LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA


Carlos Ibáñez Quintana (30/09/06)



Me parece positivo el paso que se ha dado porque así vamos desligando a la Iglesia de la dependencia, aunque sea económica de los gobiernos de turno, muchos de ellos, como el presente, sus acérrimos enemigos.




Creo que fue un error el que en el Concordato del 1851 se estableciera la financiación de la Iglesia por el gobierno como compensación al gran robo de la desamortización.




No fue solo la Iglesia la víctima de la desamortización. Lo fue el pueblo español. Se desamortizaron o robaron (la Revolución siempre gusta de usar eufemismos) bienes que, a través de la Iglesia, o directamente beneficiaban al pueblo. Evaristo casariego nos contaba que en Asturias dejaron de lucir dos faros que se sostenían con las rentas de unas fincas desamortizadas. En la Vascongadas desaparecieron por la misma razón preceptorías en las que de enseñaba de forma gratuita Doctrina y Gramática.




Con el Concordato el Estado liberal dejó de ser ladrón. Pero no devolvió al pueblo nada de lo que le había robado. El dinero con que “compensaba” el latrocinio lo sacaba del mismo pueblo que había sido víctima del robo. ¡Absurdo!.




Aparte que para el Gobierno era una manera de tener dominada a la Iglesia a cambio de una miseria que garantizaba al clero, sobre todo al rural una vida miserable.




Los carlistas siempre fuimos contrarios a que el Estado pagase al clero. Nuestros políticos propusieron diversas fórmulas. La más radical de todas fue la preconizada por el Canónigo Magistral de Sevilla en su obra, publicada en 1912, “Cual es el mal menor y cual el mayor”. Llegaba a proponer la renuncia total a la subvención y argumentaba que “La Iglesia no se ha muerto de hambre en ningún sitio, de falta de libertad en muchos”.




La obra citada fue retirada de la circulación por el mismo autor obedeciendo órdenes de la Jerarquía.. Nosotros la hemos conocido un ejemplar en la biblioteca de un carlista que se negó a devolverlo al autor, alegando que por su profesión (era bibliotecario) estaba autorizado a tener, retener y leer libros prohibidos.