Hace doscientos dos años “deliberó la Junta con asistencia del Real Acuerdo, y por el que se celebró en el día de hoy, llevar á efecto el armamento delEjército Defensivo Asturiano, en obsequio de la Religión, de la Patria, y de la común felicidad”. En sus propias palabras la Junta General del Principado de Asturias –con la que nada tiene que ver el actual parlamento autonómico, hechura más bien del Mariscal Michel Ney– se alzó por Dios, por la Patria y el Rey, contra la Revolución francesa, cuyos principios y doctrina iban imponiendo por todo el continente las tropas de Napoleón y sus cómplices.

La Junta Carlista del Principado, sucesora y heredera de aquella Junta General, lleva años exponiendo en esta misma fecha las causas del constante deterioro de Asturias y advirtiendo de las consecuencias de las mismas. Vemos con alarma que nuestras predicciones se han ido cumpliendo, una por una. Por consiguiente, ante la situación de extrema emergencia en que nos encontramos: anulados o excluidos los principios y la Religión por los que los asturianos nos hemos regido desde los orígenes de nuestra existencia; destruidos o en trance de estarlo todos nuestros sectores productivos; con nuestra población envejecida, desempleada o funcionarizada; con un desgobierno autónomo y municipal que derrocha, despilfarra, corrompe y nos endeuda; preferimos hacer más breve la Declaración del Veinticinco de Mayo de este año de 2010, y limitarnos a enumerar las medidas que se hacen necesarias para evitar el desastre.
Se hace urgente, pues:

  • Que España abandone la Unión Europea, la OTAN, el sistema monetario europeo (euro) y el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, Acuerdo de Bolonia).
  • Que se arbitren soluciones económicas de emergencia (empezando por la restauración de las cajas de ahorros y la nacionalización de la banca, y la reconstrucción de la vida rural) y de verdadera austeridad: como dejó escrito el legítimo Rey Carlos VII, si el país es pobre, vivan pobremente el rey y sus ministros.
  • Que se derogue la Constitución de 1978, nuevo Estatuto de Bayona, con sus estatutos de autonomía y demás leyes relacionadas.
  • Que el sucesor de Francisco Franco cese inmediatamente en la Jefatura del Estado, y que él, su familia y sus allegados dejen de vivir del presupuesto y devuelvan a la hacienda pública todo lo ilegítimamente disfrutado y acaparado.
  • Que se abra proceso a todos los políticos responsables de la actual situación.
  • Que se aparte de cualquier cargo político, militar o docente a los miembros de sociedades secretas.