La resistencia a los poderes ilegítimos y de hecho


Verdadera doctrina sobre acatamiento, obediencia y adhesión a los poderes constituidos, y sobre la licitud de la resistencia a los poderes ilegítimos y de hecho. La política tradicionalista, es el nuevo y algo largo título que añadimos a la biblioteca digital en línea de Carlismo.es. Se trata, como indica su portada de una «conferencia dada por D. Manuel Senante el día 3 de abril de 1932, en el teatro de la Casa de los Obreros de Valencia, seguida de un documentado artículo sobre la misma materia». A finales de julio de 1936, los tercios de requetés marchaban a la Cruzada. La historiografía liberal ha presentado a los carlistas como hombres incultos, despiadados y crueles. Leones dirigidos por asnos en busca de quijotescos ideales y empleados como bomberos de los excesos de las bandas de signo contrario. No. El Carlismo nunca tuvo estos rasgos. La razón guiaba su acción. La mayoría de la historia del Carlismo transcurre en períodos de paz. Año a año, la presión liberal disminuyó y disminuye los restos de la Tradición. La acción, pues, no debía depender absolutamente de la labor armada, pues como decía Simo: «Ni por golpes de Estado, ni por dictaduras militares, ni por movimientos de fuera, se puede hoy implantar radicalmente un régimen nuevo, porque esperando la hora propicia para esa reacción completa no encontraríamos al final de la jornada más que el cadáver de la patria». Ahora bien, el tradicionalismo continuó su actividad pero sin dejar de contemplar la guerra como medio legítimo. Si tras la Tercera Guerra no hubo ninguna rebelión no fue por inmoral, sino por inoportuna. Los reyes legítimos siguieron reivindicando sus derechos y los gobiernos usurpadores no adquirieron ninguna legitimidad. La sustitución de la legitimidad por la legalidad, como si ésta pudiera prescindir de aquélla, nunca fue contemplada. La proclamación de la II República fue recibida en la Comunión Tradicionalista en sus justos límites. Tampoco el Carlismo era de aquellos que juraban fidelidad para conspirar, sublevarse y derribar más fácilmente a mansalva. Es más, Jaime III ordenó en los inicios del nuevo régimen la cooperación en el mantenimiento del orden público y protección de lugares de culto. Sin embargo, la actitud cambió por el devenir de la situación. Antes de la muerte del Rey, las diferentes familias tradicionalistas se unían bajo la disciplina del partido carlista: integristas, jaimistas y mellistas. El símbolo de aquella unión fue el mitin de la Plaza de Toros de Pamplona el 14 de junio de 1931, en vida de Don Jaime. El creciente anticlericalismo y las disposiciones legislativas causaron impacto entre los tradicionalistas. Entre las medidas se incluían la disolución de los jesuitas, la prohibición de procesiones, la restricción de la educación católica, la supresión del crucifijo en los espacios públicos, la Ley del Divorcio… En definitiva, la secularización de la vida pública. Este hecho despertó al español de la apatía. Los sucesos de mayo sentenciaron el carácter republicano: la quema de conventos era un aldabonazo para la reacción. Don Alfonso Carlos, en el manifiesto de los Santos Reyes en 1932, afirmaba: «esa Constitución podrá ser el ideal de una República atea nacida inesperadamente de la violencia y de un motín afortunado, pero no puede ser la ley fundamental de España». Entre los escritos que discutían la legitimidad de los poderes constituidos destacaban los de Manuel Senante, García Solana y Castro Albarrán. Ya en época temprana, Antonio Pildain, posteriormente Obispo de Canarias, mostraba las medidas ante las leyes injustas: la resistencia pasiva, dentro de la legalidad, o la fuerza armada. El canónigo magistral de Salamanca y rector del seminario de Comillas, Aniceto de Castro Albarrán, con el patrocinio de Acción Española, publicó El derecho a la rebeldía en la editorial Cultura Española en 1933. Tanto el nuncio Tedeschini como el Cardenal Vidal lo estimaron contrario a la doctrina política de la Iglesia y los mandatos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede destinados al episcopado español. En consecuencia, Castro Albarrán tuvo que renunciar al rectorado de Comillas. La actitud del episcopado no sorprendía a los carlistas. Tras sesenta años de régimen saguntino, el ejercicio ilegítimo del Patronato Regio había deteriorado el perfil episcopal. Más tarde, la revista quincenal Tradición, también hizo referencia a Castro Albarrán y la defensa de Marcial Solana. En palabras de Manuel Fal Conde: «Así venía debatiéndose el carlismo en defensa de las posiciones políticas que entonces se llamaban de tesis, a veces discreta o secretamente alentados por decretos meritísimos, pero en lo público desvalido, cuando no contradicho con la jerarquía. […] La necesidad de defender la sociedad civil en el terreno en que era atentada, esto es con la fuerza, quedó patente cuando ante las elecciones de 1936 pude demostrar a los jefes de los partidos políticos que aquella coalición nacida tan fracasada, que si las ganábamos saltaría la Revolución roja y concertada con Rusia. Y si las perdíamos se daría un gran avance hacia las izquierdas. O nos sublevábamos o perecíamos. […] Se salvó España, se salvó la religión y se defendió Europa y el mundo». La conferencia de Senante, aunque desbordada en algún detalle accidental por su apasionado amor a los Pontífices y algo hiperbólica en materia de la obediencia debida al Papado ―señal de su origen en el Partido Integrista― es un monumento tanto a la ortodoxia carlista y tradicionalista, como a la escrupulosa fidelidad a la doctrina perenne de la Iglesia, formulada en aquella frase de San Basilio Magno: «y no tenemos el atrevimiento de transmitir como Fe los frutos de nuestra propia reflexión, de modo que no convertiremos en humanas las palabras de piedad». En efecto, su discurso comienza con dos advertencias: una, la necesidad de hacer política, en el sentido verdadero y piadoso de política, y no en el sentido deformado por la Revolución; la otra, la de no hacer juicios sobre las buenas intenciones de los que no están en las filas de la gran familia tradicionalista, pero sí señalarles su falta de prudencia política por no estar con quienes se aplican a la defensa del Reinado Social de Cristo. Desarrolla la concepción de prudencia política, que va a reaparecer varias veces a lo largo de su discurso (8-11). A continuación, respecto a la unidad, habla de la unidad verdadera y, tras explicar cómo las coaliciones en que se ha negociado con la verdad han acabado en fracasos y en desuniones aún mayores que las anteriores (12) y dejar claro que el Tradicionalismo no es de derechas porque no es revolucionario (13), responde a los que pretendían negociar con la verdad en los siguientes términos: «Formen sus organizaciones los que no piensen como nosotros; en su derecho están; me parece que se equivocan, pero no les niego el derecho a formar otras agrupaciones, e incluso esas mismas a las que antes me refería. Y ojalá se nutran sus filas. Pero que las nutran no viniendo a hacer captaciones en las filas de los que aspiramos a lo más y lo mejor». Y alienta, en cambio, a que se unan a ellos, como él mismo ha hecho, a los que defienden análogos principios (14-15), que son los principios que define a continuación, empezando por el de la Unidad Católica, que no se defiende por interés, sino, precisamente, por el máximo desinterés (16-17). En un segundo momento, demuestra que los intereses de España están ligados a una serie de instituciones concretas y funcionales coronadas por la verdadera Monarquía, que nada tiene que ver con la llamada Monarquía liberal o parlamentaria, puesto que ésta sustancialmente no se diferencia en nada de la República; además de ser aquel régimen el más eficaz para el bien de España, es también el más eficaz para ser buen católico (18-19). Tras una consideración sobre el papado muy en línea con la facción integrista a la que había pertenecido (20), va a desarrollar cómo la idea tradicionalista de la autoridad está en completa continuidad con la que ha sostenido siempre la Iglesia Católica; va unida a la noción de legitimidad, de manera que la autoridad viene de Dios, pero no es posible reconocer autoridad en alguien que detenta ilegítimamente el poder. Ahora bien, sí es preciso distinguir entre la adhesión o reconocimiento a la autoridad y sujeción a la autoridad «de momento» (sic!), por motivos de prudencia política, en algunas circunstancias, en las que prima el bien común, al que está vinculado el mantenimiento de un mínimo orden social, pues el bien común es el bien principal en la sociedad (21 y ss.). Puesto que algunos habían pretendido acallar las voces del tradicionalismo poniendo ejemplos de otros países como Francia y Alemania (aspecto que se ve desarrollado aún más ampliamente en las notas, pp. 55-59), Senante explica cómo la doctrina es inmutable, pero la jerarquía de la Iglesia aplica regulaciones concretas en las aplicaciones concretas de esa doctrina según las circunstancias concretas de cada contexto concreto; y demuestra que determinadas regulaciones establecidas en países diferentes a España, en contextos y circunstancias diferentes, no son trasladables al caso de España (26-31). Después de recordar quiénes son los pérfidos y responsables últimos de los males de la sociedad y el tipo de sectas que acaudillan esos males organizados (31-36), alude a las violencias anticristianas que han demostrado, en la práctica (aspecto más ampliamente desarrollado en las pp. 61-63 de las notas), las intenciones de los promotores de los modernos modelos de república (37-38), ante las cuales se reafirma de nuevo la idea católica tradicional de que tales poderes no deben ser reconocidos como autoridad ni mucho menos reconocidos (39-40). Frente a posibles objeciones antitradicionalistas, advierte que si no es obligatorio adherirse a un poder que no persigue ―al menos abiertamente, como habían sido algunos anteriores― tampoco lo es el adherirse al que sí lo hace abiertamente, y desarrolla pormenorizadamente cómo la idea de la resistencia contra el poder ilegítimo está ampliamente fundamentada en el Magisterio (40-47); aspecto pormenorizado en las notas, acerca de cómo esta resistencia no es en ningún caso sedición ni rebelión (pp. 65 y 73). Antes de exponer las conclusiones (48-49), responde a la objeción que algunos han planteado, de si no existen otros regímenes legítimos lícitos, aparte de la Monarquía; explicando que, aunque haya indiferencia de varios tipos de gobierno en la teoría, no la hay en la práctica concreta de España, pues en la tradición española hay un modelo muy claro que es el de la Monarquía tradicional (47-48). El final de las notas (pp. 79-96) se consagra al estudio de cómo los enemigos de la Iglesia han tratado de aprovecharse de la autoridad eclesiástica para llevar a cabo su manipulación, mediante una autoridad mal entendida, para obligar así los cristianos a la aceptación de un régimen anticristiano.
Manuel Senante Martínez nació en 1873 en Alicante. Ingresó en el partido integrista tras un breve paso por el partido conservador. Combinó el periodismo y la política, ocupando durante años el escaño por el distrito de Azpeitia. Según Romanones era un «orador fogoso, aficionado a las frases gruesas que, cuando hablaba, parecía un energúmeno siendo en el fondo hombre todo bondad». Como español, defendió la foralidad de las diferentes regiones españolas. Retornó a la disciplina carlista en los inicios de la Segunda República, participando en el mitin de Pamplona del 14 de junio de 1931 que sellaba la unidad de la Comunión Tradicionalista. Elevado a la Junta Suprema Nacional, compartió posición con Lorenzo Sáenz, José María Lamamie de Clairac, Juan María Romá, el Marqués de Villores o Esteban Bilbao. Se presentó a diputado por Alicante en 1933 y 1936, sin obtener acta. Fue director, tras la muerte de Ramón Nocedal, del famoso El Siglo Futuro, aquel periódico católico fundado por Cándido Nocedal que en su tiempo fue el principal órgano de prensa del integrismo. Con la República, el periódico hizo apología de la verdadera monarquía, luciendo en su cabecera el lema «Dios, Patria, Rey». El final del El Siglo Futuro llegó con la guerra, cuando sus talleres fueron incautados por la CNT; aunque durante su última etapa había sufrido numerosas suspensiones e incluso intentos de asalto. El régimen de Franco no se portó mejor con el diario e impidió que volviera a publicarse. El alicantino sobrevivió a la guerra, aún la persecución a su persona, y se estableció en Vitoria. No admitió el Decreto de Unificación ni tuvo ningún cargo en el franquismo, permaneciendo fiel como miembro del Consejo de la Comunión Tradicionalista hasta su muerte el 25 de junio de 1959 en Madrid.
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Senante. Verdadera doctrina sobre acatamiento, obediencia y adhesión.

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