Tema: El nuevo Estatuto de Cataluña

Para la moral cristiana es perniciosísimo, pues eleva al rango estatutario todas las burradas de adoctrinamiento progre y nacionalista, así como el entrometimiento y el control de las administraciones sobre los cuerpos intermedios.

Supone, como el resto de los estatutos, un paso más en la división de los españoles al profundizar en la institucionalización del nacionalismo de laboratorio.

Lo más lamentable ha sido la componenda entre el TC y el gobierno zapatarra para sacar adelante contra la lógica jurídica un estatuto que hasta el más lerdo observa que está viciado de pleno de ilegalidad, mostrando una vez más la debilidad intrínseca del sistema y como el Estado de Derecho es un simple pasteleo entre los poderes políticos.

Derechos históricos frente a Estatutos



El tetralema del Carlismo además de banderín de enganche para los voluntarios de la legitimidad proscrita es toda una enunciación de la doctrina política de la Tradición de las Españas. El mismo establece una correcta prelación y jerarquización de sus principios, que son la sistematización de los fundamentos políticos de las Españas áureas (por más que en el ámbito de la experiencia histórica hayan sido ocasionalmente desconocidos). Las bases doctrinales del Carlismo se asientan sobre el Dios, Patria, Fueros, Rey, no como compartimentos estancos, no como pura enunciación de valores vacíos al modo de retahíla sino en base a un orden, que nace de una determinada ontología.

En este sentido los Fueros, más allá de las peculiaridades regionales, corporativas o sociales, se circunscriben a un determinado Estado de Derecho y legislativo que ha de atender en primer lugar a Dios (el deber de toda comunidad política para con el Creador, según la multisecular doctrina de la Iglesia Católica) y después al bien común, que es la Patria. En los Fueros obviamente están inscritos los derechos históricos de los señoríos, principados, reinos, municipios, comarcas, además de las sociedades no territoriales, que constituyen la Patria. El Rey seria en última instancia el garante de dicho Estado de Derecho, no pudiendo prevalecer su voluntad sobre el Derecho, siempre que este sea justo.

Una obra esencial, ¿Qué es el Carlismo? lo resume del siguiente modo:

47 Jerarquía de valores
También se ha de notar, que los puntos del lema tradicionalista no tienen valor igual. Por el contrario, es hallan jerarquizados a tenor de su importancia práctica y su alcance lógico. El rey ha de encarnar la institución monárquica, Según muestra el hecho de que la legitimidad de origen está subordinada a la de ejercicio. Por eso no le es lícito anteponer intereses personales al bien mayor que es la realeza.
Las libertades concretas inscritas en los fueros son, a su vez, bienes particulares legítimos: más subordinados al bien común que es la patria.
Y la patria, máximo bien humano que precede a los intereses de los individuos, porque el bien común tiene primacía sobre los bienes singulares, ha de sujetarse a los designios de Dios, dado que lo humano es inferior a lo divino.

48 Cinco escalones
Se han de distinguir, por eso, en el tablero ideológico carlista cinco escalones:a) El bien personal del rey.b) El bien institucional de la realeza.c) Los intereses de las familias y pueblos españoles.d) El bien común de las Españas.e) Y el bien supremo de la cristiandad.
Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los príncipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servidoras de Dios.

49 El criterio hermenéutico
Cuando se haya de tasar, en cada caso determinado, la importancia de los puntos doctrinales de referencia política - sobre todo cuando surjan discrepancias o disyuntivas para elegir entre alguno de ellos que contraste con cualquiera de los restantes- el orden de valores es claro: de más a menos, sigue el orden de Dios, patria, fueros, realeza y rey.
Interpretar los temas de la doctrina tradicionalista alterando esa tabla jerarquizada de valores políticos está vedado al carlista. Y no por una sinrazón arbitraria, sino por una razón elemental: que cuando se altera la prioridad natural de tales valores, aunque en la alteración parezcan salvarse particularmente cada uno de los valores, en realidad se los destruye a todos. Incluso el que se pretendía supervalorar o favorecer. Sobre esto, la experiencia histórica de la teoría y la práctica política del Carlismo es concluyente.


Razón de esta introducción reside en la bastarda y saturada apelación que estos días se está realizando a los derechos históricos de Cataluña con la intención de aprobar un Estatuto que no sirve ni a la descentralización ni al principio de subsidiariedad (por estar viciado de los mismos vicios del centralismo burocratista), pero lo que es mucho más importante: es radicalmente contrario tanto a Dios como a la Patria. Los derechos históricos solo pueden darse en el contexto de la Tradición catalana. La legislación anticatólica y separatista emanada de un parlamentillo partitocrático es contraria a los derechos históricos de Cataluña, es toda una Nueva Planta de carácter revolucionario y anticatalán. Como se ha recordado recientemente desde el excelente blog catalán El Matiner no pueden reivindicar los derechos históricos (los Fueros de Cataluña) los mayores europeístas, que son los nacionalistas. Menos todavía si ese nacionalismo, salvado su origen oligárquico, es masónico, antiespañol y radicalmente anticristiano. El nacionalismo no obstante juega al sentimentalista y habla de unos derechos históricos que continuamente pisotea.

Motivación distinta movía a los carlistas a implicarse en la defensa de las formas autogobierno en otras épocas. Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastantes ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras (e incluso violentas) polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso circunstancialmente, en unos momentos concretísimos, se dio tregua a la beligerancia contra el nacionalismo y se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos. Que históricamente respondían a otras motivaciones. Porque es obvio que ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la nefasta II República con un Antonio Pildain y Zapian para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los nacionalistas vascos integristas (pese a concurrir como "independiente" por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral, señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus correligionarios optaron mayoritariamente por ponerse del lado de los enemigos de Dios y de la Patria. Los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador, cuando los nacionalistas llegaron a la componenda con los socialistas y lo desacralizaron nada quisieron saber los carlistas de dicha Estatuto, al respecto es de destacar la posición de Juan de Olazabal Ramery, mártir de la Cruzada) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano. Paradojas de la historia: si en su día los Estatutos pudieron tener algo que ver con los derechos históricos hoy en día son la antitesis de los mismos. Por eso estamos en primera línea de lucha contra dichos Estatutos, estrategia para la destrucción de España del gobierno de ocupación del PSOE gracias a la debilidad y contradicciones del sistema. Que dejen los derechos históricos para los carlistas, que ya los restauraremos cuando acabemos con todas las mentiras de este sistema.

Estatut: Ni los unos, ni los otros; Cataluña hispánica y foral.




En Cataluña debe prevalecer el Derecho catalán. Pero solo el verdadero Derecho fundamentado en la rica Tradición jurídica de la Corona de Aragón. Repugna tanto la apelación bastarda a los derechos históricos invocada por los nacionalsocialistas, hecha desde el más radical europeísmo y desde la Modernidad jurídico-política (lo que es una antinomia y una aporía monumental); como la pretensión uniformista, desconocedora de la Tradición catalana, reduciendo nuestro territorio a meras "provincias" de un Estado centralista. Un nuevo poder enfocado al "mal común", como el derivado de la falsa Generalitat nacionalsocialista deviene en tiránico, por tanto hay un problema de legitimidad en si mismo, pese a la exaltación usurpadora de unos símbolos históricos que no le pertenecen.

Al estar viciada la legitimidad fundamental de todo el marco institucional hispánico resulta imposible hablar con propiedad de autogobierno por mucho que se produzca una descentralización. Solo la restauración foral, emanada de un poder legítimo asegura la verdadera continuidad de los derechos históricos. La restauración foral ha de adaptarse a las nuevas exigencias del contexto presente para frenar eficazmente la globalización y el sometimiento a instituciones supranacionales. No seria contrario a la Tradición que el poder Real asumiese franquicias y facultades históricamente de los reinos, siempre para el servicio del bien común de toda la Monarquía. Pero nunca en base al axioma liberal igualitarista.

El poder político no tiene legitimidad asimismo para inmiscuirse en los cuerpos intermedios, también protegidos por sus propios Fueros. Precisamente en el nuevo Estatuto se redobla el inmiscuimiento de lo público sobre las organizaciones sociales, dictando compartamientos, duplicando burocracias y ahogando a impuestos a familias, asociaciones, universidades no públicas, etc.

No podemos desconocer tampoco que la lengua catalana es la propia de Cataluña, pero el castellano se configura como lengua común de las Españas, y que su uso en Cataluña, tanto en comunicaciones oficiales, privadas como en la producción literaria, así como las aportaciones realizadas desde Cataluña ha dicha lengua son históricos desde antes de las imposiciones liberales. Por tanto también resulta un absurdo ilegítimo la imposición de una sobre otra en el trato privado o comercial.

La Sentencia del TC no responde más que a las componendas de un sistema débil. Acabar con él es exigencia para la verdadera restauración del derecho foral catalán.