«Derrumbe institucional» por Juan Manuel de Prada para el periódico ABC, artículo publicado el 12/XI/2018.
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Afirmaba José María Pemán, con su finura y gracia incomparables, que la separación de poderes no fue otra cosa sino un arreglito o componenda que hizo el buen sentido inglés para solucionar la revolución que decapitó al Rey Carlos I y evitar que los poderes se pelearan, dándole un poco al Rey, otro poco al Parlamento y otro poco a los jueces. El invento -proseguía Pemán- no tiene más enjundia que el arbitrio expeditivo del guardia urbano que separa a unos borrachos que se están zurrando a la puerta de un burdel. Pero en España a los poderes no basta con separarlos; más bien habría que divorciarlos y ponerles orden de alejamiento, para evitar que se despedacen entre sí. Son la prueba evidente de un clamoroso derrumbe institucional que nos confirma aquella perspicaz afirmación de Bertrand de Jouvenel sobre las dos dinámicas propias del poder del Estado: o se acrecienta hipertróficamente, hasta absorber en su seno todos los poderes sociales, envileciéndolos; o bien se desintegra a causa del parasitismo de quienes lo ejercen, utilizándolo al servicio de sus particulares intereses.

Una prueba de este derrumbe institucional nos la ha brindado la actuación de nuestros tres poderes en el lío del impuesto sobre las hipotecas. Primeramente el poder legislativo redactó una norma asquerosamente ambigua que permitía las más pintorescas y arbitrarias interpretaciones. Pero la ambigüedad delirante de la norma era, en realidad, el floreo de un rufián que quieren distraer con cuestiones leguleyas la iniquidad constitutiva de un impuesto confiscatorio con el que paga las parrandas de sus putitas, las señoras autonosuyas, que son unas tragonas insaciables. Pues lo que el poder judicial tendría que haber decretado es que este impuesto es una exacción inicua, en lugar de ponerse a descifrar el floreo del rufián.

Pero en épocas de derrumbe institucional hasta el poder judicial está infestado de pintureros que se saltan a la torera la función primordial de un tribunal de casación (que no es otra sino casar sentencias) y se dedican a evacuar sentencias contradictorias, entrando al trapo en el juego de ambigüedades urdido por el rufián del poder legislativo. Claro que la sentencia populista que desató el lío no habría sido jamás evacuada si al frente del tribunal no hubiera unos baldragas que, en lugar de vigilar las maniobras de sus subalternos, se las dejen meter dobladas y luego pretenden absurdamente recoger la leche derramada, para mayor desdoro del Tribunal, mientras las masas que primero han sido halagadas y después dejadas a dos velas se encrespan.

Y entonces aparece como una hiena que olisquea la carroña el doctor Sánchez, posando de Robin Hood ante la galería (pero todos sabemos de siete sobras que es el sheriff de Notthingam), y aliña un decreto demagógico para volver a halagar a las masas, a las que hace creer que el impuesto lo pagarán los bancos (como si los bancos no fuesen a repercutir el gasto sobre los prestatarios); consiguiendo, además, que las masas crédulas y fácilmente manipulables olviden que son el Estado y sus putitas tragonas los causantes de su desgracia. Y de paso, en el colmo de la carroñería, el doctor Sánchez desacredita a los baldragas del poder judicial, en vísperas del juicio al independentismo catalán.

Así, en manos de rufianes, baldragas y carroñeros que se pelean como borrachos a la puerta de un burdel, se derrumban las instituciones y el Estado se desintegra. Y entonces resuena, feroz como una maldición bíblica, aquella frase profética de Donoso Cortés: «El principio electivo es de suyo cosa tan corruptora que todas las sociedades civiles, así antiguas como modernas, en que ha prevalecido han muerto gangrenadas».

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