Tema: La infame creación de las “autonomías” (1977) como apuñalamiento a España

"Autonomismos y separatismos demenciales"

Revista FUERZA NUEVA, nº 561, 8-Oct-1977 Autonomismos y separatismos demenciales Por Rafael Gambra La serie interminable de reivindicaciones autonomistas y nacionalistas que estamos hoy viviendo en nuestra Patria pasará a la historia: -Bien como la disolución última y anárquica de España; -Bien como un período de enajenación colectiva, debido en gran parte a la completa falta de criterio y de autoridad en todos los niveles. Otra alternativa no cabe. Días atrás leía una reivindicación autonómica de “Cantabria”, es decir, de la Montaña santanderina. Jamás se supo que tal comarca de Castilla formase una entidad política, autónoma, como tampoco “Vasconia” en cuanto tal, que sólo ha constituido provincias forales de Castilla, ajenas en su origen y en sus límites a la realidad lingüística Vascongada. Hasta la comarca de Jaca (Huesca) pone hoy en sus carreteras unos curiosos letreros: “Está usted en la Jacetania”. Cántabros, vascones y jacetanos son nombres de la España prerromana, más de la prehistoria o de la arqueología que de la historia. ¿Por qué no reivindicar también la autonomía de ilergetes, turdetanos, etc.? Se nos habla también hoy de una Andalucía autónoma, cuando nadie le conoció otra personalidad política -o más bien administrativa- que la Bética, como provincia del Imperio Romano. Y de una autonomía de los “guanches”. ¿Por qué no del reino de Tartessos o de las colonias fenicias? Y del “reino de Murcia” que fue reino moro, conquistado por Castilla. Y no digamos de meras comarcas naturales o agrarias como Rioja o la Mancha, o de zonas de reconquista como Extremadura, que jamás tuvieron entidad política… Si nos metiéramos en una liquidación definitiva a reconocer y deslindar todas estas autonomías, serían más las zonas superpuestas que las exentas, y los reinos de taifas y sus luchas parecerían una broma al lado de lo que vendría. Para dar un cauce a las reivindicaciones regionales o autonómicas -y aún más para crear un Ministerio de Relaciones con las Regiones (¡)- es preciso establecer antes un planteamiento regional que nos diga qué son y cuáles son esas regiones y qué niveles de autonomía caben. Y esto solo puede hallarse en la historia y en el derecho, no en las “ideaciones” particulares de los Sabinos Arana o en los caprichos y medros de las “medias tintas” provinciales o de partido político. El planteamiento regional, en lo que puede tener de legítimo y viable, es en España muy concreto, y se llamó foral. Se sitúa en la historia, no en la prehistoria, ni en la historia-ficción. Se trataría, concretamente, de los reinos que a lo largo de la Reconquista cristiana y en los albores de la Edad Moderna formaron -sin renunciar a su personalidad y patrimonio histórico- esto que llamamos España. La entidad jurídica de cada reino, principado, condado o señorío se conservó mientras duró el Antiguo Régimen, es decir, hacia 1833, bien entrado el siglo XIX. Nuestros reyes no se titularon de España sino de Castilla y Aragón, de Navarra, señores de Vizcaya, etcétera. Sólo por brevedad se titulaban a veces “de las Españas”. Y nuestro escudo nacional -como puede verse en cualquier moneda- se forma de los cuatro reinos peninsulares (Castilla, León, Aragón y Navarra) a los que se añadió hasta su separación el quinto reino español de la Reconquista, Portugal. La unión bajo una misma corona de Castilla y León data de la Edad Media; la de la corona de Aragón, Navarra y Portugal se realizó en los siglos XV-XVI. Dentro de estos reinos subsistieron también más remotas incorporaciones, con sus foralidades jurídicas y políticas: en León, el reino de Galicia y el principado de Asturias; en Castilla, las provincias forales llamadas Vascongadas; en la corona de Aragón, el principado de Cataluña, el reino de Valencia y el de Mallorca etcétera. Y en todos ellos los fueros municipales y comarcales de diverso origen y alcance. Sobre este planteamiento cabe -siempre dentro de una prudencia política- una reivindicación y una reconstrucción foral o patrimonial-histórica. Todo lo demás es literatura anárquica, capricho personal, ganas de “armarla” y de llamar a los podencos, que están ahí, infiltrados en la disputa interminable, y que se llama exactamente marxismo-leninismo. Ellos no saben, por principio, ni de fueros, ni de historia, ni de derecho, ni de regiones ni de naciones. *** La misma necesidad de un previo y fundamental planteamiento requiere la vida de una comunidad política en orden a las demás reivindicaciones de libertades de carácter no territorial sino moral o de costumbres. Este planteamiento estaba representado en España (y en toda la cristiandad) por la unidad religiosa y por la confesionalidad católica del Estado. Muchos que han dado por buena la “libertad religiosa” (pérdida de la unidad católica) y aun la aconfesionalidad o neutralidad religiosa del Estado se echan las manos a la cabeza cuando oyen proponer la legalización del divorcio, del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, del nudismo, de la pornografía, de las drogas, de las prácticas ocultistas, de los cultos satánicos, etcétera. ¿En qué razón apoyan su negativa y su escándalo? Si no existe otra norma que la voluntad general, y es deseo de grupos o partidos tan aceptables como los demás… Si Dios no existe o no reconocido -se ha dicho con razón- todo es entonces posible. Y es de Sartre esta frase: “La Revolución del siglo XIX suprimió de Dios muy poca cosa: sólo su existencia; pero dejó intactas, como colgadas de sí mismas, las normas morales, el llamado derecho o la moral “naturales”. Es preciso afirmar que, eliminado Dios, todo lo demás cae por su base, y, en un universo sin normas ni signos, debemos hacernos incinerar tras una vida de alegría”. “El Pensamiento Navarro” (9-IX-77)

“España, otra vez partida”

Revista FUERZA NUEVA, nº 561, 8-Oct-1977 Página del director ESPAÑA, OTRA VEZ PARTIDA “La casualidad, más bien que las artes del Gobierno, une a los reinos más fuertes, Cataluña y Aragón primero, Castilla y Aragón después, y entonces es cuando resurge la antigua nación española, hecha jirones durante ocho siglos”. No son palabras de Franco ni de ningún ideólogo nacional, sino de John Chamberlain, en su obra “El atraso de España”. Y sigue: “Los restos de dominación árabe se borran con facilidad. Aquellos musulmanes (reinos de taifas, s. XI) valientes, fuertes, más fuertes que los cristianos; cultos, más cultos que todos los pueblos de Europa, hubieran podido perpetuar indefinidamente su vida en la Península, y mueren por sus divisiones, por su mal gobierno, por carecer de la idea de Patria y subordinar sus ideas religiosas a los mezquinos intereses de un pueblo o de una familia”. Podría aplicarse esta interpretación historiográfica a nuestros días. A la hora actual. A este momento en que Suárez y Tarradellas –me guardo el calificativo sobre las personas- deciden por su cuenta y riesgo nuestro, la división de España. Volver a los reinos de taifas, a la Edad Media. La noticia debe de haber causado estupor incluso en la Europa de la homologación, que no comprenderá como la nación que logró, hace quinientos años, la unidad patria, adelantándose a las demás, y obteniendo el premio de un imperio sobre el mundo, retrocede esos siglos para partir el país, primer paso hacia el enfrentamiento que nos llevará a otra guerra. Increíble Siempre se dijo que la unión hace la fuerza. Ahora se opina lo contrario. Babel, que fue, según la Sagrada Escritura, un castigo de Dios, es exhibido hoy como una panacea, un mérito, incluso por algunos eclesiásticos empapados de vernaculismo. Así, por esa subversión de ideas y conceptos, y por lo tanto de palabras, se nos dice que “las autonomías favorecen la unidad”, en virtud de la misma razón por la que los masones llaman virtudes a los vicios. Autonomía, además, es separatismo, independencia… No nos engañemos. Y aquí vienen oportunamente otras palabras del mismo autor anteriormente citado, para que se vea que no recurro a ultras o políticos propios y sospechosos de franquismo: “Esto del regionalismo separatista es una verdadera locura que ha llegado a tener importancia en Bilbao y en Barcelona, sobre todo en Barcelona, por la falta de sentido práctico de los políticos españoles”. Exacto, la culpa es de los políticos; del mal gobierno, si no hay detrás otros hilos tenebrosos que manejan ese atentado contra la unidad de la Patria. El reconocimiento de la Generalidad, aunque sea provisionalmente, es desde cualquier punto de vista –administrativo, político y aun histórico- un arcaico retroceso, un anacronismo regresista y entorpecedor, pero es, sobre todo un ataque a la unidad de España. Algún ignorante ha dicho que es el reconocimiento del “hecho catalán” –burdo eufemismo- que había sido soslayado durante cuarenta años (ya salió la monserga), desconociendo el afirmante que desde 1716 a 1932, o sea durante dos siglos, se había dado de lado ese “hecho” y no le fue tan mal a Cataluña, dejando aparte que, finalmente, este organismo no es catalán sino barcelonés, en su inevitable degeneración política. “Crecen con la unión los pequeños imperios; húndense con la discordia los mayores”, sentenció en su tratado “Del Rey” el P. Mariana. Y desde ese apotegma al sinnúmero de ellos que nos ofrecen nuestros más esclarecidos políticos podría abundar en razones sobre la unidad indispensable no ya por la grandeza y libertad de un pueblo, sino para su propia existencia. “Si no vamos juntos nos ahorcarán por separado”, aconsejó Franklin a sus correligionarios. Y ese aforismo vale para toda una nación. Lo saben sin duda nuestros gobernantes, por poca experiencia e intuición que tengan. Por lo que sólo una razón oscura, tenebrosa y maligna puede presentar como positiva la partición de España.

"Cataluña, punto y aparte"

Revista FUERZA NUEVA, nº 562, 15-Oct-1977 Cataluña, punto y aparte Con absoluto desprecio para la democracia, entre el egoísmo de unos, la cobarde complacencia de otros y la indiferencia irresponsable de los más, un Gobierno de “centro”, que hizo de la democracia su lema durante la campaña electoral (1977), por un simple Decreto-Ley ha empezado a hacer girones de la unidad patria. Un trozo querido de España empieza a recorrer distintos caminos: los que le han trazado mentes revanchistas, los que convienen a bolsillos interesados. Es el hijo privilegiado, a cuyo encumbramiento ha contribuido el resto de la familia -¡y de qué manera!- que abandona a sus hermanos y quiere vivir su propia vida. Cataluña ha emprendido el camino de la insolidaridad nacional.El 29 de septiembre de 1977 no es un día histórico, sino un día nefasto.Desde ese día, Cataluña empieza a ser desgraciadamente, punto y aparte. No se ha tenido en cuenta la voluntad de los propios catalanes y menos la del resto de los españoles. Los padres de la Patria tan exigentes y tan celosos a la hora de velar por la dignidad parlamentaria, la pisotean con su silencio cuando se trata de algo tan sagrado como es la unidad de España. El Estatuto no es la autonomía, como no lo fue durante la República. El Estatuto es el primer paso de la insolidaridad nacional y del separatismo. Los españoles no somos tan ingenuos como para dejarnos seducir por mensajes, compromisos, discursos y componendas.La historia es tan reciente que aún no le hemos olvidado. Los síntomas son tan inequívocos, que conducen, sin remedio, a lo de antes. Cualquier día, cualquier irresponsable volverá a asomarse al balcón de la Generalidad y, agitando la senyera proclamará l’Estat Catalá y la República catalana. Con el Estatuto pasarán a la Generalidad funciones, servicios y competencias que son de auténtica soberanía: Cataluña organizará sus finanzas, sus fuerzas de orden público, su justicia y su enseñanza. Se quedará, a cambio de una ofrenda simbólica, con los impuestos que recaude, en gravísimo perjuicio para otras regiones pobres que han contribuido a su riqueza y que siguen contribuyendo comprando sus productos y ofreciéndole los brazos de sus gentes. Esto no es una premonición ni un temor. Esto lo proclaman día tras día sus parlamentarios. Antes de que transcurrieran las primeras veinticuatro horas de vida de la Generalidad, un imprudente se atrevió a pedir públicamente y sin pudor que en Cataluña solo enseñen maestros catalanes. El resto de los españoles somos de peor condición (…). No nos engañemos, amigos: el canto de “Els segadors”, expresión del odio catalán por lo “castellano”, se entona día tras día por las calles de Barcelona. La bandera nacional ha desaparecido de Cataluña. ¡Nosaltres sols! Amigos, sin rodeos: Cataluña empieza a ser insolidaria. Cataluña empieza a ser punto y aparte. Jaime CORTÉS

Artículo de J. M. Codón, año 1977, comparando las antiguas instituciones regionales de autogobierno frente a los nuevos inventos autonómicos que reivindicaban bastardamente aquellos símbolos, tomando como ejemplo a la Generalidad catalana que por entonces se restablecía mediante un acuerdo entre Adolfo Suárez y Tarradellas con la firma del rey Juan Carlos y sin referendum ni acuerdo de las Cortes (ya democráticas) para ello. Aun no existía la actual Constitución de 1978, que reconocería y daría por bueno el hecho consumado.



NUNCA EXISTIÓ ESTA «GENERALITAT»

Por JOSE MARÍA CODÓN

C. de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia

"Cataluña, desde su prehistoria, dio siempre la medida del amor a España, aquella “Hispania Universa”, es decir una y varia, como proclamó ya en el siglo II el tarraconense Floro. Después, el obispo de Vich, Oliva; la hija y la nieta del Cid, condesas de Barcelona; y modernamente Eroles, Balmes, Milá y Fontanals, Torras y Bages, Verdaguer, Balaguer y tantos otros pensadores, son arquetipos de un españolismo regionalista de antología; de un ideario español cuya mejor síntesis es esta frase autobiográfica de Jaime I el Conquistador: “Nos ho fem la primera cosa per Deu; la segona per salvar a Espanya”.

Las protestas surgidas en varias regiones, contra el despotismo, que no contra España, comenzaron desde el centralismo del Conde Duque y el absolutismo liberal, causa de la causa del separatismo.

No es cierta la difundida leyenda, resucitada ahora, según la cual Felipe V acabó con los fueros catalanes y por ende con la “Generalitat”. Los hijos de Cataluña, en una buena parte, habían hecho causa común con el primer rey borbónico, y éste no les privó de sus fueros expresamente, aunque sí a los valencianos y aragoneses. El decreto de nueva planta fue una reforma procesal parcial.

(La “Generalitat”, o la Diputación General fue abolida en la guerra carlista, 1875, al tomar el general “restaurador” Martínez Campos, La Seo de Urgel). En aquel error ha caído uno de los negociadores del controvertido decreto ley de 29 de septiembre de 1977, que ha dicho que un Borbón quitó la “Generalitat” de Cataluña, y el sucesor la ha restaurado. Es un eco del que había sufrido Carlos VII, cuando al proclamar los fueros catalanes en 1872, dijo: “Si un Borbón, mi abuelo Felipe V, os quitó los fueros, yo su descendiente os los retorno”.

Surgido el nacionalismo catalán y agudizado el problema en 1918, se intentó crear una “Generalitat” parecida a la que ahora ha aflorado. Como esta gravísima cuestión siempre es un caso de Cortes y no de decreto ley, hubo unos debates reñidos y de enorme altura: Mella, Pradera, Balparda contra Prat de la Riba y Cambó.

Movilizadas las once diputaciones de Castilla la Vieja y León, suscribieron en Burgos un famoso documento, modelo de respeto al regionalismo e impugnación del nacionalismo, y frustraron el intento, con la ayuda de la mayor parte de las tierras hermanas, y aquel discurso valiente que el presidente de la Diputación de la Cabeza de Castilla, don Amadeo Rilova, pronunció en la audiencia concedida por Alfonso XIII y por el presidente del Gobierno.

Hemos hecho un poco de historia, que es muy saludable: Es maestra de la vida y luz de la verdad, y a esta luz se percibe diáfanamente que la institución llamada General o Diputación General, y subsidiariamente Generalitat de Cataluña, que rigió unos seis siglos, no coincide en nada con la “Generalitat” recién nacida.

Comparándolas como un espejo y un objeto se ve que la secular “Generalitat” de Cataluña, y lo mismo sus gemelas de Aragón, Valencia, Navarra y hasta cierto punto de otras regiones, no tienen ningún parentesco con la de 1977.

El real decreto ley no restablece una institución, la crea.

La fuente de nombramiento de los antiguos consejeros era las Cortes catalanas, y ahora ha sido un pacto político entre un sector de Cataluña y un sector claudicante de Madrid.

Si se llamaba “Generalitat” aquella corporación histórica es porque representaba a la generalidad de los tres estamentos de las Cortes; el número de consejeros era de tres, uno por cada brazo legislativo, y ahora son dieciséis.

El ámbito temporal era intermitente y discontinuo en la institución tradicional, pues funcionaba casi siempre cuando no estaban reunidas las Cortes. Ahora se establecen miembros permanentes.

También difiere sustancialmente la misión de ambas instituciones: los tres “consellers” eran una especie de fiscales-delegados de las Cortes para vigilar el pacto social, el contrafuero, los tributos y tomar juramentos. El Consejo recién instaurado tiene facultades de gobierno, administración y potestad reglamentaria propios de la soberanía.

La antigua Diputación General o Generalitat no tenía poder ejecutivo alguno, y en general ni gobernaba ni administraba, ya que eso correspondía al Rey y, por su delegación, al virrey, al lugarteniente o al gobernador general, estando encargados de la justicia los doctores de la Audiencia, los oidores. Por eso no había Presidente, y ahora se ha creado “ex novo”.

¿Qué Diputación de Cortes (comisión de diputados) o Generalitat puede haber si no existen las Cortes catalanas? Ni siquiera ha sido instituida por las Cortes españolas; ni el 50 por 100 de residentes no catalanes, ni los catalanes han sido escuchados en plebiscito. No vale la disculpa de que se trata de una medida provisional, porque lo transitorio suele convertirse en definitivo. Con el adjetivo provisional se bautizó el Gobierno republicano de 1931, y también al Estatuto de la Generalitat de 1932, cuyas vicisitudes y suspensiones no animan a repetir la jugada.

Lo provisional es el calzador de los zapatos de la prisa, en el camino de las reformas introducidas de modo autoritario, y la prisa siempre es nefasta: A lo que se va, según Federico Silva, es al pleno poder. Y esto es obvio. En el Estatuto “provisional” de 1932 (propuesta catalana), se proclamaba el “estat catalá”, [y] en el artículo 2.º se decía después que “el poder de Cataluña emana del pueblo y encarna en la Generalitat”, y [en el artículo 14] que la “Generalitat está integrada por el Parlamento, el Presidente y su Consejo, y el Tribunal Superior de Justicia”. Los Consejeros eran Ministros, y había subsecretarios inclusive.

En la discusión parlamentaria del Estatuto del 32, mentes cimeras como Ortega y Gasset, Sánchez Román, García Valdecasas y hasta el socialista Algora votaron en contra. Salió un Estatuto nacionalista, pero por lo menos la discusión fue pública durante seis meses en las Cortes, como debe ser.

El nuevo ente presidencialista, contradice la historia política de Cataluña, de España y de la propia “Generalitat”.

Se nos había prometido solemnemente que lo regional se debatiría en las Cortes y a la vez para todas las regiones. Era de derecho natural y filosofía regionalista.

No ha ocurrido así, y por eso ha resultado un privilegio, con todos los respetos, antijurídico, viciado en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Se ha ido demasiado lejos. Si no existe el recurso de contrafuero, esperamos que las Cortes salgan por sus fueros.

¡Que no se repita contrafuero para las españolísimas provincias vascongadas, carne viva durante un milenio del reino de Castilla! "

El Pensamiento Navarro, 25 de Octubre de 1977

"Unificar", dividiendo...

Revista FUERZA NUEVA, nº 564, 29-Oct-1977 Unificar dividiendo Todo lo absurdo, inicuo y desconcertante que está ocurriendo actualmente en España se explica -que no se justifica- porque los guías de ciegos han querido cegarse, los que tendrían que ayudar a discurrir al pueblo ya no quieren discurrir: están cansados, senescentes, víctimas de reblandecimiento cerebral. Tal es el caso del diario “Informaciones” proponiendo editorialmente, a propósito de la Generalidad de Cataluña: “Desde ayer la unidad de España se ha fortalecido. El reconocimiento de la Generalidad es una acertada medida del gobierno que acaba por legalizar oficialmente lo que era una realidad viva en los últimos tiempos…” “La autonomía de Cataluña ni representa la ruptura de la unidad ni sienta los precedentes para la división de España, y mucho menos significa una vuelta al pasado.” Al contrario de cuanto nos propone el editorial del diario “Informaciones”, las noticias que nos han ofrecido todos los diarios demuestran que, con la Generalidad, se trata de “una vuelta al pasado”; pero no ya a un pasado históricamente fenecido e irreversible, como es la Edad Media, en el que la humanidad sólo había podido encontrar formas muy primitivas de vida en común, sino una “vuelta al pasado de 1932 a 1938” con los funestos resultados que todo el mundo sabe que dio de sí la Generalidad. “El reconocimiento de la Generalidad es, efectivamente, una “medida” inconstitucional “de gobierno”. Pero para saber si es “acertada” o no, “Informaciones” deberá esperar a que pasen unos años y a que podamos comprobar si esa medida es acertada para los catalanes en particular y para España en general. Es, por anticipado, previsible que aquello que no podamos conseguir todos los españoles unidos, mucho menos podrán conseguirlo los catalanes por separado. Porque es evidente que, “desde ayer, la unidad de España se ha debilitado”; si para ciertos asuntos, aún indeterminados de gobierno, una va a ser la decisión del Gobierno de la Generalidad, para Cataluña, y otra muchas veces distinta y, a veces, contraria u opuesta la decisión del Gobierno de Madrid, sin contar que otras diferentes sean las decisiones de los gobiernos de Bilbao, Sevilla, La Coruña etc. El cerebro de “Informaciones” no funciona debidamente: si son cuatro o cinco los gobiernos que habrá pronto en España habrá que decir que la unidad ha quedado menoscabada. Eulogio RAMÍREZ

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Sobre el artículo 2 de la Constitución de 1978, redactado de forma contradictoria y delirante mediante cambalaches partidistas, y que nos condenaba a la cantinela separatista indefinidamente y sin solución.
La aberración se quiso contrarrestar y maquillar con el engañabobos de la "unidad indisoluble"; ("unidad indisoluble"... en todo caso, para sufrir unidos el suplicio y la chulería de los separatistas, más bien).


Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

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Las “nacionalidades”: término gramatical y explosivo (1980)

por J. M. Codón

Cuando se disminuye la fuerza de explosión o implosión de las llamadas “nacionalidades”, reduciéndolas a una simple cuestión gramatical o semántica, se obra temerariamente. Las “nacionalidades” son mucho más que un problema de lexicografía. Detrás de cada palabra siempre hay una idea, un concepto y en este caso una Institución de derecho político, un programa separatista, que ha intentado minar el ser nacional y reducir a pedazos la historia común. Es el lema letal de los separatismos y secesionismos que en España han sido desde 1868.

Prescindiendo de su conocida acepción en derecho internacional privado, equivalente a ciudadanía, en el actual lenguaje de las Naciones Unidas, nacionalidad es una colonia pendiente de liberación. Pero no es éste el caso de ninguna región interna dentro de nuestra Patria.

En la realidad hispana no hay más que una nacionalidad o Nación: ESPAÑA, que culminó su unión con los Reyes Católicos, pero que es mucho más antigua, ya que data del siglo I de nuestra era con la unidad hispanorromana, y desde entonces, lo mismo los reyes y pensadores godos, que los monarcas y tratadistas de la Reconquista, concibieron y exaltaron solamente a Iberia, Hispania y España.

El mito de las “nacionalidades” se debatió sin éxito en las Cortes desde 1886 a 1936. En el hemiciclo y en el programa de los nacionalismos catalán y vascongado ofrecía un abanico de grados de separatismo, que van desde el concepto de que “España es una nación de naciones”, de Maciá, Prat de la Riba, el doctor Robert y Nicolau d’Olver, hasta la doctrina de Pi y Margall, de que España es una “federación de Estados”, como expuso en su libro “Las Nacionalidades” y “La acción revolucionaria”, donde postula que la unidad de España está en el pensamiento y en el corazón de los españoles. Las “nacionalidades”, de las cuales fue el más decidido campeón Pi y Margall, suponen la autodeterminación, ya que como la materia apetece la forma, la nacionalidad o nación apetece el Estado.

Nación y Estado son cosas distintas. El Estado, lo mismo en nuestra tradición que en la escuela krausista, es la personificación jurídica de la nación. El Estado es un concepto jurídico conformado por la soberanía política, y la nación, en cambio, es una comunidad vital, moral y espiritual, caracterizada por su soberanía social y su independencia. La nación es el río de las generaciones, el producto de la cultura, y el Estado es el cauce.

¿Qué “nacionalidades”, aparte de la Patria común hay en España? Ninguna.

Distinguir alguna sería tanto como ignorar la Historia. Regiones históricas en España son todas. Forales son todas, pero naciones, ninguna.

Cataluña, tierra maravillosa, salvo períodos que suman menos de un siglo, siempre fue un Principado de la Corona de Aragón. La hija y nieta castellanas del Cid fueron Condesas de Barcelona, y muchas princesas catalanas, reinas de Castilla, y los castellanos, reyes de Aragón. Cataluña, que nunca fue nación soberana, ni tuvo independencia ni fronteras, y que colaboró siempre en la obra común española no es “nacionalidad”.

Las españolísimas provincias vascongadas, integradas en Castilla desde el año 943 hasta el año 1833 -un milenio casi-y hasta el día de hoy ínsitas en el territorio español, nunca tuvieron unión entre sí, pues fueron tres provincias, no una región; sin independencia o soberanía, notas peculiares de toda nación; ni otros señores ni reyes que los nobles y los reyes de Castilla. Las Vascongadas han sido durante un milenio tres provincias de Castilla, y después, durante un siglo tres provincias de España. La ficción de “Euzkadi”, de Sabino Arana, no merece ni la pena de tratarse.

Galicia: Jamás fue un territorio independiente, ni tuvo reyes (con excepción de García, príncipe castellano, después del reparto que Fernando I, hizo de su reinado -siglo XI- sólo unos meses), ni independencia ni soberanía. Primero se integró en el Reino asturiano-leonés y luego al Castilla, hasta el punto que el literato gallego Rodríguez de Padrón (s. XV), bautizó a Galicia como “el cuarto reino de Castilla”.

Esperamos que sea retirado en el futuro el término “nacionalidad”, que aunque se le atenúe con la fórmula “España es una e indivisible”, de marcado sabor jacobino, es un explosivo.

El regionalismo es de derecho natural. Lo amamos. Pero su hipertrofia, el separatismo, encerrado en el término “nacionalidad”, destrozaría a España. Más que un término sería un fin: el fin de España (…)

Artículo en "La Vanguardia" del filósofo Julián Marías, contra el aberrante término "nacionalidades" en el anteproyecto de la Constitución (18 Enero 1978)


Nación y «nacionalidades»

ESPAÑA ha sido la primera «nación» que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra; ha sido la creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, hace un poco más de quinientos años —si se quiere dar una fecha representativa, sería 1474—. Antes no había habido naciones: ni en la Antigüedad ni en la Edad Media habían existido; ni fuera de Europa. Ciudades, imperios, reinos, condados, señoríos, califatos; naciones, no.

Poco después de que España llegara a serlo, lo fueron Portugal, Francia, Inglaterra; con España, la primera «promoción»; más adelante, Holanda, Suecia, Prusia; en un sentido peculiar, Austria, y desde fines del siglo XVII empieza a germinar algo así como una nación dentro de Rusia. Italia y Alemania no llegan a ser naciones hasta hace un siglo —aunque se sentían ya así, social si no políticamente, mucho antes, y verdaderamente lo eran.

Políticamente, las expresiones «Monarquía española» y «Nación española» han precedido largamente a «España». «El tesoro de la lengua castellana o española» de Sebastián de Covarrubias (1611} da esta definición: «Nación. Del nombre latino "nationis", vale reyno o provincia estendida, como la nación española».

Ricardo de la Cierva, en un artículo impecable, acaba de recordar lo que ha sido siempre, cuantitativamente incluso, el uso constitucional de las expresiones «Nación» y «Nación española».

Hasta hace unos días. El anteproyecto de Constitución recién elaborado arroja por la borda, sin pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país. Me pregunto hasta dónde puede llegar la soberbia —o la inconsciencia— de un pequeño grupo de hombres que se atreven, por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno.

En la época en que el nombre «nación» se usa abusivamente —Naciones Unidas— por todos los países que son o se creen soberanos, desde los más grandes hasta los que apenas se encuentran en el mapa, con estructuras sociales y políticas que nada tienen que ver con la de la nación, resulta que la más vieja nación del mundo parece dispuesta a dejar de llamarse —y entenderse— así. El anteproyecto recurre a cualquier arbitrio imaginable con tal de escamotear el nombre «Nación», «sociedad», «pueblo», «pueblos» y, sobre todo, «Estado español» —la denominación que puso en circulación el franquismo por no saber bien cómo llamarse, que ha ocupado tantos años los membretes de los impresos oficiales—. Pero ocurre que estos conceptos no son sinónimos; y usarlos como si lo fueran significa una falta de claridad sobre las realidades colectivas, disculpable en la mayoría de los hombres, pero no en los autores de una Constitución.

Ahora que la Iglesia —sabiamente— ha añadido a los pecados de pensamiento, palabra y obra los de «omisión», la de la palabra Nación en el texto constitucional propuesto resulta difícilmente perdonable. En él, en efecto, nunca se dice que España es una nación, lo cual equivale a decir que «España no es una nación», ya que en ese texto era necesario decirlo. Me gustaría computar —en caliente, directamente— lo que de ello piensan los españoles, si se dan cuenta de lo que se intenta hacer con su país, es decir, con ellos— y con sus descendientes.

Pero no es esto sólo. La idea nacional se cuela en el anteproyecto, como de pasada, en el artículo 2, que dice así: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Yo no sé qué quiere decir que la Constitución «se fundamenta en la unidad de España»; entendería que la reconozca o la afirme o la proclame; pero esto no es demasiado grave. Si lo es que el texto diga que integran España «nacionalidades y regiones». Explicaré por qué me parece así. Esta Constitución, tan enemiga de toda «discriminación», la practica aquí en las más serias cuestiones. Según ella, hay en España dos realidades distintas, a saber, «nacionalidades» y «regiones». En una Constitución, habría que decir «cuáles» son —y me gustaría saber quién se atreve a hacerlo, y con qué autoridad—

Pero lo más importante es que «no hay nacionalidades» —ni en España ni en parte alguna—, porque «nacionalidad» no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición. El «Diccionario de Autoridades» (1734) dice: «Nacionalidad. Afección particular de alguna Nación, o propiedad de ella». Y la última edición (1970) del Diccionario de la Academia la define así: «Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación».

Es decir, España no es una «nacionalidad», sino una nación. Los españoles tenemos «nacionalidad española» —ni ninguna otra—. Con la palabra «nacionalidad», en el uso de algunos políticos y periodistas en los últimos cuatro o cinco años, se quiere designar algo así como una «subnación»; pero esto no |o ha significado nunca esa palabra en nuestra lengua.

El artículo del anteproyecto no sólo viola la realidad, sino el uso lingüístico.

Algunos defensores de esa acepción espúrea de la palabra «nacionalidad» invocan el precedente del famoso libro «Las nacionalidades», publicado hace poco más de un siglo por don Francisco Pi y Margall, catalán, republicano federal, uno de los presidentes del poder ejecutivo de la efímera I República Española (febrero de 1873 a enero de 1874).

Ahora bien, al invocar ese libro demuestra «no haberlo leído». Porque Pi y Margall no llamó nunca «nacionalidades» a ningún tipo de unidades político-sociales, ya que sabía muy bien la lengua española en que escribía —en qué escribió tan copiosamente—. Las «nacionalidades» de que habla son, no Francia, España, Alemania, Suiza o los Estados Unidos, sino la nacionalidad francesa, la española, la alemana, la suiza, la norteamericana, etc. Usa la expresión en el sentido en que todo el siglo XIX habló del «principio de las nacionalidades». A las naciones, Pi y Margall las llamaba «naciones»; y a lo que solemos llamar «regiones», así siempre las denominaba con la vieja palabra romana, de amplísima significación, «provincias». Lo que pasa es que resulta más cómodo leer títulos que libros —y los antiguos, ni siquiera solían tener las socorridas solapas que tantas veces simulan un conocimiento inexistente.

Al hablar —con entusiasmo— del principio federalista, que Pi y Margall pretendía aplicar a todos los niveles, desde el municipio hasta Europa, escribe, por ejemplo: «Yerra el que crea que por esto se hayan de disolver las actuales «naciones». ¿Qué había de importar que aquí en España recobraran su autonomía Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia, las dos Andalucías, Extremadura, Galicia, León, Asturias, las Provincias Vascongadas, Navarra, las dos Castillas, las islas Canarias, las de Cuba y Puerto Rico, si entonces como ahora había de unirlas un poder central, armado de la fuerza necesaria para defender contra propios y extraños la integridad del territorio, sostener el orden cuando no bastasen a tanto los nuevos Estados, decidir las cuestiones que entre éstos surgiesen y garantizar la libertad ide los individuos? «La nación continuaría siendo la misma». Y ¿qué ventajas no resultarían del cambio? Libre el poder central de toda intervención en la vida interior de «las provincias y los municipios», podría seguir más atentamente la política de los demás pueblos y desarrollar con más acierto la propia, sentir mejor «la nación» y darle mejores condiciones de vida, organizar con más economía los servicios y desarrollar los grandes intereses de la navegación y el comercio; libres por su parte «las provincias» de la sombra y tutela del Estado, procurarían el rápido desenvolvimiento de todos sus gérmenes de prosperidad y de riqueza: la agricultura, la industria, el cambio, la propiedad, el trabajo, la enseñanza, la moralidad, la justicia. "En las naciones federalmente constituidas la ciudad es tan libre dentro de la provincia como la provincia dentro del cuerpo general de la república".»

Pi y Margall extiende la misma consideración a otras naciones: «Otro tanto sucedería en Francia sí se devolviese a sus "provincias" la vida de que disfrutaron, y en Italia, si se declarase autónomos sus antiguos reinos y repúblicas, y en la misma Inglaterra, si lo fuesen Escocia e Irlanda... Inglaterra, Italia y Francia seguirían siendo "las naciones de ahora". Pi y Margall habla constantemente de «grandes naciones» y «pequeñas naciones»: ni a unas ni a otras se le pasa por la cabeza llamar «nacionalidades». Y el libro III de «Las nacionalidades se titula «La Nación española». (...)

Julián Marías

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https://hemeroteca-paginas.lavanguar...780118-007.pdf

En la transición, los privilegios a la nueva Cataluña “oficial” constituían el mayor disolvente de España

Revista FUERZA NUEVA, nº 578, 4-Feb-1978 Cataluña, disolvente de España Lo que más se hace patente, como secuela de las sinceras, pero desafortunadas palabras del señor Tarradellas, es el hecho de que la Cataluña oficial de hoy (1978) se ha convertido en el más poderoso disolvente de la nación española. ¡Así paga Tarradellas la última y antidemocrática merced que el Gobierno “centralista” de Madrid ha hecho a Cataluña: el de darle un gobierno preautonómico liberal-burgués a una región electoralmente copada por el socialismo marxista! La Cataluña oficial -contra los verdaderos intereses de la Cataluña real- no se ha convertido sólo en disolvente de España, por el mero hecho de reclamar y obtener un Gobierno autónomo, una gobernación separada, potencialmente separatista, sino, sobre todo, porque imponiendo la clase política catalana la separación de Madrid, ha inducido en el resto de las regiones españolas el afán autonomista, dígase lo que se diga, más o menos separatista, como si los españoles, retrógrados, yendo contra la corriente de la historia y de los imperativos económicos culturales y políticos, pudiéramos en esta coyuntura mundial conseguir separados y enfrentados lo que no somos capaces de lograr juntos y concertados. La reacción de Tarradellas, doliéndose, por un lado, de que el proceso autonómico de otras regiones pueda perjudicar a Cataluña y extrañándose, por otro lado, de que otras regiones demanden la autonomía, revela no sólo la torpeza y la miopía del presidente de la Generalidad, sino, lo que es peor, su egoísmo, su egocentrismo y su estrechez de miras, dos componentes que difícilmente pueden hacer grande un pueblo que pretende separarse (…) Eulogio RAMÍREZ

“Proceso autonómico”: troceo inaudito de la Piel de Toro como si fuera una “ternera muerta”

Revista FUERZA NUEVA, nº 578, 4-Feb-1978 A LAS PREAUTONOMÍAS Como ustedes habrán ido viendo, a la primera fase del destrozo nacional, o sea, la monomanía de la democratización, ha sucedido la segunda: el troceo inaudito de la Piel de Toro como si fuera una ternera muerta. Lo que se está haciendo alegremente con el territorio nacional NO se ha visto en la historia, y además, como si realmente se hiciera algo con el menor síntoma de quehacer positivo. Solamente pido a Dios que el remedio también sea inaudito y como tampoco se ha visto en la historia Este es el adjetivo para el señor Suárez: inaudito. Ramón Castells Soler