Un informe elaborado en 2004 por la Xunta, presidida entonces por el ex ministro Manuel Fraga, mostraba el menguado éxito de las medidas de fomento del gallego. Al igual que ocurre en el País Vasco con el euskera.

El informe, presentado en septiembre de 2004, afirmaba que entre un 15% y un 27% de los menores de diez años que viven en núcleos estrictamente urbanos nunca hablan gallego y entre un 10% y un 20% ni siquiera lo saben hablar.

En la última década se ha incrementado en un 6% el número de personas que aseguran que nunca hablan en gallego. Son las generaciones de más edad las que más lo usan: un 75% de los mayores de 65 años. Por el contrario, en los estratos más jóvenes desciende progresivamente la utilización de este idioma.

Ante esta realidad, los comisarios políticos nombrados por el PP fraguista recomendaban el aumento de la dosis de galleguización a costa de los impuestos ajenos.

Entre las medidas que proponían estaba la vigilancia de los colegios para que en ellos se cumpliesen las normas de uso del gallego y hacer obligatoria la enseñanza en un 50% en esta lengua. También se proponía pagar a los funcionarios que empleasen el gallego en las conversaciones y la atención al público, obligar a los médicos de la sanidad pública a redactar las recetas en gallego y exigir a la industria farmacéutica el etiquetado en gallego (como en Cataluña).