Fuente: ABC, 23 de Noviembre de 1977, páginas 28 y 29.



LA CONFERENCIA EPISCOPAL COMENZÓ EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DE LA IGLESIA

Desde la curiosidad de la antigua dotación estatal hasta el nacimiento del primer presupuesto de la Iglesia española

La Conferencia Episcopal dedicó su primera jornada a esa reorganización de la economía de la Iglesia que el Cardenal Presidente denominó «un primer paso en una revolución» durante su discurso de apertura. Tema difícil y largo, que previsiblemente ocupará varias jornadas. No hay, pues, por el momento, conclusiones. El gerente del Episcopado, don Bernardo Herráez, hizo la presentación del tema, al que ha seguido un primer diálogo, bastante difuso y disperso, según parece, dada la novedad y amplitud del asunto.


EL PROBLEMA EN LA HISTORIA

El tema de la ayuda del Estado a la Iglesia en España viene de lejos: son conocidas las sucesivas desamortizaciones de bienes eclesiásticos hechas en España desde la expulsión de los jesuitas por Carlos III, en 1767, hasta el bienio [sic] revolucionario, en 1869. Pero ya en el Concordato de 1851 y en el acuerdo adicional de 1854 [sic] quiere el Estado español reparar de alguna manera esas desamortizaciones. Sólo en 1837 quedaron en la calle 31.000 enclaustrados, a los que se atribuye una pensión diaria de 0,75 a los legos y de 1,25 a los sacerdotes.

Pero la Santa Sede se resiste desde el primer momento a esta forma de pensión, que parece convertir a los clérigos en funcionarios del Estado. Roma aspira, ya desde entonces, a que el Estado entregue a la Iglesia una cantidad global que «asegure al Clero una subsistencia decorosa al par que independiente».

Mas el Estado –al mismo tiempo que prohíbe a la Iglesia la recaudación del tradicional diezmo o contribución de los fieles– prefiere entregar mensualmente una cantidad a los sacerdotes.

Cantidad que inicialmente es bastante generosa, ya que vamos a encontrarnos ahora con el curioso dato de que siempre fueron los laicistas más generosos con el Clero que los clericales. Así, nos encontramos que en 1851 el sueldo medio de los párrocos (1.500 anuales) era superior al medio de los maestros (1.400 anuales), y el de un Deán de Catedral (4.800 anuales) oscilaba entre el de un Capitán (3.500) y el de un Comandante (5.400).

Pero pronto comienza a registrarse un desfase: entre 1851 y 1890 los Presupuestos Generales del Estado aumentan en un 259 por 100, mientras que las “Obligaciones Eclesiásticas” se quedan en un 119 por 100.

Y después de nuestra guerra se establece el sistema [1] que ha regido prácticamente hasta el momento presente, sistema curioso, lleno de contradicciones, y sobre el que podrían trazarse hoy no pocas ironías. He aquí los datos más significativos.

Por de pronto, el sueldo no se paga a las personas (sacerdotes que realmente ejercen el ministerio), sino a las piezas eclesiásticas (parroquias, coadjutorías, capellanías), y todo ello sobre estadísticas del siglo XIX. Con lo que sucedía que existían muchas piezas sin cubrirse por ningún sacerdote (parroquias vacantes, coadjutorías sin sacerdote), al mismo tiempo que se contaban muchos sacerdotes que, al trabajar en otro tipo de trabajos pastorales (consiliarías de Acción Católica, etc.) no contaban con sueldo alguno. De hecho, las piezas eran en el Presupuesto 36.240, cuando el número de sacerdotes seculares rondaba los 25.000.

Por ello, se consideraban «ideales» aquellas Diócesis en las que era muy alto el número de parroquias vacantes, ya que eran sueldos que el Obispo podía mover para otros intereses diocesanos. Las cantidades que algunos Obispos se ahorraban por este concepto oscilaban desde el medio millón mensual hasta los treinta y un millones mensuales. Esas diócesis favorecidas eran en general aquéllas que contaban con mayor número de pueblecillos desaparecidos o diminutos, varios de los cuales podían ser atendidos por un solo sacerdote.


EL SUELDO REAL DEL CLERO

Pero el montón total de ese Presupuesto era mucho menor de lo que se suponía. Prácticamente hasta 1971 no supera los 880 millones, de los cuales la mayoría (620 millones) permitían dar a los sacerdotes un sueldo mensual de 1.450 pesetas, más 120 millones que permitían ofrecerles al año dos pagas extraordinarias de 1.400 [2].

Este sueldo, prácticamente el único cobrado por los sacerdotes hasta 1971 (a pesar de la Ley de 1957, que decidió darles el sueldo de entrada de los Maestros, Ley que jamás llegó a cumplirse) se vio incrementado a partir de ese 1971 con un complemento de 880 millones que permitían subir el sueldo efectivo de los sacerdotes hasta unas 5.000 pesetas mensuales. Las extraordinarias siguieron siendo de 1.400 [3].

Sólo en 1977 llegan los sacerdotes al salario mínimo interprofesional, con un aumento que, globalmente, impresiona (son 3.325 millones), pero que en realidad sólo llega a esas 15.000 mensuales aseguradas a cada sacerdote. Para 1978 –si el Presupuesto presentado a las Cortes es aprobado– se añadirían 1.063 millones más, que permitirían a la Iglesia costear la Seguridad Social del Clero.


EL RESTO DEL PRESUPUESTO

Como se ve, la simple manutención del Clero se come la casi totalidad de lo aportado por el Estado a la Iglesia, pues en las demás partidas sigue rigiendo lo presupuestado a raíz de la guerra. Así, nos encontramos que lo aportado para los 62 Seminarios Mayores no pasa en total de nueve millones; que lo atribuido a la reparación de templos sigue en 35 millones anuales (menos de 1.000 pesetas por iglesia), o que las aportaciones para el Culto tampoco sobrepasan las 1.000 pesetas anuales por iglesia abierta.

Dato aún más curioso es que han aumentado en los últimos años los sueldos de los sacerdotes, pero no los de los Obispos, con lo que éstos cobran en la actualidad del Estado menos que los coadjutores. Exactamente, al Cardenal Primado se le atribuyen 13.600 mensuales; 10.000 a los Arzobispos; y 8.000 a los Obispos. A ello se añadían las 1.700 pesetas anuales que se atribuían al Primado para gastos de representación; las 1.000 anuales que se concedían a los Arzobispos; 833 a los Obispos; y 500 –siempre anuales– a los Obispos auxiliares.


LA POLITIZACIÓN DE LA AYUDA

A todas estas «curiosidades» se añadía la posibilidad de una politización de esta ayuda. De hecho, en la última década, cuando se iniciaron las tensiones Iglesia-Estado aparecieron las «represalias» económicas. Así, por ejemplo, aunque la Iglesia no lo hizo público, existían 22 Diócesis que, con diversas disculpas jurídicas, no percibían subvención para sus Seminarios (eran las llamadas «Diócesis castigadas»); lo mismo ocurrió con todos los Obispos auxiliares nombrados entre 1970 y 1976, que nunca percibieron un céntimo de un Estado que no les reconocía; y aquellos Obispos que eran menos «obedientes» sabían que, si creaban nuevas parroquias en las ciudades (fue el caso de Madrid muchos años), nunca verían reconocidas como auténticas piezas estas nuevas creaciones. Por otro lado, y al mismo tiempo, se aplicaban más o menos subrepticiamente algunas cantidades a revistas que se dedicaban, desde la derecha, a hostigar a la Jerarquía.


LA GLOBALIZACIÓN

¿No era lógico buscar nuevos caminos? ¿No era lógico que, si el Estado ayudaba a la Iglesia, lo hiciera tal y como Ella necesitaba y quería ser ayudada, y no desde Presupuestos partidistamente políticos?

La llegada a la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos de Don Eduardo Zulueta (¿cuándo agradecerá la Iglesia todo lo que debe a este hombre?) fue decisiva en el nacimiento de los nuevos tiempos. A iniciativa suya, a comienzos de este año 1977, comenzaron los estudios para que el Estado ofreciera a la Iglesia la cantidad que venía ofreciendo, pero de una manera global, para que la propia Iglesia distribuyera ese dinero según sus nuevos planteamientos pastorales [4].

Esto exigía, por de pronto, a la Iglesia, el montaje de toda una nueva organización económica. Hasta ahora, la Iglesia ha sido, en lo económico, una acumulación de reinos de Taifas. Nunca un Obispo conoció el presupuesto de las parroquias de su Diócesis (¡y no digamos el de los conventos que actuaban en ella!). Y jamás existió un presupuesto nacional de la Iglesia española. Intentar decir algo sobre la economía de nuestra Iglesia era imposible, pero no porque se guardase celosamente el secreto, sino porque nadie lo sabía.

Ahora nace –benditamente forzada por la nueva forma de entrega de la aportación estatal– un nuevo enfoque económico que ha encontrado también su hombre en Don Bernardo Herráez, el nuevo gerente del Episcopado, y en la Comisión de economistas seglares que le ayuda. Pero de este tema informaremos otro día.



J. L. MARTÍN DESCALZO






[1] Nota mía. En realidad, habría que decir, con más propiedad, que se restablece el mismo sistema de Presupuesto de Culto y Clero de los regímenes isabelino y alfonsino, que había sido suprimido por el régimen de la II República.

[2] Nota mía. Según la Ley de Presupuestos para el bienio 1970-1971, de 30 de Diciembre de 1969, dentro de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticas, en el Capítulo relativo a Personal, la suma de las partidas correspondientes a Sueldos y a Otras Remuneraciones asciende a un total de 1.904.815.000 pesetas, y no los casi 880 millones que afirma el articulista.

[3] Nota mía. Desconozco si se llegó a cumplir o no la Ley de equiparación salarial con los Maestros de Primera Enseñanza.

Lo cierto es que, con motivo de esa equiparación oficial, se establecieron por ley varias gratificaciones o complementos en los sueldos eclesiásticos como consecuencia automática de su previa concesión a los Maestros de Primera Enseñanza. Así se decretan en las Leyes de 24 de Diciembre de 1962 y de 11 de Junio de 1964.

Sobre el acuerdo entre la Iglesia y el Estado para el aumento de la Dotación del Clero, véase el epígrafe titulado Gestiones para un aumento de la Dotación estatal (1967-1969) en el artículo del Obispo Guerra Campos reproducido anteriormente.

Según la Orden de 3 de Junio de 1970, la Ley de Presupuestos de 30 de Diciembre de 1969 para el bienio 1970-1971 destinó 325 millones de pesetas en concepto de complemento de la Dotación del Clero. Esta cantidad correspondía al año de 1970 y se consideraba la mitad del aumento total previsto y acordado, el cual debía completarse en el año de 1971.

Por tanto, siendo 325 millones la mitad del aumento, éste debía ascender a un total de 650 millones (no 880, como dice el articulista).

[4] Nota mía. El articulista parece presentar esta fórmula como una novedad, pero lo cierto es que el régimen franquista ya la había expuesto desde 1966. Véase, a este respecto, el citado artículo del Obispo Guerra Campos.