERO: RAZONES Y… DEMAGOGIAS

(...)

Lo que podría ser una solución

El catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona, don Alfonso Bernárdez, en unas declaraciones a “El Correo Catalán”, del 28 de enero (1969) afirmaba: “Desde el punto de vista económico, el aspecto más importante que podría ser objeto de la revisión del Concordato sería el relativo a la dotación del culto y clero. Esta aportación económica del Estado y de la sociedad a la Iglesia -que en buena parte tiene su fundamento en la privación de su patrimonio que sufrió la Iglesia a raíz de la desamortización- debería verificarse en forma global para que la Iglesia la distribuyese, junto con otras fuentes de ingresos, de acuerdo con las necesidades de las diócesis y del clero”. Esta es la solución que doctrinalmente siempre ha sostenido la Comunión Tradicionalista. En la exposición, que al finalizar nuestra Cruzada la Comunión Tradicionalista elevó al el Generalísimo se decía concretamente:“Ha de aspirarse a que la Iglesia tenga completa independencia económica, indemnizándola por el inmenso latrocinio de la desamortización liberal, debiendo concordarse con la Santa Sede la procedente, atendidas la grave necesidad de la Iglesia española y la difícil situación económica del Estado español”.

Hasta ahora hemos planteado este problema demostrando cómo históricamente, bíblicamente, y por las mismas enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano II, la ayuda económica del Estado de la Iglesia es legítima y normal. Miles de sacerdotes han mostrado su auténtica pobreza y austeridad de vida, viviendo módicamente y siendo ejemplo ante sus feligreses de verdadero desprendimiento, a pesar de estar retribuidos por la asignación estatal. La señal de gratuidad de los ministerios de la Iglesia no está condicionada por esta mínima retribución. Ni la aceptación de la misma reduce al sacerdote a la categoría de funcionario, como nadie considera funcionario a los artistas, a las instituciones culturales, a los deportistas, a los becarios, que directamente reciben cuantiosas subvenciones del Estado.

Tampoco la subvención económica del Estado coarta en lo más mínimo la libertad de la Iglesia en sus enseñanzas y actividades que le son propias. ¿A qué sacerdote, al recibir la remuneración estatal, se le ha limitado el ejercicio de su ministerio en la exposición debida del Decálogo, del Evangelio, del Magisterio eclesiástico, de los documentos conciliares?

Lo que efectivamente está en juego

No, no hay ninguna razón válida y real para solicitarla supresión del presupuesto del culto y clero. Entonces, ¿qué motivos ocultos y exactos promueven esta campaña?

Los diremos con toda crudeza. Estos sacerdotes son los “fans” de la “denuncia profética”. ¿Sabe qué significa esto el lector? Los “nuevos profetas” son aquellos sacerdotes y seglares que tienen un concepto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado completamente ajeno a las enseñanzas perennes del Magisterio eclesiástico y del Concilio Vaticano II. Ellos sueñan con una Iglesia politizada, profanizada, con una “mística de la dialectización” como dice José María González Ruiz, el teólogo español del IDO-C. Ellos quieren perder el sentido sagrado de su sacerdocio para convertirse en dirigentes políticos, en disidentes y revolucionarios, saliéndose de su esfera puramente espiritual para obsesionarse en los problemas de este mundo. Han perdido el sentido sagrado de su sacerdocio para “experimentar” la espiritualidad en la dimensión política y social.

De ahí que estos sacerdotes, despreciando la dedicación total a Dios en la vida consagrada del culto divino, de la enseñanza catequética, de la visita a los enfermos, de la vida sacramental, de la predicación, degradan su sacerdocio para convertirse en cerrajeros, corredores, empleados, chóferes, profesores. Según estos nuevos teorizantes, un hombre puede dedicar su vida entera al servicio de una profesión, por sencilla e intrascendente que sea. En cambio, les parece inexplicable inmolar la propia vida al servicio del bien de los demás, ofreciéndoles los dones del Evangelio, de los sacramentos y, de la ejemplaridad de una vida virtuosa.

En realidad, lo que está en crisis en estos sacerdotes son los conceptos reales de Iglesia y de su mismo sacerdocio. Para ellos, la Iglesia debe ser un cuerpo más del ejército de la revolución socialista y ellos, como sacerdotes, deben dinamizar la acción revolucionaria y subversiva para cambiar las estructuras de la sociedad que debe transformarse al compás de sus mitos subversivos. De ahí que tantos sacerdotes intervengan en “Comisiones Obreras”, en agitaciones universitarias, en la redacción de hojas clandestinas, en el trasiego de conspiraciones continuadas, en reuniones clandestinas. Son estos, principalmente, los que agitan estos tópicos, con los que encandilan quizás a algunos ingenuos, y no por motivos de pobreza e independencia eclesiástica, pues muchos de ellos viven opíparamente, disfrutando de transferencias bancarias y de sueldos misteriosos para continuar profesionalmente su agitación a través de motivos eclesiásticos contra el Estado y contra la sociedad.

El objetivo de la campaña demagógica contra el presupuesto del culto y clero es que millares de pueblos rurales se queden privados de sacerdotes, ya que no podrían éstos subsistir al carecer de unos ingresos económicos que, precisamente, por no apoyarse en aranceles ni afanes de lucro, podrían conseguir; ni tampoco los feligreses tienen capacidad económica y la suficiente comprensión del problema para atenderlos dignamente.

No digamos lo que representa de ingratitud asquerosa al Estado español, el que puedan publicarse documentos como el que comentamos, sin que inmediatamente la Jerarquía eclesiástica desautorice a los que se toman prerrogativas y decisiones en materias que no les corresponden.

Ya en 1937 decía Franco: “Puesto que tenemos que restaurar tantas cosas, y entre ellas están las casas y viviendas de los españoles, restauraremos principalmente los templos, que son casas de Dios, y cuidaremos de que no falten al clero los medios económicos necesarios para su ministerio espiritual”. Así lo ha cumplido el Estado español, protocolizando en el solemne Concordato con la Santa Sede la ayuda económica que la propia Iglesia reiteradamente ha pedido.

¿Puede ahora injuriar, la Santa Sede, el nuncio de Su Santidad, la Conferencia Episcopal española, al Estado español, que ha cumplido generosamente sus compromisos económicos y sus partidas destinadas a los gastos del culto y haberes del clero, ante los manifiestos insultantes y delictivos de estos sacerdotes? ¿Qué diría la Santa Sede si unos generales españoles o gobernadores civiles se permitieran publicar documentos discutiendo la honorabilidad de los prelados y del propio Sumo Pontífice, como paralelamente hacen estos sacerdotes que atribuyen al Estado español las más siniestras intenciones?

Nosotros, que creemos en la misión de la Iglesia y de sus sacerdotes es necesaria por la salud moral de nuestra Nación, en la forma actual (1969) o de otra manera a estipular, sostenemos que la sociedad y el Estado deben aportar su ayuda económica a la Iglesia. Con José Antonio Primo de Rivera repetimos: “Es necesario que el centro espiritual de la aldea sea la parroquia, como órgano supremo de su moralidad. Defenderemos las parroquias de aldea con más interés que las Universidades”.

Nosotros ampliamos el certero concepto del Fundador, añadiendo que la doctrina católica debe alimentar no sólo la vida moral de nuestras aldeas, sino también la de nuestras ciudades y España entera. Pero, en esta hora, esto no es posible si la propia Iglesia no se libera y reduce el silencio a aquellos que, abusando de su carácter sacerdotal, lo utilizan para convertirse furiosamente en activistas. No, el problema grave que tiene planteada la Iglesia en España no estriba en el hecho de la contribución del presupuesto nacional de culto y clero, que no escandaliza sino a los marxistas de cuota y a los masones emboscados. Lo trágico son esos sacerdotes, que, siguiendo consignas de ellos sabrán qué clase de amos, son, en realidad, los más insospechados y eficaces propagandistas del ateísmo militante.

Jaime TARRAGÓ

**ALACRAN** · Hace 2 días

Crítica del articulista a unas declaraciones del tristemente famoso mons. Añoveros, entonces obispo de Cádiz. Cifras referidas al año 1969.

Revista FUERZA NUEVA, nº 140, 13-Sep-1969

MÁS SOBRE LOS HABERES DEL CLERO

“¿Que el sacerdote quiera renunciar a la nómina estatal?: Planteamiento correcto”.
“Se propugna que el pueblo católico contribuya al sostenimiento de los sacerdotes (siguiendo las recomendación de San Pablo) o que el sacerdote trabaje manualmente para subvenir a sus necesidades vitales”.
(Declaración de Mons. Añoveros, obispo de Cádiz-Ceuta, en “Testimonio”; suplemento del Boletín de la CES. Secretariado Nacional de Seminarios)

No todos los sacerdotes tienen sueldo del Estado: únicamente los que tienen cargos de las llamadas de “cura de almas” y los canónigos (1969).

El sueldo mensual del Estado que tiene un párroco es de 1.410 ptas., más una gratificación de 2.000 pesetas. El sueldo mensual del Estado que tiene un coadjutor de parroquias es de 1.285 pesetas, más una gratificación de 2.000 pesetas. Total, el primero tiene 3.410 ptas. mensuales, y el segundo 2.285 pesetas. En las parroquias pequeñas, que son las más de la geografía española, donde el movimiento de bodas, bautizos y funerales es insignificante, y la gente es en general pobre -a los que son tales prohíbe la Iglesia cobrarles, y es natural-, el sacerdote se ve reducido al sueldo del Estado, y gracias a él vive, salvo alguna diócesis en que el Obispado cree caja de compensación para atender al clero necesitado.

Las cosas así, dice monseñor Añoveros que “el sacerdote quiera renunciar a la nómina estatal, planteamiento correcto”…
Pues que renuncie él y no se meta en el bolsillo de los demás. Más procedente sería que pidiese un momento del sueldo del Estado para los sacerdotes…

Tampoco hicieron planteamiento correcto los sacerdotes que renunciaron a su sueldo del Estado: el recibir dicho sueldo o asignación se acordó en el Concordato de 1953 entre la Iglesia y el Estado, y sólo las altas partes contratantes podrán anular lo que acordaron; los sacerdotes particulares no pintan nada jurídicamente para renunciar, así que ¡planteamiento incorrecto!

Y ya que ellos no necesitan del sueldo del Estado (deben ser curas ricos), ¿por qué no se lo dan a los pobres entre los que se encuentran, por cierto, tantos hermanos suyos sacerdotes…
¡Planteamiento, pues, pero que muy incorrecto!

Un señor (Mons. Añoveros), tan demócrata, que hace públicamente gala de tener “decisión renovadora y abierta” por haber tenido un padre liberal (“Testimonio”, marzo de 1969, pág. 2), debía pensar que 600 sacerdotes que quieren renunciar al sueldo del Estado no son, ni tienen representación de los 24.000 sacerdotes seculares que hay aproximadamente en España (1969) y si el sufragio universal liberal es así… habría que encuadrarlo en el arte de la prestidigitación.

Más testimonio sacerdotal se daría -¿no le parece al señor obispo?- explicando al pueblo lealmente cuáles y cuántas son las obligaciones sacerdotales, en oración, en estudio y en apostolado, para que comprendiesen todos que el sacerdote fiel a su vocación no tiene un segundo de tiempo libre al día… y que por lo menos tanto respeto merecen las callos en los sesos como los callos en las manos.

El sr. Añoveros no ignora que para la medicina, el trabajo de la vida interior y oración bien hecha desgasta doble que el trabajo intelectual, y éste desgasta el doble del trabajo físico. ¿Cuál será, pues, el desgaste del que realiza las dos primeras clases de trabajo?... (…)

“Que el sacerdote quiera renunciar a la nómina estatal y que el pueblo contribuya al sostenimiento de los sacerdotes…”

Y ¿de dónde sale la nómina estatal más que del pueblo? En los Estados modernos no católicos, el subvencionar a los ministros del culto es cosa normal, por la obra social que realizan… Y además nuestro Estado católico (franquista) tiene la humildad de decir que paga también, a modo de restitución, pagando los platos rotos que él no rompió, cuando la expoliación y desamortización de los liberales, calificada por Menéndez y Pelayo de “inmenso latrocinio”.

Juan PUEBLO