Tema: Derogación ley del aborto

LOS CARLISTAS EXIGEN LA DEROGACIÓN DE LA LEY DESPENALIZADORA DEL ABORTO



En el 22º aniversario de la Ley del Aborto

05.julio.2007

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Los carlistas exigen la derogación de la ley despenalizadora del aborto.

http://www.ctcarlista.org


Hoy 5 de julio, se cumple el vigésimo segundo aniversario de la despenalización del aborto en España, confirmada en noviembre de 1985 por el Tribunal Constitucional. Por la misma, quedaron despenalizadas cualquier iniciativa y práctica para abortar en tres supuestos: malformaciones del feto, embarazo como consecuencia de una violación y peligro físico o psíquico para la madre, al cual se acogen la casi totalidad de los abortos registrados en España.


La Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) quiere hacer constar los siguientes hechos:


· La despenalización de un crimen lleva a la confusión de la conciencia. La Ley del Aborto se impuso tras una feroz campaña en la que se esgrimieron argumentos tan aberrantes como falsos. Así, en su día se pretendió que clandestinamente estaban abortando centenares de miles de mujeres en España, por lo que era preferible legalizar dicha situación. Al año de despenalizar el aborto, el número de mujeres que abortaron apenas pasaban las tres decenas. Sin embargo, la función pedagógica inherente a toda ley ha hecho que a día de hoy el número de abortos al año ascienda a 91.000. La mayoría de las personas tiende a pensar que las leyes aprobadas por el Estado son buenas y coherentes con los principios morales objetivos. Si bien al promulgarse tal ley hubo una fuerte contestación social y la gran mayoría de la población estaba en contra, la “normalización” del hecho ha provocado que un porcentaje alto de la personas sea proclive a favorecer el aborto en, al menos, los supuestos legales. La reacción inicial ha derivado en un silencio y una apatía que ha resultado de una política gubernamental y judicial de “hechos consumados”.


· Los supuestos en los que la ley permite el aborto tienen fundamentos claramente contrarios a la dignidad de la persona humana y, consiguientemente, a la moral objetiva. Todos ellos, basan su permisividad en los presuntos beneficios que la madre obtiene abortando ante algún problema en el embarazo, sin tener en cuenta al más inocente de todos: la persona concebida y no nacida. Uno de ellos -malformación del feto- ni siquiera apela a las circunstancias de la madre, sino que se trata de una práctica netamente eugenésica en la que se causa la muerte a la persona por deficiencias físicas. Ni la salud de la madre, ni el hecho de que el embarazo sea consecuencia de una violación justifican que dichas dificultades acarreen la muerte del propio hijo.


· El aborto causa dolor a la mujer. En todo caso, lo que esconde la ley es que, además de la muerte del hijo, ninguna circunstancia puede hacer siquiera subjetivamente favorable el aborto para la madre, pues conlleva traumas psicológicos, los cuales hace años están descritos médicamente y son escandalosamente silenciados por las Administraciones públicas. El aborto es siempre contrario a la naturaleza humana y el instinto maternal de la mujer.


· La despenalización del aborto -incluida la Píldora del día después- favorece la irresponsabilidad personal y social, así como promueve el aumento de embarazos no deseados, especialmente entre una juventud desorientada, desde campañas asfixiantes que tienen su epicentro en la misma Administración Pública entregada a una violación sistemática de la conciencia personal y social.


· A día de hoy, la propia ley de despenalización del aborto no se cumple, habiéndose llegado de facto a la liberación total del aborto. Esta situación se agrava con el hecho de que ninguna formación política con representación parlamentaria hace frente al constante genocidio que sufren los no natos en España. Por supuesto, el Partido Popular, tan ocupado en el bienestar económico, tampoco quiso evitar el número de muertes de los no nacidos, alcanzándose en sus ocho años de gobierno el número de medio millón de abortos practicados, la cifra más alta hasta aquel entonces.


Por todo ello, la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) exige una vez más la derogación incondicional de una ley que al año permite la muerte de casi cien mil inocentes, así como hacemos un llamamiento a la sociedad para combatir la ideología materialista y hedonista que favorece el incremento de embarazos no deseados y del número de abortos.


http://www.ctcarlista.org


5 de julio, San Antonio María Zaccaría

Madrid, 22 agosto 2007. El ordenamiento jurídico vigente de hecho en España es incompatible con la fe católica desde hace muchos años, tanto por sus fundamentos como por su normativa. Mas en los últimos tiempos (como viene informando FARO) ese carácter anticristiano se hace cada vez más agresivo, en medio de la indiferencia general.

La gravedad de la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, condenando a dos médicos que trabajaban en el Instituto Catalán de Salud a indemnizar con 90.152 euros a una pareja cuyo hijo nació con síndrome de Down, consiste no sólo en que tanto el tribunal como unos padres desnaturalizados consideren legítimo asesinar a un niño no nacido por padecer una ligera disminución, y lamenten no haberlo hecho; sino también en que exige a los médicos que ofrezcan y lleven a cabo las pruebas que supuestamente detectan enfermedades o debilidades del niño no nacido.

El tribunal aplicó la Ley General de Sanidad de 1986, que establece el "derecho" del usuario de los servicios sanitarios (esta misma expresión, que reduce la sanidad a objeto de consumo, da idea de adónde nos lleva el Nuevo Orden Mundial y sus delegaciones locales del PPSOE), públicos o privados, a recibir, en el caso del diagnóstico prenatal, explicación detallada del proceso de gestación, lo que le permitirá tomar decisiones "tanto de presente como de futuro".

Tanto los colegios de médicos como el episcopado guardan silencio. Parecería que no importase que sentencias y normas como estas vayan reiterando que un médico cristiano no puede ejercer en España.


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