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Martin Ant 
Fuente: ¿Qué Pasa?, Número 179, 3 Junio 1967. Páginas 12 y 13.
Dos seglares ilustres, abogan por la unidad religiosa, dentro de la Iglesia verdadera, que es UNA, SANTA, CATOLICA y APOSTOLICA
En el homenaje a quince procuradores, que combatieron en las Cortes por la tradición política española, no se alzaron más voces que las de dos laicos
Discurso de don Rafael Gambra
La ofrenda del homenaje, celebrado la noche del sábado 20 de mayo, la hizo el catedrático de Filosofía don Rafael Gambra, mediante el siguiente discurso, taquigráficamente recogido, que ofrecemos a nuestros lectores:
Henos aquí ante un homenaje singular –casi diríamos insólito–, tanto por el número de participantes como por los móviles reales del mismo. Es casi general en los banquetes de homenaje que bajo un motivo elevado –comunidad de ideales, gratitud o admiración– se escondan unos intereses y aspiraciones comunes, una reivindicación profesional o subyacentes miras políticas. Aquí, en cambio, es notoria la heterogeneidad profesional, económica, política, de homenajeados y homenajeadores, que en casos es dispar y a menudo encontrada.
Esto supone que el móvil verdadero del agasajo y el factor común de todos los reunidos es algo verdaderamente superior o, si se quiere, lo más profundo en el alma de cada uno, algo entrañado en la fe más íntima, eso que se lleva en la masa de la sangre como lealtad última o radical. Un algo que sólo aflora en ocasiones grandes de la historia, ante las que intereses y miras cotidianas desaparecen. Aquello que, por caso, unió bajo una sola bandera el Dos de Mayo a muchos afrancesados ideológicos con la ingente multitud de españoles castizos o tradicionales; aquello que unió a pobres y a ricos en la más reciente coyuntura del 18 de Julio.
¿Cuál es esa situación excepcional que nos congrega hoy en un aliento común, desinteresado, lleno de verdad y de sinceridad?
Todos –más o menos viva o confusamente– percibimos hoy la difusión rápida de un inmenso cisma sobre la Iglesia Católica, un cisma inmanente, no delimitado todavía, que divide, enerva, confunde, desalienta a los espíritus. Una parte considerable de cuanto constituye nuestra formación cristiana desde el regazo materno hasta nuestra madurez es hoy olvidado, si no combatido, en las actuales predicaciones: la oración y las devociones, la fidelidad dogmática, la disciplina y la austeridad de las costumbres, la mortificación y la resignación cristianas, son hoy temas soslayados, casi proscritos. En cambio, la eficacia, la «puesta al día» de métodos e ideas, el activismo y la apertura al mundo, la evolución de la fe, son motivos diarios de una religión insensiblemente nueva, distinta. Legiones de clérigos nuevos que han abandonado voluntariamente el hábito eclesiástico y la unción sacerdotal se agitan, cartera al brazo, como hombres de negocios; se amotinan, como agitadores profesionales, y descienden de sus coches para hablarnos de una Iglesia pobre que retroceda a la época de las catacumbas. No se distingue del sacerdote anciano o maduro como el joven del viejo en todas las épocas, sino que son más bien los antípodas humanos del sacerdote de nuestra infancia y del católico de todos los tiempos, aquel hombre humilde y austero que levantó nuestras grandes iglesias y catedrales, y para quien todo se hacía poco en la gloria de Dios.
En el clímax de su predicación y de su actividad, más «social» que religiosa, el marxismo –ese gran intento de construir aquí, sobre la tierra, el paraíso por medios puramente técnicos– deja de aparecer «intrínsecamente perverso», como fue considerado por todos los Pontífices hasta nuestros días, sino que se nos presenta como algo bueno en sí con tal de que se le depure de ciertas accesorias fobias irreligiosas.
Esta mutación profunda que dolorosamente vivimos se evidencia en el modo como han tenido que actuar estos hombres en cuyo homenaje nos reunimos hoy, ante las Cortes Españolas de 1967, para defender la unidad católica del país: no luchan, como los diputados de 1876, tras el eclipse de esa unidad en la primera República, sabiéndose respaldados por una Iglesia que negaba todo Concordato con el Estado español si éste no reconocía la unidad religiosa. Estos hombres han de luchar solos, ante su sola conciencia y la íntima fidelidad a la fe recibida, a la Eucaristía y a sus deberes para con el alma de sus hijos.
Toda esta amarga percepción produce en el católico de hoy una herida profunda en su fe, en sus emociones más íntimas, en el patriotismo de todo un pasado en lealtad a la unidad católica de España y de la Cristiandad. Junto a ella, una inmensa angustia ante el temor de que todo cuanto siglos de fe y de abnegación nos han formado como hombres y como pueblo sea dilapidado por nuestra generación y sea negado a la vida y a la salvación de nuestros hijos.
¿Y cuál es la ocasión de que nos hayamos aquí reunido, no sólo en agasajo fraterno a unos hombres que están cumpliendo un deber de todos, sino para tomar conciencia de la situación que nos envuelve y angustia?
Es –bien lo sabemos– la elaboración en Cortes de una más o menos inverosímil Ley llamada de Libertad Religiosa por cuya virtud los españoles no podremos quizá profesar ya pública, comunitariamente, nuestra fe como tal nación católica; una Ley por cuya virtud la fe de nuestro pueblo, especialmente la de los humildes, quedará a la intemperie de propagandas heréticas o ateas, unidas previsiblemente a tentaciones económicas; por cuya virtud, apuradas las consecuencias, yo, que soy profesor de Filosofía, habré de eliminar toda orientación religiosa a mis explicaciones, con lo que éstas caerán en la incoherencia y en la infecundidad, ello en razón de que quizá uno, entre tres mil de mis alumnos, no profese la religión católica.
Ciertamente que esta Ley y sus derivaciones en la legislación civil, docente, etc., no han nacido de nuestro suelo ni son iniciativa de nuestras Cortes. Sólo cabe señalar entre nosotros –eso sí– defecciones e inconsciencia, unas y otra en sorprendente cantidad y calidad: justamente los grupos que más se han beneficiado bajo capa de catolicismo en los últimos treinta años, los que mayor poder han adquirido, han sido los primeros en traicionar el cometido o la lucha que ellos solos podrían justificar su existencia.
Pero la Ley misma ha surgido como aplicación de la declaración conciliar titulada de libertad religiosa, la cual –se nos dice– es incompatible en muchos puntos con nuestra legislación inspirada en el «superado» concepto de unidad religiosa y confesionalidad católica del Estado. La dicha declaración conciliar es, en rigor, una fórmula de compromiso, compromiso entre la opinión dominante en el Concilio y la acción del Espíritu Santo, que salvó para la misma una posible interpretación conforme con la tradición perenne en la Iglesia. Como toda fórmula de compromiso, se puede tomar en varios sentidos, cuando menos en dos, más otra tercera interpretación a todas luces apostática.
La primera de esas interpretaciones –una interpretación minimalista– no consistiría sino en el recordatorio de una verdad sabida desde todos los tiempos en la Iglesia: la de que la fe no puede imponerse, y que ni sobre ella ni sobre la práctica religiosa es lícito ejercer coacción alguna. Que todo hombre debe ser respetado en sus creencias y en la práctica privada de su culto, sin perjuicio del superior derecho (y deber) de la comunidad a profesar y a vivir como tal –en sus leyes y costumbres– la fe religiosa ambiental y tradicional en ella. Nuestros mayores conocían muy bien este derecho humano y ese sentido de la libertad religiosa al reconocer los grupos autónomos de judíos o de moriscos, que vivieron tanto más libres y respetados cuanto más homogénea y fuerte era en su fe la comunidad en que vivían como enquistados. Otorgando a la Declaración Conciliar este sentido minimalista, sobraba en rigor la debatida Ley, bastando con unas instrucciones que remediaran las dificultades prácticas –si las hubiere– para que los grupos no católicos puedan celebrar matrimonios entre ellos, realizar privadamente su culto, etc.
Cabe, como he dicho, otro sentido maximalista de la dicha Declaración Conciliar de Libertad Religiosa. Según éste, el hecho religioso sería una pura relación del alma con Dios, algo individual y por completo ajeno a toda ley u orden comunitario civil o eclesiástico, algo intrínsecamente libre. La religiosidad sería, por tanto, extraña a la realidad social y política, que deberá ser laica o secularizada, religiosamente neutra. Según esta interpretación, la Iglesia debe renegar de todo el «periodo constantiniano» (es decir, de su historia íntegra), por ver en ella una aberrante mixtificación político-religiosa. Es, en rigor, la misma tesis de los protestantes, que extrajeron en su tiempo una consecuencia más: si entre Dios y el alma sólo debe mediar la palabra de Dios –la Escritura–, libremente interpretada, la Iglesia –su magisterio y autoridad– está también de sobra.
Desde el ángulo de esta última interpretación, las mentalidades actuales se pierden hoy ante el aparente conflicto entre el derecho (y el deber) de cada hombre de vivir libremente la religión según su recta conciencia y el derecho (y el deber) de una comunidad a profesar públicamente su fe religiosa tradicional y a reprimir, como un mal y un delito, la pública difusión de la herejía o del ateísmo. Sin embargo, cualquier moralista cristiano de otra época sabría que se trata de un simple conflicto de derechos, como hay tantos en este imperfecto mundo humano, conflicto que se resuelve en la práctica cediendo el menor ante el mayor. Todo ello sin recurrir a la sospechosa noción del «debido orden público», que es un concepto policial, estatista y totalitario, en definitiva.
Ejemplificando: un hombre de otra religión que viva en un país confesionalmente católico –en España, por caso– tendrá el derecho y el deber de practicar su religión, de educar en ella a sus hijos, incluso de procurar su conservación dentro de los de su grupo o raza. Hasta aquí no existe conflicto, puesto que tales derechos pueden serle reconocidos –y de hecho lo son–, sin perjuicio para la fe del ambiente que le cobija. El problema surge ante el eventual deber que ese hombre tenga de propagar hacia el exterior y públicamente su fe en ese medio homogéneamente religioso con fe distinta a la suya. Ciertamente que un creyente normal no está obligado por ninguna religión a propagarla públicamente en un ambiente hostil, con grave peligro para sí y para los suyos. Caso distinto –y extremo– sería el del misionero, cuyo cometido específico sería la propagación expresa de esa fe. Este debe saber que al cumplir con su deber en países que comunitariamente profesen otra religión se exponen a ser perseguidos, lo que nunca deberán considerar como un acto injusto por parte de una sociedad cuyos fundamentos (verdaderos o falso) está él atacando. No con otra moral fueron siempre nuestros misioneros a países infieles (musulmanes, budistas, etc.), dispuestos siempre a abrazar el martirio si llegase la ocasión. Y ello porque tampoco los católicos han negado nunca a las demás comunidades el derecho y el deber subjetivos de profesar públicamente su fe y de inspirar en ella sus costumbres y sus leyes.
Por lo demás, el hecho de que toda sociedad –aun la que se crea y proclame más neutral y laicista– se apoya siempre en valores y creencias de común aceptación es algo innegable. Un nudista convencido, por ejemplo, puede creerse en el deber de predicar con el ejemplo y de salir a la calle en estado de naturaleza en el país más liberal y laico de Europa o de América. Ciertamente, lo mejor que podría suceder a ese hombre es caer en manos de un policía, porque en otro caso sería prontamente linchado por la multitud. Pues bien: en un país real y comunitariamente religioso, la predicación pública de otra fe o la negación de la propia es y debe ser un hecho más hiriente y escandaloso que la aparición de un hombre desnudo por la calle, y la autoridad debe de intervenir, como en aquel caso, para evitar que la gente tome la justicia por su mano. Negar esto es imponer eclesiásticamente que la religión deje de ser un factor vivo y emocional en la mente de los hombres; renunciar también a que sea el principio directivo de la civilización, entregándolo a los poderes de la tecnocracia estatal.
He dicho que más allá de estos dos sentidos de la Declaración Conciliar –recto el uno, oscuro el otro y lindante con la herejía– hay una tercera interpretación falsa y claramente apostática que, sin embargo, se nos hace pasar por buena en mil ocasiones bajo términos más o menos equívocos. Se trata de lo que hoy se llama humanismo religioso, esa especie de culto del Hombre y de su Progreso, tan semejante a esa «idolatría del final de los tiempos en la que el hombre se adorará a sí mismo». Según esa interpretación, el Hombre, producto cumbre de la Evolución, asciende por la Ciencia y el Progreso hasta una plenitud feliz, cooperativa y pacífica en la que, superado el mal y el pecado original, alcanzará el Paraíso sobre la Tierra. El Cristianismo –un cristianismo desmitificado y racionalizado– vendría a ser una como prefiguración o profecía de esa ascensión natural del Hombre a su apoteosis terrenal. La religión del Dios que se hizo hombre vendrá así a identificarse (y a confluir en el punto omega teilhardiano) con la Religión del Hombre que se hace dios. La libertad religiosa no sería entonces sino la liberación del hombre respecto de las trabas de una religión mitificada mal comprendida para su espontánea y recta ascensión hacia esas metas de plenitud natural. Ante esta última interpretación, evidentemente apostática –pero consecuencia clara de aquella segunda interpretación–, los filósofos del Humanismo Integral, y las altas figuras de la Iglesia que lo han propagado, responden horrorizados, doliéndose de la cosecha que ellos mismos han sembrado.
Se ha dicho que a los españoles nunca se les arrancará la fe católica que heredaron de sus mayores ni por la fuerza de propagandas impías ni por la fuerza de persecuciones violentas. Buena prueba fue de ello la coyuntura gloriosa del 18 de Julio, que reunió bajo un mismo entusiasmo religioso a hombres de toda procedencia que habían sentido idéntico ultraje en su fe. Se ha dicho también que a los españoles sólo se les podría arrancar esa fe desde dentro de la misma Iglesia, y ese parece el designio actual de los enemigos (marxistas o demócratas) de esa raíz católica del pueblo español. A nosotros corresponde demostrar hoy que tampoco así se conseguirá que España deje de ser católica.
Estos Procuradores en Cortes cuya labor hoy aplaudimos han dado el primer paso para poner de manifiesto esta reserva de fe y de integridad que, aun en las más trágicas circunstancias, conserva nuestro pueblo. Ellos saben que ninguna compensación personal van a encontrar a su labor por conservar la fe recibida. Antes al contrario, serán públicamente tachados de más papistas que el Papa, como si el papismo (es decir, el catolicismo) pudiera tener límites, como si la fe católica no se hubiera salvado allá en la lejana época del arrianismo por la acción doliente y respetuosa de grupos de santos y de héroes frente a las mismas vacilaciones del Papa Honorio; como si no hubieran sido los mismos reyes de España los que frente al protestantismo impulsaron a los propios Papas a aclarar la situación y convocar el Concilio de Trento.
Serán públicamente tachados de ultras. Como bien sabéis, fueron los ultras unos hombres arraigados desde varias generaciones a la Argelia francesa que afirmaron que la política abandonista de cierto general al que ellos mismos dieron equivocadamente el Poder llevaría rápidamente al abandono por Francia de la zona argelina, a su propia ruina familiar y a la pérdida de la fe cristiana en el territorio. Hoy se han cumplido punto por punto sus profecías; la obra de más un siglo se ha perdido allí para Occidente y las iglesias argelinas se han convertido en mezquitas.
Saben también que serán llamados integristas, como si la fe católica que recibieron de sus padres no hubiera de ser transmitida a sus hijos en toda su integridad. Saben, en fin, que serán llamados reaccionarios, como si la vida no fuera reacción, como si todo enfermo no aspirara a reaccionar, como si fuera ya cosa probada la teoría marxista de la dialéctica o del viento de la historia que conduce fatalmente al socialismo, por modo tal que todo esfuerzo de reacción frente al mismo fuese de antemano vano, irrisorio.
Tienen ya que soportar crónicas frívolas en las que se ridiculizan sus esfuerzos por las personas más obligadas a sostenerlos, o chistes necios en los que se consideran sus palabras «música celestial».
Ellos saben, sin embargo, que en España no están solos, que la esperanza de muchos, la salud espiritual de todos y la fe de nuestros hijos esperan en su esfuerzo y en su sacrificio. Que las primeras batallas vividas deben cimentar otras mayores y ya próximas y, que al término de cada vida sólo cuenta el deber cumplido.
Discurso de don Blas Piñar
Extinguidos los atronadores aplausos que le fueron tributados a don Rafael Gambra por su brillantísimo discurso, elocuente, incisivo, profundo, se levantó a hablar en nombre de los Procuradores homenajeados –catorce laicos y un sacerdote– el notario de Madrid don Blas Piñar, que fue saludado con nutridos aplausos y aclamaciones.
He aquí el discurso del insigne y batallador patricio:
Me cabe el honor de levantarme para contestar a las palabras llenas de afecto y de doctrina del profesor Rafael Gambra. Lo hago en mi propio nombre y en el de mis compañeros, los Procuradores en Cortes a los que tributáis este homenaje, y entre los que sin duda, por el agobio de tiempo, no incluisteis a Domínguez Marroquín, el dinámico y contundente vizcaíno, ni a Jesús Fueyo, el hombre agudo, de los razonamientos aplastantes. Me levanto a hablar con alegría porque ha sido para mí una ocasión –la que ha dado origen al acto que ahora se celebra– de estrechar unos vínculos amistosos que si hasta la fecha podían tener su fundamento en la simpatía mutua, desde ahora tienen una raíz más profunda: la de saber que por encima y más allá de los matices ideológicos con que pueda etiquetársenos, nos une de forma entrañable, y creo también que definitiva, una manera común de entender, de amar y de servir a España. Nosotros estimamos que una nación no es sólo un conjunto de estructuras políticas, económicas, culturales, jurídicas y castrenses. Nosotros creemos que una nación se caracteriza y perfila por su alma, por sus valores religiosos, que son los que se hallan en la cima de su patrimonio espiritual.
En el curso de las discusiones de la Comisión de Leyes Fundamentales cité a este propósito la encíclica «Populorum progressio», tan frecuentemente esgrimida como una concesión al oportunismo, cuando la verdad es que nada hay en ella que no recoja sustancialmente el pensamiento recibido, o como afirmaba la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española –refiriéndose a la doctrina del Concilio–, «la enseñanza tradicional de la Iglesia acomodándola a la condición humana de nuestro tiempo».
Pues bien, el Papa, en la «Populorum progressio», escribe: «Rico o pobre, cada país posee una civilización recibida de sus mayores; instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones superiores –artísticas, intelectuales y religiosas– de la vida del espíritu. Mientras que éstas tengan verdaderos valores humanos, sería un grave error sacrificarlas a… otras. Un pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría, para vivir, sus razones de vivir.»
Pero si nadie puede negar que nuestra civilización, la que hemos recibido de nuestros mayores, está impregnada no sólo de verdaderos valores humanos, sino del supremo valor religioso, de la única fe verdadera; si nuestros prelados y el Supremo Pontífice nos estimulan a conservar como un tesoro y como el supremo valor de nuestros bienes el de la unidad católica, el de la fidelidad del pueblo a la religión revelada, es decir, como asegura Pablo VI en la «Ecclesiam Suam», a la «exenta de error, perfecta y definitiva, según la cual quiere ser conocido, amado y servido», no puede caber la menor duda que nuestra posición en las Cortes era la única acertada, tratando de conciliar la libertad civil en materia religiosa con el mantenimiento de esa unidad, en tanto que aquélla, a través de creciente pluralismo religioso, que no sería más que un fomento de la apostasía, quebrara y rompiera este don de la unidad católica que el mismo Pablo VI califica como «un don de orden y calidad superior para la promoción social, civil y espiritual de un país».
Por otra parte entendíamos, al hacer uno de nuestros argumentos, que nuestra línea de conducta se enmarcaba dentro del más afinado ecumenismo, toda vez que si este movimiento pretende la unión de los cristianos en la única Iglesia verdadera, no podíamos comprender que manteniéndose fiel a la misma el pueblo español como unidad moral, lo aconsejable fuese destrozarla primero, para buscarla después. A este fin gravitaron con peso, aunque sin demasiado éxito, las palabras de Su Eminencia el Cardenal Bueno Monreal: «Si es un escándalo la división, es también un escándalo el proselitismo, ir a predicar el Evangelio donde ya existe.»
De aquí que para nosotros el tema de la libertad civil en materia religiosa debería ser tratado por nuestro legislador de manera diferente a la proyectada, es decir, no planteando el tema en líneas generales, como si se tratara, en un plano de aséptica igualdad, de la regulación de un derecho idéntico y hasta ahora desconocido para católico y acatólicos. A nuestro modo de ver, y partiendo de la confesionalidad del Estado y de la unidad católica de la nación, consagrada a los preceptos constitucionales y vivida como una realidad consoladora, hubiera bastado desarrollar el párrafo segundo reformado del artículo 6.º del Fuero de los Españoles, conforme a la Declaración «Dignitatis humanae», con un Estatuto para las minorías acatólicas en nuestro país que les garantizara «hic et nunc» los derechos que la doctrina conciliar y el ordenamiento jurídico español les reconocen. Esto no era, como se ha escrito en primera plana en un órgano de gran difusión, que nos hubiéramos equivocado de Concilio, sino, sencillamente, que no nos habíamos equivocado de país.
Para nosotros, el problema fundamental era el de la enseñanza. Si el pluralismo es un mal, porque en el plano teológico se opone al deseo de Cristo, que luego recogió San Pablo, y se halla en pugna con la unidad católica del pueblo español, nuestro deber era, respetando el derecho, no ya civil, sino natural, de los padres en la formación religiosa de sus hijos, evitar que este derecho, desbocándose, pudiera convertirse en un instrumento para el proselitismo.
La cuestión fue centrada en tres puntos, a saber: El de los centros de enseñanza para acatólicos, con respecto a los cuales no hubo discusión.
El de los centros de enseñanza católicos, a los que pueden asistir católicos y acatólicos. Estos, lógicamente, pueden darse de baja en la asignatura de Religión. Pero, ¿también podrían darse de baja aquéllos? La propuesta de una emancipación religiosa «ministerio legis» a los dieciocho años, propuesta por algunos, no prosperó, estimándose que atentaba al derecho natural que corresponde a los padres a la formación religiosa de sus hijos.
El de los centros de enseñanza del Estado, que es confesionalmente católico, en los que habría de exigirse no sólo la enseñanza de la Religión Católica, sino que la enseñanza toda se inspirase en la moral y en el dogma católicos. De las tres soluciones propuestas, profesorado católico, no exigencia de confesionalidad, aunque sí de enseñanza no contraria al dogma y a la moral, prosperó la última.
El «quid» de las soluciones legales está en que sean respaldadas por una política eficiente, como dijo Alfredo López, refiriéndose a la Universidad de su época. De aquí el peligro del fraude para los padres católicos, que confían en que en los centros docentes del Estado se ha de dar a sus hijos una enseñanza católica y en realidad la reciben –la están recibiendo en parte– agnóstica y atea.
Por último, aunque la cuestión era menos trascendente desde el punto de vista práctico, insistimos los Procuradores que reciben el homenaje, en los límites del derecho civil a la libertad religiosa, representados por el bien común nacional y por la religión católica. Aquel límite fue rechazado después de una larga discusión que el «Boletín de las Cortes» recogerá íntegramente en su día. El segundo se recogió variando la letra del proyecto que calificaba a la religión católica como la de la mayoría de los españoles, en el sentido de ser la religión de la nación española, pero soslayando la declaración de ser la verdadera.
Es verdad que la declaración está hecha en los Principios Fundamentales del Movimiento y que nada añadía la repetición, pero también es verdad que la acusación formulada con firma religiosa de que el Estado no podrá formular juicios de valor a este respecto es absurda, no sólo porque en tal caso no podría formularlos sobre moral, sino porque el texto de la «Dignitatis Humanae» habla del deber moral de las sociedades con respecto a la religión verdadera, y la sociedad en su instancia suprema se vale, para su expresión, del Estado.
No quiero terminar sin deciros que las tesis del encuadramiento europeo de España, la burlona apelación a nuestro quehacer histórico, como un disco rayado; la necesidad de que nos entreabran las puertas de las organizaciones económicas, se lanzaron contra nuestra postura.
A ello supimos responder que los pueblos que mendigan concesiones se les da como limosna el menosprecio; una nación para vivir no puede perder sus razones de vivir; y que España, fiel a sí misma, no escucha siempre un disco rayado, aunque unas veces, con voz limpia y nueva, rehaga y reproduzca su propio quehacer histórico. Y así Moscardó emula a Guzmán el Bueno, y Santa María de la Cabeza a los héroes numantinos. No hemos de dar vueltas a la misma manzana, pero tampoco caminar a empujones o corriendo detrás de las golosinas con que pretenden engatusarnos, sino con nuestro criterio y nuestra brújula, nuestros intereses y nuestros ideales. Sólo así España puede ser distinta y abierta a la unidad de destino que señalaba José Antonio.
Hemos sido atacados, ironizados. Ha sido una lucha difícil. No creemos que los Procuradores en Cortes que han defendido posturas contrarias o distintas a las nuestras, ni tampoco aquellos que no han comparecido a las deliberaciones o que estando presentes guardaban un silencio cauteloso, hayan combatido la unidad católica de España. Dios nos libre de pensarlo. Y no creo que los organizadores del acto lo piensen tampoco. Lo que ocurre es que ellos han creído que a su modo defendían mejor esa unidad. A nosotros, que no hemos conseguido en el debate todo lo que pretendíamos, nos gustaría que tuvieran razón, porque no hay nada más enojoso que sentirse mal interpretado y que soportar las burlas, las agresiones y los insultos de quienes tomaban como enemigos de la lealtad religiosa a quienes queríamos asegurarla para todos, y en especial para el pueblo español, católico en su unidad moral, y para las pequeñas minorías extrañas al catolicismo.
Si a nosotros nos disgusta esta confusión, comprendemos que a ellos les moleste que alguien pueda identificarlos con los enemigos de esa unidad. Nos consta muy claro que no es a nosotros a los que puede imputarse esa identificación, aunque no hayamos compartido sus puntos de vista.
Al final de este combate queremos decir: «¡No importa!», como José Antonio en el tiempo difícil. Seguiremos luchando por la unidad católica de España, como decía el Compromiso de Peregrinos de la Juventud de Acción Católica, en la que he vivido mi adolescencia y mi juventud.
Y si esa unidad se rompe –Dios no lo quiera–, la Historia y Dios, que ha de juzgarnos a todos, dictará su sentencia definitiva.
A nosotros, que hemos batallado en las Cortes, y a vosotros, que nos traéis la inquietud y la angustia de una gran parte del catolicismo español, que también tiene derecho a ser oído y respetado, nos quedará siempre la alegría de haber cumplido, contra viento y marea, con nuestro deber de católicos y de españoles de 1967.
Aquí, en esta piedra, lanzada como proyectil y también como símbolo, está la primicia de nuestra razón y de nuestra victoria.
(La ovación y las aclamaciones duraron varios minutos.)
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