PP-PSOE: Complicidad para el desguace de España

El 15 de julio de 2005 fue publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, presentada por las Cortes regionales tras su aprobación en la Cámara autonómica. Contrariamente a lo previsible desde la formación de la mayoría tripartita, emanada de las últimas elecciones autonómicas catalanas, es una región distinta de Cataluña la que se alza con el dudoso honor de encabezar esta nueva fase del desguace centrífugo nacional que se inició en 1978. A pesar de lo manifestado en diversas ocasiones por los presidentes del Gobierno nacional y de la Generalidad catalana, no marcará Cataluña la pauta a seguir en las sucesivas reformas estatutarias de la era Zapatero pues el debate en la Cámara Baja fue el pasado 20 de septiembre.
El Título VIII de la Constitución vigente y su artículo 2, de redacción contradictoria y deliberadamente ambigua, son los cimientos sobre los que ha venido levantándose durante veintisiete años un edificio que hoy parece estar alcanzando sus últimas plantas. A esta ya colosal obra, sin precedentes en la historia de España, cada una de las fuerzas políticas beneficiarias del sistema político- por ellas y para sí mismas diseñado -ha aportado diferentes materiales de construcción. Unos trajeron indisimulada deslealtad y chantajes incontables. Otros incorporaron ciega credulidad, transacciones irresponsables y demagogia sin límites.

La exposición de motivos de la Propuesta de Reforma reproduce en su inicio, con leves modificaciones de estilo, el Preámbulo del Estatuto de 1982 que se refiere difusamente, como sustento legal originario, al art. 2 de la Constitución española, aunque sin citarlo en forma expresa, y alude al derecho de autogobierno de "toda nacionalidad", con implícito rechazo de la condición de región española. Seguidamente el texto se lanza a la propia loa del sistema autonómico, atribuyéndose en exclusiva el desarrollo y el progreso de la sociedad y los ciudadanos. Como culminación del párrafo en el que se hace balance de la primera etapa autonómica, los legisladores valencianos acreditan su desinhibido sentido del humor -rayano con la desfachatez- al afirmar textualmente: "Gozar de un ordenamiento jurídico propio, fruto de la importante actividad legislativa de Les Corts y del ejercicio de la potestad reglamentaria del Consell, ha generado un desarrollo institucional que ha permitido el autogobierno y la afirmación de su identidad.", que en román paladino significa simplemente que el sistema autonómico ha permitido ejercer la autonomía. Conclusión irrefutable, sin duda.
En el párrafo siguiente de la exposición de motivos se afirma, ciertamente sin demasiada convicción, que "parece ser que ahora es el mejor momento para hacer una reforma necesaria. Es necesaria porque adaptar nuestro Estatuto a la realidad actual de la Comunitat Valenciana es mejorar la calidad de vida de las valencianas y de los valencianos a los nuevos tiempos, y así lo demandan". A pesar de la muy deficiente sintaxis de la que los legisladores hacen gala, la frase citada pretende ofrecer la clave fundamental de la reforma.

Desde una perspectiva por desgracia muy realista se están creando ex novo instituciones y administraciones calcadas de las del Estado, capaces, con un mínimo impulso nacionalista adicional, de suplantar a éstas. Se están asentando las bases de una nueva nacionalidad o nación inventada; incluso ya ha sido creada la estructura jurídico pública de un nuevo Estado.
Con la complicidad entre PP y PSOE el desguace de España se acelera. Una fantasía de naciones históricamente inexistentes se está urdiendo concienzudamente por parte de aquellos que, aunque elegidos por el pueblo español y depositarios de su soberanía en las Cortes Españolas, no tienen pudor al mentir a su electorado, falsificar la historia de España y crear nuevos reinos de taifas en donde seguir detentando parcelas de poder y cobrando del erario público. Por ello, debemos dirigir estas preguntas a todos los españoles:
¿Cuándo señalará nuestro pueblo a los partidos, hoy mayoritarios, sin ideales ni convicciones, como responsables de sangrar a la nación española y dispuestos, si ventajoso lo creen, a desintegrarla y disolverla?
¿Saben los españoles lo que cuestan a la riqueza nacional, y a sus bolsillos, estos experimentos secesionistas que financiamos entre todos?
¿Es consciente el electorado español de que, de no existir la actual proliferación de instituciones autonómicas, el salario mínimo de los españoles podría aumentarse un 80% y equipararse al del resto de los países europeos?
¿Saben los españoles que las administraciones autonómicas y las asambleas legislativas merman las prestaciones sociales de los más desfavorecidos? Según la Revista Francesa de Derecho Público (junio de 2005), la República Francesa, un país inequívocamente democrático, consume en sus administraciones públicas la mitad de lo que gastamos nosotros: el Estado funciona muy eficazmente tan solo con una administración estatal, otra local y una Asamblea Nacional.