Tema: Democracia-dictadura juancarlista=deriva lógica de la dictadura-democracia franquista

DEL CARISMA A LA DEMOCRACIA (El Alcázar, 25 de Noviembre de 1976)

Por Juan Vallet de Goytisolo


Cuando regresé a casa, la tarde del histórico viernes 20 de noviembre de 1976, la Tele ofrecía un espectáculo que, pese a estar ya previsto, resultaba alucinante. Era su escenario el de las Cortes Españolas, y en él aparecían sucesivamente los Procuradores, que iban poniéndose -más o menos- de pie y contestaban -más o menos decididamente- a la cuestión formulada. La mayoría articuló -más o menos fuerte- un SI.

El impacto en mi mente de lo que contemplaba resultó fantasmagórico. Los síes me reflejaban una imagen y veían, en ella, cómo de los hombros de cada unos de los afirmantes se desprendía una túnica «carismática» que, al caer, descubría en algunos un flamante y recién estrenado traje democrático -de democracia de sufragio universal y de partidos, ¡es claro!- «de toda la vida» y, en otros, una vieja y ajada librea. Bastantes nada llevaban debajo, y el «sí» era un «destape» que, en los más, mostraba vergonzosamente una absoluta indigencia ideética, sólo velada por la polución dejada por el continuo martilleo de los mass media, en varios dejaba patente una impotencia, resignada o torturada, y, en algunos, una única exhibición de la más pícara impudicia.

¿Estaba sufriendo alucinaciones?

Me quedé meditando unos instantes, y procuré recuperar el contacto con la realidad.

¿Qué cambio se acababa de producir? ... ¿Los Procuradores habían sido congruentes o incongruentes? ¿Se habían excedido o no en sus facultades? ¿Habían faltado o no a su juramento?

¡Vayamos por partes…!

Parece que en las Cortes se ha pactado, se ha transigido por parte de los grupos mayoritarios, mientras una minoría negaba toda legitimación y advertía de perjurio en caso de aceptarse la propuesta. Pero, ¿se había llegado o no al fondo de la cuestión?

El tema fue discutido ceñido al derecho positivo vigente. Se procedió como si las Leyes Fundamentales no tuvieran más legitimación que la de serlo, ya sea como producto de una victoria guerrera, bien por emanadas de la voluntad de un jefe carismático, o -en fin- como resultantes de plebiscitos masivamente conformes.

Los Procuradores en Cortes ciertamente las habían jurado e, incluso, habían votado imponiendo que las jurasen quienes accedieran a la regencia de los Colegios Profesionales. ¿Este juramento obligaba a éstos y no a ellas? o, ¿sólo les obligaba individualmente a los Procuradores mientras la mayoría no votase lo contrario? ¿Cabe una obligación «mientras uno quiera»?, o ¿esto se salva siempre que por mayoría, con tal o cual quórum, el cuerpo colegiado se «revote»? ¿Se trata de una obligación puramente «interna» pero colectivamente superable de puertas a fuera?

Pero, acaso esas Cortes, hijas de un sistema conforme al cual se les confirió a sus integrantes la investidura bajo el juramento de lealtad al mismo sistema, ¿podían cambiarlo sin negar su propia legitimidad o competencia? O, tal vez, ¿sólo les cabía dimitir, para que lo cambiaran otras Cortes constituyentes, que los liberasen de su juramento, contra el que, de por sí, ellos solos nada podían?

El tema del cambio de leyes, y más aún el de las constituciones, es aún más hondo. Así lo pienso recordando de improviso el discurso que ¡el 6 de julio de 1355! Pronunció Jaume de Far en el Parlamento de Barcelona. Han pasado seis siglos y más de cuatro lustros y, si hemos caminado, ¡hemos avanzado como los cangrejos!

Pero sigamos, porque debemos considerar la congruencia, no ya del cambio, sino de lo innovado. El primer apartado del párrafo 1 del artículo 1.º de la nueva Ley de Reforma Política reza así: «La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo».

La ley «expresión de la voluntad soberana del pueblo». Voluntad ¡soberana! Pero, ¿habrá o no algo que la trascienda? Resuenan en mis oídos las palabras de Pío IX en Quanta cura, denunciando, como contraria a la doctrina y a la autoridad de la revelación divina, el que «algunos hombres, negando con un desprecio completo los principios más ciertos de la sana razón, se atrevan a proclamar que “la voluntad del pueblo, manifestada por lo que ellos llaman la opinión pública, o de otro modo cualquiera, constituye la ley suprema, independiente de todo derecho divino y humano”».

Todavía, Juan XXIII, en Pacem in terris, lo reiteraba y aclaraba, distinguiendo la licitud de que los hombres puedan elegir las personas que ejerciten la autoridad, e incluso determinar las formas de gobierno, frente a su rotunda afirmación de que «no puede ser aceptada como verdadera la posición doctrinal de aquéllos que erigen la voluntad de cada hombre en particular o de ciertas sociedades como fuente primaria y única de donde brotan derechos y deberes y de donde provenga tanto la obligatoriedad de las constituciones como la autoridad de los poderes públicos».

Cierto es que, en su apartado segundo, el mismo párrafo de la Ley de Reforma Política, añade: «Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado».

Entonces: ¿hay algo que trasciende «la voluntad soberana del pueblo»?; o bien, ¿es ésta la que también expresa y define cuáles son y qué contenido tienen los derechos fundamentales de la persona?

El mismo artículo continúa, pues tiene un párrafo 2, y dice: «La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes…». Preguntamos: ¿las Cortes, son la voz del pueblo?; ¿no tiene éste otra voz? Entonces, ¿su voluntad soberana, la enajena éste en ellas cada vez que vota? Así lo había proclamado Joaquín Costa, hace un siglo, en una lapidaria frase afirmativa de que ese ejercicio constituye el derecho a darse periódicamente un amo, y que es algo así como el cetro de caña puesto en las manos de Cristo en el Pretorio. En ese caso, ¿pueden las Cortes, con el verdadero cetro, decidir acerca de si el aborto o la eutanasia, pongo por caso, atentan o no a los «derechos inviolables de la persona»?

La democracia es, pues, problema en sí misma.

Todo el país lleva meses de bombardeo propagandístico, en la prensa, en la radio, en la televisión, explicando que la democracia es el único régimen digno de un pueblo civilizado; y nuestros gobernantes -para autojustificarse, fuera y dentro- repiten y reiteran allá promesas de homologarnos instaurando ese régimen, único digno para hombres libres, y que -dicen acá- tan solamente el carisma de un jefe irrepetible había podido sustituir sin detrimento.

En febrero o marzo hubo alguien que, sin embargo, dijo otra cosa por televisión. Pero, ¡en Francia y hablando de Francia! Precisamente la víspera del espectáculo que he narrado, me había llegado, dedicado fraternalmente -«de tu casi hermano», dice la dedicatoria y así lo sentimos los dos- por uno de los primerísimos arquitectos del mundo -que desde Barcelona me lo había remitido- un ejemplar del libro que recoge los entretiens, con Christian Chabanis, de este profundo pensador francés, que es mi admirado Gustave Thibon, y que T.F.I. había difundido por las ondas. Llevaba leída yo más de la mitad del libro, pero volví atrás para leer las páginas 71 a 85, a fin de cotejarlas mentalmente con lo que estaba analizando.

¡Supremacía de la Ley! … «Pero -respondía Thibon-, la sociedad que me parece la mejor, o la menos mala, es aquélla que conlleva el máximo de costumbres y el mínimo de leyes». Siempre he pensado así y cada día más intensamente me confirmo en mi opinión a la vista de las nuevas leyes que el mundo va exhibiendo. ¡Por eso, desde hace ya tiempo, no asisto a la Comisión de Códigos!

¿La voluntad soberana del pueblo? Pero, ¿qué traduce esa frase en la realidad? ¡La democracia!

Sin embargo, Thibon recuerda la frase de Peguy: «Sólo hay un medio de no ser demócrata, es ¡ser pueblo!» Y la explica:

«…frente a cierta mitología de la democracia que consiste en hacer una especie de panacea de esta palabra, válida para todos los tiempos y todos los pueblos, ¡me siento muy poco demócrata!»

«Y me opongo todavía más a una especia de democracia formal en la cual, teóricamente y bajo la apariencia de la papeleta electoral, se confieren al pueblo todos los poderes y se le quitan sus más legítimos derechos por un conjunto de leyes, de reglamentos o de intervenciones abusivas del Estado. En este sentido yo soy absolutamente nada demócrata. Pero, por el contrario, yo soy profundamente demócrata en el sentido de desear que el ser humano pueda tener el máximo de libertades y responsabilidades. Cada uno en su escala, entiéndase bien…».

Pero, el Diccionario filosófico de Lalande define la palabra «democracia»: «Régimen en el cual el gobierno es ejercido por todos los hombres sin distinción de nacimiento, de fortuna o de competencia». Thibon, pregunta: «¿Cómo queréis que los incompetentes puedan discernir la competencia de quienes los gobernarán?». Y prosigue:

«Repito que el mejor régimen político es aquél en el cual los ciudadanos gozan del máximo de libertades individuales y locales y donde el Estado realiza un papel de coordinador y árbitro. En tal régimen, la selección procede en cierto modo de la base, quiero decir del mérito personal, de un servicio social, de una entrega auténtica. Lo cual nos conduce muy lejos del régimen actual en el que los responsables son designados por la papeleta electoral: pura abstracción, pues las gentes votan por las etiquetas políticas más que por los hombres. Y lo peor es que se hace votar a la gente acerca de problemas de los que nada entienden, y se olvidan de consultarles acerca de las cuestiones en las cuales tienen interés y competencia».

«Valery, que no era antidemócrata, lo decía: “La política es el arte de consultar a las gentes acerca de lo que nada entienden y de impedirles que se ocupen de aquello que les concierne”. Sueño con un poder infinitamente más descentralizado, con muchas más libertades locales en la base, lo que favorece la selección de las autoridades responsables. Mucho mejor que con un sistema electoral puramente formal y abstracto».

A cada sociedad le conviene un régimen político diferente: «A condición de que ese régimen asegure, os lo repito -sigue Thibon-, la estabilidad de la nación y el máximo de posibilidades para los individuos, las familias y los grupos que la componen».

«… Lo ideal sería que los hombres que rijen los destinos de la nación emanaran de esas diversas élites (en el arte, en la religión, en la industria, en la agricultura, en cualquier otro sector) por una selección positiva muy diferente de la elección actual…».

Se trata, pues ¡de un régimen orgánico!...

¿Es el que teníamos, y acaban las Cortes de sustituir? … ¡NO, por cierto! Es el que fue propugnado por la mayor parte de las élites que llevaron su pensamiento al Alzamiento Nacional contra la II República: Los Carlistas, los seguidores de Renovación, y los hombres de Acción Española, la Falange de José Antonio conforme éste claramente expresó en su discurso «Bandera que se alza».

Pero las Cortes, que luego se instauraron, no eran orgánicas, sino administrativas. Los Sindicatos estaban excesivamente funcionarizados y en la mano del Ministro correspondiente. Los Alcaldes, Presidentes de Diputación, Rectores de Universidad, eran designados a dedo. El mandato del país real no existía, y, por lo tanto, no podía ser imperativo, como lo era en nuestras Cortes tradicionales. Los tecnócratas hicieron de nosotros, cada día más, unos administrados y unos asegurados, irresponsables excepto del pago de nuestros tributos y de las cuotas de seguridad social.

Entonces…, ¡nuestro régimen no era orgánico! Y, si el sistema no era de «democracia orgánica», ¿acaso fue «democracia»? Parece que sí, era «democracia de masas», en las que se apoyaba y a las que alguna vez acudió en forma de «referendum».

No es una paradoja lo que afirmo. Precisamente, sobre la mesa de mi biblioteca, tengo apartad el volumen 163 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y una señal puesta en un artículo que, en ella y acerca del Estado de Derecho, había publicado -era por el año 1933- el Profesor Luis Legaz y Lacambra. Lo consultaba porque tengo encargada, para Sao Paulo, una conferencia con el título «Estado de derecho, totalitarismo y tecnocracia». En su página 756 había puesto una señal. Por ella, abrí y leí: «Los partidos tienen un programa indiscutible que va a imponerse, no a discutirse en el Parlamento, puesto que los Diputados son mandatarios de los partidos y no de la nación» … «Estos programas dividen a los ciudadanos hasta el punto de que no hay ningún valor político reconocido como superior al del logro del propio programa. Por lo tanto, en lugar de integración, la máxima desintegración» … Para evitarla, «el Estado se convierte en un puro compromiso, en una transacción», de lo que resulta «la naturaleza compromisoria y transaccional del moderno Estado de partidos-nación», de lo que resulta «la naturaleza compromisoria y transaccional del moderno Estado de partidos-masa» … «De este modo la discusión en realidad; queda un forcejeo, un parlamentar de los intereses y puntos de vista contrapuestos; compárense, por ejemplo, las discusiones de la Constitución de Cádiz con las de la República de 1931; la primera discutía en nombre de la filosofía y de la razón; para la segunda se han buscado fórmulas de arreglo entre los partidos mayoritarios …».

Y sigue: «Los partidos aman la libre discusión en proporción inversa a su fuerza numérica» y «una minoría numerosa busca fórmulas de transacción, con las minorías afines, e imponen entre todas esta fórmula a los discrepantes minoritarios, sin discusión posible. En consecuencia, un Estado de partidos, a base de transacciones entre fuerzas parlamentarias mayoritarias, tiende a la dictadura» … «se desconocen los derechos del adversario» … «a la defensa de la institución se supedita todo. Naturalmente, sólo los que se mueven en dirección de la mayoría no sufren la falta de libertad: sobre ellos no se ejerce la dictadura: ésta recae sobre los demás. Estas notas son comunes a regímenes políticos diferentes, por lo cual, lo mismo que destaco la esencia dictatorial de la moderna democracia de masas, he de hacer notar la esencia democrática de muchas dictaduras. La Italia fascista es para mí una democracia» … «Hay que romper con la creencia que dictadura y democracia sean cosas antitéticas: más bien se requieren mutuamente» … «La democracia tiende a la dictadura, y la dictadura requiere cuando menos el apoyo de amplias masas populares, si no es ejercida directamente por esa masa» … Y «la masa no discute, y ni siquiera le interesa tener razón o dejar de tenerla».

Volvamos a nuestra cuestión. ¿A quién representaban nuestros procuradores?, ¿qué representaban?, ¿cuál era el mandato que les ligaba? ¿No constituía acaso, para ellos, el gobierno algo así como un partido único, al fin ya cuarteado en asociaciones políticas? Y, aún, el Régimen sustituido, ¿no se apoyaba en plebiscitos masivamente votados?

Tal vez fueron demasiado severas las imágenes que mis alucinaciones me hacían vislumbrar -subrealmente- mientras, al caer de la tarde del día 20, contemplaba la televisión.

Lo cierto es que -mostrando su desarraigo- quienes durante años representaron un papel sólo aparentemente orgánico, sin representar orgánicamente nada -sino al poder ejecutivo de una democracia de masas que votaba plebiscitariamente a su jefe carismático-, ahora no han sabido abrirse a lo «orgánico», que nunca entendieron, sino a una democracia de partidos, a tono con la legitimación democrática, ¡impuesta a sus vencidos por los vencedores de la última contienda mundial!



Fuente: EL ALCÁZAR

LA IDEOLOGÍA TECNOCRÁTICA Y EL TOTALITARISMO ESTATAL (ABC, 14 de Febrero de 1970)

Por Juan Vallet de Goytisolo



Es sabido que debemos a Sir Francis Bacon los fundamentos del empirismo experimental, método que tanto ha acelerado el progreso de la física. La experiencia nos descubre unos fenómenos, a base de los cuales construimos una teoría o hipótesis científica, a modo de armazón en torno al cual avanzamos experimentalmente mientras no hayamos agotado su fuerza para apoyar nuestro progreso experimental. Esa experiencia de los hechos nos permite no sólo descubrir las leyes de la Naturaleza, sino, a partir de ellas, realizar lo que podríamos llamar su domesticación, mandando sobre ésta a base de obedecerla.

Pero es de notar que el método experimental no puede elevarse más allá de aquello que puede experimentar. De ahí su rigor en cuanto a lo que se halla a su alcance, y su limitación ante lo que exceda de toda posible comprobación. Por eso es un método perfectamente correcto y progresivo en tanto no se le saque de su campo adecuado y en cuanto no se pretendan deducir consecuencias de lo que quede fuera de él, en el vacío no experimentable. Bien sean éstas negativas, por las que se rechace todo lo que no sea susceptible de experimentación; o bien, positivas, consistentes en construir sobre un andamio imaginario, aunque éste se apoye en datos ciertos, un dogma metacientífico. En ambas incorrecciones se incide al racionalizar la naturaleza humana como si la única realidad fuese el progreso técnico y prescindiendo de los fines que se hallan fuera de él, con olvido de las realidades humanas no experimentadas y de las no experimentables.

Si el progreso técnico, que permite el método experimental, es orientado socialmente bajo la directriz de una “idea” abstracta, llámesele Libertad, Igualdad, Estado, Democracia, Raza o Progreso (con mayúscula), nos hallamos ante ideologías en el sentido más estricto de la palabra. Estamos ya fuera de toda elaboración científica, como cuando de las incógnitas científicas saltamos a la ciencia ficción, como hizo Teilhard de Chardin, para quien lo que a sus ojos de antropólogo no eran sino simples puntos suspensivos, se le convirtió en dogma al lanzarse como cosmólogo al encuentro del “punto omega”.

Si simplemente, en nombre del método experimental, se niega la realidad de cuanto trasciende de lo por éste experimentable, se comete una incongruencia acerca de la cual Simone Weil llamó la atención: “Todo en la creación está sometido a un método, incluidos los puntos de intersección entre este mundo y el otro”. Es lo que indica la palabra Logos. “A medida que se eleva”, el método, “se acrecienta en rigor y en precisión. Sería muy extraño que el orden de las cosas materiales reflejase mejor la sabiduría divina que el orden de las cosas del alma”. Este olvido, ese poner entre paréntesis, cuando se trata de la metafísica social, equivale de hecho a aceptar su negación. Y, entonces, implacablemente se abrirá paso -como recientemente ha subrayado Sciaca en “Filosofía e antifilosofía”- una nueva y privilegiada verdad puramente técnica, exclusiva y tiránica, que crecerá desordenada y deformemente, y traerá “el cáncer del economismo, del cientismo, del sociologismo, de la tecnocracia, que tienen su filiación en la degeneración de la razón”. Es fruto de que la verdad se archive entre “los pareceres arbitrarios” y de que se dé el “primado de lo eficaz en los programas de gobierno”.

Así, si la religión entra en el campo de lo opinable y el orden natural no existe o es inaprensible, el Estado ya no tiene nada por encima de él, y puede tomar totalmente la dirección de un orden social tecnificado que sólo aspira a la eficacia. El nuevo Estado no tiene, pues, dificultades, sino toda clase de justificaciones en hacerse cargo de la “racionalización de la sociedad”, a la que, una vez “masificada” puede manipular por medio de sus tecnócratas. Así el Estado se hace totalitario y considera los esquemas del desarrollo económico y social como dogmas que es competencia suya formular y dirigir. Nace así de su seno una nueva clase, los tecnócratas, “los que entienden” por la virtud del Decreto u Orden que los nombra, que a través de los medios masivos de información iluminan a la otra clase, constituida por el resto de la sociedad, “los que no entienden”, la masa despolitizada. Ellos son quienes determinan cuál es el sector que debe desarrollarse urgentemente, distribuyen los créditos, tasan los precios, fijando los índices de crecimiento de éstos y de los salarios, manipulan la inflación, dibujan dónde se ha de construir un rascacielos o se debe dejar una zona “verde”, y así promueven el enriquecimiento fantástico de unos y la ruina de otros. Dominan los medios masivos de comunicación, en los que todo es opinable menos la razón de Estado. Este no tiene límites, puesto que no acepta otro orden sino el que los nuevos Prometeos, quienes llevan su timón, construyen desde las alturas a su arbitrio.

Ante esta perspectiva, hace unos años, Georges Ripert percibió “le declin du droit”, y, algo más tarde, Carnelutti proclamaba con trágica expresión “la morte del diritto”. Helmut Coing ha escrito que en una sociedad de masas “las condiciones son naturalmente desfavorables para el establecimiento del derecho”. Monopolizada por el Estado su producción, sus órganos segregan una heterogénea mezcla de derecho y de antiderechos que es determinado por razones de mera oportunidad o conveniencia e, incluso, de propaganda política.

Este efecto resulta más fácil en una sociedad materializada, en la que se descompone el tejido natural, integrada por productores y consumidores atomizados a los que no se permite tener vida y estructura propias, que abdican de sus propias responsabilidades y riesgos, puesto que todas sus necesidades -seguros, cultura, información, mercados, crédito, etcétera, etcétera-, los proveerá el Estado.

Así, una nueva ideología tiránica y un engañoso mito han nacido. Las masas se dejan arrastrar por ellos como cierta juventud por las drogas. Y sus pontífices, a todos los que no creen en el nuevo mito, les acusan de mantener ideologías periclitadas, inapelablemente condenadas a desaparecer, dejadas atrás por el viento de la Historia.







Fuente del texto: HEMEROTECA ABC

Fuente fotos: CARLISME CATALA