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Tema: Vituperio de la II República

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    Re: Vituperio de la II República

    19 al 20 febrero de 1936: una larga noche, para la guerra civil

    Ángel David Martín Rubio
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    El 16 de febrero de 1936 tuvieron lugar las terceras elecciones generales celebradas durante la Segunda República. El Gobierno nunca publicó unas cifras globales y exactas de sus resultados y la historiografía que se ha ocupado del período no ha contribuido a resolver la complejidad de la cuestión. Al menos, hasta la reciente aparición del resultado de una investigación que, estimamos, hace una aportación decisiva. Nos referimos al libro de los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Madrid: Espasa, 2016).

    Aunque ya un temprano Dictamen elaborado durante la Guerra Civil por un prestigioso grupo de juristas y políticos, monárquicos y republicanos, bajo la presidencia del magistrado del Tribunal Supremo Ildefonso Bellón Gómez, aportaba suficiente documentación al respecto para poder sostener fundadamente la naturaleza fraudulenta que revistieron las elecciones de febrero del 36 [Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de Poderes actuantes en 18 de julio de 1936 y Apéndice I al dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona: Editora Nacional, 1939] , la tendencia general de la historiografía ha tendido a ocultar dichas pruebas y a no extraer las consecuencias lógicas que se derivan de los hechos que vamos a comentar. Con la excepción de autores como Ricardo de la Cierva, que a partir de un determinado momento asume las posiciones del Dictamen citado, Pío Moa, o el autor de estas líneas -especialmente en Los mitos de la represión en la Guerra Civil y en mi Tesis Doctoral-, se ha tendido a convalidar la representatividad democrática de estas elecciones, especialmente por la influencia de la lectura al respecto que hizo en su día Javier Tusell (Las elecciones del Frente Popular (2 vols.), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971).

    El argumento resultaba favorable no solo a la historiografía de combate de ideología izquierdista sino a determinadas interpretaciones del antifranquismo “moderado”. En primer lugar, porque permitía un cómodo paralelismo con la consulta de noviembre de 1933 que había otorgado una mayoritaria representación a las derechas: estaríamos ante un legítimo giro de la opinión pública ante la gestión política que se había hecho durante el Bienio. En segundo lugar, porque se atribuía un peso desproporcionado a la abstención a la hora de configurar el resultado de las Cortes y, por último, porque así se podía presentar lo ocurrido en España desde entonces como la consecuencia de una victoria electoral “progresista” que se habría frustrado por una sublevación militar en julio poniendo en sordina la iniciativa revolucionaria de las izquierdas que probaban sucesos como los de octubre de 1934.

    El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, sintetiza en estos términos la magnitud del fraude que se cometió entre las elecciones y su propia destitución:

    «A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados.Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.

    Primera etapa: Desde el día 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.

    Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular.Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios.

    Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil
    » [Artículo en Journal de Géneve, 17-enero-1937].

    A espera de una lectura reposada y de una valoración más profunda de la obra de Álvarez Tardío y de Villa García, haremos a continuación algunas referencias que nos permitan entender cómo el fraude electoral no es sino una fase del proceso ilegal de ocupación del poder por parte del Frente Popular. Y que fue el conjunto de este proceso lo que permitió una ofensiva revolucionaria que conduce a la completa “implosión política” de un sistema” (en gráfica expresión de Stanley G. Payne).

    El sistema electoral republicano

    La inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente Popular con vistas a las elecciones convocadas para el 16 de febrero de 1936, preconizaba la acción directa y enarbolaban la misma bandera de la revolución de Octubre del 34. Nada tiene; por ello, de extraño que se concertaran para utilizar los cauces del sufragio universal como un medio más para el asalto al poder, logrando con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral había de negarles.

    Debe tenerse en cuenta que, debido a la legislación vigente, la mecánica de adjudicación de las actas de diputados era complicada y necesitaba pasar por tres fases:

    · Escrutinio general.

    · Celebración de una segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que ninguna lista hubiera obtenido al menos el 40% de los votos.

    · Discusión de las Actas en el Parlamento.

    Cualquier interferencia, por pequeña que fuera, en alguna de estas fases tendría una influencia directa sobre el resultado, siendo especialmente delicado el escrutinio pues se distribuían los puestos respectivamente asignados a mayorías y minorías, exigiendo a los candidatos pertenecientes a éstas un mínimo de votos para ser proclamados diputados, en defecto del cual habría de procederse a una segunda elección en la que tales minorías se exponían a ser eliminadas definitivamente. La ley electoral de 1933 reproducía y agravaba todos los defectos del decreto que reguló las elecciones a las Constituyentes y había sido aprobada por las izquierdas que confiaban en sus fuertes mayorías.

    En realidad, la ausencia de garantías que se produjo en todas estas etapas permite poner en cuestión un proceso llevado a cabo al margen de la ley y hablar de la desaparición del marco democrático como primera característica de la fase revolucionaria iniciada el 16 de febrero.

    Las elecciones del 16 de febrero

    Las primeras noticias que se dieron el 16 de febrero eran parciales: victoria del Frente Popular en Cataluña, Madrid y otras grandes ciudades y de las derechas en numerosas provincias. A las ocho de la noche fue leída por radio una nota que recogía los primeros datos comunicados por los gobernadores civiles al ministro de la Gobernación:

    «Las impresiones que del resultado electoral dan los gobernadores, muy prematuras, puesto que no ha habido tiempo material de terminar los escrutinios, acusan un destacado triunfo de las candidaturas de centro y derechas. Estas impresiones de los gobernadores las anticipamos a reserva de los resultados definitivos, que serán dados a conocer tan pronto como nos sean comunicados y que creemos que no imprimen variación a la tendencia que ahora indicamos» [ABC, Madrid, 18-febrero-1936]Hacia las diez, el presidente del Gobierno, Portela Valladares comunicaba el triunfo de la Esquerra en Cataluña y la dimisión de Escalas, Gobernador General de Cataluña. Esa misma noche, comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos días logrando influir en los cargos públicos de una manera parecida al 14-abril, es decir, provocando la euforia por una victoria que no existía y desmoralizando cualquier posibilidad de resistencia. No nos detenemos con más detalle en el marco de violencia que rodeó a las elecciones y al proceso posterior a las mismas y remitimos a la detallada crónica y estadística de Blázquez Miguel [cfr. España turbulenta (Alteraciones, violencia y sangre durante la II República), Madrid: 2009].

    Aunque algunos periódicos como el Heraldo de Madrid afirmaban rotundamente que las izquierdas habían logrado la mayoría absoluta, el 18 de febrero, todavía se tiene la impresión de que va a salir una Cámara en la que el Frente Popular se encontraría en equilibrio o con una ligera ventaja sobre la derecha y con la práctica desaparición del centro. Ese mismo día el ABC publicaba:

    «A PESAR DEL AMBIENTE QUE HAN QUERIDO CREAR ALREDEDOR DE SU TRIUNFO, LAS IZQUIERDAS NO TIENEN, SEGÚN DATOS HASTA AHORA COMPUTADOS, MAYORÍA EN LA CÁMARA.

    Triunfo completo de derechas en Cuenca, Palencia, Valladolid, Toledo, Granada, Logroño, Orense, Lugo, Zamora, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Segovia, Murcia, Navarra, Baleares, Soria, Burgos, Guipúzcoa, Guadalajara, Salamanca y Santander»[ABC, ibid.].

    Lo cierto es que aún no se podía saber con certeza la composición definitiva de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar su constitución definitiva.

    En circunstancias normales -como había ocurrido en 1933- el presidente del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. Por el contrario, su dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar la mayoría. La historiografía, mayoritariamente inclinada hacia las tesis propagandísticas favorables al Frente Popular, ha evitado interrogarse acerca de las motivaciones últimas de la renuncia de Portela. Resulta difícil discernir lo que se debe al puro pánico o fue consecuencia del pacto con los dirigentes revolucionarios que denuncia Gil Robles en sus memorias. Es significativo que Portela se negara a respaldar todos los ofrecimientos que se le hicieron para restablecer el orden público y garantizar la limpieza del proceso, especialmente por parte del general Franco, jefe del Estado Mayor Central, y del propio Gil Robles.

    En las consultas, casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero ¿cuál había de ser ésta? La imposibilidad de formar un Gobierno de acuerdo con la representación parlamentario de unas Cortes que aún no existían, nos pone de relieve lo absurdo de la situación desde una lógica democrática y la necesidad de abordar su explicación como fruto de una perspectiva revolucionaria para la ocupación del poder. Finalmente fue Manuel Azaña el encargado de formar Gobierno y lo hizo con elementos de la izquierda burguesa y con el compromiso expreso de realizar el programa del Frente Popular.

    La dimisión de Portela arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que dimitieron sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, sin esperar a la transmisión normal de poderes, procedieron los nuevos dirigentes a apoderarse de los edificios y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la documentación electoral. En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20 se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsas en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las izquierdas. Así ocurrió en provincias como Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.

    Para una mejor comprensión de los recursos utilizados por los revolucionarios en su fraude, vamos a referirnos con más detalle al caso de Cáceres, muy semejante al de la provincia de La Coruña. En ambas provincias se procedió a la sustitución y falsificación de las actas electorales. El hecho quedó plenamente demostrado por las numerosas actas notariales de presencia presentadas por los candidatos de derechas y por el resultado que arroja la documentación obrante en la Junta Central del Censo. Además de la documentación obrante en el Apéndice I al Dictamen citado (pp. 29-38), el socialista Fernando Ayala Vicente publicó un estudio en el que trata de difuminar las responsabilidades del Frente Popular en el fraude cometido en el resto de España pero reconoce para el caso de la capital extremeña que «aquí se produjo una modificación en los momentos del recuento que alteraría decididamente el resultado final» (Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la Segunda República, Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001).

    Constituido el Gobierno Azaña antes de la celebración del escrutinio general y reemplazado el Gobernador Civil de Cáceres, el testimonio del secretario de la Diputación y de la Junta Provincial del Censo Electoral, Luis Villegas Bermúdez de Castro permite reconstruir las maniobras llevadas a cabo en Cáceres con el objetivo confesado de poner en práctica la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio:

    «En Cáceres a 23 de diciembre de 1936, comparece el señor anotado al margen […] dijo llamarse como queda dicho, mayor de edad, viudo, natural de Valencia de Alcántara, vecino de esta ciudad y secretario de la Diputación Provincia. Preguntado si en la noche del 19 al 20 de febrero último hubo alguna reunión en el Gobierno Civil, qué personas la formaban y que fines perseguían, dijo: Que la expresada noche fue llamado a eso de las tres horas para que acudiera al Gobierno Civil, por haber sido llamado por el Gobernador; que al llegar al edificio del Gobierno y cruzar los pasillos, vio en ellos a varias personas, entre las que recuerda a don Indalecio Valiente, Telesforo Díaz Muñoz, Luis Martínez Carbajal, Jacinto Herrero (?), y al entrar en el despacho del Gobernador le indicó éste que el objeto de la llamada era para que diera posesión al nuevo Presidente de la Diputación por haber sido destituido el anterior, don José Bulnes. Y al efecto le presentó a don Santiago Sánchez Moras, a quien el declarante no conocía, y al cual veía por primera vez; pasaron al despacho contiguo al del señor Gobernador y allí vio y le fue presentado don Faustino Valentín candidato a Diputado a Cortes […] Preguntado manifieste si sabe el objeto que llevaban dichos señores a estar esa noche en el Gobierno Civil, dijo que era la sustracción de la documentación electoral, dice que no puede asegurar que todas las personas que se encontraban allí, y que eran más que las citadas, pero cuyos nombres no recuerda, llevara la finalidad a que se refiere la pregunta, aunque supone que sí, por los indicios que pudo recoger durante el tiempo que permaneció en el Gobierno Civil; solamente puede hacer afirmaciones categóricas respecto a las personas que intervinieron en los hechos que a requerimiento del Juzgado va a referir. Después de dar posesión al nuevo presidente de la Diputación […] Al quedarse solo en el despacho con el señor Sánchez Moras, éste le requirió, invocando su carácter de presidente de la Diputación Provincial para que le entregara la documentación electoral, que debía obrar sus efectos al día siguiente en el acto de escrutinio general para las elecciones de diputados a Cortes. A lo cual se negó el declarante; insistió el presidente, diciendo que eso era un acto que no tenía importancia alguna, que nadie lo sabría y que no había de envolver responsabilidad alguna para el que dice. Éste insistió también terminantemente en su negación, y en vista de ellos, fue llamado al despacho el señor Valentín, el cual trató de convencer al que declara de que debía acceder a las pretensiones del señor Sánchez Mora, empleando para ello distintos argumentos, entre otros el que el declarante no tendría responsabilidad alguna porque obraba en virtud de obediencia debida, que, además el hecho no sería por nadie conocido, que él traía a Cáceres la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio, cualquiera que fuera el procedimiento que tuviera que emplear, pues la documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo había sido amañada por las derechas y había que destruir esta labor. Que el Gobernador Civil estaba detenido en el mismo Gobierno, que el señor Gil Robles había huido de Madrid; a pesar de todas estas manifestaciones el declarante insistió en su negativa, y dijo terminantemente que el cumpliría con su deber en todo momento y que no llevaba veinticuatro años de probidad profesional para perderla en una noche, pues bastaba para ello a impedirlo el concepto que tiene de su responsabilidad moral, aún cuando le asegurasen que estaba libre de cualquiera otra; entonces el señor Valentín le indicó su propósito o resolución de destituirle del cargo de Secretario de la Diputación diciendo el declarante que sólo así entregaría la documentación, puesto que cesaba en sus funciones. Acto seguido le entregaron unos oficios en que se le suspendía del cargo, manifestándole que el nuevo secretario era don José Herrera Quiroga, quien se presentó ipso facto, levantándose el acta correspondiente. Y haciendo entrega de la las llaves del arca de la Diputación en donde estaba guardada la documentación, manifestando antes que la otra llave del arca estaba en poder del señor Depositario de fondos, pues el que declara, temiendo el asalto de las izquierdas para sustraer la documentación había adoptado la precaución de cerrar ésta en la caja de caudales de la Diputación en la tarde anterior, pidiendo este favor al señor Depositario, en cuyo poder quedó la otra llave, lo cual tenía por objeto demostrar que durante el tiempo que la documentación estuvo bajo la custodia del secretario de la Diputación no había sufrido alteración alguna en previsión de que ésta se hubiera hecho antes de llegar a la Junta en algún otro lugar. Acto seguido abandonó el local del Gobierno Civil, debiendo advertir que la entrega de las llaves se la hizo al Depositario de la Diputación, que había sido llamado» [Apéndice I al dictamen de la Comisión… ob. cit., 33-35].

    A partir de este momento se improvisan las actas necesarias para alterar el resultado de las elecciones, que había sido favorable a las derechas. El hecho se llevó a cabo con tal impunidad y tuvo tan fácil constatación que, poco después, se informaba de él en la prensa, a pesar de la censura gubernamental:

    «En las elecciones de Cáceres los resultados oficiales que concuerdan con las certificaciones que tienen en su poder los candidatos de derecha, dan el triunfo a éstos por noventa mil votos contra setenta y tantos mil de los izquierdistas triunfantes, que son tres. En vista de ello. Los candidatos de izquierda, capitaneados por el Sr. Díez Pastor, en el momento en que dejó el Gobierno civil el gobernador saliente y después de tomar posesión del cargo un conocido socialista, a las tres de la mañana abrieron la caja de la Diputación donde estaban encerradas las actas cuyo escrutinio empezaba hoy, y eligiendo los pueblos en que las derechas tienen mayoría, colocaron en lo sobres unas actas burdamente falsificadas con los resultados cambiados y en otros unos papeles en blanco para que esos votos no les fueran computados a la derecha» [ABC, Madrid, 21-febrero-1936; edición de la tarde, 29].

    Prueba de todo lo que venimos diciendo, es la misma acta de escrutinio general de la Junta Provincial de Cáceres, firmada no solamente por los componentes de la misma, sino también por los interventores de los diversos partidos, y en la que se consignan aparecieron abiertos en el acto del escrutinio los sobres correspondientes a las actas en que más claramente se advierte luego la falsificación, referente a los pueblos de Alcuéscar, Alía, Ceclavín, Mohedas, Montehermoso, Aceituna, Santibáñez el Bajo y Torre de Don Miguel.

    En las actas correspondientes a estas Secciones aparecen en numerosos casos todos los candidatos de izquierdas con cifras iguales y elevadísimas de votaciones, y los de derechas con cifras iguales y mínimas o se omiten totalmente sus resultados. Faltan en muchas de esas actas las firmas de los interventores. Actas de diversas secciones de un mismo pueblo, y, a veces, de pueblos diferentes, aparecen escritas con idéntica letra y tinta, y, sin embargo, todas estas actas se escrutaron en la Junta Provincial sin tener en cuenta las certificaciones presentadas por los candidatos derechistas y expedidas por las mesas respectivas, en las que figuraban los votos realmente obtenidos. Así ocurre, por ejemplo, con varios distritos del pueblo de Torre de Don Miguel y del de Alía como consta en los respectivos dictámenes periciales.

    Bastaría el hecho de aparecer abiertos los sobres correspondientes a las actas de numerosas secciones para deducir que se abrieron con una intención de falsificación y si a ello se agrega que las actas correspondientes a estos sobres son aquellas en que, en contra de los certificados de escrutinio autorizados por las mesas respectivas, se atribuye a las derechas votación insignificante o nula y a las izquierdas, por el contrario, votación que alcanza en algunos momentos el 98% de los votos emitidos.En la documentación presentada al Congreso por algunos candidatos se acredita también que, ordenada por el Presidente de la Junta Central del Censo al de la Provincial de Cáceres mediante dos telegramas oficiales, la entrega al señor Rodríguez Jurado de los testimonios notariales o certificación de los documentos electorales que sirvieron de base para la proclamación de diputados, solicitados por aquel candidato, se negó el presidente de la Junta Provincial a enviarlos, pretextando no haber sido entregada aún la documentación por el secretario interino de la Junta al secretario propietario.

    Como las secciones enviaron la documentación auténtica en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley electoral no solamente a la Junta Provincial sino también a la Junta Central del Censo, es en ésta donde obran los documentos originales de cuyo cómputo únicamente puede deducirse el resultado exacto de las elecciones celebradas el 16 de febrero en aquella provincia. Hecho este cálculo se puede calibrar con toda certeza la entidad del fraude.

    Debieron, por tanto, ser proclamados diputados todos los candidatos de la Coalición de Derechas, a excepción de Morata, por las mayorías, y por las minorías, Giral, Díez Pastor y Martínez Carvajal, o sea, seis contra tres, y como lo fueron dos por siete, respectivamente, se privó indebidamente de cuatro actas a la Coalición de Derechas, siguiendo el mismo procedimiento empleado en relación con las actas de la provincia de La Coruña, de sustitución de las verdaderas por las falsas con anterioridad a la celebración del escrutinio provincial.

    Ahora bien, ¿Cuán era la finalidad última de los republicanos cacereños, más allá del objetivo común al fraude con otras provincias de incrementar el número de diputados frentepopulistas? Ha sido el historiador Antonio Manuel Barragán Lancharro el que ha añadido oportunas precisiones al respecto, al hilo de las memorias de Niceto Alcalá Zamora y de la documentación consultada [Hace 75 años… José Giral y el pucherazo del Frente Popular en Cáceres (1936), en Ángel David MARTÍN RUBIO (coord.), Extremadura: de la República a la España de Franco (Una visión historiográfica), Madrid: Ediciones Barbarroja, 2012, 29-38].

    Según el que fuera presidente de la República Española, Portela Valladares le había confesado que tenía conocimiento de la maniobra del Frente Popular para que la candidatura izquierdista en Cáceres pasara de perdedora a victoriosa ilegalmente. La clave está en un cuadro explicativo del avance de resultados provisionales que envió a Madrid el Gobernador Civil, el último a las 14,10 del 19 de febrero de 1936. A falta de hacerse un recuento definitivo se corría el peligro de que perdiera su escaño el propio José Giral Pereira, íntimo amigo de Azaña y unos de los prebostes de Izquierda Republicana. Con la maniobra empleada, el que estaba llamado a ser presidente del Gobierno en la Guerra Civil y uno de los principales responsables del terror provocado por la entrega de armas a las milicias frentepopulistas, ocupaba en febrero de 1936 la candidatura que, fraudulentamente, habría recibido más votos en la provincia de Cáceres.

    Los mecanismos para completar el fraude

    La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos. Ello sólo había ocurrido en distritos moderados (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria) y ahora las coacciones y el ambiente que hemos descrito, provocaron la retirada de los candidatos derechistas o su derrota incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.

    Un artículo publicado el 5 de marzo en El Liberal de Bilbao y, por tanto, obra de Indalecio Prieto o respaldado por él, demuestra lo que se pretendía y su secuencia lógica:

    «Para no dejar suelto ningún eslabón, debe dirigir [el Gobierno] igualmente la lucha en las circunscripciones donde los abusos cometidos justifiquen la nulidad de las elecciones del 16 de febrero. Los 300 diputados con que soñaba en sus delirios de grandeza Gil Robles, serán los que tenga el Frente Popular. Porque cuando se exprese libremente la voluntad del cuerpo electoral allí donde quedó secuestrado, las izquierdas alcanzarán y rebasarán esa cifra. Con esas tres victorias que consecutivamente nos aguardan: Elecciones legislativas parciales, renovación de Municipios y nombramiento de Jefe del Estado, la consolidación del régimen será tan firme que no resultará posible ningún retroceso» [Cit. por José PLA, Historia de la segunda República española, vol. 4, Barcelona: Destino, 1940-1941, 327].

    La proyectada destitución de Alcalá Zamora a la que aquí se alude, puede considerarse dudosa desde el punto de vista de la legitimidad jurídica, pero carece con certeza de legitimidad moral. El recurso empleado, la tesis de que el Decreto de disolución de las Cortes era innecesario, sólo podía sustentarse lógicamente por las minorías de derechas, como lo habían hecho en su momento; por el contrario, aprobaron la proposición discutida los mismos partidos que antes se habían manifestado a favor de dicha disolución que condujo a las elecciones de febrero del 36

    El 15 de marzo tiene lugar la sesión preparatoria de las Cortes -que concluye con los diputados del Frente Popular cantando la Internacional y saludando puño en alto- y al día siguiente se celebra la primera sesión ordinaria, siendo elegido como presidente Diego Martínez Barrios. El 17 se constituye la Comisión de Actas, presidida por Indalecio Prieto y de mayoría izquierdista, encargada de redondear la mayoría del Frente Popular. Su actuación –en un ambiente de violencia e intriga- terminó con una nueva pérdida de escaños por las derechas: «La discusión de las actas dio la tónica de lo que serán irremisiblemente estas Cortes… un organismo de guerra civil, serán la guerra civil misma encuadrada en un hemiciclo» [José PLA, ob. cit., 339].

    Por fraudes atribuidos a las derechas durante la emisión de los votos, se declararon nulas las elecciones de Cuenca y Granada sin admitir ninguno de los recursos ante las clarísimas intromisiones de los frentepopulistas en otros lugares. Las izquierdas tampoco consintieron en investigar los robos de actas.

    A espera del resultado de estas elecciones, el 3 de abril quedaba constituida una Cámara con la siguiente composición: izquierdas: 265 diputados; derechas, 133; centro, 54 y 21 puestos vacantes. Payne señala como composición definitiva del Congreso la siguiente: 277 escaños para la izquierda, 60 para el centro y 131 para las derechas (La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona: Paidos, 1995, 337). El Frente Popular disponía ya de la ansiada mayoría absoluta, imprescindible para sus proyectos.

    A comienzos de mayo se repitieron las elecciones en Cuenca y Granada. Las presiones fueron tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente Popular fruto de las coacciones y el fraude.

    El sucesivo desbordamiento del resto del marco jurídico será la segunda fase del proceso revolucionario: la nueva administración iba a servirse del estado de alarma y de la supresión parcial de las garantías constitucionales no para mantener el orden sino para dejar manos libres a las fuerzas revolucionarias, únicas que podían, a su vez, sostener al Gobierno en el Parlamento.

    En síntesis, lo que puede llamarse “la ocupación del poder por el Frente Popular” es en realidad un proceso complejo que permite a la coalición revolucionaria de izquierdas redondear su mayoría parlamentaria a partir de un ajustado resultado electoral.

    Los días que siguieron a las elecciones fueron de gran confusión, pero a las izquierdas les bastaba con repetir que su éxito había sido arrollador y aplicar una serie de medidas que iban privando al centro-derecha de las actas necesarias para atribuir al Frente Popular una mayoría absoluta que le resultaba vital a la hora de sostener el proceso revolucionario. Representantes del Frente Popular, dueños de los Gobiernos Civiles y de las Juntas del Censo, anulaban o se apropiaban de votos.

    Las manipulaciones y coacciones continuaron en la segunda vuelta y en los debates de la comisión de actas, culminando con la destitución del presidente de la República, Alcalá Zamora, ahora sustituido por Manuel Azaña.

    Inmediatamente, los frentepopulistas generalizan una situación de violencia y desorden bajo formas distintas que es necesario conocer de manera conjunta para captar su coherencia como indicios no tanto de puntos aislados de conflictividad —que podían haber encontrado soluciones parciales― cuanto de una metodología pre-revolucionaria Ataques e incendios provocados contra edificios y comunidades religiosas o parroquiales; huelgas y manifestaciones agresivas; ocupación directa de tierras y sabotajes agrarios; enfrentamientos entre los miembros de los grupos políticos, detenciones políticas arbitrarias y asesinatos…

    Todo estaba al servicio de una táctica pre-revolucionaria que buscaba el deterioro irreversible de una sociedad sobre la que habría de imponerse aquella de las opciones revolucionarias que lograra imponerse a sus contrarios.

  2. #22
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    Re: Vituperio de la II República

    Citas que explican la Historia tal como fue:

    «Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos» — Largo C. [[Pronunciada el 10 de febrero de 1936]].


    «Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en función [...]». Lerroux.

    «No hay gobierno en Madrid; sólo hay bandas armadas que cometen toda clase de atrocidades [...]», «Franco y Mola tuvieron al alta prudencia de no pronunciarse contra la República» (el Alzamiento se realizó en su inicio con la bandera tricolor). Unamuno, 1936.

    «Anarquistas y socialistas-comunistas se mataban entre sí con regularidad, uno o dos muertos al día» — Edward Knoblaugh, corresponsal.

    «Si gana Franco, Azaña puede meterse a cura. Si ganamos, puede saltar de un acantilado. Hay muchos en Montserrat» — oficial de Gob de Largo.

    «La República es el fenómeno más desmoralizador producido en España desde hace muchísimo tiempo. [...] Nos quitó la ilusión» — Julio Camba.


    «No quiero ser presidente de una República de asesinos» — Manuel Azaña, en referencia a las sacas de presos en el Madrid rojo.

  3. #23
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    Re: Vituperio de la II República

    Excepto en la diferencia que establece el autor entre socialistas y comunistas (todos eran lo mismo, entonces como hoy, COMUNISTAS, en palabras de Largo Caballero), suscribo totalmente el artículo. No obstante, dicha diferenciación tiene su parte positiva, y es que ya es hora que entre estos y los otros, tanto da, que da tanto, porque son lo mismo, y vaya de aviso a esos que se autoconsideran "socialdemócratas", se vayan enterando por que eso no existe en el PSOE.


    Los milicianos socialistas y comunistas se dedicaron a violar a católicas durante la II República y la Guerra Civil

    Javier Paredes 22/07/18 09:00


    Almudena Grandes es faro que ilumina y orienta a las feministas. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer, se permitió blasfemar contra nuestras monjas martirizadas durante la Guerra Civil con estas palabras, publicadas en El País el 24-XI-2008:«¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la monja] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

    Está muy documentada la muerte de las 295 monjas mártires. Pues bien, veamos solo unas pocas gestas heroicas y galantes de las que realizaron durante la Guerra Civil los jóvenes milicianos, armados y sudorosos, con los que -¡mmm!- se relame Almudena Grandes.

    Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas, naturales de Riudarenas (Gerona) y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, las introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, las desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo.

    En Valencia, los jóvenes milicianos armados y sudorosos, héroes admirados del feminismo militante de la columnista de El País y demás escritoras y políticas progres, dieron un trato parecido a una seglar, Concepción Carrión González, a la que asesinaron junto con dos religiosas de las Carmelitas Calzadas de Valencia, Sor María Josefa Ricart Casabant, natural de Albal (Valencia) y Sor Trinidad Martínez Gil, que había nacido en Soneja (Castellón).

    Valencia. De Acción Católica, Concepción Carrión no se dejó sobar los pechos. Entonces, los milicianos se los acribillaron a balazos.

    Concepción Carrión era una mujer de 35 años, bien parecida, que presidía la agrupación Acción Cívica de la Mujer de La Alcudia. Esta asociación, formada en buena parte por las mujeres de Acción Católica, tuvo una influencia notable en Valencia. Por dar una idea, baste con decir que esta asociación valenciana tenía, en 1932, 150 locales y 50.000 afiliadas. Como esta, también surgieron otras organizaciones semejantes en distintos puntos de España, aunque con nombres diferentes, como fue el caso de Asociación Femenina de Unión Regional de las Derechas de Galicia o Acción Ciudadana de Sevilla, que se unieron a la Confederación Española de Derechas Autónoma (CEDA) de Gil Robles.

    El 21 de septiembre de 1936, Concepción Carrión González y las dos religiosas citadas fueron llevadas a Sueca, a un lugar llamado del Caballo. Durante el trayecto, los milicianos intentaron abusar de Concepción, sin conseguirlo. Volvieron a intentarlo cuando la bajaron del coche, y de la frustración que les produjo la negativa le acribillaron los pechos a balazos, porque antes no había permitido que se los sobaran. Y cuando cayó muerta en el suelo, la desnudaron y la clavaron una caña en la vagina.

    Carmen García Moyón, es otra seglar, apodada ‘la francesita’ porque su madre procedía del país vecino. Se la incluye a veces entre las monjas martirizadas, porque en 1918 ingresó en el noviciado de las Terciarias Capuchinas de Altura (Castellón). Pocos años después, entiende que no es esa su vocación y abandona el convento. Acaba viviendo en Torrent (Valencia), donde instala un taller de costura. Mujer muy piadosa, en 1934 se une a la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio. Ella es la que organiza la catequesis de las niñas de Torrent, y cuando estalla la guerra ayuda a los católicos escondidos, a los que lleva comida y la Eucaristía.

    Denunciada por una vecina, en enero de 1937 es detenida y llevada a un paraje conocido como Barranc de les Cayes, en Torrent. Al bajarla del coche, los milicianos tratan de abusar de ella, a lo que se resiste y les increpa:

    -«Me mataréis, pero no abusaréis de mí».

    Con juicio incluido: un tribunal popular se quedó con las dos religiosas más jóvenes de la Congregación… para ellos.

    En vista de que no pueden cumplir sus propósitos, los verdugos de Carmen García Moyón la rocían con gasolina y la prenden fuego viva. Carmen, durante unos segundos camina por el campo como una tea ardiente, poco después se tambalea y, por fin, se desploma. Ya en suelo, antes de morir, gritó varias veces ¡Viva Cristo Rey!

    Cambiemos de región. Las carmelitas descalzas de San José de Guadalajara se ven obligadas a abandonar el convento, y vestidas de seglares, pasan la noche del 23 al 24 de julio de 1936 en los sótanos del Hotel Iberia y en una pensión. El día 24 por la tarde, tres de ellas caminan por la ciudad disimulando como pueden, pero el grito de una mujer que las reconoce las condena a muerte:

    -¡Son monjas, disparad contra ellas!

    Los milicianos comienzan la cacería y al instante, caen dos de ellas. Una tercera puede huir. Es la hermana Teresa del Niño Jesús, tiene 27 años y natural de Mochales (Guadalajara). Trata de refugiarse en el Hotel Palace, pero se lo impiden unos hombres que están en la puerta. Y en ese momento, se acerca a ella un individuo, que la ofrece su protección y le sugiere dirigirse a las afueras. Pero en el puente de San Antonio se quita la careta, la sujeta con fuerza del brazo y se la lleva a las tapias del cementerio, donde trata de abusar de ella sin conseguirlo. A la agresión se suman otros dos valientes milicianos, y ya entre tres es más fácil manosearla, pero la monja sigue resistiéndose. Frustrada su lujuria, se les desata la ira. Un empleado de la funeraria es testigo de lo que sucede, oye las frases soeces que la dirigen y que la exigen que dé vivas al comunismo, a lo que la hermana Teresa del Niño Jesús responde con un ¡Viva Cristo Rey! Entonces se separan un par de metros de ella, cargan sus armas, ella cae de rodillas con los brazos en cruz y la acribillan a balazos.

    La persecución religiosa de la Guerra Civil española se ha presentado a veces como la acción criminal de unos incontrolados. Pero los hechos no sucedieron así. Los asesinatos fueron promovidos y planificados por los partidos y los sindicatos de izquierdas, con un innegable protagonismo del PSOE. Así por ejemplo en Santander, las juventudes socialistas publicaban un semanario titulado Nueva Ruta, y en esta publicación aparecían las listas de los que los socialistas consideraban como facciosos, que a continuación eran buscados para asesinarlos.

    No eran incontrolados: era un régimen que favorecía el desprecio a la mujer y a la feminidad. Como Almudena Grandes.

    Naturalmente, que antes de matarlas se las juzgaba, en un simulacro de justicia, porque como nos recuerdan insistentemente Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, lo del Frente Popular era el Estado de Derecho. Así es que gracias a que el bando republicano era el imperio de la ley, en cierta ocasión se formó un Tribunal Especial para juzgar a un nutrido numero de monjas de las Carmelitas de la Caridad de Cullera, y el juez dictó la siguiente sentencia: «Como que dichas mujeres no han dado provecho al pueblo, ni tampoco lo darán en el futuro, a la catalana que se vaya a su tierra, pero a las otras, como son del norte, país fascista, las fusilaremos, excepto a las dos más jóvenes que serán para nosotros». Nada se dice de que estas dos monjas dieran un sí explicito para entregarse sexualmente, pero como no cabe en cabeza alguna que estos tribunales del Estado de Derecho republicano fueran machistas, estoy convencido que cuando esto lo lea la ministra Isabel Celaá, como dicen que es la católica del Gobierno y la responsable de Educación, con esta doble cualidad, si no es en los archivos del Estado será en los archivos eclesiásticos, pero en algún sitio encontrará el documento en el que figure el consentimiento de entrega sexual de estas dos monjas al juez y sus secuaces, que seguro que también eran milicianos sudorosos de los que con tanto entusiasmo habla Almudena Grandes.

    El problema de la ministra Isabel Celaá es que se va encontrar con algunos casos en los que le va a ser imposible encontrar el consentimiento de algunas monjas para mantener relaciones sexuales con los milicianos jóvenes y sudorosos, por imposibilidad física y metafísica, por la sencilla razón de que aquellos aguerridos luchadores por las libertades y los derechos de la mujer del Frente Popular tuvieron sexo con ellas y hasta practicaron lo que ni imaginar se puede con sus cuerpos desnudos, pero todo eso lo hicieron con los cadáveres de las monjas, después de asesinarlas.

    Y eso fue, exactamente lo que sucedió, entre otras mujeres, con las dos hermanas Vicenta y Purificación Asensio Vila, del Monasterio de La Puridad de Valencia, que fueron arrestadas y asesinadas cuando contaban 60 y 44 años respectivamente, junto a la Madre María Inmaculada Trinidad Peneli, Esclava de María, que tenía 70, el 2 de octubre de 1936 en el término municipal de Silla (Valencia). Las tres religiosas fueron violadas después de matarlas a tiros, según constató un médico forense que recogió los cadáveres y los fotografió cuando estaban tendidos en una carretera.

    Javier Paredes
    Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá




    https://www.hispanidad.com/la-resist...02866_102.html

    Memoria Histórica, ¡no, para nada! Ocultación y Mentira Histórica, si. Desde Luego, si Franco hizo fusilar a unos cuantos, como dicen los tarados de baba de hoy, se quedó corto, pero que muy corto.
    Pious dio el Víctor.
    "He ahí la tragedia. Europa hechura de Cristo, está desenfocada con relación a Cristo. Su problema es específicamente teológico, por más que queramos disimularlo. La llamada interna y milenaria del alma europea choca con una realidad artificial anticristiana. El europeo se siente a disgusto, se siente angustiado. Adivina y presiente en esa angustia el problema del ser o no ser.

    Hemos superado el racionalismo, frío y estéril, por el tormentoso irracionalismo y han caído por tierra los tres grandes dogmas de un insobornable europeísmo: las eternas verdades del cristianismo, los valores morales del humanismo y la potencialidad histórica de la cultura europea, es decir, de la cultura, pues hoy por hoy no existe más cultura que la nuestra.

    Ante tamaña destrucción quedan libres las fuerzas irracionales del instinto y del bruto deseo. El terreno está preparado para que germinen los misticismos comunitarios, los colectivismos de cualquier signo, irrefrenable tentación para el desilusionado europeo."

    En la hora crepuscular de Europa José Mª Alejandro, S.J. Colec. "Historia y Filosofía de la Ciencia". ESPASA CALPE, Madrid 1958, pág., 47


    Nada sin Dios

  4. #24
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    Re: Vituperio de la II República

    A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
    __________________

    La Segunda República: el azote de la prensa libre.

    Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


    Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

    «La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


    Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

    La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

    En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

    Sin importar la línea editorial.

    La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

    Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

    Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

    Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

    Dificultades para publicar.

    Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

    Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

    Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

    Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

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    A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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    La Segunda República: el azote de la prensa libre.

    Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


    Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

    «La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


    Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

    La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

    En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

    Sin importar la línea editorial.

    La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

    Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

    Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

    Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

    Dificultades para publicar.

    Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

    Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

    Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

    Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.
    Cómo anécdota decir que tras la victoria (ilegítima) del Frente Popular en el pucherazo electoral de 1936 este llegó a censurar hasta la hora del entierro en una esquela. (Fuente).

  6. #26
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