La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, han acordado componer una red bilateral que se encargará de todos los asuntos relacionados con la inmigración entre ambos países. La iniciativa, que parte del Ejecutivo español y que es la primera de estas características que se pone en marcha con otro país, pretende, entre otras cosas, crear incentivos económicos para que los trabajadores que emigraron regresen a Ecuador con facilidades que les permitan desarrollar su vida en su país el origen. La propuesta española está encaminada a promover programas de retorno voluntario para los ecuatorianos. Con ese fin, se intentará favorecer la implicación de las entidades financieras que gestionan las remesas para destinar el dinero que envían los inmigrantes a productos de inversión dirigidos a las comunidades de origen con condiciones ventajosas. Según ha dicho Correa, el próximo año se iniciará un "plan agresivo de retorno".

Esta iniciativa contempla también facilidades para el reagrupamiento familiar de los ecuatorianos residentes en España. En principio, el Gobierno socialista no tiene previsto modificar los requisitos exigidos para la entrada de inmigrantes por esta vía, pero con la creación de la nueva red se muestra dispuesto a agilizar los trámites para los ecuatorianos. De esta forma, la red propuesta por España trabajaría con la familia del inmigrante en Ecuador para ayudarle de forma previa a su partida con programas de preparación que faciliten su integración en la sociedad de acogida. El organismo bilateral estaría integrado por organizaciones, tanto públicas como privadas, de ambos países. Ante De la Vega, Correa aseguró que su "mayor ilusión es que la reagrupación de familias se produzca en su propia Patria".

En el último año, las peticiones para la entrada de ecuatorianos en España a través de la vía de reagrupación familiar crecieron hasta un 75%. Los requisitos para acogerse a este sistema, que permite a un trabajador extranjero traer a nuestro país a sus padres, cónyuge e hijos, son contar con un contrato con antigüedad de un año como mínimo, tener perspectivas de permanecer en España al menos otro años más y justificar un nivel de ingresos suficiente para mantener a las personas que pretende trasladar. La comunidad ecuatoriana es la segunda más numerosa de extranjeros en nuestro país, sólo superada por la marroquí. Según los últimos datos, residen en España de forma legal cerca de 500.000 inmigrantes procedentes de Ecuador, país del que, en los últimos años, más de dos millones de personas han salido hacia el exterior en busca de un futuro mejor. Al igual que hizo el pasado mes de Julio durante su visita oficial a España, Rafael Correa calificó este fenómeno como "una auténtica catástrofe nacional", y puso énfasis en los problemas de desarraigo y desestructuración que sufren las familias como consecuencia del "fracaso social y económico" que ha sufrido el país andino.

El dinero que mandan a casa los emigrantes es la principal vía de ingresos de Ecuador. En el 2006, las remesas del exterior alcanzaron los 3.000 millones de dólares, según los datos que maneja el Banco Central de Ecuador. De ellas, el 40% procedían de residentes en España, un porcentaje sólo superado por los EEUU. Ecuador es uno de los cuatro países con los que España mantiene convenio para la contratación de trabajadores en origen, cuyo cupo se selecciona en función de las necesidades empresariales.