Tema: Instrumentalización “democrática” del binomio terrorismo-amnistía en la Transición

El fenómeno terrorista visto por la extrema izquierda comunista

Revista FUERZA NUEVA, nº 561, 8-Oct-1977 Homenaje adecuado Una de las notas de “condena” publicada en los periódicos (1977) ha sido la de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), que califica el asesinato del capitán Herguedas como “un acto absurdo sin la menor justificación política”. Frase que deja suponer que, si tuviera una justificación política el asesinato no sería “absurdo”, sino meritorio. Y la LCR es una de las organizaciones que acaba de ser legalizada por el Ministerio del Interior, si no nos equivocamos. Y si nos equivocamos, que nadie nos culpe, pues dado el barullo existente para saber si una asociación es legal o ilegal hay que poseer un fichero que a los ciudadanos privados no resulta fácil mantener Añade el comunicado de “condena” de la LCR con tanto celo reproducido en los periódicos: “Si los autores han elegido esta fecha en tanto que aniversario de las ejecuciones de los militantes de FRAP y ETA, nos parece la acción menos adecuada para rendir homenaje a sus memorias”. Los militantes de FRAP y ETA ejecutados en la madrugada del día 27 de septiembre de 1975, fueron condenados por haber dado muerte a un teniente de la Guardia Civil (por la espalda, con una escopeta, al volver a su casa) a un cabo del mismo Cuerpo (a traición, cuando iba en su coche) y a un cabo de la Policía Armada (cuando intentaba impedir un atraco en Barcelona). Creemos que la LCR se equivoca en su comunicado: ¿qué mejor homenaje a unos asesinos que otro asesinato de la misma escuela? R. I.

En vísperas de la Ley de amnistía (1977)

Revista FUERZA NUEVA, nº 562, 15-Oct-1977 Editorial Amnistía, traición consumada Cuando escribimos estas líneas parece ser que se ha llegado a un acuerdo total entre el Gobierno y la oposición marxista-separatista para la promulgación de la nueva amnistía, que ha de consumar, de forma inequívoca, la gran traición por parte de quienes ahora ocupan el Poder. Traición a unos ideales que se juraron defender, a unos muertos a los que se les dijo, de cuerpo presente -con medallas póstumas y todo-, que su sangre no habría sido inútilmente derramada, a unos familiares a los que se les prometió se haría justicia, y a la misma Justicia, escarnecida y conculcada desde una supuesta legalidad.Y a unos combatientes que todo lo dieron por devolver a España su unidad, grandeza y libertad. El texto del proyecto amnistiador, aprobado por la Comisión nombrada al efecto en las Cortes, representa, a nuestro juicio, aparte de su antijuricidad manifiesta, una burla a los principios generales del Derecho y una palmaria demostración de que el confusionismo más amplio, respecto a la interpretación de los textos normativos, ha tenido cabida entre sus redactores. Estamos seguros de que cualquier hombre de leyes, o jurisconsulto honesto, pondrá el grito en el cielo ante la arbitrariedad que se desprende de este texto que se pretende legal, pero que encierra en sus partes un contexto rencoroso, demagógico y partidista.Con esta amnistía no se pretende, como hipócritamente se dice, reconciliar definitivamente a los españoles, sino agraciar con la impunidad –borrón y cuenta nueva- a una serie de criminales autores de los más viles asesinatos cometidos contra unidad de España, contra sus Fuerzas Armadas y contra aquellos ciudadanos, humildes en su mayoría, que fueron fieles a las mismas ideas y Régimen político que hicieron posible, entre otras cosas, la instauración del actual Monarquía. Así, con esta amnistía de la traición, vemos cómo el separatismo, con el rompimiento de la unidad patria, es considerado, en su diferenciación del perdón, obra de la UCD y no del PCE o PSOE, como más digno, en sus asesinos, que los cometidos por quienes –equivocados, y en acción que no aprobamos, desde luego-, en uso de la violencia, causaron víctimas en manifestación pública, creyendo que con ello defendían los mismos principios y valores políticos y morales que aún se encuentran contenidos en la constitucionalidad del Estado y que don Juan Carlos I se comprometió a defender y a hacer que fuesen defendidos, al aceptar su designación como sucesor,a título del Rey, en la Jefatura del Estado, del Caudillo de España, Francisco Franco. Se pretende amnistiar al autor de los delitos contra la unidad de la Patria; al que, ya perdonado, transgredió su palabra y retornó a conculcar la ley; al que, olvidándose del juramento a la bandera y del honor del Cuerpo o Institución a que pertenecían, traicionó, consciente, a todo ello. Con esta amnistía, de ser elevado a ley el proyecto ahora aprobado, se justifican y se sancionan como buenas las actitudes antipatrióticas, insolidarias y de violencia común bajo el simple pretexto de una “defensa de la democracia” con lo cual ésta, la democracia, por muy excelsa que sea como institucionalizadora del Estado, queda por encima de la misma Patria, por encima por tanto de la unidad de España. Además, al hablar de “democracia” hemos de insistir en que el término es ambiguo, pues democráticos se denominan desde los países comunistas del Este de Europa hasta las dictaduras centroamericanas, pasando por Cuba o los gobiernos militares del Cono Sur, por lo que exaltar su defensa como total eximente de la criminalidad puede llevar a los jueces españoles a un auténtico confusionismo a la hora de dictaminar quien o por qué se asesinó “políticamente” en la nación. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que, con esta amnistía, el Gobierno Suárez, otra vez, ha cedido a todas las presiones -las positivas y las negativas- en su afán de mantener a su “líder” en el Poder, aunque para ello se arruine y se destruya España. Para el presidente parece ser, a la vista de los hechos, que es más importante unos votos parlamentarios separatistas a su favor que la sangre derramada por la acción de ETA, GRAPO o FRAP, y no digamos que el peligro de una España rota para siempre. El triple asesinato del pasado sábado en Guernica, desgraciadamente, avala cuanto decimos y denunciamos ante el pueblo español.

El gobierno de Suárez restringió y prohibió la licencia de armas a personas que legítimamente las poseían desde tiempo atrás, y ser la mayoría de ellos "de derechas", muchos amenazados de muerte, víctimas potenciales de ETA y GRAPO quedarían indefensos tras la medida.

Revista FUERZA NUEVA, nº 570, 10-Dic-1977 Licencia de armas Que sepamos, ningún asesino juzgado y como tal reconocido legalmente en virtud de sentencia firme, de ETA, FRAP, GRAPO o posible militante de la denominada “extrema derecha”, bajo igual acusación, tenía licencia o permiso de armas cuando cometieron sus crímenes. No tenemos noticias de que ninguno de los poseedores de tal licencia de tenencia de armas cortas -unas sesenta mil en toda España-, en cuyo número se incluyen jueces, magistrados, policías municipales, guardas jurados, etc., hayan sido condenados o acusados de ningún crimen de intencionalidad política llevado a cabo con el arma legal de su pertenencia. Los asesinos juzgados o en rebeldía, se sabe, por el contrario, que no poseen tales licencias; licencias que, además se conceden tras un trámite legal administrativo en el que se valora, entre otros, los buenos antecedentes policiales, penales, así como la amplia información que sobre la persona solicitante se realiza antes de otorgar tal licencia. Sin embargo, el Gobierno de Suárez, en una muestra más de su sectarismo, de su debilidad ante la presión y dictados de la izquierda, al parecer, está decidido a que los ciudadanos decentes -como ocurre, por el contrario, en todos los países civilizados, democráticos o no- no puedan poseer -la excepción confirmará la regla- armas cortas para su defensa personal o para la de sus bienes, pese a la indefensión reconocida por todos, hoy día, de los ciudadanos, ante el aumento del terrorismo, los atracos, agresiones, secuestros, robos y violaciones, etc. Si lo que la Administración con esta medida pretende es quitar, a la llamada derecha, instrumentos para ejercer la violencia o, para hablar más claro, medios y armas para poder dar un hipotético “golpe de Estado” o sembrar en las calles el terrorismo a ultranza, tal idea raya en el ridículo, toda vez que en estos tiempos a nadie se le puede ocurrir lanzarse a tal aventura sin contar previamente con el apoyo de las FAS, o al menos con una mayoría de las mismas, en cuyo caso sobran las pistolas, hoy inoperantes para tal acción frente a los carros de combate, los fusiles de asalto, los bazookas o los cañones. En cuanto a una posible acción aislada o “ejecución” por parte de un determinado terrorismo, pensar que con suprimir la tenencia legal de armas se van a erradicar tales acciones, es una memez, pues cualquiera -persona u organización- decidido a ello, tendrá el arma que necesite por cualquier medio ilegal, y consumará el delito sin más requisito legal. Si no, que se lo pregunten, por no estar más, a quienes asesinaron al comandante Imaz en Pamplona. Ramón de Tolosa