La fantasmagórica “República en el exilio” (1939-1977), a caballo entre Méjico y París

Revista FUERZA NUEVA, nº 14, 15-Abr-1967

LA REPÚBLICA EN EL EXILIO

Por Eduardo Comín Colomer

Cuando el 1 de febrero de 1939, finalizó en las caballerizas del Castillo de Figueras (Gerona) la reunión del Parlamento del Frente Popular, apresurándose la mayoría de los diputados asistentes a salvar la escasa distancia que les separaba de Francia, la Segunda República española dejó de existir. Carente de territorio, pues la evacuación de las Instituciones oficiales se llevó a cabo el 14 de los mismos, el sistema republicano cerraba de manera definitiva el capítulo de la Historia de España abierto el 14 de abril de 1931. Cuatro años, ocho meses y dieciocho días habían sido suficientes a los políticos representativos del sistema para dividir enconadamente al país, fomentar la secesión y encender, dejando tras de sí las postreras etapas, una guerra cuyo fin estaba marcada a fecha fija.

UN GOBIERNO ERRANTE QUE NO SE RESIGNA A SU DESPRESTIGIO HISTÓRICO

Por si el desbarajuste dispersionista de Figueras (Gerona) no hubiera sido total y absoluto, originando el derrumbamiento pleno de todo lo representativo, acontecimientos producidos ese mismo mes de febrero, ya en el exilio, resultaron suficientes para certificar la defunción del régimen republicano. Era ello la renuncia a la Presidencia de la República de don Manuel Azaña Díaz, suscrita en Collonges-sous-Soléve el día 27. Además, aun cuando por razones formulísticas y de liquidación de situaciones se precisara de una circunstancial sustitución, la cosa estaba automáticamente prevista en el artículo 74 de la Constitución de 1931, si bien la situación hacía imposible la convocatoria de elecciones.

Pero al recibir el presidente de las Cortes, don Diego Martínez Barrio, la renuncia presidencial y dar cuenta a la Diputación Permanente, fue adoptado el siguiente acuerdo:

“La Diputación Permanente de las Cortes ha conocido la dimisión presentada con fecha 27 de febrero último por S. E. el señor presidente de la República, acordando, vista la imposibilidad de reunir de momento al Parlamento, darse por enterada.

Declara, asimismo, ante la eventualidad de que el señor presidente de las Cortes acepte la presidencia interina de la República, previa la prestación de la promesa constitucional, que llegado tal caso se dispone a colaborar en la obra política que por medio de su Gobierno marque, si tiende exclusivamente a liquidar con el menor daño y sacrificio posibles, y en función de un servicio humanitario, la situación de los españoles”.

Antes de comentar este acuerdo de la Comisión Permanente de Cortes, órgano supremo y único de la República, tras la renuncia del presidente, queremos recordar que figuraban miembros representantes de las minorías socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Catalana y comunistas, faltando, naturalmente, los correspondientes a fracciones antagónicas del frentepopulismo.

Pues bien, el acuerdo en cuestión nos resulta extremadamente significativo, si tenemos en cuenta que existía aún una porción del territorio español bajo el pabellón de la República (“zona Centro sur”). Y es que, a nuestro juicio, marcaba en su texto la vigencia de las instituciones, ligándolas a un objetivo concreto, exclusivo: liquidar la situación de los españoles con el menor daño y sacrificio posibles. Por eso, a la pérdida de esa porción de territorio que restaba, donde había de ejercerse la función humanitaria, resulta indudable que las Cortes tenían que dejar de existir y con ellas, fundamento al fin y al cabo del régimen, todos los restantes organismos y estructuras oficiales.

Por si esto fuera poco, el señor Martínez Barrio rehusó la Presidencia de la República que le correspondía como titular de la de las Cortes, si se le obligaba a ir a España “para ser una nueva bandera de discordia”, según su declaración a la misma Diputación. En este sentido se informó al doctor Negrín, jefe del Gobierno, quien al no contestar dio lugar a que Martínez Barrio declarase ante el mismo organismo (6 marzo 1939) haberse “visto en la imposibilidad de decidir sobre la aceptación o no del cargo de presidente interino de la República”.

MARTÍNEZ BARRIO RECTIFICA

Poco después, el antiguo gran maestre de la masonería dimitía la presidencia de las Cortes, quedando convertido en un diputado más. La situación, pues, de los más altos órganos republicanos fue catastrófica. Don Luis Fernández Clérigo, primer vicepresidente de las Cortes, se negó a interinar la Jefatura de la República y lo propio estuvo a punto de hacer, en simple “corrida de escalas”, don Luis Jiménez de Asúa.

Lo real es que, por semejantes circunstancias y actitudes, la República careció de presidente gasta el 8 de agosto de 1945, en que por invitación de los partidos socialista y republicano, don Diego Martínez Barrio prometió el cargo en Méjico. No tuvieron en cuenta los legalistas que desde el 6 de marzo de 1939, el señor Martínez Barrio, con sus dos renuncias, había perdido toda clase de derechos y prerrogativas, excepto, claro está, la de diputado por el partido de Unión Republicana, y esto haciendo concesiones muy especiales, porque si algo era firme, estaba en el acuerdo de la Diputación de Cortes como consecuencia de la dimisión del señor Azaña Díaz.

Añadiendo a tan poderosos fundamentos legales la dispersión de los seguidores del régimen y la falta de territorio sobre el que ejercer funciones de soberanía, tendremos sobradas razones para proclamar la absoluta ilegalidad de las instituciones oficiales de la República.

Podría pensarse, como circunstancial justificación de tan singular anomalía, los acontecimientos producidos `por la segunda guerra mundial. Pero ello con criterio demasiado generoso. El hecho concreto es, sin embargo, que la situación sigue rodando (1967) y tuvo consagración internacional en diferentes momentos, algunos de los cuales creemos de intención mencionar. Pero en ese conjunto de factores acreditativos de ilegalidad, lo que supuso de réplica y desautorización al Gobierno de Negrín la actitud del coronel don Segismundo Casado, frente a la cerrilidad vesánica de los personajes republicanos y de las interesadas maniobras del comunismo. Hablar, por tanto, de representatividad y legalidad de los estamentos de la República en exilio nos parece una monstruosidad...