En su día publiqué en el portal ¡Avant! este artículo de similar tenor sobre el derecho foral valenciano. Lamentablemente pocos tradicionalistas prestan atención a estos temas, lo que denota una falta de conciencia foral alarmante.

La partitocracia y el PSOE contra el derecho foral valenciano.

Todos mis amigos progres que se encuentran casados inciden siempre en el detalle de que ellos han organizado su régimen económico matrimonial en separación de bienes, dando a entender que es el régimen más adecuado a una convivencia marital en la que el compromiso se puede romper en cualquier momento quedando así la liberalidad de la relación asegurada. Sin embargo este análisis no pasa de lo anecdótico y lo superficial, pues lejos de ser un creación jurídica del liberalismo el régimen de separación de bienes viene estando vigente en los reinos y principados de la Corona de Aragón desde los tiempos de la unión del Altar y el Trono y hoy además vigente en aquellos territorios excepto en el antiguo Reino de Valencia.

Viene esto a cuento de que el PSOE una vez ha mostrado su verdadera cara radicalmente antiforal al impedir rescatar en los territorios del antiguo Reino de Valencia su régimen privativo de derecho foral en cuanto al régimen económico matrimonial que establecía en ausencia de capitulaciones el régimen de la separación de bienes. La legislación autonómica actual intentó recuperar dicho régimen y las actuales cortes partitocráticas de la Comunidad Valenciana lo aprobaron. Pero lo que son las cosas, con tal de evitar cualquier resurgimiento del derecho foral valenciano el PSOE anula esta Ley, la recurre al Tribunal Constitucional y se pone a defender lo contrario de lo que a priori defienden todos los progres, el régimen de gananciales, al que imputan frívolamente el fortalecimiento de los vínculos matrimoniales y familiares (la cosa no es tan simple y el régimen de separación de bienes para nada perjudica a la estabilidad del matrimonio y la familia, pero ya sabemos que los progres se mueven por consignas).


Apela directamente el PSOE en su recurso al Tribunal Constitucional a la derogación del derecho foral valenciano también privado (afrenta que no se dio en el Principado de Cataluña) por los nefastos Decretos de Nueva Planta. En primer lugar siendo el derecho foral preconstitucional resulta disparatado que se juzgue al mismo según el bloque de constitucionalidad, que es el parámetro de constitucionalidad sobre el que enjuicia el TC. Realmente el régimen jurídico de la Constitución de 1978, pese a su disposición adicional 1ª es una nueva planta jurídica y legislativa tan grave o más –por lo antimoral y antinacional de la misma- que los decretos de Felipe V. En segundo lugar resulta inaguantable el cinismo y doble rasero del PSOE. Acabamos de sufrir una legislatura de atroces concesiones a todo tipo de disparatados nacionalismos, generando unos ataques tremendos a la cohesión de las Españas y redundando en enfrentamientos interterritoriales que durante la vigencia de la España foral eran totalmente impensables. Sin embargo en el caso de la recuperación del régimen propio del antiguo Reino de Valencia –derogado violentamente- en un aspecto que deriva de la legítima autonomía de los negocios jurídicos privados y que no tiene consecuencias sobre el orden público el PSOE se muestra audaz y presto a atacar una ley que restituye en parte el régimen jurídico secular del pueblo valenciano. Si además analizamos la postura de la delegación valenciana del PSOE la cosa está aún peor, pues no contentos con humillar a sus pobres votantes que mayoritariamente rechazan el absurdo y antivalenciano título de "País Valencià" bajo el que se parapetan muestra un clientelismo hacia las decisiones que vienen de Madrid que deja en mantillas a los teóricos decimonónicos del centralismo.


No obstante es necesaria una última acotación. Esta pretendida restauración del derecho foral valenciano no dudamos que este hecha con la mejor de las intenciones, pero jamás puede venir decidida por unas cortes partitocráticas, es decir, no realmente representativas. La lógica partitocrática es contraria al derecho foral, que nace de la costumbre. Un partido foralista (actualmente no hay ninguno con representación parlamentaria) seria legítimo que encauzara esta restauración, pero jamás apelando a la constitución a las falsas soberanías o infrasoberanías, nacionales o autonómicas, parlamentarias y liberales. La restauración de un verdadera régimen foral exige restaurar una sociedad viva, bien organizada y jerarquizada, en que la ortodoxia pública este fijada por la Unidad Católica y no por las éticas de consenso de turno. Es el único modo de restaurar un verdadero derecho foral que solo puede nacer de la Tradición de las Españas.