Tema: Chávez contra los españoles

Puesto en el Foro Santo Tomás Moro-www.tomasmoro.org por TFP


Los españoles, víctimas de una ola xenófoba

(Periodista Digital).- Secuestros, violaciones, amenazas, torturas... Los españoles son víctimas de una ola xenófoba que pretende recuperar las “tierras colonizadas desde 1492”. Informaron a ZP del problema hace 11 meses, pero nada ha cambiado.

Cuenta Higinio Mosteiro, que viajó hasta Venezuela enviado por la revista Época, que lo persiguieron por todo el local. Recorrieron escaleras arriba, escaleras abajo las instalaciones de la Hermandad Gallega de Caracas, burlando las medidas de seguridad que protegían a José Luis Rodríguez Zapatero durante su visita oficial a Venezuela. Y consiguieron su objetivo.

El 29 de marzo de 2005, Marbella Rodríguez y Clodovaldo Rodríguez se encontraron cara a cara con el presidente del Gobierno español: “Lea esto, por favor, somos españoles y nos están quitando todo lo que tenemos”.
La joven canaria, nerviosa, entregaba al mandatario un dossier en el que explicaba cómo la política agraria de su homólogo Hugo Chávez les estaba dejando “sin un duro y en la calle”. Zapatero cogió los papeles y les echó una ojeada. Prometió solucionarlo... Pero las palabras se las lleva el viento.

Ha pasado casi un año, y poco o nada ha hecho el Gobierno español. La situación se ha vuelto insoportable. Sobre todo en el Estado venezolano de Yaracuy, donde residen cerca de 200 emigrantes españoles. Desde hace tres años, una docena de familias ha tenido que abandonar sus tareas agrícolas. Las amenazas de la población venezolana se han cumplido. Obedeciendo a la llamada del presidente Hugo Chávez, miles de hombres han invadido los campos de cultivo de los españoles y, literalmente, se los han quitado de las manos. Quienes ofrecen resistencia se encuentran con un movimiento de violencia sin límites.

Marbella Rodríguez sufrió personalmente estas oleadas agresivas. Intentaron quemarla viva cuando visitaba la finca de su padre, Edmundo Rodríguez, que adquirió los terrenos hace 30 años. “Esto es el escenario de la revolución de Venezuela, una muestra del terrorismo agrario que hay en Yaracuy”, asegura mientras camina por los restos del cobertizo donde fue maniatada y rociada con combustible.

“Fui golpeada violentamente; me ataron y prendieron fuego a mi ropa. Estoy viva gracias a un empleado que corrió en mi ayuda”, recuerda la joven.

Las 200 hectáreas de caña de azúcar de su familia fueron saqueadas, y los cobertizos e instalaciones destrozados por un grupo de 50 hombres de color que reclamaban las tierras. Pero lo que más le duele es cruzarse por las calles de San Felipe (Yaracuy) con sus agresores. Se han celebrado juicios, pero el juez siempre encuentra argumentos para dejar en libertad a la persona que intentó matarla.

Antes de llegar a la finca de Alfredo Rivera, en medio de la calzada se puede leer en un cartel: “Bienvenido. Tierras comuneras, jirajaras [una raza indígena autóctona] y afrodescendientes”. Se lo han tomado al pie de la letra: los habitantes de las aldeas de El Chino, Veroes y Farriar creen que los españoles no tienen derecho a poseer propiedades.

A Rivera le sacaron de su finca a base de palos. Sus 200 hectáreas de caña fueron invadidas, sus instalaciones saqueadas, su maquinaria destrozada y su personal contratado fue expulsado violentamente.

En 2003 comenzaron las agresiones y como resultado, ese mismo año Rivera perdió el 40% de la cosecha. Pero fue en 2004 cuando se produjo el verdadero desastre: “Un grupo de 30 individuos armados entró en mi terreno. Echaron a los vigilantes y a los obreros. Les quemaron la ropa y destrozaron las cocinas. Se llevaron los techos de los hangares y cobertizos. Lo que no pudieron robar lo quemaron con gasolina. Desde entonces no he podido trabajar en la finca”, asegura Rivera. Ahora sólo le queda una opción: “He puesto en venta las pocas máquinas que me quedan, necesito plata para subsistir”.
Este inmigrante gallego de 62 años acudió sin éxito a instancias oficiales para buscar protección. “Creo que estos ataques forman parte de un plan bien definido para sacarnos de las fincas”, explica Rivera. En efecto, los invasores justifican sus acciones en la Ley de Reforma Agraria promulgada por el Gobierno de Hugo Chávez, según la cual los campesinos pueden convertirse en propietarios de las tierras que estén abandonadas.

Sin embargo, es más fácil quedarse con aquellas ya cultivadas por otros que deforestar los salvajes campos venezolanos o comenzar una nueva plantación sobre tierras áridas.

Además, la llamada xenófoba realizada por Chávez desde su programa televisivo Aló Presidente tuvo sus consecuencias. Y eso que el militar había garantizado a Zapatero que las propiedades de los españoles no se verían afectadas por las expropiaciones que su Gobierno pensaba realizar. El español se fió del buen talante de Chávez.

Los invasores acudieron a la llamada de la “reconquista” utilizando la fuerza necesaria para expulsar a los extranjeros del país. Por supuesto, sin respetar los pactos entre los dos estadistas. Los nativos aseguran que los campos en los que entran están abandonados. “Nada más lejos de la realidad”, se queja Rivera mientras muestra los restos de uno de los pozos que había instalado en la finca para garantizar agua a las cañas de azúcar. Sin embargo, aunque las tierras están en plena producción, el Gobierno venezolano ha levantado actas que aseguran que están desatendidas.
Las sospechas de corrupción se incrementaron cuando los afectados Edmundo Rodríguez y Alfredo Rivera descubrieron que el Fondafa (Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines) había otorgado a los agresores unos créditos por las cañas cultivadas en los terrenos de los españoles.

“Habían duplicado los créditos sobre la misma plantación, nos dieron uno a nosotros y otro a los invasores”, explica Rivera. Para hacer frente a esos créditos, tanto los propietarios legales como los invasores deben recoger la caña y vendérsela a la Central Azucarera. Los verdaderos propietarios no se atreven a recolectar por miedo a ser agredidos, y la central no ha querido aceptar las cañas que han llevado los hombres que se han adueñado ilegalmente de las tierras, pero ante la negativa de la azucarera, la violencia se abrió camino. El pasado 15 de febrero, los agresores tomaron la Central Azucarera y paralizaron sus máquinas.

Vladimir Rodríguez, un productor también descendiente de canarios, ha calculado las pérdidas ocasionadas en la región. “Antes de la oleada de invasiones, recogíamos 25.000 toneladas de caña anuales. Ahora, apenas se superan las 9.000”, asegura. “Mi finca lleva tres años sufriendo embates de grupos violentos, pero el de este año ha sido definitivo. Han destruido la vivienda del encargado y han quemado mi cosecha”, explica.
Como el resto de sus compañeros, Vladimir ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades.

Tampoco ha recibido respuesta. “Somos 35 productores de caña en Yaracuy, la mayoría españoles. Ante esta situación en la que nos encontramos, le hemos propuesto al Gobierno que valore nuestra propiedad y que nos la compre, porque la convivencia después de lo sucedido sería imposible”, se resigna.

En total, en los Estados noroccidentales de Venezuela (Yaracuy, Zulia, Barinas y Tachira) se han invadido y saqueado un total de 38.427 hectáreas. El último caso se produjo el lunes 20 de febrero, cuando 55 campesinos entraron por la fuerza en la finca Nuare, en el municipio de Páez (Yaracuy).

Los agresores retuvieron a los propietarios, la familia Riera, y advirtieron que no abandonarían la finca hasta que el Gobierno garantizase las tierras que les había prometido. Dos miembros de la familia Riera permanecieron secuestrados en su domicilio durante dos días.

Es precisamente el secuestro uno de los métodos utilizados por los campesinos para presionar a los terratenientes. En San Felipe han secuestrado a 22 personas desde 2002. “No creo que sea una casualidad que 17 de los secuestrados sean de origen español y que el resto sean italianos, portugueses o colombianos. El único venezolano secuestrado tenía apellido español”, comenta Clodovaldo Rodríguez. Este isleño, de La Palma, fue secuestrado durante 17 largos días hasta que su familia pagó el rescate.



Quizá por su dramática situación personal, Clodovaldo ha removido Roma con Santiago para que las autoridades españolas conozcan la situación que viven los emigrantes en el país. “Le entregamos un dossier a Zapatero y, por medio de un socialista de mi pueblo, le hice llegar otro a la vicepresidenta del Gobierno”, explica. Cada vez que un político español llegaba a Venezuela, allí estaba este palmero con un montón de papeles que demuestran cómo los españoles sufren las consecuencias de la revolución bolivariana del teniente coronel Hugo Chávez.

Hace dos semanas, tres funcionarios de la embajada española llegaron a San Felipe. Querían evaluar los daños y valorar las fincas para negociar un precio de venta con el Gobierno venezolano. Ésa es la vaga respuesta que ofrece España a sus emigrantes.


Supongo que ZP y el MSR solucionaránlo todo.....

Ordóñez traigo textual la noticia, reseñada en el diario El Universal (maximo representante de la derecha venezolana). Lo que explica las comillas.

Lunes 8 de Mayo 2006.

02:34 PM) Españoles con tierras invadidas logran “acuerdo satisfactorio”

Caracas.- Las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y los propietarios españoles que habían denunciado ocupaciones de sus tierras, han concluido de manera ''satisfactoria'', y mañana martes se firmarán los acuerdos, informó hoy la embajada de España.
''Se ha podido llegar a un desenlace satisfactorio para los damnificados'', señaló un comunicado de la embajada, tras una reunión mantenida horas antes entre los once españoles e hispano-venezolanos afectados, residentes en el estado de Yaracuy, y representantes del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela.
También destaca que ambas partes acordaron la cuantía de ''las indemnizaciones por los bienes y derechos perjudicados por las ocupaciones de las tierras'', reseñó Efe.
La negociación de hoy puso punto final a más de un año de negociaciones de los propietarios españoles con las autoridades venezolanas, canalizadas personalmente por el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, y representantes consulares españoles.
La firma de los ''convenios individuales'', entre propietarios y el INTI, tendrá lugar mañana con asistencia del director del Instituto, Richard Vivas, y Raúl Morodo, que también participaron en la reunión de hoy, junto a la viceministra venezolana para Europa, Jenny Figueredo.
''El objetivo de la reunión era llegar a un acuerdo con el Gobierno venezolano sobre las indemnizaciones que compensen los daños que les fueron causados en las propiedades, bienes y derechos de estos agricultores'', dijeron fuentes diplomáticas españolas.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, adelantó hace tres semanas que su gobierno estaba en ''negociaciones'' con los propietarios, ''para asegurar sus derechos, y hemos dicho que a quienes haya que indemnizar (...) reconocer su propiedad, el valor de sus tierras, de sus bienes, pues lo haremos''.
La situación de los propietarios españoles también fue tema de conversación entre Chávez, y el entonces ministro español de Defensa, José Bono, durante la visita oficial a Caracas que hizo éste a finales del pasado noviembre.
Fuentes de la embajada y propietarios afectados coincidieron en destacar, en declaraciones a Efe, que se había logrado ''un acuerdo total'' y que la reunión se celebró en un ''ambiente de gran armonía''.
''Ha salido lo mejor posible, con una indemnización justa'', dijo Marbella Rodríguez, una de los primeros propietarios en sufrir en 2003 la ocupación de sus tierras y que también fue amenazada de muerte en dos ocasiones.
Destacó que las autoridades venezolanas se comprometieron a comenzar los pagos ''en un plazo de 20 días'', una vez se firmen mañana los convenios.
También reconoció el ''destacado papel desempeñado por las autoridades españolas, el Parlamento, el embajador Morodo y los funcionarios consulares, para encauzar muy satisfactoriamente las negociaciones''.
El Gobierno venezolano desarrolla actualmente, basándose en la Ley de Tierras, una lucha contra el latifundio en terrenos improductivos de más de 5.000 hectáreas.
Los propietarios españoles adujeron la legalidad de los títulos de propiedad, reconocidos por el Estado, sobre sus terrenos, el mayor de los cuales abarca 235 hectáreas y el menor 20 hectáreas.
Todas las fincas son productivas, dedicadas principalmente al cultivo de caña de azúcar y algo de ganadería, según consta en la documentación sobre el caso.
http://internacional.eluniversal.com/2006/05/01/eco_ava_01A701761.shtml