Puerto Rico declara el español primera lengua oficial y relega el inglés

EFE / San Juan


El Proyecto del Senado 1177 fue aprobado sin debate previo gracias al apoyo de la gran mayoría de los senadores del partido gobernante


EFE
Simpatizantes del Partido Popular Democrático de Puerto Rico


El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves un proyecto de ley que declara el español como primera lengua oficial en la isla y relega el inglés a segundo idioma. El Proyecto del Senado 1177, presentado en agosto de 2014 por Antonio Fas Alzamora, expresidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), había caído en el olvido hasta que el pasado mes de junio se votó a viva voz y fue rechazado.

Sin embargo, se acordó su reconsideración y este jueves fue finalmente aprobado sin debate previo gracias al apoyo de la gran mayoría de los senadores del partido gobernante. Se opusieron los ocho senadores del principal partido de la oposición, así como el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y José Nadal Power (ambos del partido gobernante) y la independentista María de Lourdes Santiago.
En un comunicado, Bhatia explicó su oposición argumentando que no cree «en una legislación donde el Estado imponga un idioma oficial», ya que «limita a quienes quieran formar parte de un país y se vean limitados por una determinación de idioma oficial». «En el siglo XXI los esfuerzos gubernamentales deben ir dirigidos al 'pluriculturalismo', incluyendo la diversidad de idiomas», defendió.
Un argumento muy distinto esgrimió la legisladora independentista, que sostiene que el español debe ser el único idioma oficial como vía para mantener la identidad cultural puertorriqueña. En 1993 se aprobó una ley que establecía que ambos idiomas eran cooficiales para los asuntos del gobierno de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
Sin embargo, el español es el más utilizado en esta ex colonia española. Mientras que tradicionalmente el sector anexionista de la isla aboga por primar el inglés, el independentista apoya la primacía del español.
El gobernante PPD aboga por mantener el actual estatus de Puerto Rico, que confiere la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños e impone las leyes federales y la política exterior, pero otorga gran autonomía para gestionar asuntos internos y concede soberanía en ámbitos como el deportivo.
La iniciativa aprobada este jueves propone legislar para establecer que el español sea el primer idioma oficial y de uso obligatorio en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, y derogar así la Ley 1-1993 que equiparó ambos idiomas en los organismos públicos. Aquella ley fue impulsada por el entonces gobernador Pedro Rosselló, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que ahora es el principal partido de la oposición y que aboga por convertir Puerto Rico en el estado número 51 de EE.UU.
Tan solo dos años antes, en 1991, España otorgó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras a Puerto Rico por su defensa del español, después de la aprobación en la isla de una ley que oficializó ese idioma como el único. «Al establecer el español como primer idioma oficial fortaleceremos nuestra identidad cultural y validamos la realidad de que más del 80 % de los puertorriqueños no entienden ni hablan inglés», argumenta Fas Alzamora en la exposición de motivos del proyecto.
En su opinión, la legislación vigente ignora la «innegable realidad» de que una gran mayoría de los puertorriqueños no entiende ni habla el inglés. «Desde la invasión de EE.UU. a nuestro país, se han puesto en vigor diferentes iniciativas dirigidas a la asimilación del pueblo puertorriqueño», critica, tras recordar que la «realidad» boricua «en términos culturales, históricos, geográficos y jurídicos es muy diferente a la de nuestros conciudadanos estadounidenses».
Recuerda que «un sinnúmero de hombres y mujeres ilustres y patriotas dieron la batalla porque no se nos arrebataran las características que nos identifican como nación caribeña y latinoamericana, única y diferente». «Es imperativo que le demos a nuestra lengua vernácula el sitial que se merece. Tratar de equiparar cualquier otra lengua extranjera a la nuestra en asuntos oficiales de nuestro Gobierno es un acto que demanda nuestra atención y rectificación», defiende.




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