En Venezuela no es el Gobierno el que acosa a los medios de comunicación, sino que son éstos los que persiguen a Hugo Chávez... Así es, al menos, como lo ven en el PSOE, cuya secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, sostuvo ayer que en los medios de comunicación venezolanos existe una crítica "enorme" al Gobierno chavista, y rechazó que pudiera hablarse de una "persecución ilegal" del Ejecutivo de ese país a Radio Caracas Televisión (RCTV).

Así se pronunció al ser preguntada por las críticas recibidas por el Gobierno español y por el PSOE al dar una respuesta tímida a la actuación del Ejecutivo venezolano con respecto a la no renovación de la licencia de RCTV para emitir en abierto. "Al PSOE, la deriva autoritaria de Chávez en general le procupa", afirmó, pero matizó que, si uno va a Venezuela se dará cuenta de que "las televisiones y los periódicos son libres". Si bien, admitió que "sería muchísimo mejor" que RCTV "hubiera podido seguir emitiendo" en abierto, recordó que otros gobiernos ya abrieron "expediente" a este canal y señaló que la regulación de los medios de comunicación "en un país como Venezuela que, guste más o menos, es una democracia, tiene sus propias reglas". En Venezuela, sin embargo, las cosas en el sector audiovisual son de un color muy distinto a cómo las pinta el PSOE. Después de la salida del canal opositor RCTV a finales de Mayo y su regreso a las pantallas por servicio de suscripción, el Gobierno de Chávez ha revivido su batalla mediática contra el último reducto que se escapa a su control: la televisión de pago.

El ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, anunció que la cadena RCTV -y otros 40 regionales que emiten por servicio de suscripción- se debe inscribir como productora nacional y acatar así la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión, bajo amenaza de suspender nuevamente su señal. El Gobierno venezolano aprobó en el 2004 una normativa con el fin de regular los contenidos de la pequeña pantalla y promover las producciones nacionales. Esta ley obliga a las televisiones a emitir mensajes gubernamentales, así como dedicar 70 minutos semanales a publicidad oficial gratuita. Una imposición que, ahora, el Ejecutivo bolivariano pretende ampliar a algunos canales nacionales que emiten por satélite. La oposición bautizó este reglamento como la "Ley Mordaza", porque provocaría autocensura en los medios de comunicación para evitar multas y cierres temporales de trece días.

La televisión de pago cuenta con una penetración del 26,4% entre los 27,6 millones de venezolanos, según datos de la medidora de audiencia AGB Nielsen. El ultimátum lanzado por el Gobierno de apagar por segunda vez la señal del canal opositor si no se inscribía como producto venezolano finalizaba el miércoles pasado. Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Supremo actuó de bombero para que el caso RCTV no se convirtiese nuevamente en un tema de crítica internacional. La máxima instancia judicial determinó que "no existe un marco regulatorio que dé una definición de quiénes son los productores nacionales audiovisuales" e instó al Gobierno a aclar estos términos. RCTV sostiene que es un canal internacional, con sede en Miami, que comercializa sus producciones en esta ciudad y en las cercanas islas del Caribe, Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad y Tobago. La cadena defiende, por tanto, que debería recibir el mismo trato que otros canales internacionales que operan por suscripción en Venezuela, como Telesur, HBO, Televisión Española o Sony.