Ha sido convocado el embajador español para esclarecer los hechos Gibraltar acusa al gobierno español de “incursión intolerable”



El buque oceanográfico Ramón Margalef se encontraba realizando una investigación en las aguas cercanas al Peñón por orden de la Fiscalía General del estado, a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, a fin de analizar los efectos del vertido de bloques de hormigón que volcó Gibraltar al mar.

Se encontraba en una Zona de Especial Conservación, siendo interrumpida su labor al aparecer patrulleras gibraltareñas.
Pues bien, el gobierno de Gibraltar ha condenado este estudio como “incursión” que ha calificado de “intolerable”. Resulta que han medido las distancias y han computado un resultado de 250 metros de la entrada de su puerto, en la que se encontraba el buque español, situación de cuya soberanía se están disputando España y Gibraltar.
Esta disputa se sustenta en la razón del gobierno de España pues según el Tratado de Utrecht, la cesión fue de la ciudad, castillo, puerto, defensas y fortaleza, sin incluir aguas que rodean al Peñón.
Reino Unido se apoya en la Convención del Mar de Naciones Unidas –que no existía cuando se firmó el Tratado- reclamando hasta tres millas náuticas del mar territorial.
Gibraltar acusa a España de realizar las mencionadas maniobras dos semanas después de otra –calificada por el gobierno gibraltareño de peligrosas- en la que intervino una embarcación de la Guardia Civil. Añaden que se encontraba cerca de buques de la Armada británica en aguas británicas y que puso vidas en riesgo.
El gobierno de Gibraltar ha declarado que “estamos preparados para hacer lo que sea necesario para proteger la soberanía de Gibraltar, su economía y su seguridad”.
Se ignora si el Gobierno de España está dispuesto a lo mismo para defender los intereses de España. No ha habido confirmación al respecto.

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