Revista FUERZA NUEVA, nº 595, 3-Jun-1978
«LA CONSTITUCIÓN Y LA UNIDAD DE ESPAÑA»
(Conferencia pronunciada por Blas Piñar en el aula de Fuerza Nueva de Madrid,el 18 de mayo de 1978)
Mientras se discute en el Congreso sin chaqueta, porque los diputados no pueden aguantar el calor, España se deshace a pedazos.
Suena hasta a humor negro que se haya aprobado por la Comisión correspondiente el art. 1.° del proyecto de Constitución, en el que se lee: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»; y decimos que suena a humor negro porque, mientras se llegaba a esa redacción de arranque, a los padres, a las esposas y a los hijos de los guardias civiles y policías armados que morían en ese momento acribillados por las balas asesinas o por las explosiones de goma-2, la libertad no era otra que la de matar a los suyos; la justicia no era otra que la impunidad presagiada en las amnistías y en los anuncios de diálogo con la ETA; la igualdad no era otra que la de ser enterrados y recibir una medalla a título póstumo, y el pluralismo político no era otro que el caos, el desorden, el terrorismo y la violencia que están cubriendo de sangre y de pánico muchas ciudades españolas.
Con independencia de su contenido, el anteproyecto de Constitución, examinado y discutido ahora por la Comisión correspondiente, es inviable, porque, en un clima tenso como el que España vive, falta la madurez y la serenidad de juicio que son imprescindibles para la confección de una ley constitutiva.
Por si eso fuera poco, el intento adolece, además, de dos fallos fundamentales: uno, que, no habiendo sido convocadas las elecciones del 15 de junio de 1977 con carácter constituyente, el mandato conferido por los electores no comprende la elaboración de un texto constitucional; y sólo por ello la Constitución sería nula. Otro, que, como ha escrito Julián Marías («La Estrella de Panamá». 21-3-78), «el anteproyecto no tiene enmienda», de tal modo que «si el Congreso tiene instinto de conservación del país, de la democracia (y) de su propia función deberá rechazar la totalidad y empezar de nuevo. No importa haber perdido seis meses... Lo que importa es perder uno o dos siglos de nuestra historia futura».
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Y es lógico, porque, como se preguntaba Gordón Paso en un artículo publicado en Buenos Aires («Faro de España», 1.ª quincena de mayo, 1978): «¿Qué compromisos son los que están jugando?» Pues tantos, que, como añade Julián Marías, el «anteproyecto parece el resultado de una serie de compromisos -en el menos grato sentido de la palabra, y entre esos compromisos se encuentra nada menos que la realidad política de España».
Compromiso, «situación de compromiso», de la que surge una Constitución que ni va directa al espíritu del pueblo ni sabe de su clamor, dice el diputado aragonés y socialista Emilio Gastón.
Lo que está en juego, en última instancia, como tantas veces hemos dicho, es España como nación, como criatura histórica, como entidad soberana. Y está claro que ningún gobierno, ningún Régimen, ni menos la Monarquía, cuya única legitimidad arranca del 18 de Julio, puede comprometer la existencia misma de la nación. Por eso, el mismo Gordón dice con valentía: «Cualquier cosa se podría perdonar al Gobierno de S. M. menos ésta de destrozar España», y está claro que «los políticos españoles quieren que España desaparezca... quieren matar a España.»
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Por eso, nuestro Ciclo de Conferencias se inicia con ésta: «Constitución y unidad de España», porque si nos quedamos sin España, si España pierde su unidad, aquello que la vertebra y la vivifica, si la dejan sin alma, sin razón de ser, es inútil seguir discutiendo. Hacer una Constitución para lo que se ha desconstituido, para lo que ha dejado de existir; más aún, para aquello que se da por supuesto que no existe o, a lo sumo, que está llamado a desaparecer, sería tanto como confeccionar un vestido para un cadáver o para un enfermo de gravedad, condenado a muerte. Pero a los muertos no "se les confeccionan vestidos, sino mortajas, y para los pueblos que han dejado de existir por falta de vitalidad interna, no se elaboran constituciones, sino que, explícita o tácitamente, se suscribe una dimisión histórica.
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Ya sé que espíritus moderados, desde la frialdad de su gabinete, desde la obediencia a consignas ocultas o desde la hipocresía de su ética torpe, nos advertirán que en ningún caso se pone en juego la unidad de España.
Se trata —nos dicen— de una forma distinta de entender esa unidad y, por supuesto, en nada coincidente con la postura centralista del Estado recibido y con la imposición monopolística de la impronta castellana al resto de las regiones españolas. Se trata del reconocimiento de la España plural y diversa, de modo que los planteamientos constitucionales, lejos de disgregar a España, contribuyen al fortalecimiento de su unidad.
Bastaría para deshacer el valor dialéctico y suasorio de este lenguaje recordar el que ha sido empleado hasta la fecha por los fautores del cambio político: -«Habla pueblo para que la violencia calle»; -«No a la legalización del Partido Comunista»; —«Reforma y jamás ruptura»; pero conviene emplear argumentos de fondo, es decir, contemplar no solamente el «modus operandi», sino la «opera» misma.
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Dice el art. 2.° del proyecto aprobado por la Comisión de Actividades Constitucionales: «La Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»
El texto, a primera vista, puede dejarnos tranquilos: la autonomía no sólo no contradice la unidad de la nación, sino que la fortalece por el juego de la solidaridad entre las nacionalidades y las regiones autónomas.
Pero las cosas no son tal y como se pintan, sino tal y como son. Lo que aparece en el cuadro es materia pictórica, más o menos artísticamente configurada, mientras que aquello que se halla en el mundo de las realidades es mineral, vegetal o animal, con unas propiedades ontológicas distintas a las del material pictórico.
Vayamos, pues, del teorema figurativo y en ocasiones abstracto, a ese mundo de las realidades; del área de las declaraciones sobre la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, a las empresas en crisis, a los obreros en paro, a la inflación creciente y a los asesinados por la ETA; de la «indivisible unidad de la nación española» a la nación española a punto de hacerse pedazos.
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Primera contradicción que facilita la tarea sucia de deshacer España:
En el párrafo 2.º del art. 1.° del proyecto constitucional se dice:«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.»
Pues bien; si el pueblo es soberano, sino hay nada por encima de él que debe respetar, si todo lo que se arbitra por mayoría es bueno y debe aceptarse -pues ahí es donde se halla el peso específico, el centro de gravedad de la soberanía—, es evidente que si se acuerda que la nación española es divisible, será precisa la aceptación de esa voluntad soberana.
Por ello, la declaración enfática del art. 2.° sobre la indivisibilidad de la nación española y la indisolubilidad de la patria común, se halla permanentemente en precario. Lo honesto, pues, sería decir claramente que esa indivisibilidad de España se mantendrá mientras la voluntad soberana del pueblo no decida otra cosa. No aclararlo así constituye una farsa, que si en todo caso es lamentable, lo es aún más en un sistema político que dice respetar la voluntad del pueblo.
De aquí que una de dos:
o el art. 2.º queda supeditado al 1.º , en cuyo supuesto la unidad de España es divisible por voluntad popular;
o el art. 2.º es independiente y aún superior al 1.º, en cuyo caso la voluntad popular no se respeta y la soberanía no reside en el pueblo.
En este sentido, era más lógico y, sobre todo, más sincero el Principio IV del Movimiento: «La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible.» El Principio se proclamaba, por su propia naturaleza, permanente e inalterable, siendo nula cualquier disposición contraria al mismo. Y era lógico, porque ese Principio, como los otros, formaban el haz de afirmaciones no discutibles, el fundamento sobre el cual puede elaborarse la Constitución, la filosofía básica y «sine qua non» del edificio político.
La voluntad popular tiene autonomía muy amplia, poderes, decisiones evidentes: pero a lo que no alcanza, salvo que se admita el autogenocidio, es a destruir los presupuestos de su propia existencia. La voluntad popular puede decidir sobre las líneas maestras de la arquitectura política, lo que no puede es, a no ser que se admita el absurdo, destruir el suelo y el subsuelo sobre el cual el edificio ha de levantarse.
Y ello es así porque la soberanía no reside en el pueblo —y ésta es la gran mentira del proyecto constitucional—, sino que viene de Dios; y hay, por ello, un derecho divino revelado o natural, que constituye el presupuesto de la dignidad y de la libertad del hombre y de la recta ordenación de la comunidad política. Ese derecho pone una frontera a la voluntad humana individual o colectiva. Pero es que, además, hay un patrimonio histórico —la Patria— que cada generación recibe no como un dominio quiritario, sino como una herencia en administración, que debe conservar y enriquecer y nunca menoscabar o dilapidar. (...)
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Pero sigamos con la argumentación de fondo y hagamos las siguientes preguntas:
I. ¿Son compatibles los conceptos unidad de la nación y autonomía de las nacionalidades que la integran?
II. ¿Dónde está la diferencia entre nacionalidad autónoma y región autónoma?
III. ¿Es posible no ya el reconocimiento, que dice muy poco, sino la garantía de la solidaridad entre las nacionalidades y las regiones autónomas?
I
Nación española y nacionalidades que la integran.
Que España está integrada por regiones es un hecho palpable que se detecta a simple vista; y es, por otra parte, un derivado histórico en el que, por conocido, resulta innecesario detenerse. ¿Pero cabe una nación compuesta o resultado de un mosaico de nacionalidades?
En primer lugar, la distinción pretendida entre nación y nacionalidades es inocua. Inicialmente, la nacionalidad es el vínculo que liga a la persona con su nación. En este sentido nato, yo soy español porque tengo la nacionalidad española, y la nacionalidad española la integramos quienes tenemos esa nacionalidad. Toda explicación distinta es una lucubración engañosa que induce a la confusión; y uno de los males inherentes a la democracia parlamentaria es la busca de doble o múltiple sentido a los vocablos, porque para eso la voluntad soberana puede embarcar ideas contradictorias en la misma locución.
Nacionalidad, pues, no es otra cosa que nación, y por ello alguien ha dicho (Roca Junyent), recusando la palabra nacionalidad, que España es no una nación de nacionalidades, como quiere el proyecto de ley constitutiva, sino una nación de naciones, aunque ello sea una barbaridad.
Y es una barbaridad porque, si se es nación, la nación no puede comprender naciones, y si hay naciones distintas, la unidad de la nación no existe, es una ficción sin respaldo real.
La reflexión hay que llevarla a otro terreno: al binomio Nación-Estado.
Desde Mancini, el correlato entre una y otra era evidente: cada nación requería un Estado. Si no lo tiene, lo busca para ponerlo a su servicio. Las naciones europeas que alcanzaron últimamente su unidad —Alemania, Italia, Rumania—, dispersas y fragmentadas, buscaron su Estado, y cuando lo crearon surgió la unidad nacional respectiva. El Estado jugó su papel integrador porque, en definitiva, el Estado es el sello político de la nacionalidad.
Hoy, sin embargo, se intenta romper el binomio Nación-Estado. Se pretende justificar —y ahora se aplica al momento español— un Estado multinacional. Y ese intento de justificación explica el art. 2.° del proyecto que estudiamos. Lo que ocurre es que el artículo, como fruto del pacto, no se atreve a consagrar un Estado multinacional, o dicho con las frases al uso: un Estado español, por una parte, y unas naciones, por otra; de manera que lo sustantivo sean las naciones y lo adjetivo y puramente artificial lo sea el Estado.
La fórmula del compromiso es contradictoria, porque, evidentemente, cabe la posibilidad teórica de que España desaparezca como algo sustantivo, convirtiéndose en Estado; pero lo que no cabe, ni en el mundo de las ideas ni en el de las realidades, es que España sea una nación y también lo sean, aunque se las califique de nacionalidades, las comarcas que hasta ahora la han integrado. Por ello: o España es nación y no existen las nacionalidades, o,si existen las nacionalidades, España no es nación sino un trozo de geografía, un país, el adjetivo identificar de un Estado.
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Pero esta nomenclatura política no ha surgido ahora, de momento y por generación espontánea. No ha sido fruto de una improvisación. Conviene rastrearla, porque conociendo su origen, su itinerario político y su difusión, alcanzaremos a comprender su verdadero alcance y trascendencia.
La nomenclatura que hoy cobra nuevo vigor y actualidad, por lo que a nosotros respecta, nace en Cataluña.
Rovira y Virgili, el autor de «El nacionalismo catalán», escribió: «Estamos en presencia... de la reencarnación de un alma nacional. Cataluña vuelve a ser una nación; (y) es por la futura nación catalana por la que trabajamos y luchamos», añadiendo que «el principio de las nacionalidades presenta dos aspectos (a saber): su fórmula política: toda nacionalidad tiene derecho a constituir un Estado independiente (y) su fórmula espiritual: toda nacionalidad ha de conservar y desarrollar su propio genio.»
Pedro Muntanyola y Prat de la Riba, en su «Compendio de doctrina catalanista», premiado en el certamen celebrado en Sabadell en 1893, dicen: «¿Cuál es la Patria de los catalanes?: Cataluña. ¿No es España, pues, la Patria de los catalanes? España no es más que el Estado o la agrupación política a que pertenecemos. ¿Y qué diferencia hay entre Estado y Patria? Que el Estado es una entidad política, artificial, voluntaria, y la Patria una comunidad histórica, natural, necesaria.»
El mismo Prat, el autor de «La nacionalidad catalana», escribe: «Patria y Nación (son) una misma cosa, y Cataluña (es) nuestra Nación, igual que nuestra Patria. (Por ello) existe una nacionalidad catalana (y) cada nacionalidad ha de tener su Estado.»
¿Qué diferencia hay entre este lenguaje y el que hoy se emplea?
Heriberto Barrera acaba de decir en el Congreso: «Para nosotros, nuestra única Patria es Cataluña; mi única bandera es la de las cuatro barras y mi único himno "Els Segadors".»
Por si fuera poco, con toda la representatividad de su cargo, el honorable Tarradellas, presidente de «la Generalitat», aseguró con énfasis y reto: «Cataluña es una nación, tanto si les gusta como si no»(«Avui», 29-1-78), agregando: «Cataluña es más que una nación. Es un Estado dentro de un Estado» (T. V. 14-2-78).
De lejos le viene la idea a quien fue miembro de la Generalidad en época aciaga. Por ello recuerda, sin duda, que Maciá y Companys, el 14 de abril de 1931, proclamaron la República catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica; que el proyecto de Estatuto elaborado por la propia Generalidad afirmaba en su art.1º que «Cataluña es un Estado autónomo dentro de la República española», y que para el art. 1.º del Estatuto definitivamente aprobado se aceptó, como fruto del compromiso, el siguiente texto: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español.»
¡Qué serie de combinaciones —ya en aquella época— para no hablar de España, sino de República española o de Estado español!
Traer a colación cuanto dijo sobre el tema Sabino de Arana sería interminable. Su odio a España fue obsesivo; más grande que su amor al pueblo vasco, como dijo Unamuno. Basta recordar su júbilo ante la posibilidad de que España desapareciese como resultado de una guerra internacional o intestina.
Pero el pensamiento de Arana se resume en el «Ami Vasco» del capuchino Evangelista de Ibero, auténtico catecismo del Partido Nacionalista Vasco. En ese catecismo podemos leer: «¿Qué es el nacionalismo vasco? El sistema político que defiende el derecho de la raza vasca a vivir con independencia de toda otra raza. ¿Infiérese de lo dicho que el vasco no es genéticamente español? Sí señor. Afirmar que el vasco sea español es incurrir en un triple desatino étnico, geográfico y político. ¿Qué es Euzkadi? Euzkadi, históricamente, suena lo mismo que raza vasca, pueblo vasco, nación vasca. ¿Con qué derecho se les privó de su independencia? Con el derecho de la fuerza.»
¿Cuándo ha renunciado a esta doctrina el Partido Nacionalista Vasco? ¿Y no está en perfecta concordancia con ella la exposición de Francisco Letamendía, aunque no milite en el PNV?: «Yo abogo por la independencia de la nación vasca. Euzkadi no es una región, ni una nacionalidad, es una nación dividida.»
En idéntica línea de pensamiento y refiriéndose a Galicia, Brañas escribe que «la región es una entidad nacional... un todo perfecto y desemejante de las otras agrupaciones que le son completamente extrañas»; Murguía asegura que «Galicia es lo contrario de España» y que «la nacionalidad gallega descansa sobre el triple fundamento del hecho, de las aspiraciones y de la aquiescencia pública»; y Lamas de Carvajal, en versos sonoros, convoca al levantamiento. (…)
En Valencia, Joaquín Reig Rodríguez, en su «Concepte doctrinal del valencianisme», publicado durante la segunda República, se pregunta: «¿Quina es la rao de ser del valencianisme?» Y contesta: «La rao de ser hi ha que buscar-la en l'amor a la Patria valenciana per a fer-la digna, lliure.» Y de acuerdo con la misma tesis, hoy, Manuel Broseta afirma que «el País Valenciano es una nacionalidad».
Sobre las ideas vertidas por Blas Infante en su obra «El ideal andaluz», se construye, rebasándolo, un andalucismo que en 1933, como conclusión del Congreso celebrado en Córdoba por las Juntas liberalistas de Andalucía, exige la creación de un Estado andaluz libre, inspirador sin duda de la tesis de Domingo Ortiz, que no hace mucho aseguraba en una conferencia que, «cuando Castilla reconquistó Andalucía, los andaluces no tuvieron la sensación de ser liberados, sino conquistados».
En Canarias, por el novísimo movimiento independentista que dirige Cubillo desde el extranjero, se propugna la creación de un Estado guanche, independiente y marxista.
Hasta Castilla, indignada más que convencida, comienza a revolverse contra tantos despropósitos. Y no ahora, sino hace años, expresó, de manera muy viva, su disgusto y su protesta, a través de Luis Carretero, en su libro, bien documentado, «La cuestión regional de Castilla la Vieja», y de Benito Mariano Andrade, que concluye el suyo, «Castilla ante el separatismo catalán», diciendo: «¿Hasta cuándo Castilla va a tolerar este trato desigual? ¿Es que en España sólo es atendido y respetado el que grita, el que amenaza? Porque, si es así, Castilla debe apercibirse también a gritar y amenazar.»
Por si todo esto fuera poco, ahí están los hechos y las manifestaciones, no autonomistas, sino antiespañolas, del homenaje al «conseller» Casanova, de la jornada andaluza, de Villalar de los Comuneros y del «Aberri Eguna».
La cuestión, como decíamos antes, viene de lejos, e instigada por fuerzas, ocultas o no, que, derrotadas con la Victoria nacional, vuelven ahora a la carga. Lo que sucede es que siendo la finalidad la misma, destruir España, borrar, incluso, su nombre, la táctica -ahora más fina, por una parte, y más eficaz, por otra— es diferente. (…)
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