Revista FUERZA NUEVA, nº 98, 23-Nov-1968
LOS PROGRESISTAS CONTRA EL CONCORDATO
Sincrónicamente, desde diferentes sectores se viene atacando y desvalorizando el Concordato entre la Santa Sede y España, firmado en 1953. Nos parece que para situar el problema es oportuno recordar las declaraciones que hizo en la prensa el entonces ministro de Asuntos Exteriores don Alberto Martín Artajo. Entre otros extremos dijo:
“A partir del Año Santo de 1950 se pensó en la conveniencia de sistematizar todo lo concertado; y sólo entonces el embajador, a la sazón el señor Ruiz-Giménez, cumpliendo instrucciones del Gobierno, elevó a Su Santidad la propuesta que se entablaran negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo general, y habiendo accedido a ello el Sumo Pontífice, presentó el embajador al propio Santo Padre, un día de abril del año 1951, con una carta del Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, para Su Santidad, el anteproyecto elaborado por el Gobierno”.
Conviene retener este dato para comprobar que don Joaquín Ruiz-Giménez, que ahora en “Cuadernos para el Diálogo” –agosto/septiembre de 1968-, en forma tan drástica quiere arrasar nuestro Concordato, es muy variable en su continuidad ideológica. Desconocemos si Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (en el exilio) conoce este matiz psicológico de Ruiz-Giménez, al que tantas veces llena de elogios y confía en sus evoluciones y actividades políticas.
Continuaba diciendo a la prensa el señor Martín Artajo, hablando de nuestro Concordato:
“Me atrevo a decir que se trata de un Concordato de nuevo cuño. Una gran parte de los Concordatos, el nuestro de 1851 entre ellos, eran verdaderos tratados de paz. Concertados tras un periodo de lucha o de persecución religiosa, tenían algo de armisticio entre potencias beligerantes, cuando no de amnistía, por parte de la Iglesia, de los agravios y depredaciones sufridos. Por el contrario, el nuevo Concordato, preparado sosegadamente durante un período de colaboración perfecta, acaso sin precedentes en nuestra historia, es como la sistematización jurídica de un régimen casi ideal de relaciones entre la Iglesia y el Estado, como corresponde el sistema de colaboración perfecta entre ambas potestades que instauró en nuestra Patria el Movimiento Nacional.
Se han apartado los negociadores españoles de esa trasnochada mentalidad librepensadora, ya desterrada entre nosotros y superada, aunque parezca paradójico, por la vuelta al concepto tradicional de lo que han debido ser siempre las relaciones político-eclesiásticas. En este Concordato, el Estado español le brinda y, a la vez, le pide a la Iglesia Católica una colaboración abierta y decidida en bien de la religión y en servicio de los intereses espirituales del pueblo.
Como dice con feliz de expresión el preámbulo del acuerdo, el espíritu que le anima es el de “asegurar una fecunda colaboración para mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación española”. Responde a la tesis católica profesada por el Movimiento Nacional desde sus comienzos”.
Hasta aquí don Alberto Martín Artajo.
Juicios contra el Concordato de 1953
De mi larga estancia periodística en América guardo la revista “El Pilar”, de Montevideo, de junio de 1951. En ella se leen estas palabras del recientemente fallecido cardenal Pla y Deniel:
“En los ataques a España y a su actual Gobierno se envuelve, por algunos extranjeros, a la jerarquía eclesiástica española, acusándola de servidumbre a un Régimen “estatista”, “totalitario”. Ni ha habido ni hay servidumbre a nadie por parte de la jerarquía eclesiástica española, ni menos ha defendido ni defiende una concepción estatista, ni totalitaria.
Por nuestra parte, en nuestros cinco lustros de pontificado, durante los cuales ha habido toda suerte de regímenes en España, ha sido casi una obsesión nuestra el sostener siempre, ante las situaciones políticas más diversas, los mismos principios doctrinales, y así en 1931 repetimos la misma exhortación pastoral que habíamos publicado en 1923, y en 1936 la repetimos también con aplicación a las circunstancias del momento… No siendo nosotros capaces de servidumbre, hemos declarar que, en general, desde hace muchos siglos, no se había reconocido tanto, teórica y prácticamente, la independencia de la Iglesia como por el actual Gobierno”.
Lo mismo repitió el cardenal Bueno Monreal, el 4 de mayo de 1961, ante el propio Jefe del Estado:
“No puedo ocultar otra significación de vuestra presencia en este acto: es la concordia ejemplar que se proclama ante el mundo entre la Iglesia y el Poder civil… Concordia exigida por el origen divino del Poder, tanto espiritual como temporal… Concordia que no es enfeudamiento de la Iglesia con el régimen civil, ni de éste para con aquélla, como calumniosamente nos atribuyen precisamente aquellos que pretenderían valerse de la fuerza moral de la Iglesia para respaldar sus propias ideologías políticas.”
Por esto, no deja de ser chocante que el que fue embajador de España ante la Santa Sede, don Joaquín Ruiz-Giménez, actualmente (1968) propugne soluciones, haga críticas y tenga conexiones para denigrar el Concordato de 1953. Todavía la sorpresa se hace mayor si se considera que don Joaquín Ruiz-Giménez defienda errores solemnemente condenados por la Iglesia, como es la separación entre la Iglesia y el Estado, cuya doctrina está explícitamente declarada herética en la proposición 55 del Syllabus. En este mismo terreno de las rarezas entra que Casimiro Martín, redactor religioso de “El Correo Catalán” y profesor de la asignatura “Filosofía del marxismo”, con todos los honores los reproduzca y los divulgue. (…)
Por dónde vienen los mayores peligros
Don Alfredo López, subsecretario de Justicia, en 7 de diciembre de 1967 declaraba al diario “Pueblo” que para la unidad católica de España el peligro no le vendrá por la ley de Libertad Religiosa. “En todo caso -afirmó el subsecretario- los mayores peligros no vendrán del lado de la libertad religiosa”. Coincidimos. Sin menospreciar dicho aspecto, el mayor peligro para la unidad católica y para la fe de millares y millares de católicos de nuestro país procede de la acción corrosiva del enemigo interior enroscado en la Iglesia.
(…) La campaña denigratoria contra el Concordato -y contra el Estado español- pasa por los mismos meridianos. Recordemos el documento que la Santa Sede envió a la jerarquía eclesiástica de Francia, denunciando el aparato policíaco comunista, en cuya red era instrumento de colonización del complot contra la Iglesia la revista “Informations Catholiques Internationales”. Terminaba aquel documento con esta frase: “No son los comunistas a quienes tememos -ha dicho un obispo polaco-. Son los falsos hermanos los que nos llenan de angustia”. (…)
Si la Santa Sede y el Estado español juzgan que es hora de un replanteamiento concordatario, a nosotros se nos ocurre que sería llegada la oportunidad de la fórmula de Vázquez de Mella: “En vez de la unión administrativa y económica y la separación moral, hay que restablecer la unión moral y la separación económica y administrativa”. (“Obras completas”, t. V, pág. 210). Y fijar muy claramente cómo debe ser la acción temporal de los sacerdotes y los católicos en el terreno político y social. Esta doctrina responde plenamente al ideario de la Comunión Tradicionalista y de Falange Española, y por tanto es plenamente concorde con las Leyes Fundamentales. (…)
Jaime TARRAGÓ |
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