LA FACTURA ELÉCTRICA Y EL ESTADO SERVIL




Cuando los carlistas aún estaban en condiciones de influir política y económicamente durante los primeros años posteriores a la guerra realizaron una ingente labor de elaboración doctrinal en torno a los principios cristianos que deberían de regir el desempeño de la actividad económica. Así de entre las publicaciones y empresas regidas por la Obra Nacional Corporativa (muy pronto incautadas por el Estado) José María de Vedruna se ocupó de la Ordenación de la economía eléctrica nacional, Colaboración a la Obra Nacional Corporativa, Editorial Tradicionalista, 1943. Sus indicaciones fueron seguidas sólo parcialmente, pero en cualquier caso los años que van de la década de los cuarenta a los ochenta España experimentó un acceso prácticamente universal a los suministros eléctricos, como nunca hasta entonces se dio, y a unos precios razonables y justos. Algunos significados antiguos carlistas ocuparon puestos significativos durante años en aquella gestión eléctrica.


Por contra la consolidación del sistema partitocrático ha traído anejamente una continua escalada de la factura del suministro eléctrico hasta llegar a niveles de injusticia clamorosa. La supuesta liberalización de la energía iba a tener un efecto positivo sobre los consumidores, sin embargo la factura eléctrica se ha convertido en una pesada carga para las familias que ha dejado a muchas de ellas al borde de la exclusión energética. Es un rasgo muy claro del llamado Estado Servil que denunciara Hilarie Beloc:


Que nuestra sociedad moderna, en la cual sólo unos pocos poseen los medios de producción, hallándose necesariamente en equilibrio inestable, tiende a alcanzar una condición de equilibrio estable mediante la implantación del trabajo obligatorio, legalmente exigible a los que no poseen los medios de producción, para beneficio de los que los poseen. Con este principio de compulsión aplicado contra los desposeídos, tiene que producirse también una diferencia en su estatus; y a los ojos de la sociedad y de la ley positiva, los hombres serán divididos en dos clases: la primera, económica y políticamente libre, en posesión, ratificada y garantizada, de los medios de producción; la segunda, sin libertad económica ni política, pero a la cual, por su misma falta de libertad, se le asegurará al principio la satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel mínimo de bienestar, debajo del cual no caerán sus miembros.


Esta mezcla letal de socialismo y liberalismo, muy certeramente diseccionada por Miguel Ayuso en el Cap. V, Parte II La función del Estado en la vida económica de ¿Después del Leviathan? Sobre el estado y su signo. Speiro 1996, se traduce en el ámbito español en la indisimulada ocupación de puestos directivos de las grandes compañías energéticas por parte de políticos de todo signo cuando terminan sus años de gobierno. Al tiempo que el nacionalismo (anti)vasco se aferra a mantener un puesto determinante en este ámbito del suministro eléctrico a toda España y a mantener sus sedes centrales en Bilbao, herencia por cierto directa del franquismo cuando confió a las oligarquías vascongadas grandes puestos directivos en dichas compañías. En cierto modo los delirios nacionalistas, su retórica racista y en última instancia las saneadas cuentas del terrorismo etarra han pasado de algún modo por la factura eléctrica de todos los españoles.


¿Cómo se establece el coste de la factura eléctrica? Teóricamente, la mitad de la factura se establece mediante una subasta, supuestamente competitiva y abierta entre empresas, y la otra mitad la establece el gobierno. Este sistema implantado por Aznar y mantenido por Zapatero y Rajoy, es en si mismo un fraude, como también lo es la forma en que fija la tarifa el gobierno y así como la inclusión en la factura de conceptos ajenos a la misma y que pagan los consumidores.


En primer lugar, la subasta eléctrica no es tal, pues las mismas empresas generadoras de la luz tienen filiales comercializadoras, así que el pastel se reparte entre cinco grandes empresas. Además, el precio que se asigna al kilovatio es el de la fuente más cara que entre en la puja. Por lo que en lugar de pagar en función del costo ponderado según el origen de la electricidad, se paga toda al precio de la más cara, generalmente el carbón o el fuel-oil.


De esta forma, la energía nuclear y la gran hidroeléctrica, que ya tienen sus plantas amortizadas y con costes de generación bajos, reciben unos precios muy inflados, lo que en jerga económica llaman “beneficios caídos del cielo” (rainfalls benefits), de ahí del interés de las grandes compañías por que se siga quemando carbón o petróleo, a pesar de ser fuentes de energía importadas, caras y altamente contaminantes. Así, un megavatio/hora nuclear por el que deberíamos pagar 18€ nos están cobrando entre 40 y 70€.


Se repite machaconamente que el déficit de tarifa se debe a las subvenciones a las renovables, cargando culpas contra gran parte de modestos inversores que vieron en ellas una fuente de crear riqueza entre las clases medias, pues aunque las renovables reciben primas, lo hacen por kilovatio producido, al contrario que muchas centrales de gas que reciben primas sólo por estar disponibles, no por producción. Además, la entrada de las renovables reduce el precio de la electricidad de las subastas y disminuye los derechos de emisión de carbono que tenemos que comprar.


Por otra parte, en la factura eléctrica se incluyen miles de millones de euros en subvenciones a fondo perdido en diferentes conceptos:

  • Más de 2.500 millones de euros, solo en los últimos cinco años, a centrales de gas natural, no por producir sino por estar disponibles, de guardia, es lo que se llama pagos por capacidad.
  • En los últimos años el gobierno ha subvencionado la puesta en marcha de centrales de cogeneración con carbón, fuel-gasoil, gas de refinería y gas natural, a lo que hemos dedicado, vía factura, más de 5.000 millones de euros en este último quinquenio.
  • En concepto de interrumpibilidad hemos regalado más de 2.000 millones de euros de subvenciones enmascaradas a multinacionales como Arcelor Mittal o Atlantic Copper. También durante muchos años los consumidores hemos estado pagando, vía recibo, los gastos de gestión de los residuos nucleares.

La interrumpibilidad se refiere a contratos que establece el estado con grandes consumidores de electricidad, en virtud del cual se les puede cortar el suministro eléctrico en cualquier momento, como en caso de exceso de demanda o problemas en la red. A cambio, las empresas reciben fuertes compensaciones por su disponibilidad, no por los cortes de suministro. Sin embargo, en los últimos seis años no ha hecho falta echar mano de ese mecanismo debido al exceso de potencia disponible que tiene nuestro país, por lo que sería un concepto prescindible. De hecho, desde 2006 España exporta electricidad a los países vecinos.


La energía nuclear supuestamente es muy barata, entre otras cosas porque las centrales se construyeron gracias a que los gobiernos las subvencionaron con miles de millones aportados por los contribuyentes. Si de verdad fueran tan rentables como dicen ¿por qué desde que se acabó la moratoria nuclear en España, en 1997, ninguna empresa ha construido una central nuclear? Por otra parte, la gestión de los residuos nucleares la pagamos entre todos hasta hace algunos años, ahora contribuyen un poco las empresas. Además, la industria nuclear es la única que tiene un límite en sus pólizas de seguro, 700 millones de euros, cosa que no ocurre con otras industrias. Así, en caso de catástrofe, todo lo que supere esa cifra lo sufragaría el Estado (o sea, nosotros). Además, el gobierno subvenciona el 90% de las primas que pagan las nucleares a las compañías de seguros.


Por último, el gobierno del PP se ha dedicado a torpedear sistemáticamente a las renovables, quitándole primas, un sector en el que éramos líderes y que estaba generando miles de puestos de trabajo y que nos ayudaría a salir de la crisis. Para remate, el borrador de decreto de autoconsumo de energía fotovoltaica, es una nueva traba para el desarrollo de las renovables pues introduce un peaje, llamado “de respaldo”, que hace más caro económicamente producir tu propia energía que comprarla en la red. El gobierno en vez de permitir ahorrar a sus ciudadanos produciendo su propia electricidad, nos obliga a seguir dependiendo de las grandes compañías. Mientras en el resto de los países más desarrollados de Europa se prima al pequeño productor y el autoconsumo, en España el gobierno del PP lo penaliza y lo criminaliza, pues quieren poner multas de hasta 30 millones de euros. Nos prefieren siervos de los grandes intereses del sistema, de sus partidos políticos y poderes financieros.

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