Tema: Mexico no es bicentenario

El conde de Calderón ¿un héroe que mantuvo la unidad del imperio?

¿Y si vemos la historia desde otro ángulo? ¿podríamos considerar a Felix María Calleja un hérore?





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LAS DEUDAS Y LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO TRAS LA INDEPENDENCIA

La más compleja y, en última instancia, la más explosiva de las renegociaciones fue la de México. Las frustraciones y los antagonismos engendrados por negociaciones prolongadas y tensas entre el gobierno mexicano y las potencias europeas condujeron, finalmente, a una invasión militar en gran escala en 1862. Las peligrosas consecuencias del endeudamiento externo no podrían haberse manifestado de manera más desgarradora. Que México habría de convertirse en un deudor crónico a partir del segundo cuarto del siglo no podía haberse previsto a fines de la época colonial. Cuando el científico alemán Alexander von Humboldt visitó Nueva España en 1803, ésta tenía fama de ser la tierra más floreciente y próspera de Hispanoamérica. Las minas de plata mexicanas eran las más ricas del mundo y su producción agrícola y ganadera era considerable. La ciudad de México era, desde hacía decenios, la mayor de las ciudades del hemisferio y el más importante centro del poder imperial español. Después de la independencia, tanto los banqueros extranjeros como los políticos mexicanos juzgaron que las perspectivas de recuperación y crecimiento económicos eran prometedoras.

Pero tales creencias resultaron ilusorias. La economía se estancó y el gobierno se encontró encerrado en un laberinto de déficits y deudas del cual no lograba salir. Los déficits, resultado de enormes gastos militares, fueron cubiertos inicialmente con dos empréstitos negociados en Londres en 1824 y 1825, pero para 1827 estos fondos se habían agotado. Por otro lado, los recursos impositivos disminuyeron tan velozmente que los pagos por intereses de la deuda externa tuvieron que ser suspendidos. El gobierno no deseaba declarar la moratoria, pero quedaban pocas opciones: la tesorería nacional simplemente no tenía ingresos suficientes para cubrir sus gastos. En 1828, cuando el presidente Guadalupe Victoria ordenó al ministro de Hacienda que procediera a renegociar la deuda británica, Alexander Baring, jefe de la casa Baring Brothers, aconsejó que México alterase “primero su sistema fiscal antes de prometer cumplir compromisos previamente rotos”.

Existían sólo dos soluciones posibles para la crisis financiera. La primera consistía en llevar a cabo reformas impositivas. Sin embargo, acababa de reestructurarse radicalmente el sistema fiscal mexicano, eliminando muchas viejas cargas coloniales. El nuevo sistema impositivo —basado principalmente en los derechos a la importación— era ineficaz, debido a la corrupción y el contrabando existentes, pero los dirigentes mexicanos difícilmente podían esperar conseguir respaldo político si intentaban imponer nuevas cargas económicas sobre la población. La segunda alternativa consistía en conseguir préstamos para equilibrar las finanzas públicas. Pero después de la suspensión de pagos sobre la deuda externa, las autoridades financieras no tuvieron otra opción que buscar fuentes de crédito locales. Como consecuencia, a partir de 1828 el gobierno tuvo que confiar en los agiotistas mexicanos, una intrincada y cada vez más poderosa camarilla de prestamistas de la capital mexicana, encabezada por ágiles especuladores como Manuel Escandón, Cayetano Rubio, Gregorio Martínez del Río y Manuel Lizardi, entre otros, quienes aumentaron sus fortunas proporcionando préstamos a corto plazo a tasas muy altas, y eventualmente obligando a los ministros de Hacienda a ceder el control sobre el monopolio estatal del tabaco, las salinas, las casas de moneda, concesiones de transportes, contratos de suministro de armamento e incluso la administración de los despachos aduanales de diversos puertos en las costas del Golfo y del Pacífico.

A pesar de su creciente dependencia de los agiotistas, los políticos mexicanos no desistían de encontrar una solución a la deuda externa. El distinguido intelectual Lucas Alamán, quien fue ministro de Asuntos Exteriores a principios de la década de 1830, propuso en repetidas ocasiones que se prosiguieran las negociaciones con los banqueros y tenedores de bonos británicos. En septiembre de 1831 se firmó un primer acuerdo por el cual los 7.9 millones de pesos que se debían por concepto de intereses atrasados, se redujeron a 5.5 millones de pesos. El acuerdo estipulaba, además, que los pagos por intereses correspondientes al periodo 1832-1836 debían suspenderse, a la espera de que el gobierno acumulase suficientes reservas monetarias para reanudar sus remesas a un ritmo regular.

Se preveía que la reanudación del servicio de la deuda externa podría comenzarse en 1836, pero en marzo de ese año los colonos de Texas hicieron pública su declaración de independencia de México. La guerra subsecuente creó una nueva crisis fiscal: el grueso de los fondos del gobierno fue destinado a pagar al ejército que había marchado hacia el norte, bajo el mando del general Santa Anna. Dadas estas circunstancias, la firma Baring Brothers renunció a su cargo como representante financiero del gobierno, siendo reemplazada por la casa Manuel Lizardi y Compañía, que diseñó un proyecto para un nuevo arreglo con los tenedores de bonos.

A principios de 1837, el Congreso mexicano aprobó los términos de la renegociación. Las bases de la propuesta eran ingeniosas y podrían haber representado una solución a los problemas de la deuda si no hubiera sido por los conflictos con Estados Unidos. El gobierno reconoció una deuda total de 10.8 millones de libras esterlinas (una suma enorme para la época), pero instruyó a Lizardi para que convirtiera la mitad de esta suma en “Certificados de tierras sobre los territorios despoblados en los departamentos de Texas, Chihuahua, Nuevo México, Sonora y California a un valor de cuatro acres por cada libra esterlina”. Fueron pocos los certificados adquiridos por los tenedores, pero mediante este arreglo el gobierno mexicano logró evitar tener que pagar intereses sobre su deuda externa durante un tiempo. Entretanto, el agente financiero mexicano en Londres, Lizardi, procedió a realizar una serie de transacciones nada ortodoxas que tuvieron un efecto negativo sobre las cotizaciones de los bonos en el mercado. En vista de que no se le pagaban sus comisiones con regularidad, el agiotista se apropió de un millón de pesos en bonos mexicanos y los colocó entre especuladores, quedándose con los beneficios. Tales maniobras provocaron agrias discusiones y críticas en México. Como consecuencia, la agencia fue transferida en 1845 a la firma John Schneider & Company de Londres. Esperando un arreglo más favorable, los tenedores de bonos presionaron para obtener concesiones adicionales. Les animaban los resultados de la reciente renegociación de la deuda chilena, que había provocado un salto en el valor de los bonos de ese país en la Bolsa de Londres. El 30 de julio de 1845, el London Times observaba en su artículo sobre el mercado financiero que los bonos chilenos se cotizaban entre 100 y 103, mientras que los bonos mexicanos seguían entre 36 y 38.

Las esperanzas de los tenedores de bonos se disiparon al estallar la guerra entre México y Estados Unidos a principios de 1846. Para financiar el esfuerzo bélico, los ministros de Hacienda tuvieron que recurrir de nuevo a los prestamistas locales. Estos capitalistas contribuyeron a la defensa de la nación durante los años que duró el conflicto, pero una vez que comenzaron las negociaciones de armisticio no dudaron en ejercer fuertes presiones sobre el gobierno con el propósito de cobrar lo que se les debía. Los agiotistas exigieron que el gobierno utilizase la mayor parte de la indemnización pagada por Estados Unidos para liquidar tanto las deudas internas como las externas. Los fondos de indemnización, que sumaban 15 millones de dólares entregados por Estados Unidos a cambio de los territorios de Texas, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y California, representaban un cebo enormemente atractivo tanto para los financieros nativos como para los tenedores de bonos.

Conviene señalar que muchos políticos mexicanos no se opusieron a las pretensiones de los tenedores británicos. Como señaló Bárbara Tenenbaum, en un minucioso estudio: “Tanto el conservador Lucas Alamán como el liberal Valentín Gómez Farías acogían con satisfacción la influencia británica en México como contrapeso a la de los Estados Unidos”. Finalmente, en octubre de 1850, el ministro de Hacienda, Manuel Payno, firmó un nuevo contrato con los acreedores. México reconocía una deuda externa de 51 millones de pesos (10 240 000 libras esterlinas) y se comprometía a pagar cinco millones de pesos para cubrir los intereses adeudados, la mitad con los fondos provenientes de la indemnización y la otra mitad con los derechos aduanales. A cambio, los tenedores de bonos aceptaban una reducción de las tasas de interés de 5 a 3% en el servicio anual .A pesar del favorable acuerdo, el gobierno mexicano no pudo escapar al ominoso espectro de la bancarrota ya que, después de 1856, las autoridades consideraron necesario interrumpir los pagos de intereses a causa del estallido de la guerra civil. La ya crítica situación se complicó aún más por las exigencias de los prestamistas de la capital. Para protegerse de la insolvencia del gobierno, muchos de estos capitalistas solicitaron a las potencias europeas —Gran Bretaña, Francia y España— que respaldasen sus pretensiones ante la tesorería mexicana. Para legitimar tales procedimientos, los agiotistas recurrieron a las llamadas “convenciones diplomáticas”, que permitían la conversión de gran parte de la deuda interna en una especie de deuda externa. Estas maniobras podían parecer poco ortodoxas, pero los representantes de las potencias extranjeras concedieron su apoyo.

En los años 1851-1853 el Ministerio de Asuntos Exteriores británico logró obligar al gobierno mexicano a reconocer un total de cinco millones de pesos (un peso plata equivalía a un dólar de plata) en demandas de esta naturaleza. Simultáneamente, las autoridades francesas y españolas pusieron todo su empeño en intimidar a diversos ministros de Hacienda mexicanos hasta que aceptaron reclamaciones igualmente dudosas, por un total de casi 10 millones de pesos. Pero el arreglo más notorio e irregular fue el contrato Jecker de 1859, por el cual la administración de Miramón prometió pagar a un conocido agiotista suizo de la ciudad de México 15 millones de pesos en bonos a cambio de menos de un millón de pesos en metálico. Con característica flexibilidad, el embajador francés otorgó protección diplomática a Jecker y procedió a presionar para obtener el reembolso.

El contrato Jecker fue la mecha que hizo estallar la ya turbulenta situación política. En la primavera de 1861 las fuerzas liberales, conducidas por Benito Juárez, tomaron el poder y rehusaron reconocer la legitimidad de las reclamaciones de los agiotistas, llegando al punto de suspender los pagos sobre las principales deudas externas. Las represalias fueron inmediatas y brutales. El 15 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Russell, se reunió con los ministros español y francés, Istúriz y Flahaut, firmando una convención que autorizaba la ocupación militar de los principales puertos mexicanos. El desenlace de estas insidiosas maniobras financieras y diplomáticas se produjo en 1862, cuando México fue invadido por las fuerzas conjuntas de Francia, Gran Bretaña y España. Las condiciones externas e internas eran propicias para semejante expedición imperial. Por una parte, Estados Unidos —embrollado en su guerra civil— no podía intervenir; por otra, el ejército mexicano se encontraba incapacitado para ofrecer una resistencia significativa. Las fuerzas inglesas y españolas fueron pronto retiradas, pero un gran contingente de tropas francesas permaneció en suelo mexicano durante cinco largos años. Con el apoyo de Napoleón III, se estableció apresuradamente una peculiar administración neocolonial, encabezada por un príncipe austriaco, el archiduque Maximiliano. Durante tres años, éste ocupó un trono provisional en el castillo de Chapultepec, gobernando con el apoyo de una camarilla de políticos conservadores mexicanos y con el respaldo de los 30 000 soldados del ejército de ocupación francés. Pero el régimen de Maximiliano nunca tuvo visos de consolidarse; en 1867 el archiduque fue derrocado y las tropas francesas expulsadas como resultado de la tenaz campaña de las fuerzas liberales encabezadas por Benito Juárez.

En más de un sentido, la invasión europea de México representó la culminación de varios decenios de insolvencia económica. La bancarrota del Estado mexicano, que se hizo patente a partir de la crisis de 1825-1826, se convirtió en un fantasma permanente, socavando los esfuerzos reformadores de docenas de funcionarios que dirigieron el Ministerio de Hacienda durante los primeros 35 años de gobierno independiente. Como en el resto de Latinoamérica, una cadena de conflictos políticos y militares alteró todas las expectativas oficiales y convirtió a la estabilidad fiscal en una simple ilusión. De allí que desde un punto de vista financiero y, con muy pocas excepciones, la construcción de las nuevas naciones-estados resultase una tarea infinitamente más difícil y compleja de lo que había podido suponerse en los primeros años que siguieron a la independencia.

Desde otra perspectiva más optimista, puede alegarse que los esfuerzos de las repúblicas latino americanas por defender su independencia política y económica no resultaron enteramente fallidos. A pesar de bloqueos navales, repetidas amenazas de intervención y dos invasiones militares, este conjunto heterogéneo de naciones resistió y sobrevivió. Por otra parte, habría que agregar que durante un cuarto de siglo lograron mantener una efectiva moratoria de sus deudas externas, hecho que indicaba un grado apreciable de autonomía económica respecto a las grandes potencias de la época. El precio pagado por esta autonomía fue indudablemente elevado, pero resulta dudoso suponer que en aquellos momentos existiesen otras alternativas o, de haberlas, que pudiesen haber resultado menos costosas.

Recapitulando, pues, debe subrayarse que, con la excepción de Brasil, ningún Estado latino americano recibió nuevos préstamos entre 1825 y finales de la década de 1850, periodo durante el cual la inversión extranjera directa también se evaporó. Al comenzar la segunda mitad del siglo, dichas circunstancias comenzaron a modificarse. Cuando los gobiernos de Chile, Perú y Argentina —entre otros— decidieron renegociar sus deudas externas, lo hicieron en la creencia de que se iniciaba una nueva época económica y política, en la que las ventajas de la expansión del comercio y de las finanzas podrían superar los ya conocidos peligros implícitos en la acumulación de voluminosas deudas externas.


Fuente: La deuda externa de Latinoamérica, CARLOS MARICHAL SALINAS, EL COLEGIO DE MÉXICO

Imagen: 2 de abril de 1867. Entrada del general Porfirio Díaz a Puebla, óleo de Francisco de Paula Mendoza.







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