Tema: Esclavos expulsados del paraíso

Una mariposa aletea en la Península Arábiga y sus efectos se acusan en Canarias. El jeque Ali ben Abdala Kaabi, ministro de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos, ha determinado expulsar a 250.000 inmigrantes. Su decisión multiplicará, previsiblemente, el número de barcos cargados de sin papeles asiáticos que zarpan desde África hacia el archipiélago español.

Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete reinos fundada en 1971 -en pleno auge del precio del petróleo- por el jeque Sayed ben Sultán, padre del actual presidente, el jeque Jalifa ben Sayed. Es el tercer productor de crudo de la zona, lo cual equivale a decir que se trata de uno de los estados más ricos del mundo. Hace un par de décadas, el jeque de uno de esos siete emiratos, Dubai, decidió convertir su árido territorio en un centro internacional de negocios y turismo de lujo. Los empresarios árabes invirtieron miles de millones de petrodólares para levantar rascacielos como el hotel Burj al Arab -el más lujoso y más alto del mundo-, aeropuertos como el Jebel Ali -que dentro de 20 años batirá el récord mundial de pasajeros-, parques acuáticos como el Wild Wadi -el más grande de la tierra- e islas artificiales como Jumeirah Palm.

La construcción a gran escala ha convertido el emirato en una de las capitales con mayor crecimiento del mundo. Pero para crear ese espejismo en el desierto fue necesario importar mucha mano de obra. Hasta tal punto que de los 4,4 millones de habitantes que hoy tiene el país sólo el 19% son nativos hijos de nativos, condición indispensable para ostentar el estatuto de ciudadano. Los demás son inmigrantes, en su mayoría procedentes de la India (un millón), Pakistán (300.000) y Sri Lanka. Los emires los necesitan para levantar su sueño, pero no están dispuestos a que se establezcan en el país. Por eso, en cuanto aterrizan, les confiscan los pasaportes. El trasiego de trabajadores que van y vienen de Dubai es evidente en el aeropuerto de Delhi, donde cada día despegan cientos de hombres andrajosos y con apenas un hatillo y aterrizan otros vestidos a la occidental, luciendo ostentosos relojes y cargados con enormes equipajes. Para estos emigrantes, la compañía aérea Indian Airlines ha creado una línea especial.

A pesar de su aire satisfecho, los que vuelven a Delhi acaban de salir del infierno. La retirada de la documentación, nada más aterrizar en Dubai, les deja inermes ante todo tipo de abusos. Luego son trasladados a 15 kilómetros de la ciudad, alojados en barracones y sometidos a jornadas laborales de sol a sol. La mayoría de los abalorios que lucen con orgullo a su vuelta han sido comprados a última hora en el duty free del aeropuerto con lo que han logrado ahorrar de un salario que no supera los 300 dólares (unos 250 euros) mensuales. Las autoridades vigilan que los extranjeros salgan del país cuando caducan sus visados. Pero, a pesar de su celo, no pueden evitar que muchos de ellos se queden trabajando de forma ilegal. Por eso, cada cierto tiempo organizan una expulsión masiva. Durante la última, ordenada el 2003, salieron del país nada menos que 300.000 personas. La mayoría eran indios, paquistaníes y filipinos.

Ahora, el jeque Ali ben Abdala ha repetido el esquema de hace cuatro años. El ministro de Trabajo ha concedido a los sin papeles un plazo de tres meses para que abandonen el país so pena de dar con sus huesos en la cárcel y ser castigados con una fuerte multa. Además, ha establecido penas de entre uno y dos meses de prisión y fuertes sanciones para quienes les presten refugio: 20.000 euros por cada extranjero en situación irregular. Es previsible que el plan del jeque Ben Abdala obtenga resultados tan espectaculares como en el 2003. Y también es probable que, como entonces, buena parte de los cientos de miles de expulsados no vuelvan a sus lugares de origen, sino que se dirijan a África para desde allí intentar entrar ilegalmente en Europa.

El Cairo (Egipto), Addis Abeba (Etiopía), Túnez (Túnez), Nairobi (Kenia) y Lagos (Nigeria) son algunas de las ciudades a las que arriban los expulsados de Dubai con sus magros ahorros. Allí les esperan antiguos emigrantes como ellos, que se han asociado con las redes locales que trafican con personas a través del continente. En los últimos tiempos, esas organizaciones han encontrado un lugar ideal desde el que trasladar a sus clientes a Europa: Guinea-Conakry. Es difícil encontrar en el planeta un emplazamiento más peligroso que el de la antigua Guinea francesa. Sus fronteras con Guinea Bissau, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona la han convertido en víctima por contagio de las violentas crisis de sus vecinos, que se suman a las suyas propias. Guinea es un país relativamente grande -su superficie equivale a tres veces la de Andalucía-, pobre, inestable y siempre a punto de estallar. Las frecuentes revueltas suelen ser sofocadas a tiros y silenciadas con continuos estados de excepción por el general Lansana Conté, presidente desde 1993.

Esa caótica situación ha atraído al país a un buen lote de aventureros, traficantes y criminales de todas las nacionalidades. En los puertos de Conakry -la capital- y Kamsar -al norte- se concentra lo peor de cada casa. Muchos de los personajes que se mueven por allí son marinos que se quedaron varados con sus barcos tras la caída de la Unión Soviética y que ponen pocos reparos a cualquier negocio, por siniestro que sea. Cientos de barcos chatarra sin propietario conocido, marineros sin escrúpulos y una travesía de 2.500 kilómetros hasta Canarias -como la de los cayucos- explican por qué Guinea se ha convertido en la base más importante del tráfico de orientales expulsados de Dubai y que vagan por África. De hecho, cada vez son más los sin papeles que eluden las escalas en otros países africanos y viajan directamente desde Dubai hasta Conakry. Lo hacen en alguno de los dos vuelos semanales que unen ambas ciudades y que están subvencionados por Arabia Saudí. Dos razones explican la sorprendente actividad de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos en este lejano país de África: la primera es religiosa, la segunda es comercial. Los saudíes acaban de financiar una gran mezquita y los dubaitíes han sustituido a Bélgica y Japón como suministradores de alimentos, ropa y electrodomésticos.

Los asiáticos que llegan desde Dubai en avión, más los que arriban a Guinea por carretera desde países vecinos, muchos de ellos con pasaportes falsos, son acogidos por miles de paquistaníes que llevan años esperando una oportunidad para entrar en Europa. Se alojan a 20 o 30 kilómetros de la capital, en campamentos de chabolas, limpian pescado y cosen redes. Los paquistaníes prestan buenos servicios a los recién llegados. A cambio de una parte de sus ahorros, les ponen en contacto con los marineros sin escrúpulos de Conakry y Kamsar. El precio del pasaje hasta Canarias -el territorio más cercano de la UE- ronda los 2.000 euros; para los africanos sale por 500 euros menos. Si consideramos que el número de inmigrantes que suelen ser trasladados en estos barcos ronda los 350, el negocio es redondo: unos 700.000 euros de beneficio bruto.

Desde hace un año, el Gobierno español ha desplegado numerosos espías en África occidental. Una parte de su trabajo consiste en fotografiar los barcos chatarra y alertar al Centro de Control de la Guardia Civil en Canarias cuando observan actividad en alguno de ellos. El objetivo es que las autoridades del país lo intercepten antes de que abandonen sus aguas territoriales, algo que no siempre es posible. Entonces, la tarea de atraparlos corresponde a los efectivos de la agencia europea de fronteras, Frontex. Los marineros saben que el éxito de su negocio depende de la rapidez y procuran alejar los buques de las aguas territoriales. Suelen zarpar de noche y navegar hasta la zona de rescate internacional. Entonces, abandonan la nave y vuelven a tierra en lanchas. De este modo fuerzan a los buques de Frontex a rescatar a los inmigrantes. Al carecer de documentación y como sus rasgos físicos evidencian que no son guineanos, su repatriación es muy difícil.

Aunque sus últimas aventuras no han terminado como pretendían -ahí están los casos del Marine I, del Happy Day y del Salina II- y sus pasajeros no consiguieron llegar a Canarias, las autoridades europeas no creen que los reveses hayan disuadido a traficantes e inmigrantes. Al contrario, sospechan que los primeros modificarán pronto su estrategia y adoptarán otra ya ensayada por las pateras y los cayucos: enviar varios barcos a la vez, con el fin de desbordar a las patrulleras de Frontex. Y el despliegue europeo no está preparado para hacer fente a semejante ofensiva.

El relato siempre es el mismo: tabajadores de la India, Pakistán, Filipinas, Nepal o Sri Lanka son contactados por la empresa First Kuwaiti General Trading para trabajar en Dubai o Kuwait a cambio de entre 325 y 725 euros mensuales. Una vez firmados los contratos, la empresa fleta vuelos chárter para desplazar a la mano de obra. La sorpresa llega a bordo, cuando el capitán de la tripulación da la bienvenida a sus pasajeros "con destino a Bagdad". Para los aterrados asiáticos ya es demasiado tarde, dado que First Kuwaiti retiene sus pasaportes. Es el principio de su pesadilla y un paso más en la construcción de la embajada estadounidense de Bagdad, una obra faraónica llevada a cabo por la empresa kuwaití para la que se estaría empleando, según distintas fuentes, a jornaleros secuestrados obligados a trabajar hasta la extenuación.

La idea de construir la legación diplomática más grande y ambiciosa del mundo surgió el año 2005. Washington destinó 430 millones de euros, suficientes para erigir en la zona verde los 20 edificios de los que constará la embajada, que tendrá el tamaño del Vaticano. Solo que... no había trabajadores para levantarla. Puesto que cabe esperar que entre los obreros iraquíes se infiltren terroristas suicidas que boicoteen el proyecto a golpe de TNT, la subcontrata First Kuwaiti, encargada de las obras, buscó asiáticos que estarían siendo desplazados a Iraq sin su conocimiento, donde se ven obligados a trabajar en jornadas de hasta 14 horas. Unos 900 obreros se desempeñan en la construcción de la legación norteamericana, algunos de forma voluntaria, en condiciones descritas como "terroríficas". Fuentes estadounidenses denuncian que los trabajadores malviven agolpados, se alimentan de sobras y raciones caducadas, y carecen de atención médica. Sus empleadores no les abastecen con suficiente agua, lo que les obliga a rellenar bidones en el Tigris, con el peligro de infecciones que conlleva beber el agua contaminada por los cadáveres arrojados al río. Además, se ha denunciado que First Kuwaiti retiene los pasaportes de los obreros desde que, hace meses, un grupo de 40 de ellos escapase aterrado por los ataques de la insurgencia.

EEUU encargó una investigación en Septiembre al inspector general del Departamento de Estado, Howard J. Krongard, quien concluyó que no existían irregularidades. Nada que ver con las denuncias de afectados y testigos, como las aportadas la semana pasada por dos contratistas estadounidenses que detallaron, ante el Congreso de su país, el tráfico humano y la explotación en las bases militares de Iraq. Rory Mayberry -despedido de First Kuwaiti tras hacer pública su denuncia- y John Owen revelaron ante un panel de congresistas las escenas a las que asistieron en sus vuelos a Iraq en Marzo del año 2006. "Cuando el avión despegó y el capitán anunció que íbamos a Bagdad, se montó un gran jaleo. La gente empezó a gritar. Sólo se sentaron cuando un guardia de First Kuwaiti les apuntó con su subfusil", explicó Mayberry. "Los trabajadores, paquistaníes, tenían tarjetas de embarque a Dubai. Cuando le pregunté al gerente de First Kuwaiti, me dijo: 'No digas nada. Si los guardias kuwaitíes se enteran de que vamos a Iraq, no nos dejarán tomar el avión'", relató Owen, para quien las condiciones de trabajo en Bagdad violan toda legislación laboral existente.

Además de la embajada, las 70 bases estadounidenses, cuyos servicios son aportados por Halliburton-KBR, son destino forzoso de los trabajadores. Los testimonios abundan, como el de Ramil Autencio, narrado en el documental La guerra de algún otro. Contactado en su Manila natal, firmó un contrato de dos años para trabajar en el Hotel Crown Plaza de Kuwait. A su llegada al país árabe, empleados de First Kuwaiti le informaron de que no había vacantes en el hotel y que tenía tres opciones: abonar 725 euros y trabajar seis meses sin sueldo para pagar su billete de ida, ser arrestado como inmigrante ilegal, o viajar a Iraq. Mientras lo pensaba, fue alojado con otros 800 filipinos. Autencio aceptó ir a Iraq y semanas después se encontró en Tikrit, sirviendo en una base norteamericana sometida diariamente a fuego enemigo. Nunca le pagaron. Convenció a 40 compatriotas para escapar, a bordo de un camión vacío, rumbo a Kuwait, donde tras mucho insistir lograron que su embajada les concediera asilo.

Temerosos de los secuestros que obligan a pagar cuantiosos rescates, los gobiernos de la India, Pakistán, Tahilandia, Filipinas y Sri Lanka han prohibido a sus nacionales viajar a Iraq y tratan de aclarar estos engaños. La presidenta filipina, Gloria Macapagal, ha enviado una comisión a Iraq para investigar los abusos. Dos ciudadanos de su país fallecieron el pasado Abril cuando trataban de escapar de la zona verde. Otros cinco de la India y Pakistán han desaparecido. El ex embajador de Nepal en Arabia Saudí, encargado del rescate de trabajadores nepalíes embaucados por First Kuwaiti, acusa a la contratista de "forzar a los trabajadores a ir a Iraq" despojándoles de su documentación para evitar que escapen. Irónicamente, el Departamento de Estado norteamericano critica al Gobierno iraquí por no impedir la entrada de mano de obra forzosa en su informe anual del 12 de Junio sobre el tráfico de personas.

La estrategia de First Kuwaiti -que niega todas las acusaciones- ha sido copiada por otras contratistas que estarían abasteciendo de mano de obra asiática y africana, en concreto de Etiopía y Ghana, a varias empresas en Iraq. Sus labores suelen ser el servicio doméstico, la construcción y la seguridad. Según la Oficina Internacional de Migraciones, dependiente de la ONU, "centenares" de trabajadores habrían sido llevados de forma engañosa a Iraq, sobre todo a Bagdad, Erbil y Suleimaniya, tras pagar elevadas sumas de dinero a cambio de contratos en el Golfo. "Nuestra sede en Erbil ha informado de muchos casos, algunos de gente forzada a integrarse en las milicias locales", relata Hamed Bashier, portavoz de una ONG iraquí que ha documentado los casos de 54 srilankeses y etíopes "atraídos con falsedades y que sólo se enteraron de que estaban en Bagdad cuando oyeron las explosiones".