Ha pasado ya un año y ni la Audiencia Nacional, ni los juzgados ordinarios, ni el Gobierno han resuelto el caso de tráfico de explosivos detectado el pasado año en Leganés y en el que están implicados varios agentes de policía. Las investigaciones se encuentran paralizadas a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso planteado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo sobre qué juzgado es competente para esclarecer los hechos.

Fue el pasado 15 de Agosto cuando un confidente alertó a un policía de que le habían entregado un paquete y que en su interior había cinco kilos de Goma 2 ECO y detonadores. Fue el juez Del Olmo, tras una enrevesada investigación de Asuntos Internos de la Policía, el que ordenó la detención de dos agentes de la Policía y del propio confidente. A los tres les acusó de tráfico de explosivos. En la misma operación también ordenó el encarcelamiento de otros dos agentes de Policía bajo la acusación de haber revelado secretos al diario El Mundo. En su auto, el juez no sólo no aclara cuál era el destino de ese explosivo sino que tampoco fue claro sobre su procedencia, abriendo un abanico de posibilidades que iba desde Segovia a Barcelona. Hoy, casi un año después de que se detectara un tráfico de explosivos -que además era Goma 2 ECO- en la misma localidad en la que murieron los presuntos autores de la masacre de Madrid, se sigue sin poner respuestas sobre la mesa.

Por estos hechos está en prisión un agente del Cuerpo Nacional de Policía que estaba destinado en la comisaría de Vallecas cuando la matanza del 11-M, la misma comisaría donde apareció misteriosamente la mochila que permitió avalar las sospechas sobre la autoría de los atentados. La noche en que fue hallada esa mochila, José Antonio González Clares, El Moro, estaba trabajando en la comisaría de Vallecas. Según un informe de la Unidad Central de Información Exterior y la Unidad Central de Información, planteó la posibilidad de que dicha mochila hubiera sido manipulada. Existe un perfil de ADN recogido en la bolsa que aún está por identificar. Además, el inspector encargado de la custodia de la mochila denunció que la vigilancia se había roto. Informó de ello a sus mandos, sin embargo no declaró ante el tribunal del 11-M. Del Olmo ha solicitado un estudio a especialistas que ya le han apuntado que dicha huella no pertenece a nadie de origen árabe, lo que abre aún más las sospechas sobre este caso.

Durante el juicio del 11-M, este asunto no pasó desapercibido. Fue el abogado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras quien aseguró que la numeración de los cartuchos de la dinamita localizada en Agosto pasado era correlativa a la localizada en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, que usaban los presuntos autores de la masacre.