Nada de amnistía para los opuestos a FRAP y a ETA...

Revista FUERZA NUEVA, nº 542, 28-May-1977

MAL Y TARDE

El Gobierno de su Majestad acaba de ofrecer otra prueba de su singularísimo sentido de la autoridad a través de la última declaración acordada en el pasado Consejo de Ministros. Además, de nuevo, ha incumplido -según nuestra interpretación- otra de las solemnes promesas formuladas, cara a la nación, por boca del presidente Suárez, en su penúltimo mensaje personal por televisión, al garantizar que “de entreguismo a la subversión, nada; de actitudes tibias hacia las provocaciones, nada”.

De aquella declaración se deduce, sin gran esfuerzo mental, que, por medio de otro expediente más en notorio fraude a la ley, el Gobierno de la Corona se propone convertir las normas relativas al indulto particular en vía para la concesión de un nuevo indulto general, que parece -a juzgar por la vía elegida- no haberse atrevido en su día a otorgar abiertamente. (…)

Pero lo más grave del caso se desprende de la circunstancia de que ese nuevo indulto general encubierto se concede en favor de los partícipes como autores -los cómplices y encubridores se acogieron ya a la ampliación de la amnistía establecida por el Real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo- de los crímenes más horrendos que sobrecogieron a la comunidad española durante los dos lustros postreros: el brutal atentado contra el almirante Carrero Blanco (presidente del Gobierno); la explosión de la calle del Correo y su casi veintena de muertos; el homicidio alevoso del sr. Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y de los custodios del orden que le acompañaban, y tantos asesinatos cobardes perpetrados contra miembros de las Fuerzas Armadas, contra autoridades y contra pacíficos ciudadanos que se han cobrado ETA o las “ramas militares” de dos de los partidos comunistas españoles.

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(…) Las consecuencias (…) vienen a representar la eficacia multiplicadora de la nocividad de una política que, lejos de conducir a la concordia nacional, cómo se proclama erróneamente, fomenta la alteración de la paz -tranquilidad en el orden- por medio de las inhibiciones que puede llegar a producir en quienes colaboran en pro del reinado del Derecho y de los estímulos para quienes, en cambio, lo transgreden amparados en lo que se ha querido llamar, con ausencia de precisión terminológica, “intencionalidad política”.

Todo ello sin aludir a las, nada fáciles de justificar, discriminaciones, dentro del grupo de delincuentes políticos, entre quienes perpetraron su crimen antes o después de las fechas de 31 de julio y de 15 de diciembre (1976) y casualmente aseguran que no habrá extinción de condena ni conmutación de pena para los detenidos actuales, procedentes de la parcela opuesta a ETA o FRAP, y a los cuales se imputan hechos de la misma naturaleza que los amnistiados o indultados (*).

Claro que quizá, para el presidente Suárez -y con sus actos de gobierno hace nacer la presunción fundada de ello- lo verdaderamente importante radique ahora en la necesidad de celebrar las próximas elecciones que han de desembocar en la democracia, cuyo carácter taumatúrgico acaba de revelársele tras cuatro lustros de cooperación política activa y eficaz desde el interior de las estructuras de la “autocracia franquista”. (…)

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Todo lo antedicho se agrava, de modo difícilmente discutible, si se añade la oportunidad escogida para anunciarse el propósito de indultar a los presos de ETA, FRAP, GRAPO por parte del Gobierno de la Monarquía. El anuncio se efectúa después de que los GRAPO asesinaron a varios agentes de las Fuerzas de Orden Público, secuestraron a los presidentes de los Consejos de Estado y Supremo de Justicia Militar (sres. Oriol y Villaescusa) y se desencadenaron los recientísimos acontecimientos lamentables de Vascongadas, con sus muertes, asesinato, secuestro, alteraciones de la tranquilidad pública… Sucesos todos que buscaron su causa y pretexto en la petición de libertad para unos presos, que ahora nos enteramos de que están siendo o van a ser excarcelados. Increíble, pero cierto.

Y el interrogante aflora de inmediato: Si, en verdad, el Gobierno presidido por Adolfo Suárez perseguía el objetivo de usar la prerrogativa de gracia con tal amplitud como nos acaba de anunciar, ¿por qué no lo hizo antes de que los referidos sucesos se produjeran, con sus secuelas sangrientas y ruinosas para el orden público y para la economía, que, casi con entera seguridad, se habrían evitado de anticiparse el anuncio unos meses? (…)

Vicente DEL COTO