Pan para hoy, hambre para mañana
La subida de impuestos en una dirección equivocada
Aunque era una presunción cantada, no se esperaba que el Gobierno se lanzara tan pronto a la yugular impositiva, un tema siempre sensible, aumentando en esta ocasión los impuestos correspondientes a la gasolina y el tabaco, anunciando de pasada que tras el verano pueden venir más subidas. Podían haberlo dicho justo un poco antes de consumarse las elecciones, en lugar de ocultar una decisión que ya tenían tomada; pero en fin, ese ya es otro tema.
Hablemos de los impuestos, mejor dicho de su aumento. Es la consecuencia lógica de un gasto público desatado, con el agravante que la mayor parte del mismo no posee la capacidad de incidir sobre el tejido productivo o regenerar aspectos ligados con la crisis. Básicamente se trata de hacer frente a los costes del aumento del número de parados, las futuras disposiciones para atender a aquellos a los que se les ha terminado dicha prestación y también esa especie de macro PER municipal que significan los 8.000 millones para obras ultrarápidas de los ayuntamientos, pan para unos días y hambre para después.
En el aumento de los impuestos, el de la gasolina es sin duda el más sensible de todos porque incide de una manera decisiva y en cascada en los costes de producción. Su efecto sobre la productividad en muchos sectores no será ciertamente beneficioso. Y este hecho, unido al anuncio de nuevos aumentos pero que en ningún caso afectarán al IVA, señala el camino equivocado. El Gobierno argumenta que un crecimiento del IVA frenaría el consumo. Los sindicatos, por su parte, razonan que como todos los impuestos indirectos es poco equitativo porque todos lo pagan por igual con independencia de sus ingresos. Aunque ambas cuestiones son en buena medida ciertas, también hay que decir que son muy matizables, y que en último término todo depende del camino que se desee emprender.
Lo que frena y lo hará más todavía el consumo es el 17% de parados. Mientras esta cifra no sólo no se reduzca, sino que crezca, no habrá consumo que valga; y en este punto es donde se encuentra la opción entre los caminos a seguir. Como vienen afirmando las Cámaras de Comercio y otras entidades económicas, y muchos profesionales, la forma más rápida de generar ocupación y mejorar al mismo tiempo la productividad (circunstancia que en este país nunca va de la mano) es reduciendo substancialmente la cuota de la Seguridad Social que paga la empresa, y que representa por término medio el 28% del coste del trabajador para la misma. Es en realidad un gran impuesto al puesto de trabajo. La forma de abaratar la ocupación sin afectar negativamente al salario, es actuando por esta vía.
Hay países que además constituyen buenos ejemplos de gestión, que ya lo han hecho de una manera rotunda y radical. Es el caso de Dinamarca. También Alemania lo aplicó durante un determinado periodo de tiempo para ayudar a salir de la crisis en que se encontraba el país. Naturalmente si se reduce aquella cuota en una proporción que tenga eficacia, debe compensarse el ingreso por otra parte. Y ahí es donde interviene el IVA. Podría subirse un par de puntos -que además tiene los niveles más bajos de Europa- para compensar aquella pérdida. Pero eso sólo es posible si no continúa la cascada de incrementos impositivos. O se escoge una vía o la otra. Desde nuestro punto de vista aumentar impuestos para pagar gasto consuntivo, que no favorece la ocupación sino simplemente palia sus estragos, es un error porque la mejor manera de luchar contra nuestro problema es que la gente encuentre trabajo lo más rápidamente posible y sin presiones extraordinarias sobre su nivel salarial. Y eso significa reducir el coste de la seguridad social a la empresa.
La reducción de la cuota y el aumento del IVA no deberían ser simultáneos, sino que este último debería producirse un año después, para dar tiempo a recuperarse a la contratación y a su incidencia en el consumo.
Al mismo tiempo, el gasto público debería 'podarse', una ocasión para recuperar la austeridad: publicidad, asesores, estudios no ligados a la inversión y al ahorro público, gastos de representación deberían reducirse, mientras que el salario de los funcionarios, con excepción de los que sufren retribuciones muy bajas, como la Guardia Civil, deberían congelarse un año e incrementarse por debajo de la inflación otros dos.
Hay otro aspecto de la cuestión que no debe pasarse por alto y es la necesaria reforma del impuesto sobre la renta, porque el actual IRPF funciona sólo como un impuesto sobre las rentas del trabajo, mientras que los otros grandes ingresos pueden evadirse legalmente. Ahí hay también una importante bolsa de recursos. Esta actuación significaría, claro está, un aumento de la presión fiscal, pero solamente para aquellos que detentan rentas muy altas y que ahora se encuentran en una situación legal de privilegio. No deja de ser sorprendente el silencio político y social que reina sobre este extremo. Ni el Gobierno ni los sindicatos han hecho nunca bandera de esta cuestión, y es evidente que la gran patronal y el Partido Popular tampoco parecen estar interesados en la labor. El progresismo en esta país termina donde empiezan las grandes fortunas.
"QUE IMPORTA EL PASADO, SI EL PRESENTE DE ARREPENTIMIENTO, FORJA UN FUTURO DE ORGULLO"
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