CAPÍTULO 7. Los impuestos a la luz del Crédito Social
¿Seguiría aún habiendo impuestos bajo un sistema financiero de Crédito Social?
Ésta es una pregunta planteada al estilo del actual sistema financiero. Para responderla, y para poder ser entendidos, es necesario razonar al estilo del Crédito Social, es decir: primero, en términos de realidad, y no directamente en términos de dinero. Una vez que se diese la respuesta en términos de realidad, uno adaptaría la finanza a ella, como en cualquier otro aspecto de la economía de Crédito Social.
El actual método impositivo está corrupto, al igual que el actual sistema financiero, en contradicción con la realidad económica; es trapacero, al servicio de la centralización en manos de los imperios financieros y del Estado. Douglas declaró acerca de este asunto, en una conferencia dada en Westminster, en Febrero de 1926, y reproducida en Warning Democracy, página 61, de la edición de 1934:
“La tributación moderna es un robo legalizado, y sin embargo es un robo porque se lleva a cabo por medio de una democracia política a la que se le hace cómplice dándole una parte insignificante del botín. Pero no creo que el robo constituya su objetivo primario. Pienso que es la política, más que la mera ganancia, lo que constituye su objetivo. Pienso que lo más significativo es que, economistas del estilo de los que salen de la London School of Economics, hacen todo lo posible para inculcar al Partido Laborista la idea de que es posible obtener algún tipo de edad dorada acelerando el proceso de robo”.
Y en Social Credit, página 105 de la edición de 1937, Douglas escribió:
“Las finanzas y la tributación de hoy día, son simplemente un ingenioso sistema para concentrar el poder financiero”.
Y en la página 150 del mismo libro, Social Credit:
“La principal tendencia del proceso (de tributación) es concentrar el control del crédito, de forma potencial, en grandes organizaciones, y señaladamente en manos de los grandes bancos y compañías aseguradoras”.
Aún, en Warning Democracy, página 175, escribió Douglas:
“Bien se entiende que la tributación, en su actual forma, es un método innecesario, ineficiente y vejatorio para alcanzar los fines por los que aparentemente fue diseñado. Pero a la vez que esto es así, hay, por supuesto, una sensación de que, mientras existan frente a frente empresas privadas y servicios públicos, la tributación será inevitable. Los servicios públicos requieren una provisión tanto de bienes como de servicios humanos, y el mecanismo por el cual éstos se transfieren de la empresa privada al servicio público ha de ser, en esencia, mediante una forma de tributación”.
¡Ah! ¿No contradice esta cita de Douglas a las anteriores citas?
En absoluto, si se presta atención a los términos usados por Douglas, así como a sus argumentos de apoyo.
A lo que Douglas llama “robo legalizado” es al actual método de tributación, aquél que toma dinero de los individuos para satisfacer las exigencias y finalidades del sistema financiero. Mientras que la “forma de tributación” que él considera inevitable, es un mecanismo, no para tomar dinero de los individuos, sino, como él dice, para transferir, del sector privado al sector público, las cosas y el trabajo requeridos para responder a las necesidades públicas de la comunidad. Esto no es hablar ya en términos de mitología financiera, sino en términos de realidad.
¿Podría usted ilustrar un poco este punto?
Cuando un gobierno ha construido, digamos, una carretera, o un trozo de carretera, ¿impide o reduce esto en lo más mínimo la producción de leche, mantequilla, hortalizas, ropa, zapatos u otros bienes de consumo? ¿No se ha activado, por el contrario, la producción, debido a que los sueldos distribuidos a los trabajadores de la carretera estimulan la venta de estos bienes de consumo?
Ahora bien, en el actual sistema, el gobierno impone tributos a los contribuyentes para pagar a los trabajadores de la carretera. Toma dinero, que compraría bienes de consumo, para pagar por la construcción de la carretera.
El sistema no está en concordancia con la realidad. Si el país es capaz de producir al mismo tiempo tanto bienes privados como públicos, el sistema financiero deberá suministrar el dinero para pagar por ambos. No hay razón para reducir el nivel de vida del sector privado en favor del nivel de vida del sector público, cuando la producción del país puede alimentar a ambos.
Bajo un sistema financiero de Crédito Social, el dinero vendría automáticamente para financiar toda producción físicamente posible y requerida por la población, con independencia de que se tratase de producción privada o pública. Esto es lo que explicamos anteriormente para el sector público cuando tomábamos, como ejemplo, la construcción de un puente.
¿Es a causa de la actual forma de financiación de las obras públicas, por lo que Douglas llama a los tributos “robo legalizado”?
Es evidente y obvio que se trata de un robo, que sólo la locura podría excusar. Tal y como fue expresado en un antiguo número de la revista Michael:
“Cuando la población del país es capaz de suministrar tanto bienes privados como públicos al mismo tiempo, se tiene que ser un idiota o un ladrón para tomar de los individuos sus derechos sobre la producción privada so pretexto de permitir la producción pública”.
Pero hay otros casos en donde los tributos constituyen un saqueo injustificado, aunque legalizado. Entre otros, los siguientes casos:
– Todo poder adquisitivo que los tributos toman de los individuos, al tiempo que la producción ofertada aguarda a los compradores;
– Todo lo que el gobierno toma en tributos para ocuparse de funciones que deberían dejarse a los individuos, familias, cuerpos intermedios. Y, a ese respecto, el robo se va incrementando a medida que las interferencias del gobierno se multiplican. El gobierno, es verdad, siempre da, como razón, la incapacidad financiera de los individuos, familias, administraciones públicas locales. Su acción, entonces, debería dirigirse a corregir esta incapacidad financiera, como haría un sistema financiero de Crédito Social.
– Robo legalizado de nuevo: no sólo los tributos mismos, sino todos los gastos implicados en la recaudación de los tributos, gastos que son pagados por el público de uno u otro sector, sin obtener a cambio ningún servicio.
Pero su última cita de Douglas menciona una “forma de tributación” para transferir bienes y trabajo de la producción privada a la producción pública, y usted ha dicho que esto no es necesariamente una transferencia de dinero. ¿Cómo lo ve usted?
Primero, lo veo en términos de realidad; en cuanto a su expresión financiera, puede tomar diferentes formas. Me explico:
Para la construcción del puente –el ejemplo dado de un plan público– es la decisión que toma el gobierno, con la aprobación de los representantes del pueblo, la que constituye la transferencia de una parte de la capacidad de producción del país hacia el sector público. Y es la situación que resulta del volumen de producción de bienes de consumo, la que podría afectar al nivel de vida de la población.
Ya se trate de bienes privados o de públicos, la población ciertamente no puede obtener más que lo que se produzca. Si los ciudadanos, a través de sus representantes, exigen de sus gobiernos tantos bienes públicos que hacen que se reduzca la producción de bienes privados, entonces su nivel de vida necesariamente habrá de descender correlativamente, aun cuando se incrementase su disfrute de bienes públicos. No es una cuestión de finanzas, sino una cuestión de riqueza real.
¿Y cómo se expresaría financieramente esta situación real? Mediante una reducción del poder adquisitivo, ya que uno no puede comprar lo que no existe. Y esta reducción de poder adquisitivo, bajo un sistema financiero de Crédito Social, se adecuaría matemáticamente en el mecanismo del precio ajustado y compensado. Ésta sería una “forma de tributación” que se correspondería con la transferencia, del sector privado al sector público, de una cierta parte de la capacidad productiva del país.
Cualquier incremento de precios proveniente de este ajuste, sería perfectamente justificable. No sería ni especulación ni explotación, ya que el total se ajustaría de acuerdo con la ratio de consumo en relación a producción. El incremento significaría una reducción del volumen de producción de bienes privados. El público siempre sería consciente de ello; si considerase la carga demasiado pesada, exigiría a su gobierno refrenar sus actividades del sector público.
La “forma de tributación” expuesta aquí arriba no pretende ser la única concebible. Lo principal es que, en cuanto al aspecto financiero, éste sea el reflejo exacto de la realidad. En cuanto a la elección de métodos, es una cuestión de practicabilidad, tomando en cuenta circunstancias y experiencia, siempre y cuando se respeten los principios.
¿Significa todo esto que, con el sistema financiero de Crédito Social, no tendríamos que pagar ya más a los gobiernos, ni a los ayuntamientos, ni a las juntas escolares y otras administraciones públicas, y que vendría nuevo dinero para todas sus necesidades?
Hay que hacer unas distinciones. Dijimos que la nueva producción debe financiarse con nuevos créditos, pero añadimos que uno debe pagar a medida que uno consume. Por ejemplo, si una escuela construida con nuevos créditos se estima que durará al menos veinte años, la población que la usa debe pagar por ella un veinteavo de su precio cada año. Ya lo explicamos para el puente.
Esto no es ya una tributación confiscatoria; es el pago por aquello que consumimos. Es tan normal como el pago de un traje a un sastre, o del pan a un panadero.
De manera similar ocurre con los servicios públicos, instituidos para proporcionar servicios a los individuos o familias, los cuales serían más costosos si los individuos o familias tuvieran que proveerlos individualmente.
Tomemos, por ejemplo, las plantas abastecedoras de agua o los servicios de basura. Si cada familia tuviera que ir y obtener el agua a un lago o a un río, o pagar para que le trajesen algo de agua, esto costaría tiempo, cansancio, o dinero. De manera similar, coger la basura o hacer que se la cojan para echarla a un vertedero.
Y la educación: una madre a menudo no tiene tiempo, aun cuando tuviese competencia, para convertirse en profesora de sus hijos. Uno difícilmente esperaría que cada familia fuese capaz de encontrar y contratar un tutor privado para hacerlo. Pero si 20, 30, 100 familias, deciden conjuntamente contratar un personal competente para enseñar a todos sus hijos, eso, por un servicio equivalente, sin duda le costaría menos a cada familia.
¿Deberemos denominar impuestos a lo que cada familia tenga que pagar? Quizá, porque el término es usual; pero, en realidad, no sería menos impuesto que el dinero pagado a un doctor que tratase a un miembro de la familia, o la factura del zapatero por una reparación de zapatos.
Entonces, ¿cuál es la diferencia, en lo que se refiere a los tributos, entre lo que hoy existe y lo que se puede esperar bajo un sistema financiero de Crédito Social?
Una enorme diferencia. Primero, como hemos dicho, los desarrollos del país se financiarían con nuevos créditos, y no con impuestos. Solamente pagaríamos financieramente por su consumo, su uso y desgaste, no por su producción. No arrastraríamos deudas públicas, que son matemáticamente impagables, y que son servidas o pagadas cada año con una gran porción de los ingresos tributarios.
No tendríamos que pagar tributos tampoco para sostener a empleados gubernamentales que se encargan de funciones que deberían ser asunto de los individuos y de las familias mismas. Y los individuos y familias de hoy ya no estarían en incapacidad financiera, lo cual invita a los gobiernos a hacer las cosas en su lugar.
No tendríamos que alimentar con los tributos los fondos cada vez más exigentes de los organismos gubernamentales de la seguridad social, ya que todos los ciudadanos, como coherederos y copropietarios de un capital común, encontrarían su seguridad económica incondicional en el dividendo social combinado con el ajuste de los precios.
Así pues, ya que todas las posibilidades físicas vendrían a ser, por este mismo hecho, posibilidades financieras, el público podría, colectivamente, pagar por cualquier cosa que el país pudiese proporcionar, tanto en producción pública como privada. Por tanto, el pago de los servicios públicos no sería, como lo es hoy, una carga ni un obstáculo para la obtención de bienes privados.
Bajo un sistema financiero de Crédito Social, todos los ciudadanos son tratados como accionistas, con derecho a un dividendo sobre la producción nacional. También, en cuanto accionistas, se les mantendría informados periódicamente sobre las cuentas nacionales, las cuales serían infinitamente más simples, más claras, que las complejidades del actual sistema. Por tanto, estarían capacitados, como hemos dicho más arriba, para dar órdenes a sus representantes electos, en el caso de que prefirieran ver a la producción del país dedicar más de sus actividades a la satisfacción de necesidades privadas.
Es más, el ingreso garantizado para cada persona –en el comienzo al menos hasta el nivel del mínimo vital, y pronto a continuación hasta el nivel de un mínimo de civilización–, sería el medio con el todos podrían dar sus propias órdenes a la capacidad de producción.
Desde la perspectiva de un mundo de Crédito Social, resulta necesario mirar hacia cualquier cosa con una perspectiva de realidad. El nivel de vida ya no dependería del sistema financiero, sino de la producción realizada y realizable a la orden. La finanza solamente intervendría para engrasar el mecanismo de la producción en el lado del productor, y para permitir la libertad de elección en el lado del consumidor.
¿Cómo pagaría la población por los servicios públicos?
Éstos son métodos que se han de determinar de acuerdo con los servicios, dependiendo de si benefician a toda la población o solamente a ciertas áreas geográficas; de acuerdo con aquello que pruebe ser más práctico una vez ensayado. Pero debemos evitar aquello que, so pretexto de eficacia, cause males a las personas, que ningún objetivo financiero puede justificar.
Ciertos servicios públicos pueden muy bien continuar siendo pagados, como hoy, solamente por aquéllos que los usan. Tal es el caso del servicio postal: aquéllos que quieren usarlo, pagan por él mediante la compra de sellos. Tal es el caso, a su vez, de ciertas rutas de comunicación rápida, como las autopistas (aunque, bajo un sistema de Crédito Social, muchos peajes podrían desaparecer o durar menos tiempo, a la vista de los nuevos medios de financiación de las obras públicas).
Otros servicios públicos son usados por todos los ciudadanos, con independencia de la parte del país en la que vivan. Es el caso de las carreteras ordinarias. Es también el caso de la seguridad nacional, por la cual se entiende la protección del país contra cualquier posible agresión, requiriéndose el mantenimiento de un ejército suficiente, y, en caso de ataque, operaciones militares. Es el caso, a su vez, de la administración del país para mantener el orden social establecido. Todo el mundo se beneficia igualmente de él. La forma más simple de pagarlo sería, nos parece, mediante el uso del crédito nacional, recobrado a partir del público mediante el mecanismo del precio ajustado.
Pero hay servicios públicos que son ofrecidos solamente a fracciones de la comunidad, tales como plantas abastecedoras de agua y servicios de alcantarillado y otros, que las gentes del campo no disfrutan como aquéllos que viven en las ciudades. Por lo que sería injusto que estos servicios se pagaran a través de un ajuste de los precios, por el cual todos los compradores, tanto los del campo como los de las ciudades, habrían de asumir los costes. En estos casos, depende de los municipios que suministran estos servicios el hacérselos pagar a su propia población.
En general, podemos decir que son los favorecidos por estos servicios a quienes corresponde asumir los costes. En cuanto al mejor método, Douglas escribió en Warning Democracy (edición de 1934, página 176):
“Ahora bien, del mismo modo que hay dos métodos en teoría por los cuales puede distribuirse la plusvalía originada por la asociación, a la cual denominamos crédito público (siendo estos dos métodos, o bien una concesión de “dinero”, o bien una reducción general de precios), y la elección entre estos dos métodos es una cuestión de practicabilidad y no de principios, así también hay dos métodos por los que puede obtenerse esta transferencia de bienes y servicios del uso privado al público: el método directo, y el indirecto; y resulta curioso que tengamos esa tendencia a insistir en el método directo, con sus crudezas, complicaciones, e iniquidades. Sería algo simple y práctico abolir todo tributo en Gran Bretaña, sustituyéndolos, por tanto, por un simple impuesto sobre ventas sobre artículos de toda descripción, y, aparte de otras consideraciones, tal política daría como resultado una economía o ahorro de administración muy por encima de cualquier cosa concebible dentro de los límites del actual sistema financiero”.
Los impuestos directos son las cantidades recaudadas directamente de los individuos, como el Impuesto sobre la Renta, la Capitación allí donde exista, el Impuesto de Sucesiones, Impuesto sobre la Propiedad, etc…
Douglas da, así pues, preferencia a los impuestos sobre ventas, que afectarían a los precios. En un sistema de Crédito Social, esto se combinaría con el ajuste de los precios que han de ser pagados por el consumidor. Un método perfectamente adecuado, al menos para el pago de los servicios públicos ofrecidos a toda la comunidad, como hemos apuntado más arriba.
¿Pero no es injusta esta forma de hacer pagar a todo el mundo por los servicios públicos, ya que incluye a gente de bajos ingresos y a familias numerosas que, debido a sus muchos hijos, se ven forzadas a comprar más?
Esta objeción olvida que, incluso en el actual sistema, los precios son los mismos para todo el mundo, tanto para los pobres como para los ricos.
Olvida, sobre todo, que, bajo un sistema financiero de Crédito Social, a cada persona se le asegura un ingreso, cualquiera que sea la edad en la que uno pueda estar, a través del dividendo social ligado al individuo y no al empleo; de tal forma que estarán viniendo tantos dividendos como gente haya en la familia. Así pues, este dividendo debe ser lo suficientemente grande, aun con la inclusión de los precios de los servicios públicos en los precios de los bienes de consumo, como para permitir a cada individuo satisfacer al menos las necesidades de la vida en un país que puede proporcionar más que las necesidades de la vida de todos. La jerarquía de las necesidades requiere, de hecho, que la capacidad de producción del país sea usada en primer lugar para la satisfacción de las necesidades de la vida de todos.
Además, los ricos generalmente, por no decir siempre, compran más que los pobres; con el método indirecto propuesto, estarían, por tanto, financiando los costes de los servicios públicos más que los pobres. Es simplemente algo justo que, aquél que se beneficie más de la riqueza nacional, pague más por su coste.
Si uno lo observa atentamente, los impuestos incluidos en los precios tienen también un carácter menos dictatorial que el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto sobre la Propiedad. Se trata de un punto que el maestro Douglas enfatizó. Si uno quiere pagar menos impuestos a través de los precios, uno siempre tiene la elección de comprar menos, de contentarse con un menor nivel de vida. Mientras que el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto sobre la Propiedad te golpea situándote bajo una estricta obligación, aun cuando uno no saque beneficio particular alguno de su ingreso o de su propiedad.
EL MÁS INICUO DE TODOS LOS IMPUESTOS
Aquí tenemos la oportunidad de decir una palabra acerca del Impuesto sobre la Propiedad, especialmente cuando se impone sobre la vivienda familiar. Es la fuente de una multitud de males.
La vivienda familiar es un hogar, no una fuente de dinero: ¿por qué pedir a la familia dinero que no proviene de las paredes ni del techo de su casa?
Esto es desalentar el estatus de propietario, lo cual va muy bien en la dirección del Comunismo.
A menudo viene a poner a la familia en un estado de angustia, a la vez que quizás se está esperando a tirarla a la calle, como efecto de su incapacidad de alcanzar el dinero que no tiene, incluso después de soportar penalidades meses tras meses sin conseguir encontrar la cantidad reclamada por la Agencia Tributaria.
Es obvio que, si esta forma de tributos se ha generalizado con preferencia a otras, es porque permite a la autoridad tributaria penalizar a aquéllos que no pagan, poniendo sus propiedades a la venta. Esto es dar más importancia a la recolección de dinero que a los seres humanos.
El Impuesto sobre la Propiedad es, en nuestra opinión, el más inicuo de los impuestos, y el primero del que hay que deshacerse.
Para concluir con el asunto de los impuestos, repitamos que, bajo un sistema financiero de Crédito Social, no hay, por así decirlo, impuesto alguno. Hay pago por los servicios recibidos, servicios tanto públicos como privados. Y, en cualquier caso, a la población del país se la proveería con medios de pago para pagar los precios de todo lo que se le ofreciese para responder a las necesidades tanto públicas como privadas.
