El presidente del Gobierno se compromete a impulsar una nueva ley al recibir al líder de Izquierda Unida, que es la fuerza política más perjudicada por el actual sistema debido a su dispersa implantación en las circunscripciones



El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió este martes, durante una entrevista con el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en el Palacio de la Moncloa, a impulsar una reforma de la ley electoral. Lo hará “sin prisa y sin pausa”, pero con la idea de “aumentar la proporcionalidad”, y de momento tiene previsto solicitar un informe jurídico al Consejo de Estado sobre lo que se podría cambiar en esos términos. Actualmente, en España, la normativa electoral se basa en la denominada Ley D’Hont, un sistema proporcional de elección de diputados por circunscripciones provinciales, aunque con una pequeña corrección que favorece ligeramente a los grandes partidos, hecho que provoca, por ejemplo, que el más votado pueda alcanzar la mayoría absoluta aunque esté por debajo del 50 por ciento del apoyo popular (a veces, con poco más del 40 por ciento, ya es suficiente). Pero en el debate que se genera ahora con este compromiso de cambios, nadie contempla la elección directa de los diputados; es decir, que las listas dejen de ser cerradas y bloqueadas, ya que perjudican la esencia democrática del proceso y favorecen la partitocracia. Éste es el verdadero problema.



El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya ha criticado la propuesta de reforma planteada por el líder de Izquierda Unida, y ha anunciado que su fuerza política presentará una iniciativa propia para modificar el sistema. Considera que partidos como IU o Esquerra Republicana “no pueden inspirar las políticas de Gobierno en materia territorial”. También está en desacuerdo con el hecho de que Zapatero abra el proceso pidiendo un dictamen al Consejo de Estado, ya que, para el líder de la oposición, “un gobernante debe saber lo que conviene o no al país”. Por lo que respecta a otras fuerzas políticas, lo que pide Izquierda Unida, entre otros puntos, es la existencia de 50 diputados, de los 350 del Congreso, que se elijan en una única circunscripción. Por su parte, el PSOE no tenía en su último programa electoral ninguna iniciativa de reforma, con la única excepción de la elección directa de los alcaldes. Y Esquerra Republicana también ha reaccionado a lo pactado por Zapatero y Llamazares asegurando, por medio de su portavoz Joan Puigcercós, que es más urgente la reforma del Senado y que “no se puede elaborar una ley electoral a la carta” de ningún partido. En definitiva, de momento, todos se van posicionando pero nadie propone abrir o desbloquear las listas.



Con el procedimiento actual para los comicios legislativos, las fuerzas políticas basan su mayor o menor fuerza parlamentaria en la concentración de votos dentro de cada provincia y no tanto en el número de papeletas en términos absolutos y a escala española. El criterio de aumentar la proporcionalidad podría significar, por ejemplo, que Izquierda Unida, actualmente con 5 diputados en el Congreso y 1,3 millones de votos en toda España tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, viese aumentado de alguna manera su peso parlamentario, que ahora es claramente desfavorable en relación con formaciones como el Partido Nacionalista Vasco, que tiene 7 escaños y 421.000 votos, o Convergència i Unió, que cuenta con 10 asientos y el apoyo de 835.000 ciudadanos. La diferencia es que, en el caso de estas dos fuerzas, los votos están concentrados en pocas provincias, mientras que la coalición de Gaspar Llamazares tiene el apoyo ciudadano mucho más disperso, hasta el punto de que son muchas las circunscripciones donde sus votos no cuentan al no alcanzar el mínimo necesario para obtener representación parlamentaria. Por tanto, lo único que favorecería a IU es la conversión del mapa electoral en una circunscripción única, algo inviable en el escenario actual y, especialmente, teniendo en cuenta la existencia de listas cerradas y bloqueadas.



Número variable de votos por diputado



Si se estableciese un ranking del promedio de votos que cada fuerza política necesita para obtener un diputado, Izquierda Unida es claramente la que presenta una cifra más alta: 256.816. Muy por debajo, existe un nivel medio donde están el Bloque Nacionalista Galego (104.344), la Chunta Aragonesista (94.252), Convergència i Unió (83.547), Esquerra Republicana (81.524) y Eusko Alkartasuna (80.905). Y finalmente, existe el que podríamos denominar nivel bajo, con Coalición Canaria (78.407 votos por cada diputado), el Partido Socialista (67.233), el Partido Popular (65.967), Nafarroa-Bai (61.045) y el Partido Nacionalista Vasco (60.140). Estas últimas formaciones son, en otras palabras, las que presentan una implantación más equilibrada en las circunscripciones donde se presentan. Casos como el del BNG o el de la CHA no son muy problemáticos, porque son partidos que se presentan sólo en su comunidad autónoma (Galicia y Aragón respectivamente). Sin embargo, Izquierda Unida concurre a los comicios en todas las provincias, lo que la convierte en la tercera fuerza en votos y la sexta en el Congreso de los Diputados.



El sistema electoral español, como todos, es mejorable y discutible. Desde el hecho de que el Gobierno se elija indirectamente, a través de la constitución de las cámaras parlamentarias, hasta la misma proporcionalidad en la asignación de escaños por circunscripción, pasando por otros detalles, son cuestiones que pueden ser revisadas. Pero la más urgente es, sin duda, la de acabar con las listas cerradas y bloqueadas que todavía rige. Son muchas las entidades de la sociedad civil que han denunciado, en los últimos meses y años, lo que consideran una “grave anomalía” desde el punto de vista democrático. Es el caso del Pacto por los Derechos y las Libertades, plataforma formada por más de 200 colectivos a escala española, y el mismo Foro Español de la Familia, que ha liderado últimamente acciones de movilización en la calle y que incluye la cuestión de la elección directa de diputados en sus últimos manifiestos dirigidos al Gobierno.



Un modelo como el alemán, basado en una doble votación (lista única para todo el país y papeleta uninominal por circunscripción) podría ser una buena alternativa si los partidos no se ponen de acuerdo sobre una apertura y desbloqueo de las listas que concurren actualmente por provincias. Sin embargo, parece que las direcciones de las fuerzas políticas están más preocupadas por controlar a sus diputados y someterlos a su poder que por impulsar un eficaz servicio al ciudadano basado en la cercanía entre el elegido y el elector.