26 junio, 2013
UPyD propone en el congreso que negar la “verdad oficial” sobre los “crímenes del franquismo” sea delito
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No aceptar la versión ofical de la historia impuesta por el poder en relación a los supuestos crímenes del régimen del General Franco podría convertirse en delito de negacionismo en España, si prospera una inédita propuesta presentada en el Congreso de los Diputados por el partido jacobino
UPyD.
La iniciativa, que intenta meter aún más presión en relación con la imputación del periodista Gerardo Rivas, quien en un artículo de opinión aseguró que
Falange Española de las JONS tiene un
“amplio historial de crímenes contra la humanidad”. Rivas fue denunciado por la formación falangista por un delito de injurias con publicidad. El periodista insistió en sede judicial que “los crímenes contra la humanidad de Falange son una verdad contrastada”.
Grupos marxistas de manipulación histórica asisten con un estado de histeria a esta situación:
“Es un escándalo que en un Estado democrático y de derecho una “jueza” acepte una querella de una organización criminal, como es Falange, contra un periodista por decir una verdad histórica, como es la participación del partido en los crímenes del franquismo”.
“Si esta afirmación no se pudo probar en un juicio es porque el sistema de impunidad no lo permitió, no porque no haya sucedido”, subrayó Edurne Rubio, portavoz de la Coordinadora contra la impunidad del franquismo.
En este contexto, partido jacobino liberal
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), liderado por
la diputada Rosa Díez, presentó la propuesta (no de ley) de instar al gobierno de Mariano Rajoy a incorporar en el Código Penal el delito de negacionismo.
El ejemplo paradigmático del delito de negacionismo está en Alemania en relación al holocausto, en donde cualquier intento de contrastar la versión oficial, comprobar si su datos son ciertos, o poner en duda cualquier aspecto de ésta, puede terminar en acusación de delito.
La fuerza política de Rosa Díez sostiene que el negacionismo es un comportamiento execrable y que no se puede apelar a la libertad de expresión para ampararlo. La libertad de expresión es uno de los ejes centrales de los regímenes democráticos modernos, alcanzando la consideración de derecho fundamental”, pero este no puede suponer un derecho absoluto, sino que debe someterse a ciertos límites, dice
UPyD.
Además, argumentan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(TC) declaró de forma reiterada que el derecho fundamental a la libertad de expresión no permite dar cobertura a manifestaciones innecesarias que atenten contra el honor, la dignidad o la libertad de las personas
o que pongan en peligro el sistema democrático.
