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Marine Le Pen ha conducido al Frente Nacional (FN, extrema derecha) a la crisis más grave de su historia: perseguido por la justicia francesa y europea, a la baja en los sondeos de opinión, hundido en un rosario de crisis políticas, económicas y familiares. La presidenta del FN esperaba solventar ese rosario de crisis larvadas ganando o consiguiendo un resultado honorable en la segunda vuelta de la elección presidencial. Derrotada por Emmanuel Macron el 7 de mayo pasado, con un resultado inapelable, del 66,10% contra el 33,90% de los votos de la segunda vuelta presidencial, Marine Le Pen comenzó un «vía crucis» cada día más duro, desde entonces.
Siguiendo las peticiones del Parlamento Europeo (PE) y las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía del Tribunal de París agravó recientemente todas las crisis del FN inculpando al partido, en tanto que «persona jurídica», de los presuntos delitos de extorsión de fondos públicos «en banda organizada».
La Eurocámara y la Justicia francesa sospechan que el FN malversó unos cinco millones de euros, pagados por los contribuyentes europeos, a través de un sofisticado sistema de «empleos ficticios» de los que se benefició el partido y varios dirigentes, comenzando por Jean-Marie y Marine Le Pen, quienes cobraron los salarios que el PE pagó a una veintena de presuntos asistentes parlamentarios, entre los que se encontraban la secretaria personal de Marine Le Pen y el más famoso de sus «gorilas», un antiguo paracaidista reconvertido en guardaespaldas personal» de Jean-Marie y Marine Le Pen.
La Justicia ya condenó hace meses a los Le Pen a pagar buena parte del dinero malversado al PE. Esta institución comenzó a retirar a los dirigentes de extrema derecha buena parte de sus salarios, como eurodiputados, para ir pagando una factura que pudiera agravarse. La policía judicial ha comenzado por interrogar al tesorero del FN, Wallerand de Saint-Just, un viejo amigo íntimo de los Le Pen, para establecer responsabilidades en el seno de la «banda organizada» que extorsionó cinco millones de euros al PE. Perseguida, en su día, a título meramente personal, como eurodiputada, Marine Le Pen podría volver a ser inculpada.
Días antes de que la Fiscalía decidiese inculpar al FN, dos bancos, Société Générale (SG) y HSBC, le pidieron a Marine Le Pen que retirara los menguados depósitos de su partido, ya que no deseaban tenerla como clienta. Indignada, la presidenta del FN denunció una «persecución financiera de Estado». Sin que nadie le hiciese mucho caso, Marine Le Pen anunció un día más tarde el lanzamiento de un gran «empréstito popular»: los simpatizantes de la extrema derecha son invitados a ofrecer préstamos o donaciones a fondo perdido, para salvar las amenazadas finanzas de un partido al borde de la bancarrota.
Por si fueran pocos los problemas económicos, Marine Le Pen consumó hace dos años la ruptura con su padre declarando a i-Tele: «Jean-Marie Le Pen no va a volver a expresarse en nombre del FN. Sus declaraciones no comprometen la línea oficial de nuestro partido, que me eligió presidenta con el 100% de los voto». Ese día la líder del FN marcó una línea política que ella ve comprometida, con frecuencia, por las declaraciones intempestivas de Jean-Marie Le Pen.
Pero el pasado 21 de diciembre dimitió Florian Philippot, número dos e ideólogo del giro al centro, y el FN enterró este viraje al centro europopulista, para consumar el regreso a su línea «tradicional». Jean Marie celebró con champán la dimisión del primer dirigente gay de la historia de la extrema derecha. Y Marion Maréchal-Le Pen pidió a su tía que restaurase los «valores tradicionales» del FN.
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