Tema: Juramento para políticos perjuros; el perjurio a examen

Juramento para políticos perjuros; el perjurio a examen

Revista FUERZA NUEVA, nº 547, 2-Jul-1977 JURAMENTO PARA PERJUROS Luis María Sandoval España cambia. Todos los cambios, grandes, pequeños y minúsculos, abundan. Y no son los que parecen más pequeños los que resultan menos significativos. En conjunto, todos los cambios conducen a hacer de España un país sin religión, tradición ni gloria. En “El País” del 17 de junio nos llega la noticia del último cambio significativo: el nuevo presidente de las Cortes bicamerales restauradas, Hernández Gil, al tomar posesión de su cargo, NO juró ante el Rey, los Principios del Movimiento, como prescribe el artículo 2 de la Ley Fundamental de Principios del Movimiento y los 19 y 43 de la Ley Orgánica aún vigentes. Con escrupulosa ausencia de legalidad, el juramento existente ha sido sustituido sin más, incluso sin Decreto-Ley. La radio nos informó de que, desde ahora, siguiendo la fórmula estrenada, el juramento prescriptivo para la toma de posesión de cargos públicos se prestará “sobre los Evangelios y ante el Crucifijo, pero de pie”. La fórmula será la que empleó Hernández Gil, que reproducimos a continuación: “¿Juráis en conciencia y por vuestro honor respetar la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo español, lealtad al Rey y el riguroso cumplimiento de las obligaciones de vuestro cargo? - Sí, juro”. A estas alturas, esta sustitución puede parecer inocente, pero se presta a varias consideraciones sobre el carácter ideológico y moral de nuestras más altas autoridades. Veamos... 1. No vamos a entrar en la sorpresiva sustitución de juramentos y si hubiera precisado alguna formalidad jurídica... por lo del Estado de Derecho. A estas alturas quizá convenga que se produzcan, repitan y destaquen signos de que en España se da una revolución de la legalidad y no una reforma en la legalidad. Sí nos sorprende, en cambio, porque pensábamos que la Monarquía y el Rey, personalmente, tenían una particular vinculación histórica y emotiva, de causa y efecto, de agradecimiento, en suma, al antiguo juramento. Piénsese que si la cesión de “derechos” dinásticos del pasado 14 de mayo (El equívoco acto en que D. Juan “cedió sus derechos” a Juan Carlos, rey “franquista”) sirve para satisfacer los sentimientos de la Familia Real, de hecho, el conde de Barcelona no podía transmitir sino el legado histórico que recibió de Alfonso XIII: -Una monarquía abandonada por todos, incluso los “leales”, sin sombra de sentimiento, adhesión ni defensa, a la que renunció don Alfonso, el rey liberal, cuando plegó sus derechos a la voluntad popular. -En 1936, don Alfonso sólo podía legar a don Juan, un destierro en Roma. A no ser que… Paradójicamente fueron los carlistas, monárquicos de otra rama dinástica, y los falangistas, muy poco o nada monárquicos, los que en justa rebelión hicieron del Movimiento del 18 de Julio la nueva fuente de legitimidad de origen y de ejercicio, que Franco administró y transmitió a Juan Carlos I mediante su doble juramento ante las Cortes: el 23 de julio de 1969 y el 22 de noviembre de 1975: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”. En aquella segunda ocasión, millones de españoles fuimos testigos del juramento, por televisión. Particularmente, al completarse la fórmula, me llené de alegría por la continuidad del 18 de Julio… aunque creía por entonces que la lealtad a los Principios del Movimiento significaba también mantenerlos como objeto del juramento exigido para ser investido de cargos públicos. Si los Principios del Movimiento le dieron al Rey acceso a un Trono al que de otro modo no habría podido llegar, se comprende el dolor que le debe haber costado asistir a la desaparición de una fórmula de recuerdo tan entrañable [IRONÍA]. No es un juramento 2. Porque, además, el nuevo juramento concentra en su treintena de palabras todos los defectos imaginables. Para empezar, no es un juramento. Jurar es poner a Dios por testigo de un aserto o -en nuestro caso- como garantía de una promesa y es un acto a la vez jurídico y latréutico. Juramento era la antigua fórmula, explícitamente: “Juro por Dios…”, y por ese su carácter sacro se prestaba de rodillas, sobre los Evangelios y ante el crucifijo. La nueva fórmula no sólo cambia el objeto de la promesa, sino que, de intento, sustituye la apelación divina por la conciencia y el honor (pobres y problemáticos sustitutivos). No es, por tanto, un juramento: todo lo más una promesa solemne. Es de suponer que el nuevo ritual se debe un nuevo esfuerzo de homologación con el laicismo europeo, y a preparar un fácil acceso al poder a marxistas no creyentes, que se resistirían a admitir el prestar un juramento, absurdo por otra parte. Pues bien, o se jura por Dios, de rodillas ante la Cruz y la Biblia, o se promete simplemente de pie y ante “el propio honor y conciencia”. Pero es inadmisible que en lo que únicamente constituye una promesa, se instalen las Sagradas Escrituras y la Cruz, en remedo o parodia del ritual del juramento. Nos encontramos ante un Estado (Adolfo Suárez…) que no quiere ser católico, pero tampoco mostrarse como laico o ateo, y que pretende guardar unas formas tan contradictorias como el mantener los objetos sagrados y permanecer de pie, con no se sabe qué finalidad en el disimulo. Doctrina Pontificia 3. Puesto que, además de no ser un juramento católico, sino tan sólo una promesa solemne, ni aun como tal puede un católico admitir el nuevo texto por su contenido. Al pedirse en la promesa el “respeto a la ley como expresión de la voluntad soberana” se reclama nada menos que la sumisión a cualquier ley que dicte la voluntad popular, y esta admisión, basada únicamente en el hecho de provenir de la voluntad popular. Esta concepción de la ley como emanada de la voluntad popular, que dictaminaría a su arbitrio qué es bueno y qué es malo de forma totalmente soberana e inerrante, está taxativamente condenada por la Iglesia. En la concepción cristiana sólo pueden considerarse leyes los preceptos que en sí mismos están acordes con la Ley Divina: natural y positiva. Acerca de este punto se ha pronunciado siempre la doctrina pontificia, condenando la soberanía popular sin restricciones. Así, por ejemplo, León XIII condenó a los partidarios del liberalismo que atribuyen al Estado un poder despótico e ilimitado y afirman que hemos de vivir sin tener en cuenta para nada a Dios” (“Libertas”, 22) a partir del falso principio de que “el pueblo es en sí mismo fuente de todo derecho y de toda autoridad” (“Immortale Dei”, 1). O en nuestro siglo, Pio XII condenaba “el absolutismo del Estado… [para el que] la autoridad del Estado es ilimitada y frente a ella… no se admite apelación alguna a una ley superior moralmente obligatoria” (“Benignitas et Humanitas”, 29), precisando que daba lo mismo que “esta soberanía ilimitada se atribuya al Estado como mandatario de la nación, del pueblo o de una clase social” (“Summi Pontificatus”, 46). Estos ejemplos bastarán para demostrar que un católico no puede admitir ningún legislador soberano, ni aun el pueblo, si no se compromete a respetar los límites morales de la Ley de Dios, sea positiva, sea impresa en la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, un católico no puede prestar la promesa exigida actualmente sin ninguna restricción. ¿Conjunto de nulidades? 4. Y no es eso sólo. Es que, dentro de una argumentación puramente práctica, llegamos al siguiente dilema: o la promesa prestada no se cumple, o nos condenamos a hacer de nuestras autoridades un conjunto de nulidades, de cabezas vacías. Porque un hombre puede prometer respeto a los Principios del Movimiento, a los dogmas del marxismo, o a la Declaración de los Derechos del Hombre, basta con que crea en ellos; pero nadie puede prometer lo que pide nuestro ultraliberal Estado: respeto a lo que en cada momento “haga ley” la voluntad popular. Puesto que esta voluntad “soberana” es tan voluble que tan pronto puede violar los Principios del Movimiento o incluso los derechos de Dios (que existen) como declarar abolida la libertad revolucionaria en nombre de la Igualdad o viceversa. Así, nuestras autoridades futuras o harán de sus ideales más sagrados un límite a su promesa y entonces ésta es inútil: cada cual respetará la legislación según su criterio, o, con todo rigor, admitirán y respetarán toda decisión del legislativo. El empobrecimiento mental y moral sería espantoso: se habría sentado la base del escepticismo total, renunciando a poseer criterios propios, y con ello, cínicamente, se elevaría a virtud máxima el oportunismo. “Prometer” es demasiado poco 5. El juramento promisorio nace del deseo de amparar en una fidelidad superior a toda garantía humana (la palabra empeñada ante Dios) el compromiso de los rectores de la sociedad de guardar fielmente su patrimonio espiritual y legal. Se comprende que la posibilidad de incumplimiento subsiste, pero que la de aquel que se liga a su promesa bajo pena de triple pecado (contra el segundo mandamiento, contra la justicia por incumplimiento, y por escándalo) es la mayor de todas. Es cosa de preguntarse si la renuncia a que se refuerce el compromiso con el juramento aumenta o disminuye las garantías de cumplimiento para la sociedad. Prometer por la propia conciencia es demasiado poco, ya que la conciencia, aun honesta, es algo muy subjetivo y que puede ser erróneo. En cuanto al honor, está por ver si no hay gente que no pone su ventaja inmediata por encima de su palabra. Y, además, que ante la sociedad ni todos los honores tienen el mismo valor, ni el de una persona es igualmente valorado por todos. Precisamente, en la actualidad, gran parte de la clase política española tiene en entredicho su capacidad de hacer honor a la palabra empeñada. En resumen, la sustitución de juramentos debilita la fuente de legitimidad de la Corona, nos conduce a fórmulas no sólo laicas sino inadmisibles para un católico y supone un grave riesgo político y moral para la sociedad y sus futuras autoridades, respectivamente. De hecho, lo único positivo del cambio será que los próximos cargos encontrarán muchas menos dificultades mentales y morales que antes -¡y ya es decir!- para transformar su “lealtad al Rey” presente, en promesa de servicio fiel a la República, que aguarda, agazapada, en la mitad de los escaños del Congreso. Luis María SANDOVAL

…“o bien cuando se jura por Dios hay que fundar el Estado, la Constitución y el comportamiento regio y gubernamental en la ley moral natural y divinamente revelada; o bien, se deja de fundar el Estado, la Constitución el comportamiento del Rey y del Gobierno en la Ley de Dios pero, en tal caso, huelga toda clase de juramento…”

Revista FUERZA NUEVA, nº 591, 6-May-1978 “JURO…” Cada vez que TVE nos ofrece imágenes y sonido del acto de “juramento” de las más altas magistraturas de la nación, quienes exigimos rigor y seriedad para estos actos solemnes no podemos menos de sentirnos incomodados por la falta de coherencia que ellos revelan, en asunto de tanta trascendencia como el lenguaje político. Si en las más altas esferas ni siquiera saben usar debidamente el lenguaje político, ¿qué podrán ser capaces de usar correctamente? Porque, si bien se considera, hay una grave incoherencia en los juramentos oficiales; la de jurar en falso. En efecto, observamos que los más altos cargos, delante de un crucifijo y poniendo la mano sobre la Sagrada Escritura, pronuncian estas o parecidas palabras: “Juro por mi honor y mi conciencia, fidelidad al Rey, a la Constitución y demás leyes del Reino”. Si se tiene en cuenta el sentido común que en el lenguaje usual y en el diccionario de la Real Academia tiene el término jurar, cuando un ministro o un presidente de la Generalidad etc. dicen “Juro”, sobre todo en una ceremonia en que están presentes el crucifijo y la Biblia, se quiere decir que esas altas magistraturas ponen a Dios por testigo de que serán fieles. “Juro”, pues, es equivalente a “prometo por Dios”. Ahora bien, si se “jura”, es decir, si se promete o se compromete uno, en presencia de Dios y por Dios, a que uno será fiel al Rey y a la Ley, huelga decir y puede que sea contradictorio decir “juro” por mi honor y por mi conciencia. *** Por un lado, cuando se jura por Dios, carece de valor el jurar por el honor y la conciencia de uno, dado que el honor y la conciencia de uno -sobre todo cuando no se es creyente, cuando se es ateo- son contrarios a Dios. Carece, pues, de sentido exigir que jure a un increyente en Dios. Y carece de sentido exigir que un creyente jure por su conciencia y por su honor, dado caso que la conciencia y el honor del que jura pueden ser teológica y moralmente aberrantes. Quiero decir que la conciencia subjetiva, tanto de un creyente como de un increyente puede estimar que lo bueno, en determinados casos, es la infidelidad al Rey y a la Ley, en el cual caso carece de valor y sentido ese juramento. Un compromiso público no puede quedar a merced de la conciencia subjetiva del magistrado o ciudadano que jura. Cuando uno jura por su conciencia, sin jurar expresamente por Dios, se sobreentiende que uno hará lo que le demande su “conciencia” subjetiva, ajena a cualquier mandamiento de Dios y a cualquier precepto objetivo de moralidad. Y lo mismo o aun más relativo es jurar por mi “honor”. Si se considera que el honores la estimación pública en que a uno se le tiene, cuando la estimación pública propenda a pensar que es necesaria cambiar políticamente, todo aquel magistrado o político que quiera seguir gozando del honor o estimación pública habrá de ser infiel a su juramento. Nada hay más voluble que un sistema de valores fundado en la opinión pública, como nada hay más firme que un sistema o jerarquía de valores y de normas fundado en Dios, en la divina Revelación. Por eso, cuando se jura propiamente, cuando se pone a Dios por testigo y juzgador que nos premie y nos demande (según sea nuestro comportamiento respecto a lo jurado), o cuando se pone la conciencia y el honor en el respeto a la ley de Dios (al orden querido por Dios para el comportamiento humano, privado y público), el juramento es algo serio, objetivo, imperativo, sólido, que no está a merced de la versatilidad de la opinión pública, ni a expensas de los dictámenes subjetivos de la conciencia humana. *** Quiérese decir, en suma, que o bien hay que jurar por Dios y nada más que por Dios (o por una conciencia y un honor que se cifran en el respeto a Dios), pero en tal caso hay que fundar el Estado, la Constitución y el comportamiento regio y gubernamental en la ley moral natural y divinamente revelada; o bien se deja de fundar el Estado, la Constitución el comportamiento del Rey y del Gobierno en la Ley de Dios y, en tal caso, huelga toda clase de juramento. Lo mismo que no se puede, lo que no se debe es traer a Dios como garantía máxima y única de fidelidad a los compromisos contraídos y a la moral necesaria y luego recusar a Dios de la legislación fundamental y general de la nación, y no respetar la moral revelada cuando se está gobernando o legislando o administrando la cosa pública. Si queremos fundar el Estado y la sociedad en la nada o en la mudanza que significa la opinión pública, es más lógico y más moral que quede abolido todo juramento. No se debe jurar en falso. Eulogio RAMÍREZ