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España indefensa, con unos Ejércitos desalmados y desarmados
Ismael Medina
El antimilitarismo de la izquierda está en sus mismos orígenes. Existe abundante documentación que lo confirma. Pablo Iglesias nos ofrece una extensa antología de odio y resentimiento al respecto. Tampoco la famosa Ley Azaña obedecía a la necesidad de modernizar el Ejército, según se ha especulado y sin duda era conveniente, sino que escondía un mecanismo de depuración de los mandos militares que se consideraban desafectos a los objetivos revolucionarios de la II República. No fue causalidad que una de las primeras medidas de la República Popular, o III República, al estallar la guerra, fuera la disolución del Ejército y su sustitución por unidades de Milicias que, bajo la presión de los consejeros soviéticos y del PCE, integrarían el habitualmente denominado Ejército Rojo. La derrota militar de éste (también la política de las estructuras gubernamentales de la III Republica) dejó un acusado y enfermizo poso de resentimiento y de revancha en la izquierda, rumiado durante las casi cuatro décadas posteriores. Hasta que le llegó la hora de satisfacerlos.
EL ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN VIOLADO Y ARRUMBADO
EL artículo 8º de la Constitución, el cual consagraba una doctrina tradicionalmente asentada respecto a soberanía, independencia e integridad de España, fue mantenido a regañadientes. Todavía la nueva clase política que irrumpía con la democratización albergaba serios temores sobre la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas. Conviene reproducirlo:
“1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por los Ejércitos de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
“2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme los principios de la presente Constitución”.
Atribuir a las Fuerzas Armadas la defensa del ordenamiento constitucional solo tenía un precedente en España. Me refiero a la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 (artículo 37) que les encomendaba “la defensa del orden institucional”. Resulta, asimismo, que se trata de un precepto muy poco común en el derecho comparado. Ha de admitirse en consecuencia que dicho artículo supuso una incorporación forzada del régimen que los constitucionalistas procedían a desmantelar.
El apartado 2 se ha convertido en la puerta de escape mediante la que desalmar y desarmar a los Ejércitos en el curso de un largo proceso que ya se inició cuando Adolfo Suárez era presidente del gobierno.
Aparte del citado Art. 8º ninguna otra referencia a las Fuerzas Armadas se encuentra en la Constitución, salvo en el artículo 62, el cual atribuye al rey la condición de Jefe Supremo de las mismas, y los artículos 28 y 29, referidos respectivamente al derecho de asociacionismo sindical y derecho de petición, ambos limitativos en principio.
De acuerdo con el artículo 56 el rey, en cuanto Jefe del Estado, es el “símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”. Al considerarlo “símbolo” se le coloca en una suerte de reverenciada hornacina. Se le sustraen, en efecto, prerrogativas que son comunes en numerosos países de sistema republicano a sus Jefes de Estado y hasta todavía en alguna monarquía parlamentaria. Tampoco la atribución de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones” le reconoce márgenes efectivos de actuación. No se explicita el cómo y queda en nebulosa. Algo así como un florero para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a la postre una misma cosa en el ámbito de las democracias de totalitarismo partitocrático. También, por supuesto, respecto de las Fuerzas Armadas.
EL DESMANTELAMIENTO DE LOS EJÉRCITOS LO COMENZÓ GUTIÉREZ MELLADO
SUÁREZ se apresuró a poner la política de Defensa en manos del general Gutiérrez Mellado, como ministro y vicepresidente del gobierno. La biografía de Gutiérrez (le sacaba de quicio que le llamara por sólo su primer apellido en mis artículos) no era la más apropiada para las necesidades objetivas de las Fuerzas Armadas en el momento crítico del cambio de régimen, precedido por la infausta “Marcha Verde” que nos birló el Sahara y puso de manifiesto que Marruecos no era un amigo, sino una amenaza.
Gutiérrez fue agente doble en territorio rojo y trabó estrecha amistad con Graullera, el jefe del SIMP frentepopulista en Valencia, al que, luego de terminada la guerra, protegería y con el que montaría un buen negocio de sastrería militar. Circularon historias sobre la confusa actuación de Gutiérrez Mellado en los primeros días de la contienda en Madrid. Es posible, que de ser ciertas, fueran su aval para integrarse como espía en el SIMP. Terminada la contienda pretendió que se le concediera la Medalla Militar individual por los servicios prestados. No lo consiguió. Un alto mando militar sintetizó un sentimiento generalizado al decir que a los espías se les paga, pero no se les condecora. Durante un periodo de excedencia voluntaria creó una pequeña red de supermercados que concluyó en fracaso y le aconsejó el retorno a la vida militar. Recuerdo todo lo anterior por cuanto evidencia que Gutiérrez accedió al poder con una sobrecarga de resentimientos que marcarían su ejecutoria al frente de la política de Defensa. La gran incógnita, todavía sin despejar, es la de qué mano oculta aconsejó a Suárez y al monarca poner la política de Defensa en manos de un personaje tan dudoso y controvertido como Gutiérrez, quien, por cierto, y también a instancias del monarca y de Suárez, llevó consigo como colaboradora de confianza a Carmen Díaz de Rivera cuya vinculación comunista era de sobra conocida. Hubo de prescindir de ella tiempo más tarde. Se dijo que como consecuencia de un informe de la CIA que la vinculaba con el KGB y que de alguna manera alcanzaba también a Gutiérrez.
Los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas habían asumido el transaccionismo democratizador sin mayores reservas. Lo explicaba Vernon. A. Walter en sus “Memorias discretas”. Pero fue más decisorio en esa actitud el testamento de Franco en el que les pedía para su sucesor la misma lealtad que a él le habían mostrado. Aconsejo releerlo pues en el mismo está la clave de la acomodación de las Fuerzas Armadas al autogolpe de Estado promovido por el nuevo Jefe del Estado. También les tranquilizó el artículo 8º de la Constitución.
LAS CAUSAS DEL MALESTAR QUE CRECIÓ EN EL SENO DE LOS EJÉRCITOS
PRONTO, sin embargo, comenzaron a aparecer brotes de malestar en los Ejércitos. Tres fueron las causas principales: la oleada de atentados del terrorismo etarra de la que militares (la Guardia Civil es cuerpo armado) fueron objetivos preferentes; el escamoteo del homenaje público a las víctimas decidido por Gutiérrez; y una serie de reformas que apuntaba hacia la politización de los nombramientos de altos mandos y a un despliegue de fuerzas que debilitaba las zonas potenciales de fricción.
Se ha reparado poco en la trascendencia de una de las medidas impuestas por Gutiérrez y que permaneció hasta hoy. Pretextó la necesidad de no ofrecer blancos fáciles al terrorismo para imponer a los militares que vistieran de paisano fuera de los cuarteles y centros castrenses. Una medida que atentaba contra uno de los fundamentos de la Milicia. No ya sólo el honor de portar el uniforme, sino también el valor que obliga a asumir el riesgo de morir en cumplimiento del servicio a la Patria. Se trocaba el valor por el miedo. Y se degradaba la imagen de los militares ante la sociedad. ¿Una medida coyuntural? Mi opinión, entonces y ahora, es que obedeció a una calculada estrategia desalmadora del espíritu militar.
Un proceso de viciado ocultismo que también se daría en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II y sus falaces interpretaciones secularizadoras. Multitud de sacerdotes y religiosos, socapa en España del taranconismo, trocaron los signos externos de su condición por el trajeado civil. No por miedo al riesgo de morir, sino por una vergonzante inclinación a no aparecer públicamente como servidores entregados al servicio de Dios y de sus fieles. Si difícil es hoy ver por la calle a un militar uniformado, lo es también un sacerdote o un religioso. Y si el refranero advierte que el hábito no hace al monje, resulta incuestionable que le ayuda serlo.
El malestar se tradujo en circulación de escritos clandestinos de denuncia y en reuniones de coroneles que estudiaban la posibilidad de un golpe de Estado de corte nasserista según se dijo posteriormente. Detectado por los servicios de inteligencia se estudió la manera de desactivarlo. Se fraguó así la acción institucional que se registraría el 23 de febrero de 1981. Generales con autoridad moral sobre los coroneles se reunieron con ellos y les garantizaron que con la acción institucional que se preparaba quedarían satisfechas sus pretensiones. No sospechaban esos intermediarios que serían engañados, procesados y condenados a prisión con la anuencia del monarca, en cuyo nombre el general Armada montó el tinglado, al cual dieron su visto bueno los componentes de la lista de gobierno cuya presentación a la Cámara impidió Antonio Tejero.
INSIDIOSO APROVECHAMIENTO POR LA IZQUIERDA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
AQUELLA acción institucional dio paso a una intensa campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas y a un proceso de depuración política que se consolidaría posteriormente. Pero mientras todo lo descrito sucedía, la izquierda desarrollaba una insidiosa campaña de adelgazamiento de efectivos amparada por la Constitución. Me refiero a la objeción de conciencia y a la insumisión.
El artículo 30 de la Constitución establecía en su apartado 1 que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. Pero el apartado 2 creaba una vía de escape para ese deber: “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. La objeción de conciencia no tenía precedentes en España. Y reducida en el ámbito europeo sólo en Alemania, Portugal y Chipre. Y en estos casos a causa de las especiales circunstancias políticas de dichas naciones: imposición de los vencedores de la II Guerra Mundial en el caso alemán y recuelo de la llamada Revolución de los Claveles en Portugal. No fue por tanto inocente el reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia, hoy acogida en numerosos países a instigación del NOM. No es aventurada la presunción de que esa misma mano oculta movió a los constitucionalistas de 1978 para su adopción.
Socialistas, comunistas y secesionistas movilizaron a sus añadidos de jóvenes extremistas. Pero sería con los gobiernos de Felipe González cuando, bajo la protección y estímulo del poder, la objeción de conciencia alcanzó dimensiones excepcionales, hasta el punto de reducir de manera drástica los efectivos de las unidades militares. Presentado el servicio militar obligatorio como una rémora para estudios y trabajo, y denigrados sus muchos factores positivos, era previsible que multitud de jóvenes, incluso sin adscripción política, se acogieran a la propiciatoria objeción de conciencia para eludir el servicio militar. La insumisión no estaba regulada ni autorizada. Pero también prosperó incitada desde los partidos de izquierda y covachuelas gubernamentales sin reprensiones efectivas.
Cuando Aznar accedió al poder muchas de las unidades militares estaban ya desmanteladas a causa de la objeción de conciencia. Y procedió a la supresión del servicio militar obligatorio, ansiado por la izquierda, y a la creación de Fuerzas Armadas profesionales. O mercenarias, que tradicionalmente se habían llamado durante siglos. Mucho se ha polemizado sobre aquella decisión. Cabe preguntarse, no obstante, si Aznar podía evadirse del dogal de la objeción de conciencia, válida constitucionalmente, y atenuar sus efectos mediante recortes coercitivos que sin duda alguna invalidaría el Tribunal Constitucional.
Los Ejércitos profesionales son muy costosos si su estructura, dotación y efectivos se corresponden con la entidad de la Nación y las previsiones reales de las amenazas presentes y futuras, así como con los compromisos internacionales adquiridos. Requieren, además, la disponibilidad de reservistas adecuadamente entrenados para casos de emergencia. Y para España suponía una sobrecarga presupuestaria aún en los tiempos de euforia económica. Sucedía, al propio tiempo, que el bienestar, añadido al arraigo en las generaciones jóvenes de las campañas antimilitaristas, las cuales seguía alentando la izquierda, hacía poco atractivo el enrolamiento en las Fuerzas Armadas. Nada de insólito tuvo que no se cubrieran las plazas convocadas. Si supuso una oportunidad para inmigrantes de la marea de los imprudentemente legalizados. Hispanoamericanos sobre todo, aunque no faltaran musulmanes.
LA HORA DE PLENITUD DE LA REVANCHA LLEGÓ CON RODRÍGUEZ
LA crisis económica y las tremendas dimensiones del paro favorecieron el enrolamiento en las Fuerzas Armadas de jóvenes españoles de cepa o de origen extranjero. Las unidades de las tres Armas pudieron completarse. Pero ya para entonces estaba Rodríguez en el poder y reaparecía vigoroso y destemplado el antimilitarismo de una izquierda ansiosa de revancha.
Primero José Bono, ducho en maniqueísmo, y luego Carmen Chacón, solidaria con el ”puta España” de un energúmeno catalanista, se dieron con fruición a la supresión de unidades con glorioso historial tantas de ellas, a la retirada de lápidas y esculturas en homenaje a sus héroes, y a insidiosas reformas de la carrera militar que han desguazado su naturaleza, la convierten poco menos que en una aguada milicia civil y se apartan de lo que es común en regímenes democráticos europeos respecto de la formación de sus cuadros de mando militares. Y al frente del tinglado colocaron uno y otra a generales proclives a la docilidad, sea por la cuantía de los emolumentos, la gratitud por ascensos indebidos o determinadas vinculaciones sectarias. Al servicio de un gobierno y de una titular del ministerio de Defensa que no creen en España y se guardan de invocarla, se han convertido en la dócil correa de transmisión de la política desalmadora de los Ejércitos. No creo necesario detenerme en mayores precisiones. Las medidas desalmadoras son de sobra conocidas y abarcan también a los arraigados sentimientos religiosos de nuestros Ejércitos fraguados durante siglos.
Ahora ha impuesto la ministro antiespañola que en la Academia militar, ya cívicomiliciana, se estudien Alianza de Civilizaciones e Igualdad de genero. Recuelo por ello de la Alianza de Civilizaciones, hechura del NOM que Rodríguez y la gentecilla que le asiste están llevando a extremos delirantes.
UN GOBIERNO ENTREGADO A LA INVASIÓN ISLÁMICA
Dos documentos recientes ratifican de manera cínica y que podría calificarse de brutal, el aprovechamiento islámico de la política desalmadora de la sociedad y de la Alianza de Civilizaciones para sus fines:
La primera, bajo el título de “Debilitando a España debilitaremos a Europa, de Elukfhias al Irahaz”, la publicó Vistazo a la Prensa en su portada del pasado lunes. No es necesario que reproduzca su expresivo texto. Sí subrayar, si acaso, que la destrucción de los tradicionales valores de la cultura española, convertida en un extenso y propicio prostíbulo al servicio del NOM, propician la prepotencia de los islámicos, resueltos a ocupar de nuevo España, su Al Andalus, como con las huestes de Tariq, la ayuda de don Julián y don Opas y el apoyo de las comunidades judías.
La segunda proviene de Bélgica. Un islamista, o un grupo de ellos, envió una carta a la televisión flamenca, firmada “en el nombre de Alá”, de la que recojo: “Un homosexual no puede convertirse en primer ministro de una futura nación musulmana como Bélgica. El pecador homosexual Di Ruppo morirá de espada blanca”. No sólo se permiten amenazar de muerte al encargado de formar gobierno. Anticipan que serán ellos los que en el futuro se adueñen de Bélgica. Los europeos, mientras tanto, favorecen la consumación ese tétrico futuro con una política demográfica suicida de su población y una torpe política inmigratoria para disponer de mano de obra barata.
También en España están engallados los musulmanes, favorecidos por la nefasta Alianza de Civilizaciones y las perturbadoras concesiones del gobierno Rodríguez y sus seguidores. Diversas entidades islámicas, en particular de Lérida y Barcelona, han pedido a los empresarios que flexibilicen los trabajos en ella recogida de fruta y en los trabajos portuarios para que sus fieles puedan cumplir el Ramadán. Los empresarios se han negado y en Lérida comenzaron a sustituir la mano de obra islámica por no musulmana. Comisiones Obreras, una de las dos centrales sindicales untadas generosamente por el gobierno y a su servicio, no tardó en ponerse de parte de los musulmanes. Parece obvio que si los seguidores de cualquier religión quieren guardar sus preceptos y costumbres han de hacerlo mediante el sacrificio personal y no a costa de la sociedad que los acoge. Hubo un tiempo en que el ayuno era preceptivo para los católicos. Pero aún tratándose de un Estado confesional, quienes lo asumíamos era con carácter personal y sin trasladarlo a reivindicaciones públicas.
Lérida ha sido asimismo escenario de otras demostraciones de rebeldía e insumisión islámicas. El Ayuntamiento, al igual que otros de España, prohibió el uso del burka en lugares públicos. Mujeres musulmanas que lo usan habitualmente y otras que no se embutieron en él y pasearon retadoras por la calles de la ciudad. A la protesta se unieron las tres asociaciones islámicas que funcionan legalmente en Lérida. Una de ellas ha anunciado su decisión de presentar alegaciones por considerar ilegal la prohibición. Su portavoz, Abdul Karim, sostiene que “se trata de normativas que vulneran las libertades religiosas y de las mujeres islámicas. Los ayuntamientos no tienen ninguna autoridad para regular este aspecto. Por eso recurriremos al Tribunal Constitucional”, del que parecen estar seguros de que avalará la política de consentimiento del gobierno Rodríguez al amparo de la Alianza de Civilizaciones. Algún imán ha recordado que son más de dos millones de musulmanes existentes en España, en su gran mayoría marroquíes legalizados, y que las barrigas de sus mujeres son fecundas. Y ahí radica el problema.
Mientras en Francia los poderes ejecutivo y legislativo toman enérgicas medidas para coartar tales excesos, el gobierno Rodríguez los favorece. Parece decido a respaldar las aspiraciones islámicas de hacer de España un nuevo Al Andalus. El Partido Popular ha pedido en sede parlamentaria la prohibición del burka en lugares públicos. Pero el gobierno hace caso omiso. Tampoco es receptivo de la creciente reacción de repulsa en amplios sectores de la sociedad. Es prisionero de la Alianza de Civilizaciones y del NOM.
Conviene recordar a este propósito el discurso del presidente del gobierno de Australia que ha circulado ampliamente por Internet. Explicaba que Australia es una nación , que, aunque joven y construida sobre la inmigración, en su mayoría inicialmente europea, tiene una historia, una cultura y unas costumbres propias que debe mantener y defender. Añadió que está abierta a los inmigrantes de una u otra procedencia. Pero que no llegan a Australia forzados, sino de manera voluntaria. Y que les caben dos opciones: respetar historia, cultura y costumbres australianas e integrarse plenamente en ellas; o retornar a sus países de origen. Una actitud razonable y pragmática que eluden los países europeos, y España en particular. Así nos va.
LA SUMISIÓN DE RODRÍGUEZ A MOHAMED VI Y LA MATANZA DE LOS TRENES DE ATOCHA
LA situación se ha complicado con la nueva agresión marroquí contra Melilla, instigada por el sátrapa Mohamed VI e inseparable de la conversión de España en Al Andalus, aunque algunos, o muchos, prefieran ignorarlo. Aunque cabeza de la facción alauita de la religión musulmana que se arroga la descendencia de Mahoma, el rey de Marruecos considera que Al Andalus es cosa suya y de Marruecos, y no de los Omeya, por cuanto el grueso de las huestes que sucesivamente nos invadieron eran bereberes. Y asimismo que son marroquíes, como ya he señalado, la mayoría de los musulmanes que hoy nos invaden al socaire de una desbocada política socialista de inmigración que perseguía acumular votos favorables para las elecciones municipales.
El problema es, sin embargo, harto más profundo e inquietante. Y es necesario recordar, sobre todo, los factores principales que inhabilitan al gobierno Rodríguez para afrontarlo.
El primero de ellos radica en la adhesión alocada y sin reservas de España a la OTAN que dejó Ceuta y Melilla fuera de su área de protección. En caso de conflicto habremos de afrontarlo a solas. Y más aún después de que el enfrentamiento de Rodríguez con Bush y los Estados Unidos forzara a la Casa Blanca a trasladar a Marruecos el centro de gravitación militar sobre el Estrecho y sus derivas atlánticas. La defensa militar de Perejil fue posible al disponer Aznar del respaldo de Washington. Hoy no cuenta Rodríguez con esa protección pese a su simplista adoración a Obama, que le ha salido rana. Tampoco cabe desconocer que Marruecos es un feudo económico e incluso político de Francia y que también existe una estrecha relación entre los servicios secretos de ambos países. París, muy apegado a sus intereses en el Africa francófona, siempre dará prioridad a sus relaciones con Marruecos a costa de España.
Otro factor que explica la sumisión de Rodríguez radica en la matanza del 11 de marzo de 2004 que lo aupó al poder “por accidente”. La investigación policial, la indagatoria judicial y la vista de la causa por el Tribunal de la Audiencia Nacional no dieron con la autoría material ni con la inductora. Tampoco con la evidente conexión de la maniobra de distracción para equivocar al ministerio de Interior del PP con la rebuscada operación de localización en Cañaveras de una furgoneta de ETA cargada de explosivos. Cada día es más sólida y creíble la sospecha de que en aquel sangriento “accidente” intervinieron los servicios secretos marroquíes, asistidos por el francés. Contribuyó Rodríguez a darle verosimilitud con sus apresurados viajes a Rabat y París, nada más aposentarse en la Moncloa. En Rabat se sometió sonriente a la humillación calculada de Mahamed VI de retratarse ante un gran mapa de la reivindicaciones del alauita en la que figuraban Melilla, Ceuta y las Canarias como territorios marroquíes. Y el Sahara invadido, por supuesto. Nada pueden sorprender las muchas concesiones hechas a Maruecos desde entonces. Tampoco la actual pasividad ante la arremetida de Mohamed VI contra Melilla, que pronto se extenderá a Ceuta. Ni la apertura a una nueva oleada de pateras con inmigrantes ilegales desde sus puertos atlánticos y mediterráneos. Tampoco que el gobierno Rodríguez haya metido en un cajón los acuerdos de las Naciones Unidas respecto del antiguo Sahara español, haya abandonado al Polisario en campos de fortuna de Argelia y respalde la ocupación ilegal del territorio pro Marruecos. Parece evidente que Mohamed VI tiene cogido a Rodríguez por los corvejones del “accidente” de los trenes de Atocha.
No es ocasión de pormenorizar las medidas que un gobierno con claro sentido de la soberanía habría adoptado de inmediato frente a esta nueva agresión de Mohamed VI contra Melilla. Pero pueden avanzarse algunas: cierre de la frontera, sustitución de los efectivos policiales por militares, reforzamiento de la guarnición con nuevos efectivos de la Legión, devolución a Marruecos de todos los inmigrantes ilegales y sustitución por no musulmanes procedente de la península, puente aéreo y marítimo para abastecer de alimentos procedentes de la Península a los mercados melillenses, mejoras del aeropuerto y el puerto marítimo, un efectivo plan de desarrollo del enclave… Precisamente lo que reclama Imbroda, presidente de la esta autonomía marginal, ahora respaldado por la visita de Aznar, la cual considero muy oportuna y pone en entredicho, como era imprescindible, por mucho que irrite a Pepino Blanco, convertido en portavoz preferente de Rodríguez, a despecho de los desaparecidos Moratinos y la agria momia de pasarela.
EL ESPERPENTICO CHASCARRILLO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS EJÉRCITOS Y EL RECHAZO A “TODO POR LA PATRIA”
RESTABA en el ámbito de Defensa hacer alusión a lo estrafalario y esperpéntico de la igualdad de género en las Fuerzas Armadas, decidida por la antipatriótica ministro de Indefensión. Imagen explícita de un tal desvarío podemos encontrarlo en la decisión de crear dos compartimentos en un nuevo buque de la armada: una mitad para mujeres y otro para hombres. Parece haberse olvidado de maricones y lesbianas que no son ni lo uno ni lo otro y que bien merecerían sus propios reductos de acuerdo con la política gubernamental. ¿Y si no hubiera suficientes mujeres, hombres, maricones y lesbianas para llenar los respectivos cupos? ¿Habría que reformar el interior del buque de guerra cada vez que se dieran tales circunstancias? Si realmente fueran fieles las feministas a sus prédicas de igualdad total sería lo más racional que se suprimieran cualesquiera diferencias entre unos y otros géneros y vivieran mezclados en régimen de plena igualdad, lo mismo en alojamiento que en servicios sanitarios y de otra índole. Lo contrario es discriminatorio, además de una gran chorrada.
Fue Bono quien primero sugirió sustituir en os centros militares el “Todo por la Patria” por “Todo por la democracia”. ¿Qué democracia?, cabría preguntar de entrada. Pocos están dispuesto a morir por una democracia en la que prevalece el sistema métrico decimal de los votos. Se muere y se mata por un ideal y casi siempre en términos de revolución. Y para quitarse de encima la opresión de un sistema corrompido, despótico, depredador e insufrible al que la Patria le trae sin cuidado y está dispuesta a venderla a trozos a los separatismo del interior y a las potencias extranjeras, como ocurre con Marruecos o con Gibraltar, pasándose por el arco del triunfo el artículo 8º de la Constitución, persuadido de que está cumplido su estrategia desalmadora y desarmadora de los Ejércitos y truncada cualquier posibilidad de reacción. Si nos atemos a la constante bajada de pantalones en la que está embebido el gobierno Rodríguez resultaría más consecuente que, dicho con la crudeza a que se presta nuestra lengua, en vez del “Todo por la Patia” o el “Todo por la democracia” se inscribiera metafóricamente el “Todo por el culo”.
Miembro graduado
sobran comentarios, magistral exposición.
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