Ante la pasividad del Gobierno y el Fiscal General del Estado para hacer cumplir la ley e impedir la asamblea de la ilegalizada ETA-Batasuna el próximo día 21, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha decidido reactivar el decreto que suspende sus actividades y ha dado orden al Gobierno vasco para que impida la celebración del acto. Explica el juez que quien ayude a los proetarras a conseguirlo incurrirá en delito de colaboración con banda armada. Además, otros dos asuntos pendientes con la Justicia podrían llevar a Arnaldo Otegi de nuevo a la cárcel.

L D (Agencias) El juez ordenó la suspensión de actividades de Batasuna y el acto de la formación convocado para el próximo día 21. Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado ordena la suspensión de actividades de Batasuna y de todas sus organizaciones afines durante los próximos dos años. Además de al Gobierno vasco, el juez ha remitido oficio a la Guardia Civil de Navarra para que haga cumplir esta resolución con todos los medios a su alcance.

El juez especifica que la suspensión de actividades incluye la clausura de las sedes y locales de Batasuna así como su página web.
El juez ha tomado esta decisión tras reunirse esta mañana con los abogados de la AVT, de Batasuna y la organización Dignidad y Justicia. La suspensión de actividades de ETA-Batasuna, ordenada por el juez Baltasar Garzón en 2002, expiró este verano y no fue renovada al considerarlo innecesario tras haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003. Sin embargo, ante la pasividad del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido para impedir la celebración de la asamblea del próximo sábado, el juez decidió reactivar la orden de Garzón. Conde Pumpido dijo este lunes que tenía "dudas" sobre la actualización de este decreto pero aseguró que no se opondría a ello.
El Gobierno expresó su respeto por la decisión del juez y se limitaron a subrayar a Efe que, ante esa decisión, el Ejecutivo acatará la misma "como no podía ser de otra forma". La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dijo que el Ejecutivo Ibarretxe "ha cumplido y cumplirá siempre la Ley, aunque no nos guste", e "independientemente de lo que digan los jueces, cuyas resoluciones a este respecto parecen en demasiadas ocasiones, tomadas más por impulsos políticos que por razones jurídicas".
El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, lamentó "el papel completamente deslucido, a regañadientes, de la Fiscalía, del propio Gobierno, de instituciones que tenían la responsabilidad de haber tomado la iniciativa en este tema, que no han querido hacerlo y que han hecho un papel vergonzante, dando la impresión de que la actuación de grupos ilegales depende de criterios de oportunidad política y no de legalidad". Por ello, consideró que debe "asegurarse" la ejecución de la resolución judicial, adoptándose todas las medidas necesarias para que no se celebre ese acto. "Hay que asegurarse de que se cumpla en su plenitud esta decisión, de que no haya ni Congreso ni sucedáneo de Congreso", dijo.

http://www.libertaddigital.com/notic...276269858.html