Si hace apenas unos días era la denuncia de la ONG Human Rights Watch la que hacía saltar las alarmas sobre la situación de los centros de menores inmigrantes internados en centros de acogida de Canarias, ayer fueron las autoridades del archipiélago y las de Melilla las que responsabilizaron al Gobierno central de la saturación de sus instalaciones.

La consejera de Bienestar Social de la ciudad autónoma, María Antonia Garbín, advirtió de que la llegada de 11 nuevos menores no acompañados el pasado fin de semana -con los que ya son más de 250 los que residen en el principal centro para este colectivo de Melilla- "puede producir alguna desgracia". Garbín señaló que se está produciendo "la mayor entrada desde hace muchos años" y "no hay más sitio". En Canarias fue su nuevo presidente, Paulino Rivero, el que pidió explicaciones y anunció que en Septiembre instará a José Luis Rodríguez Zapatero a dar cuenta de sus "incumplimientos" sobre la derivación a la Península de estos menores inmigrantes. Y apoyó con datos sus quejas, al aseverar que, pese a que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió hace once meses a evitar que el cupo sobrepasara las 300 plazas, hoy en día superan las 700.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García-Arreciado, destacó la dificultad que existe para repatriar a los menores marroquíes; más de un centenar permanecen en el centro de La Esperanza. El responsable no obvió las razones que, a su juicio, han conducido a esta tesitura: "Las relaciones con Marruecos no permiten que se tramiten los documentos para la vuelta de estos chicos que, en la mayoría de los casos, no pertenecen ni a familias desestructuradas ni humildes, simplemente han decidido que se críen en Ceuta". Hasta 16 de estos menores se fugaron ayer de una residencia escolar en la localidad granadina de Motril, un alojamiento provisional habilitado para el verano dado que el resto de dotaciones de la provincia y de Almería están "desbordadas". La consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía achaca a la falta de colaboración del Gobierno marroquí el que ningún menor haya sido devuelto en los tres últimos años.

Caldera, sin embargo, avanzó que los expedientes de los menores marroquíes están "prácticamente finalizados" y que, una vez cumplido este requisito, el país vecino los aceptará. El ministro destacó que los acuerdos del Ejecutivo para regular los flujos migratorios están dando fruto: la reducción en un 60% de la llegada de cayucos en el 2007.