INMIGRACIÓN
Su número ha sido calculado por los expertos a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de los registros de afiliación de la Seguridad Social.


Minuto Digital: 23.04.07

Tras la regularización masiva emprendida por el PSOE y que según Caldera iba a solucionar el problema de la inmigración ilegal – simplemente legalizando a los ilegales (sic)- de nuevo España se ha vuelto a llenar de “sin papeles”.

Los inmigrantes que trabajan en España de forma ilegal se dispararon el pasado año en casi 270.000. Con ese ascenso, que equivale a un 56%, los extranjeros empleados al margen del sistema superaban los 745.000 a finales de diciembre, una cifra similar a la registrada antes de la masiva regularización emprendida por el Gobierno en 2005. A día de hoy rozan los 800.000. Es decir, el efecto llamada producto de ese proceso se confirma estadísticamente, como por otra parte cualquier análisis lógico anunciaba, ya que las regularizaciones masivas, seguidas de la continuidad en la permisividad en materia de inmigración, solo pueden provocar una incesante afluencia de ilegales.

Su número ha sido calculado por los expertos a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de los registros de afiliación de la Seguridad Social. Los datos de ambos organismos revelan que en el último trimestre de 2006 había en el país 2,6 millones de inmigrantes con empleo, mientras que los cotizantes sumaban sólo 1,85 millones de media en ese periodo. La diferencia entre ambos conceptos refleja que 745.000 trabajadores extranjeros se encontraban en situación ilegal al finalizar el pasado año 2006. Lógicamente cuando nos acercamos al ecuador de este año, es previsible que la tendencia al aumento no se halla invertido, por lo cual el incremento de ilegales a estas alturas rozaría el millón.

Tan solo la mitad de los trabajadores inmigrantes cotizan a la Seguridad Social

Otro de los datos preocupantes que se deducen de estas cifras es el efecto negativo que sobre el sistema de la Seguridad Social está teniendo la inmigración ilegal, ya que por un lado, por lógicas razones de dignidad humana, todos los inmigrantes y sus familiares a cargo tienen acceso a las prestaciones sociales, especialmente las sanitarias, con independencia de su condición de residentes legales o ilegales, mientras que tan solo la mitad de ellos cotizan al sistema de Seguridad Social español. Según los datos estadísticos, sólo en el último año, el número de ocupados “sin papeles” se elevó a 267.000, mientras que en el mismo periodo la Seguridad Social Social incorporó solo 135.000 nuevos inmigrantes afiliados, lo que supone que más de la mitad de los extranjeros que encontraron un empleo lo hicieron en la economía sumergida.

La falta de rigor en el control de la inmigración, provoca un perjuicio a la sociedad española en su conjunto, al aumentarse el gasto social sin que aumenten en proporción los ingresos en concepto de cotizaciones sociales, pero también a los propios ilegales, que se ven sometidos a la explotación empresarial, ya que realizan jornadas laborales más prolongadas que las estipuladas en los convenios colectivos para obtener salarios inferiores al de mercado, no cobran vacaciones, pagas extras ni pluses y pueden ser despedidos sin contraprestación alguna. Con tales condiciones, distorsionando el mercado laboral de determinados sectores económicos, tanto los inmigrantes legales como los trabajadores españoles, difícilmente pueden aspirar a encontrar un puesto de trabajo adecuado a sus necesidades.