A principios de 1936, el presidente Alcalá-Zamora y su jefe de Gobierno Portela Valladares, nombrado por aquel sin respaldo parlamentario, estaban acusados en la Diputación permanente de las Cortes por haber prorrogado ilegalmente los presupuestos.

Para eludir el peligro disolvieron las Cortes y convocaron elecciones en un ambiente de odios exacerbados. La furia agitativa tomaba por eje la insurrección de octubre de 1934, organizada por el PSOE y Esquerra y apoyada por casi todo el resto de la izquierda. Un año antes el pueblo había votado muy mayoritariamente a la derecha, después de un convulso bienio izquierdista. Rechazando la decisión de las urnas, izquierdas y separatistas habían intentado golpes de Estado y desestabilización de la república, culminados en dicha insurrección. El PSOE lo concibió abiertamente como guerra civil. El movimiento fracasó ante todo porque las masas permanecieron al lado de la legalidad.


Durante la campaña electoral de 1936, Largo Caballero líder más fuerte de la izquierda, llamó a la “clase obrera” a “adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo”. No reconocía una posible derrota electoral: “Si triunfan las derechas, tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada(...). Llevamos dentro del corazón y del cerebro el propósito de hacerlo”.


Azaña tampoco aceptaba urnas adversas: “Si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica, habrá que pensar en organizar de otro moda la democracia”.


Calvo-Sotelo argüía: “Desgraciadamente una grandísima parte del pueblo español piensa en la fuerza para implantar un imperio de barbarie. Para que la sociedad realice una defensa eficaz necesita también apelar a la fuerza”.


El recuento de votos lo empeoró: ante los primeros datos favorables al Frente Popular, enardecidas las masas de izquierda salieron a las calles y atacaron sedes de la derecha, exigiendo liberar a los presos de la insurrección del 24 de Octubre en Asturias y reponer los ediles suspendidos por rebelión.


Franco advirtió al general Pozas, jefe de la GC: “Se están sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas en los resultados”. Franco y Gil-Robles pedían el estado de guerra para asegurar la normalidad, por lo que las izquierdas les han acusado de propiciar un golpe de estado, acusación falsa. Portela pidió a Alcalá-Zamora autorización para imponer los estados de alarma y de guerra. Declaró solo el de alarma, que continuaría los meses siguientes.


Faltaba una segunda vuelta, por lo demás las votaciones reales no fueron publicadas, lo que vuelve a descalificar aquellas elecciones como democráticas.
Los historiadores han hecho estimaciones de votos:


Frente Popular habría obtenido 3,8 millones de votos(H.Thomas), 4,8 (Rama y Bécarud) o 4,6 (Tusell).
Las derechas, 4 millones(Jackson, Brenan, Bécarud o Rama) o 4,5 (Tusell).


Aquella jornada fue solamente el comienzo de un proceso electoral que no terminaría hasta casi dos meses después.


El 20 de febrero Azaña habló aplacadoramente: “El gobierno se dirige con palabras de paz (…). No conocemos más enemigos que los enemigos de la república y de España (…). Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no-republicanos. La derecha respiró. Gil-Robles prometió “una oposición serena, razonada y firme, sin obstrucciones estériles”.

Azaña se jactaba con ironía de haberse convertido en el ídolo de las derechas y disfrutaba de su pavor:”Tienen un miedo horrible(...)- A Gil-Robles la Pasionaria le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse, del miedo que tiene”, explica en cartas a su cuñado Rivas Cherif.


Pronto disipó la ilusión conciliadora: el 1 de marzo declaraba que el programa del Frente Popular “se realizará para que la república no salga nunca más de nuestras manos”. Esto no sonaba muy democrático. La Pasionaria, encumbrada agitadora, clamaba: “Vivimos en una situación revolucionaria”, y exigía la ejecución de los que llamaba “asesinos de octubre”. Quienes habían asaltado la república en octubre del 24 eran amnistiados y perseguidos los que habían defendido su legalidad.


Tras la segunda vuelta, el curso electoral continuó: las Cortes, dominadas por la izquierda(263 diputados, frente 168 y un centro pequeño), emprendieron entre el griterío y amenazas una arbitraria revisión de actas, despojando a la derecha de 37 escaños. La CEDA despechada, se retiró de las Cortes, para volver al poco con las orejas gachas.


El 7 de abril concluía el proceso electoral con la restitución del presidente de la república Alcalá-Zamora, quien sustituiría poco después el propio Azaña, pasando Casares a la cabeza del gobierno.
El pretexto para la destitución fue reveladoramente grotesco.
El presidente podía disolver constitucionalmente las Cortes por dos veces, pero si la segunda se juzgaba injustificada, sería dispuesto. La segunda habría sido la anterior, la que había llevado al poder al Frente Popular, y ahora este acusaba a Alcalá-Zamora de disolución ilegítima, con lo que el hecho ilegitimaba su propia victoria.
La primera disolución en 1933 había afectado las Cortes Constituyentes y no estaba claro si debía computarse entre las dos a tratar. El 4 de diciembre de 1931, Azaña calificaba de “desatinado” y “peligroso” incluir aquella disolución entre las dos de derecho presidencial; pero en 1936 la incluyó. El conflicto debía dirimirlo el Tribunal de Garantías, pero las Cortes, convertidas en juez y parte, destituyeron sin más a Alcalá-Zamora.


Martínez Barro, republicano de izquierda, juzgará el proceso en sus memorias: “Nos habíamos lanzado por uno de esos despeñaderos históricos que carecen de toda posibilidad de vuelta”.
Azaña, en cambio, disfrutaba del placer estético de la maniobra. Y había cierta estética en que el promotor de unas elecciones innecesarias fuera destituido por sus beneficiarios, coronando un rosario de ilegalidades.


Los hechos permiten afirmar que el día que se hundió la república fue exactamente el 16 de febrero de 1936, cuando su legalidad, impuesta por las izquierdas en 1931, sin consenso ni refrendo popular, fue arrollada por aquellas mismas izquierdas en unas elecciones tumultuosas y anti-democráticas. Las cuales iniciaron un proceso revolucionario que desembocaría en una guerra civil o, más propiamente, en una reanudación de la misma después de la intentona izquierdista de octubre de 1934.

— Referencias —


- Fragmento extraído del libro “Los Mitos del Franquismo” de Pío Moa.
- Las citas están resumidas en el libro “El derrumbe de la república y la guerra civil, III parte” de Pío Moa y las referencias proceden de la prensa, las actas de las sesiones de Cortes de la época, los diarios de Azaña y las memorias mencionadas.
- Ver también “Los documentos de la primavera trágica” de Ricardo de la Cierva.