El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha procesado por colaboración con organización terrorista a 9 de los 12 argelinos detenidos en el 2005 acusados de intentar comprar Goma 2 y un material conocido como mercurio rojo, supuestamente empleado para fabricar bombas. Según el magistrado, la decisión de detenerlos llegó "tras descubrir que después de intentar obtener material explosivo (Goma 2), varios de los investigados -de forma coordinada- intentaban también adquirir una sustancia que denominaban mercurio rojo", que pretendían utilizar "como componente para la fabricación o potenciación de un artefacto o artefactos explosivos".

El auto de procesamiento, dictado el pasado día 11, considera "destacable" que "en ningún momento se ponga límite a la cantidad de mercurio rojo a adquirir, a pesar del elevado precio que dicen tener tal sustancia: 3 gramos 100.000 euros. Según se desprende de las conversaciones, el precio no es problema". Pese al abundante material relativo a la búsqueda de explosivos, la base del procesamiento se encuentra en la actividad delictiva de los arrestados -robos, falsificaciones...-, que supuestamente servía para financiar en Argelia al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). También en el copioso material audiovisual yihadista encontrado en los registros. Igualmente, el escrito reproduce algunos diálogos entre los procesados. En ellos se escuchan frases como "ellos construyen y nosotros destruimos" -en relación con el 11 de Septiembre- y "lo vamos a derribar todo como en Iraq". Pese a lo que puedan apuntar frases como esta última, el juez no ha considerado que haya elementos para procesarles por conspiración para cometer algún atentado. Sí por colaboración, un delito por el que la fiscal del caso, Blanca Rodríguez, podría solicitar entre 5 y 10 años de cárcel.

Según el auto de procesamiento, la investigación de la Guardia Civil detectó en el 2005 el intento de adquirir explosivos por parte de un grupo de argelinos residentes en Alicante y vinculados con el GSPC. Sobre el principal acusado, Said Bouchema, Andreu indica que "se había convertido en un faro para los jóvenes delincuentes argelinos que operan en Alicante 'contagiados de los vicios occidentales' (alcohol, drogas...). Sobre ellos ejercería una influencia aparentemente contradictoria. Por un lado receptaría una gran cantidad de objetos robados, documentos falsificados, etcétera, al tiempo que les encargaría la obtención de determinados artículos, motivando con ello que sigan delinquiendo. Por otro realiza cierta labor pastoral sobre los mismos jóvenes; les da cobijo, les envía dinero si les encarcelan y les insta a volver al islam, a practicar la religión, a pesar de que el robo está prohibido en el islam".

Los informes aportados al sumario señalan que en España, numerosos militantes del GIA argelino acabaron incorporándose al GSPC, especialmente en la zona de Levante, Madrid y Barcelona. También indican que "España es la vía de entrada hacia Europa y salida al continente africano para los ciudadanos argelinos, sus fronteras son bastante permeables y cuenta con una numerosa comunidad establecida en diferentes provincias, lo que la convierte en un lugar ideal para ser utilizada por las organizaciones terroristas, entre ellas el GSPC, como refugio y base logística. Disponen de una amplia infraestructura y pueden prestar apoyo logístico a sus células operativas, en Argelia o en su propio país".

Además de Said Bouchema, han sido procesados Khaled Bakel, Salim Zerbouti, Lyes Sihamida, Abdelmajib Bouchema, Ahene Bouchema, Aissa Benaksas, Soufiane Sadji y Hicham Kanit.