La Policía investiga si un imán de la Cañada enseña a menores a hacer cócteles molotov
CARLOS HIDAGO. MADRID
Los ánimos siguen caldeados en la Cañada Real Galiana. Y la Policía sigue investigando qué se cuece. Agentes de Información y de la Policía Municipal estudian al milímetro los movimientos en el asentamiento ilegal. Y tienen sospechas de que el imán de la mezquita que se encuentra en la zona más degenerada de la Cañada, la que está ubicada en terrenos del distrito de Villa de Vallecas, está instruyendo a menores árabes de la zona sobre cómo se elaboran los «cócteles molotov».
Estas investigaciones policiales tienen su origen, especialmente, en los violentos altercados producidos el 18 de octubre en la zona de la Cañada que pasa por el distrito de Vicálvaro e, incluso, el barrio de cooperativistas de Covibar, en el término municipal de Rivas Vaciamadrid.
La Policía Nacional y la Municipal ya se pusieron a trabajar entonces en previsión de que se produjera un recrudecimiento integrista en los mensajes de los imanes de las mezquitas. Concretamente, hay dos en la Cañada, la mencionada de Villa de Vallecas y otra cerca de donde se produjo la batalla campal. Sin embargo, en esta segunda no se han detectado mensajes islamistas más allá de los habituales.
Es en la otra mezquita donde han surgido las sospechas. Si bien es arriesgado hablar de proselitismo, al menos desde un punto de vista radical, sí se investiga en esos planes de nuevos ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de cara a nuevos desalojos, que los habrá en un futuro.
Por los futuros derribos
«Este seguimiento se produce a raíz de los conocidos incidentes —indicaron fuentes policiales a ABC—». Y las supuestas instrucciones del imán irían, repiten, enfocadas a nuevos desalojos y derribos.
«Entre otras cosas, porque sí que se han enviado notificaciones a gente que vive en esa zona de la Cañada», dicen nuestras fuentes; es decir, a la zona «mala», la de Vallecas. Sobre el hecho de que se esté supuestamente instruyendo a menores de edad tan sólo hay que hacer memoria de los últimos acontecimientos.
Por un lado, aquel 18 de octubre, cuando llegó la Policía, los afectados del sector V de la Cañada por el derribo de su casa se habían puesto de acuerdo, previa reunión, con el resto de sus vecinos, para impedir casi a cualquier costa que la acción judicial se ejecutara. ¿Cómo lo intentaron? Llenando la casa de decenas de mujeres y niños. Los propios amotinados declaraban a posteriori que lo habían planeado así para impedir que la Policía les echara. Lógicamente, no se salieron con la suya.
La pistola del policía
Pero sí ocurrieron otras cosas muy significativas, a las que en círculos policiales se les ha dado una lectura que, a la luz de las sospechas y los datos que manejan ahora los investigadores, no está carente de sentido. Aquel día, en plena refriega, un policía municipal se percató de que alguien le había arrebatado su arma reglamentaria. Tenía el cargador lleno. Minutos después, los agentes se percataron de que uno de los menores de edad de la Cañada Real tenía en sus manos la mencionada arma. Los «antidisturbios» dispararon las pelotas de goma que suelen utilizar, y el chico sufre una fuerte herida en un ojo, que, según sus vecinos, le ha ocasionado la pérdida de visión.
Otro menor fue detenido días después, gracias a las imágenes captadas y difundidas por los medios de comunicación. Era sospechoso de provocar graves heridas a uno de los 19 policías lesionados; concretamente, una aparatosa rotura en la mandíbula.
Pasó a la Fiscalía de Menores que, tras los pertinentes reconocimientos, solicitó al juez el internamiento del acusado en un centro de menores cerrado por un periodo de tres meses.
Sin embargo, el juez decidió ponerlo en libertad. La defensa del chico argumentó que no estaba probado que esas imágenes fueran captadas en el momento de la protesta y que tampoco estaba acreditado que el menor en cuestión fuera el causante de la agresión.
Cuando se hizo efectiva la puesta en libertad del chico, en medios policiales se hablaba con preocupación de que esto podría provocar un antecedente de impunidad que podría ser utilizado en situaciones futuras: que en siguientes desalojos volviera a ponerse en primera línea de batalla a los menores, como ya ocurrió el 18 de octubre.
Estas sospechas, si se comprueba que la actuación del imán sigue en la línea de lo que se está investigando, estarían, por tanto, fundadas. La Policía, por ello, sigue trabajando en este terreno.
Mientras todo eso ocurre, un ciudadano magrebí explica que, en el tramo de Vicálvaro, son entre 500 y mil los musulmanes que allí residen. Reconoce que tiene una denuncia por construcción ilegal. «Si vuelve la Policía por aquí, cojo mi ropa y a mi familia y me vuelvo para Marruecos. ¿Cómo voy a pagar 800 euros por un alquiler, si cobro 528 euros de paro, tras estar trabajando nueve años en España?».
http://www.abc.es/20071106/madrid-ma...711060705.html
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