No se introducen nuevos delitos, pero serán contrarios a la ley actos que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas (...) y supongan exaltación de la sublevación militar, la guerra o la dictadura»

La ley prevé que dentro de la Fiscalía General del Estado exista un fiscal responsable de la coordinación y supervisión de la actividad en materia de memoria democrática y derechos humanos.

Se extinguirán las fundaciones cuyos sus fines persigan «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo»

Se auditará el expolio franquista, pero esto no supondrá responsabilidad patrimonial del Estado ni de particulares, «ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización económica o profesional»

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