Infokrisis.- Desde junio de 2007, y a raíz de distintos estudios económicos que intentaban explicar porqué la economía española crece a más velocidad que la europea, lo que hasta entonces era un rumor o una suposición se convirtió en una realidad objetiva razonada y argumentada por amplios estudios técnicos. En efecto, distintos organismos, todos ellos privados –la “cosa pública” prefirió eludir el espinoso problema de qué generaba crecimiento económico y evitar así que un éxito se convirtiera en una fuente adicional de tensiones- reconocieron que si la economía española crecía se debía a la inyección de casi seis millones de consumidores, es decir, de casi seis millones de inmigrantes .

El Banco de España, por ejemplo, achacó el éxito económico a la inmigración y a los cambios en las condiciones financieras. En efecto, el precio del dinero había bajado y, por tanto, los créditos eran más accesibles. Al menos esto era lo que sostenía el informe anual del Banco de España para el ejercicio 2006. La institución gobernada por Miguel ÁngelFernández Ordóñez, señaló en ese documento ese como el principal factor del crecimiento económico. Se le olvidaba precisar quiénes eran los primeros destinatarios de esos créditos: la inmigración. De hecho, el informe contemplaba ambas realidades como independientes. Evitaba reconocer que una parte sustancial de los créditos, especialmente hipotecarios y relacionados con el consumo, tenía como receptores a los contingentes migratorios.

Así se explicaba que la deuda familiar hubiera ascendido globalmente a España casi un 20% en 2006. El ahorro, literalmente, ha quedado pulverizado en nuestro país. No existe nada fuera del consumo desaforado y por encima de las posibilidades reales. En 2006, en pleno período de crecimiento económico, un nivel de endeudamiento familiar como ese podía ser asumido, especialmente con un crecimiento económico como el que existe en España en los último cuatro años. Pero –y esta es la pregunta clave- qué ocurrirá cuando ese crecimiento remita o cuando se produzca un parón en el mecanismo. Eso ocurrirá en cuando cesen de fluir masivamente inmigrantes a un ritmo medio de 600.000 por año.

Así pues, estamos en puertas de asistir a un episodio histórico sin precedentes en la historia de la humanidad: ¿qué ocurrirá cuando la recesión económica remita el crecimiento a sus niveles normales? ¿qué ocurrirá cuando se inicie el ciclo económico de vacas flacas y éste sea radicalmente diferente a todos los que han sucedido con anterioridad: con más de tres millones de trabajadores españoles en paro y millón y medio de inmigrantes igualmente en paro? ¿qué ocurrirá con las instituciones de crédito que tan alegremente han concedido hipotecas a los inmigrantes cuando aún no estaba claro ni su permanencia en el mercado laboral español ni siquiera si la presión social y la estabilidad del Estado obligarán a las repatriaciones forzosas de inmigrantes en “paro prolongado”? ¿qué ocurrirá si eso se produce y si un parque de viviendas muy superior a lo que el mercado español puede absorber, provoca el reventón final de la burbuja inmobiliaria y el precio real de la vivienda tiende a coincidir con el previo de venta viable, es decir, un 30% menos del valor habitual?

Entre 1990 y 1999, las tasas de interés descendieron 13 puntos, el abaratamiento del precio del dinero a causa de la coyuntura internacional, facilitó el que los bancos pudieran relajar las condiciones financieras y ampliar los plazos de amortización de las hipotecas que entre 1990 y 2007 pasaron de 14 a 27 años. Pero en el año 2005, primero tímidamente y luego, a partir del 2007 de manera más decidida, se tendió a una “normalización” en el precio del dinero, que fue subiendo progresivamente. No es, desde luego, un buen síntoma, especialmente para los créditos hipotecarios a interés variable. En 2005 el número de personas que dependían de un crédito alcanzaba al 42% de los mayores de 20 años, es decir, cuatro veces más que en 1990. Por otra parte, la evolución de los préstamos concedidos a los hogares ha llevado su endeudamiento hasta niveles equivalentes al 125% de su renta bruta disponible.

El sector de la construcción y la expansión económica
Es evidente que el principal factor que ha generado actividad económica es la construcción. Se ha definido a la construcción como el motor de la economía española. En realidad, es mucho más que eso, es el único puntal sobre el que se ha mantenido el crecimiento económico ficticio. Pues bien, la eclosión de este modelo económico, solamente ha sido posible a causa de la inmigración: el inmigrante se ha convertido en productor alienado (en tanto que principal contingente de la mano de obra del sector de la construcción) y consumidor integrado (en tanto que principal comprador de viviendas). No es por casualidad que la eclosión del sector de la construcción en este ciclo económico, se gestó a partir de 1998, cuando se empezó el fenómeno migratorio.

El proceso ha sido el siguiente: en el momento en el que se inició la reactivación del sector de la construcción (1997), empezaron a afluir inmigrantes que engrosaron los contingentes de ese sector económico, abaratando costes y aumentando el volumen de la mano de obra a disposición. Esto generó cierta acumulación de dinero (en buena medida, negro) que provocó nuevas construcciones de lujo en zonas y barrios nuevos, habitualmente situadas en la periferia de las grandes ciudades. Dado que iban afluyendo cada vez más inmigrantes, a partir de 1998, se empezó a producir un fenómeno nuevo: los inmigrantes se iban recluyendo en los barrios más baratos, generándose un “efecto vaciado”: la población hasta entonces autóctona abandonaba esos barrios, ponía a la venta sus viviendas y, o bien pasaban a vivir con sus hijos (dado que, en buena medida, se trataba de personas en la frontera con la jubilación o ya jubilados), y lo huecos dejados por ellos tendían a ser ocupados, no por autóctonos, sino por nuevos inmigrantes.

En un momento dado, los bancos advierten este fenómeno y a partir de 2003 ya empiezan a aprovechar el fenómeno: se trata de convertirlos en propietarios de sus viviendas (con permiso de la hipoteca, claro está). Este paso es mucho más importante de lo que parece. Si los bancos empiezan a buscar a los inmigrantes como clientes es por dos motivos: porque ya están presentes en número suficiente (con más de tres millones) como para que el volumen del negocio justifique la inversión publicitaria y el riesgo asumido y porque tienen legítimamente la sospecha de que una amplia mayoría de inmigrantes no albergan absolutamente el menor interés en regresar a su país. No estamos ante una inmigración transitoria sino permanente. Y los bancos no han hecho otra cosa mas que convencer al inmigrantes de que, puestos a quedarse e España, es más barato a la larga, acceder a la vivienda de propiedad que de alquiler. Además, les han convencido –y no sólo a ellos sino a buena parte de la población autóctona- de que la forma española de ahorrar es invertir en vivienda: ¿acaso no se ha revalorizado el precio de la vivienda hasta doblarse en los últimos diez años? Si esto es así, eso indica que siempre será así…

Este proceso ha generado un movimiento económico ficticio centrado, no solamente en torno a la construcción, sino en torno al sector inmobiliario. Y es precisamente el movimiento del sector inmobiliario lo ha generado la sensación ficticia de “crecimiento económico”, cuando en realidad, es evidente que si inyectamos en un barrio de 1000 habitantes, una población halógena de 140 nuevos vecinos, serán precisas más viviendas para albergarlos, más comercios para satisfacer sus necesidades y más consumo de bienes y servicios… A partir de ahora ya sabemos cuál es el truco para que el gobierno de turno pueda alardear de cifras “triunfales” de crecimiento económico: basta con inyectar población adulta que abarate la mano de obra y genere, por el mero hecho de su presencia, consumo. Para ese viaje no se precisaban alforjas. Nada parecido con un crecimiento económico digno de tal nombre en el que lo que se crea es, simplemente, riqueza. En el modelo español lo que se ha generado es una fiebre consumista sobre una población recién llegada que precisaba igualarse al “sueño español”, a despecho de que su situación laboral fuera extremadamente precaria.

Pues bien, todo este engranaje dejará de funcionar el día en el que cualquier gobierno español decida detener el flujo económico o éste, simplemente, se convierta en insostenible. Por otra parte, llama la atención la insistencia de las autoridades políticas y monetarias explicando que la vivienda, como máximo, se “desacelerará”, pero su precio no disminuirá. La lógica dice justamente todo lo contrario. Veamos.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la inmigración
Nuestra previsión es bastante sombría. En el momento en que empiecen a hacerse palpables los síntomas de crisis económica y recesión, el paro aumentará tanto entre autóctonos como entre inmigrantes, la morosidad se disparará y el Estado se verá sobrecargado por una factura asistencial insoportable. Aumentará la conflictividad social y las tensiones en los barrios “sensibles”. No es inverosímil pensar que corremos el riesgo de asistir a una nueva “lucha de clases” que, en este caso será una “lucha étnica” entre clases autóctonas asfixiadas por la crisis y contingentes inmigrantes, siempre dispuestos a vender barata su fuerza trabajo pero que también tienen un límite de resistencia a las privaciones. Es previsible que ocurra un fenómeno parecido al que se ha producido en Portugal cuando la recesión económica ha generado la fuga de amplios contingentes de inmigrantes en paro hacia el país vecino, esto es, España. Si esto ocurre –y es muy posible que ocurra- el parque de viviendas deshabitadas y en venta hará, inevitablemente, que el precio de la vivienda caiga, en otras palabras, que la burbuja inmobiliaria, termine reventando.

El Banco de España sostenía los efectos positivos de la inmigración sobre el crecimiento de la renta per cápita y sobre la tasa de empleo. Así, el impacto de la inmigración sobre el crecimiento de la producción por habitante entre 2001 y 2005 habría representado el 25% del incremento total. Por su parte, la contribución de los inmigrantes al aumento de la tasa de empleo supone una cuarta parte del total. Evidentemente, el Banco de España no puede entrar en otras consideraciones más allá de las puramente económicas; no va a ser, desde luego, el Banco de España quien le corresponda alertar sobre los riesgos generados por la inmigración en todo lo referente a la identidad nacional y a la estabilidad de la sociedad española. El Banco de España solamente puede opinar en materia económica y, no todo es positivo en este plano. Desde el punto de vista de la productividad, la presencia de la inmigración no han podido ser más negativos. Entre 2001 y 2005, la inmigración restó casi dos décimas a la tasa anual media de crecimiento de la productividad por persona ocupada, que fue del 0,5%. Así mismo, la inmigración ha contribuido notablemente al aumento de la inversión pero ha tenido un efecto “ambiguo” sobre la tasa de ahorro de la economía. Ello se debe a que los inmigrantes se concentran en estratos bajos de renta, donde la propensión media al ahorro es más reducida.

La inmigración y la creación de nuevos hogares
Incluso en regiones en donde la inmigración no es masiva, como La Rioja, el peso de la inmigración en el consumo ha sido decisivo. En esa comunidad seis de cada diez hogares son creados por la inmigración. La contribución de los extranjeros a la formación de núcleos familiares coloca a la región en el cuarto lugar de España, cuya media es del 48,8%. El 15,5% de los hogares formados en La Rioja entre 1996 a 2006 han sido posible gracias al importante incremento de la inmigración que se ha producido en la región y entre 2000 y 2006 esa cifra se eleva hasta el 58,8% de los nuevos hogares, es decir, casi seis de cada diez, según un estudio de la Caixa Catalunya.

La contribución media de los extranjeros en España en estos seis últimos años es del 48,8%. Los datos estadísticos muestran grandes diferencias entre regiones, aunque en ninguna de ellas el porcentaje baja del 24%. Encabezan el ránking Navarra, con un 63,7%; Madrid, con un 60,4%; Comunidad Valenciana, con un 60%; y a continuación se coloca La Rioja, con el ya señalado 58,98%. En el extremo opuesto, Cantabria, País Vasco, Galicia y Extremadura (con valores entre el 24% y el 30%) son las comunidades españolas que menos han notado el peso de la inmigración en la formación de nuevos hogares. Según el estudio de Caixa Catalunya, Canarias, las comunidades del arco mediterráneo, Madrid y La Rioja configuran la zona más expansiva en cuanto a creación de nuevos hogares en la última década. En España, el número de hogares pasó de 12,3 millones en 1996 a 15,9 millones en 2006, con un crecimiento agregado del 30% que refleja también disparidades regionales muy notables.

Los “agentes sociales” empiezan a preocuparse
A mediados de 2007, distintas instituciones próximas a la patronal y el sindicato Comisiones Obreras, han multiplicado declaraciones extremadamente significativas destinadas a precisar la importancia de la inmigración en el “presunto” crecimiento económico español. Las voces son, más o menos, coincidentes a la hora de señalar carencias y defectos, pero divergentes a la hora de establecer soluciones y extremadamente ambiguas cuando se trata de proponer medidas en positivo.

En una encuesta elaborada por el IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) e incluida en su informe “La gestión emprsarial en el año 2007”,los empresarios definieron la política de Zapatero sobre la inmigración como “inadecuada” (62,4%) o “muy inadecuada” (17,9%). Es significativo que un organismo patronal vertiera estos calificativos. Los empresario se manifestaban a favor de "fomentar una inmigración cualificada y adoptar medidas que conlleven la selección de inmigrantes en función de las necesidades de nuestro país", en otras palabras, lo que estaban proponiendo es regular los flujos migratorios de manera efectiva, algo que ni el PP hizo en su momento, ni el PSOE ha tenido jamás intención de realizar.

Si esto ocurría en los medios próximos a la patronal, en el otro “interlocutor social”, CCOO, los juicios no eran mucho más condescendientes en relación con la política gubernamental. A principios de junio de 2007, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, pidió al Gobierno que cambiase su actual política migratoria e implante otra mucho más restrictiva. Fidalgo, en el curso de unas jornadas sobre deslocalización de empresas, celebradas en el Consejo Económico y Social, aseguró que “en España sobra mano de obra muy barata y no hace falta seguir importándola”. Para el dirigente sindical, la prioridad es invertir en educación, formación profesional e investigación y desarrollo para “llenar la mochila de productividad” y frenar así la deslocalización de empresas. Las declaraciones del responsable de Comisiones Obreras deben encuadrarse en el cambio de modelo productivo que reclama el sindicato y qie se basa en dar menos prioridad a un crecimiento basado en el consumo y en la construcción y sí en sectores con mayor capacidad para generar valor añadido. El actual “modelo de bajo coste”, razona Fidalgo, sólo sirve para atraer inmigrantes.

Después de una década defendiendo la llegada de inmigrantes, CCOO ha advertido que el fenómeno provoca una reducción de los salarios y mantiene el empleo en situación de precariedad. Por razones de corrección política, los sindicalistas no se prodigan en este tipo de declaraciones pese a que serían bien recibidas por las bases de sus organizaciones. Las declaraciones de ayer de Fidalgo son las más contundentes expresadas en esta dirección y abren un paréntesis de optimismo sobre la actitud de CCOO ante el fenómeno de la inmigración masiva.

Esto no era óbice para que unas semanas después, 120 inmigrantes, delegados de CCOO, participasen en Madrid en un encuentro sindical sobre inmigración y salud laboral, en el que reflexionaron sobre las condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral. En la actualidad, CCOO se arriesga a seguir los pasos de su sindicato hermano francés, la CGT, abandonado por los trabajadores franceses y transformado prácticamente en “sindicato argelino”. Ciertamente, en España la situación es muy diferente y la inmensa mayoría de trabajadores no están afiliados a ningún sindicato, pero si es rigurosamente cierto que las cúpulas sindicales se debaten en una situación esquizofrénica que oscila entre sacar toda la bilis que llevan dentro y denunciar a la inmigración como la principal, sino la única causa, del estancamiento (y frecuentemente del retroceso) salarial, o bien defenderla.

Las declaraciones de Fidalgo dejan pensar que el sindicato, finalmente, se ha tenido enfrentar con sus fantasmas y reconocer los hechos consumados: si, todos son trabajadores, los inmigrantes y los autóctonos (tal como sostiene la “doctrina oficial”), pero la superabundancia de inmigrantes perjudica a los autóctonos.

Así pues, si l política de inmigración del gobierno encuentra resistencias, ya no es solamente en la patronal, sino también entre los trabajadores. Cuando se desvele las repercusiones del fiasco, los impulsores de esta política harían bien en ausentarse sin dejar señas.

Otro estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) iba en la misma línea de denuncia. No existe “crecimiento económico español milagroso”, a pesar de que nos lo hayan presentado como superior a cualquier otro país de Europa, todo era un fraude. Según la FEDEA el 90% del crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) de los últimos cinco años está directamente relacionado con la inmigración. O lo que es lo mismo: es un crecimiento ficticio que se detendrá en el momento en que deje de afluir una media de 600.000 inmigrantes por año. Las cifras dadas por FEDEA indican que el peso de la inmigración durante el decenio 1996-2005 suponía un 39% del crecimiento medio del PIB español; pero si nos limitamos al período 2000-2005, esta aportación se dispara hasta el 90% del crecimiento total.

No hay, pues, “milagro” en la economía española. El milagro es la inmigración. Si los salarios están contenidos es a causa de la inmigración… esto, en teoría, contribuye a frenar la inflación, aumentando el consumo, pero dice muy poco de los derechos y necesidades del trabajador español, el principal perjudicado. El citado informe Las remesas de dinero que los inmigrantes mandan a sus países de origen se han más que multiplicado por cuatro en seis años, pasando de los poco más de 1.500 millones de euros del año 2000 hasta los 6.500 millones de euros contabilizados en el año pasado. Los autores del informe sostienen que estas remesas contribuyen a “disminuir las desigualdades” en los países a donde van a parar… dato manifiestamente falso: en realidad, contribuyen a empobrecer a esos países. No en vanos, las zonas de África que han generado más inmigración y que reciben más remesas de los que se fueron son las más pobres y los campos están abandonados: en efecto, si ya hay dinero que llega de los que se han ido a España ¿para qué trabajar?

Por otra parte, el informe, realizado desde una perspectiva ultraliberal considera extremadamente positivo que la inmigración haya contribuido a contener los salarios. En realidad, no ha sido así: los salarios han perdido poder adquisitivo. Por otra parte, es rigurosamente falso que la inmigración haya abaratado los precios tal como sostiene el informe: véase el sector de la adquisición de viviendas que ha podido ir incrementando artificialmente los precios gracias a la demanda de vivienda de 6.000.000 de “consumidores” llegados del extranjero. El informe llega a sostener de manera absolutamente insensata que se paguen 2.500 euros como prima por inmigrar a España… Obviamos citar los nombres de los autores para evitar que puedan ser tachados de alucinados. Lo esencial a retener de dicho informe es, precisamente, el impacto de la inmigración en el PIB. Este se estancará o retrocederá en el momento en que cese la oleada migratoria. Es evidente que esta oleada no puede durar eternamente (ya es problemático que la sociedad española pueda integrar el fenómeno), así pues, el crecimiento económico se detendrá bruscamente antes o después con los efectos deletéreos sobre la economía y, especialmente, sobre la sociedad española. Las reclamaciones deberán entonces realizarse a los gobiernos que han permitido este disparate. Y es, por eso que decimos que harán bien en ausentarse sin dejar señas.

Por su parte, otra asociación patronal, el Instituto de la Empresa Familiar, en un informe sobre la política de inmigración -“Hacia un Modelo de Inmigración Sostenible”- publicado a mediados de junio de 2007, reclamaba más orden en las políticas de migración. Las conclusiones a las que llega el informe tienen cierto nivel de esquizofrenia, pero a la postre resultan significativas. Se dice por ejemplo que “La inmigración legal es positiva; la irregular puede llegar a ser un enorme problema para los ciudadanos españoles y para los inmigrantes”… si tenemos en cuenta que el 90% de la inmigración es irregular valdría más la pena decir simplemente que “la mayoría de la inmigración es un enorme problema”. Así mismo, se insiste, con mucho tino en que “Es prioritario apostar por la contratación en origen”. Algunas empresas lo hacen, por ejemplo VIPS que se jacta de que el 60% de su plantilla son inmigrantes contratados en los países de origen. Pero esto crea un problema, por que lo lógico sería que si se contratan legalmente en los países de origen, los inmigrantes irregulares fueran inmediatamente repatriados… y eso no ocurre. Así pues, en las actuales circunstancias, el problema de la inmigración se agrava desde el momento en que sin cerrar la vía a los irregulares, se contratan en origen. Se reconoce lo que a partir de mediados de 2007, es del dominio público, a saber que “La Inmigración esta teniendo una aportación positiva al PIB español”, pero se añade, también con buen tino que “La experiencia de otros países indica que a largo plazo será menor y que no es un sustituto adecuado de las reformas estructurales necesarias”. Mucho más discutible es la afirmación de que el inmigrante no genera un mayor coste sanitario que la población autóctona… claro que es menor, pero sólo si atendemos a la cifra global, si nos atenemos a la relación gasto/gasto ingreso per cápita, los inmigrantes están muy por encima de los autóctono en “consumo sanitario”, entre otras cosas por que tienen una demografía mucho más activa y por que los accidentes laborales son más frecuentes entre inmigrantes que entre autóctonos. Otra afirmación discutible en el citado informe es que “La mejor Política de integración es la Educación”… tópico manido y eternamente repetido que, si bien, en esta ocasión viene atenuado con el reconocimiento de que “La Inmigración no es la causa de las deficiencias del Sistema educativo, pero las acentúa”. Se podría decir más claro y cristalino: la inmigración es una de las causas principales de la quiebra del sistema de enseñanza pública. Otro punto destacable del informe es el reconocimiento de que “La Inmigración no es una solución a las deficiencias que presenta el Sistema de Pensiones ni al envejecimiento de la población. Retrasa la aparición de los problemas que conllevan, pero los hace más grandes”, lamentablemente no se insiste en que alguien nos ha mentido y que entre 1997 y 2005 este concepto de la inmigración como panacea universal para resolver los problemas del sistema de pensiones ha sido sistemáticamente repetido por loros mediáticos y políticos autistas. El informe reconoce igualmente que la inmigración genera una economía sumergida que no hay forma de sacar a la superficie y que supone competencia desleal para con el resto de las empresas y los trabajadores. El informe deja en el aire algunos temas que parecen mal resueltos o en los que los redactores no se han preocupado por proponer alternativas. Así por ejemplo se dice tajantemente, “La Repatriación de personas es una política cara”, pero no se recomienda ninguna otra política. Se pone el dedo en la llaga en otro problema: “Las acciones de ayuda a los inmigrantes no pueden suponer la exclusión de estos programas de la población local más desfavorecida. No se puede producir un efecto sustitución”, pero tampoco se propone ninguna alternativa. De hecho, cuando los redactores de este informe abordan las propuestas en positivo, se percibe claramente… la imposibilidad de concretarlas, apenas unas vaguedades y una fe en que la Unión Europea venga y nos resuelva el problema…

De todo esto, se deduce que, sectores de la patronal –especialmente los que no han resultado tan directamente beneficiados como hosteleria y construcción- empiezan a albergar serias dudas sobre la política de inmigración. Fieles –todavía- a lo políticamente correcto, creen que es posible aplicar “políticas de integración”, fingiendo ignorar que todas ellas han fracasado en Europa y que la mejor política de integración todavía no se ha inventado. Se niegan a condenar claramente la existencia de una inmigración masiva y, esperanzados, creen que “la educación”, el “esfuerzo presupuestario”, bastarán para integrar a sectores que han demostrado ser hasta ahora inintegrables en otros países europeos.

Uno de los puntos mas graves del informe es donde se asegura que el sistema de la seguridad social peligra a causa de la inmigración, pero las cifras cantan. En este momento hay alrededor de 1,9 millones de extranjeros afiliados al Seguro que, en este momento, suponen una aportación de unos 8.000 millones de euros a las arcas del sistema público de pensiones. Ahora, todavía parece que, globalmente, los inmigrantes porten más de lo que reciben. Ciertamente, sólo uno de cada 30 cotizantes extracomunitarios recibe una prestación de la Seguridad Social, frente a la media de uno cada 2,65 trabajadores españoles, pero eso no ocurrirá siempre. A medio plazo, en cuanto los trabajadores inmigrantes que hoy tienen 35-40 años empiecen a jubilarse, o simplemente, cuando el paro vuelva a enseñorearse, se investirá la balanza y la inmigración se convertirá en un elemento más del déficit de la seguridad social. Además, ya hoy, los inmigrantes tienen sueldos un 30% inferiores a los nacionales y eso provoca que coticen de promedio 4.327 euros frente a los 4.770 euros de la mayoría de los españoles… es decir, según el estudio, estas cifras revelan que "el dinero aportado por los cotizantes (extranjeros al Seguro) no se corresponde con el que percibirán tras su jubilación", dice el estudio y cita al que fuera asesor del Gobierno Aznar, José Barea, para afirmar que el problema se agravará por el aumento de la esperanza de vida. La sentencia final a este respecto es dura, pero no por ello menos objetiva: "La inmigración sólo sirve para generar más dudas en torno al futuro del sistema de pensiones".

Por su parte, la Fundación Encuentro, dependiente de la Fundación Cultural de Caja España, publicaba su informe sobre anual “España 2007” aportando algunos datos interesantes. Uno de ellos llama la atención por su precisión: “España necesita entre cuatro y siete millones el número de extranjeros que necesita España para seguir creciendo al ritmo actual”… cuatro millones ya están aquí desde el 2005, ahora estamos llegando apresuradamente a los seis millones y seguramente superaremos los siete antes del 2009… por arcanos desconocidos “Encuentros” considera que se llegará a los siete millones ¡diez años después, en 2020! Si el PIB ha crecido tanto últimamente se debe a la inyección de 600.000 inmigrantes y, por esta regla de tres, hará falta que sigan entrando al mismo ritmo para que puedan mantenerse los actuales ritmos de crecimiento, solo igualados por China y por otros pocos ¿privilegiados?. Para el informe de Caja España, los inmigrantes no son responsables del 90% del crecimiento económico, sino solamente de la mitad.

El estudio comete un error matemático y de concepto. Explica que los inmigrantes aportan a las arcas del Estado 23.402 millones de euros al año, mientras que las contraprestaciones que reciben son "sensiblemente inferiores", de 18.618 millones de euros, es decir, el 5,4% de los gastos de las Administraciones Públicas… pero no explican exactamente qué es lo que contabilizan como “contraprestaciones”. Además, no se trataría solo de observar las “contraprestaciones” sino también los “gastos generados”. ¿Se han contemplado los gastos en materia de prisiones, trabajo en juzgados, salarios de nuevas promociones policiales y daños pagados por las aseguradoras o que debe cubrir el propio ciudadano víctima de un delito? Si, ya sabemos que no es políticamente correcto recordar todo esto, pero a la vista de que, como hemos demostrado, la inmigración influye decididamente en la inseguridad ciudadana, habrá que introducir estas cifras por algún sitio y mucho nos tenemos que los 5.000 millones de superavit que según “Encuentro” aporta la inmigración queden muy por detrás de los gastos no contabilizados.

Por otra parte, el informe reconoce que en 2005, los inmigrantes compraron el 25% de las viviendas que se vendieron en España (cuando apenas representaban un10% del total de la población). De lo que cabría deducir que, en caso de que estas ventas no se hubieran producido la vivienda hubiera debido experimentar no una desaceleración sino un descenso en su precio. Tampoco se entiende por qué “Encuentros” considera positivo el que a lo largo de 2006, los inmigrantes enviaran a sus países 6.250 millones de euros (un 332% más que cinco años antes). Desgraciadamente, no se explica en qué consiste lo “positivo” de esta cifra. El informe repite un viejo tópico que viene arrastrándose desde el año 2000: que la Unión Europea necesitará 45 millones de inmigrantes para mantener los niveles de protección actuales hasta el año 2050…

Como podemos ver, los distintos informes, todos ellos realizados por gabinetes preparados y equipos solventes… no son en absoluto coincidentes y mucho menos esclarecedores. Como máximo permiten aislar algunos datos significativos que, unidos a otros, componen una situación extremadamente sombría.

Para colmo, CCOO, manejando datos de la Encuesta de Población Activa, afirma que el trabajador inmigrante es un 19% menos productivo que el trabajador autóctono. El estudio afirma que la diferencia de productividad entre un trabajador nacional y un inmigrante es cada vez más grande. Pasó a ser de 6.025 euros en 2002 (37.192 euros por ocupado en los nacionales y 31.998 euros en los inmigrantes) a 7.070 en 2004 (37.793 en los nativos y sólo 30.723 en los extranjeros). En porcentaje, la diferencia de productividad (a favor del nativo) ha pasado del 14,3% al 18,7% en sólo tres años. Lo que ha provocado el crecimiento de la diferencia no es la menor profesionalidad de los inmigrantes, si no su distribución. Uno de cada cuatro encuentra un empleo en sectores poco productivos, como agricultura y construcción. En realidad, esto es cierto, pero sólo en parte. Ocurre también que la mano de obra que llega a España, en su inmensa mayoría, no es mano de obra cualificada, sino en fase de aprendizaje, con todo lo que ello implica en bajos rendimientos laborales.

Por otra parte, en marzo de 2007, el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 19 millones de personas, de los que casi dos millones son inmigrantes, el 10,5% del total de afiliados (y, entonces, los otros tres millones de inmigrantes ¿qué medios de vida poseen? Sería bueno que ulteriores estudios, trabajos, informes, dossiers y encuestas respondieran a esta cuestión... Claro está que esta cifra es relativa. Si se da por buena la cifra de cuatro millones de inmigrantes, estamos hablando de 1 de cada 2, afiliados a la seguridad social… pero si, como parece, nos aproximamos a los seis millones, entonces estamos hablando de 1 de cada 3 y, a partir de aquí la carga económica para el Estado (pagado por la sociedad española) es insoportable. Todos estos elementos conducen a CCOO a una ecléctica conclusión: “Si bien la inmigración es globalmente positiva, ha repercutido negativamente en la productividad y en los niveles salariales”… conclusión obligada, pero también limitada. Ha repercutido negativamente en otros muchos sectores y terrenos.

A pesar de su disparidad, lo que está claro es:
1. Que el crecimiento económico español desde 1998 depende de la inyección de inmigrantes.
2. Que se trata, pues, de un crecimiento económico ficticio basado en el aumento artificial de consumidores y en el descenso salarial que genera.
3. Que este crecimiento es pan para hoy y hambre para mañana
4. Que cuando cese la riada migratoria, el crecimiento económico remitirá.
5. Que una nueva crisis económica tendrá repercusiones que excederán con mucho el marco de la economía par convertirse en una crisis social generalizada.
6. Que dentro del “modelo español de desarrollo”, solamente unos sectores de la patronal han salido muy beneficiados con las riadas migratorias (especialmente, los menos productivos), pero que la factura la tendrá que pagar la sociedad.

© Ernesto Milà – infokrisis – infokrisis@yahoo.es