Fuente: El Pensamiento Navarro, 12 de Marzo de 1971, página 3.



A PROPÓSITO DE UN HOMENAJE

LOS CARLISTAS Y PRIM

Por Ignacio ITURRALDE


Imagen difundida por historiadores liberales es la que nos presenta al general Prim como al militar prestigioso que pagó con el sacrificio de su vida el empeño de conducir por cauces moderados la revolución que él acaudilló. Revolución que, al desbordarse, provocaba suicidamente al carlismo hiriéndole en sus fibras más sensibles: su religión, sus fueros y su rey.

No deja de ser cierta esta visión en lo que dice y no calla. Efectivamente, era Prim, una vez en el poder y según para qué cosas, hombre de orden y político de talla. Enérgico, flexible, prudente, expeditivo y valiente hasta la temeridad. No dudó, incluso, en afiliarse a la masonería con tal de servirse de ella para el logro de su objetivo: el triunfo definitivo de la burguesía liberal, enriquecida a costa del pueblo español, sobre su único enemigo, el carlismo. Pues un simple pronunciamiento militar, previo visto bueno de la masonería, había bastado para derrocar del trono a la “inocente niña”, instrumento de las logias, esperanza monomaníaca de impenitentes conciliadores de lo inconciliable, al tiempo que cuna y bandera de arribistas, marotistas, progresistas y traidores.

Pero en ello hay un aspecto que con frecuencia se olvida al atribuir los desmanes que siguieron a la revolución, exclusivamente, a la impotencia de un gobierno desbordado por sus propios correligionarios, por las revueltas callejeras. Tumultos que, sobre todo, si atentaban a la propiedad de sus adinerados instigadores, hubo que reprimir sangrientamente.

Este aspecto olvidado, y sin el cual difícilmente pueden comprenderse el valor y el heroísmo derrochados por los carlistas durante la tercera guerra que estallaría, en breve, es la propia política oficial de persecución religiosa, centralización y supresión despótica de fueros. Política que, sumada a la natural indignación popular producida por la entronización de un extranjero, da una idea del estado de los ánimos.

Sirvan a título de ejemplo dos decretos oficiales promulgados durante el gobierno del general Prim:

Decreto del 29 dic. 1868 [rectius, 18/10/1868] por el cual se ordena “la extinción de todas las comunidades y asociaciones religiosas restablecidas o creadas por los anteriores gobiernos desde 1835 [rectius, 29/07/1837]” (fecha en que por decreto de Mendizábal “a Su Majestad la Regente Cristina”…“el número de miembros pertenecientes al clero regular y secular quedará reducido a una décima parte”).

Decreto del 1 de enero 1869, tendente también a la total secularización de la vida nacional, por el que el Estado se incauta de “todos los archivos, bibliotecas, gabinetes de catedrales, cabildos, monasterios y órdenes militares”.

En cuanto a la inculpabilidad del régimen de Prim por los atentados de la calle y la situación “incontrolada” de constante violencia, el eminente historiador liberal y académico de la Historia de la Lengua, recientemente fallecido, don Melchor Fernández Almagro, refiere que “se hallaban muy extendidos los vínculos masónicos, y así era frecuente que se hermanasen en cierta clase de agresiones –a iglesias y clero, señaladamente–, los que descargaban el golpe y los que debían prevenirlo o sofocarlo mediante el normal funcionamiento de los resortes de la autoridad”.

Del calibre de la indignación del carlismo ante tales ofensas nos da una medida el suceso que tuvo lugar cuando el gobernador de Burgos, en cumplimiento del decreto de incautación, se personó en la catedral. De tal suerte se enardecieron los ánimos que un grupo de carlistas al grito de “Viva la Religión” y “Viva Carlos VII”, acometieron con tal furia al gobernador civil, que éste cayó al suelo y, atándole del cuello con una faja, fue arrastrado hasta sacarle fuera del templo por la puerta del Sarmental y, luego, cosido a puñaladas.

Pocos días antes, y casi dos años antes de la fecha del Alzamiento, en la sesión de las Cortes del 20 de noviembre, un diputado interpeló a Prim acerca de su intervención en el asesinato de 9 carlistas indefensos en Montalegre (Barcelona), a donde habían acudido a una reunión; contestó desafiante:

“Acepto la responsabilidad que me corresponde en aquellas ejecuciones; y añado que, cuantas veces concurran circunstancias iguales, haré lo mismo”.

A la vista de esta confesión de parte, nada tiene de extraño que Prim pusiera fuera de la ley a Carlos VII, “autorizando a todo español a matarle donde se encontrara”. A tal efecto ofreció dos mil duros para el asesinato de Carlos VII.

En este momento toda glorificación ideológica e histórica de la vida política y revolucionaria de Prim es un ataque al carlismo y una negación de los principios del Alzamiento del 18 de julio.