Los internamientos han aumentado un 7,4% en un año. En España, 700.000 niños padecen desórdenes del comportamiento, según la OMS

Marta Borcha

Madrid- Padecen trastornos de comportamiento, han sufrido la violencia doméstica o han sido seducidos por la droga, el delito o el crimen. Todos son menores de edad y en ellos se refleja una infancia desgarrada. Los orfanatos, correccionales y reformatorios dejaron de existir desde que las competencias de Asuntos Sociales se transfirieron a las comunidades autónomas y transformaron estas instituciones en centros de protección, de reforma y de trastornos de conducta de menores, lugares que se han convertido en el hogar de más de 50.000 niños. Allí, tutelados por las administraciones, deben aprender a olvidar su pasado; tienen que conseguir la reinserción en la sociedad.

«Camello» para salvar a la familia. Ismael entró en un centro terapéutico a los 11 años. Procedente de una barriada marginal de Albacete y con un padre drogadicto y una madre desbordada por la situación, ejerció de cabeza de familia de sus hermanos. No acudía al colegio, fingía ataques epilépticos y trapicheaba por el barrio. Pasó en el centro varios meses hasta que le dieron el alta. Regresó a su barrio y retomó los estudios, pero su padre ingresó en prisión e Ismael retomó la dinámica de antes y empezó a vender droga para ayudar a su familia. Ahora, con 13 años, ha ingresado de nuevo en el centro.

Los problemas de Sara, una adolescente de 15 años de Ciudad Real, empezaron con el alcohol siendo una niña. Luego vinieron las agresiones a sus padres, las peleas en el colegio y el enfrentamiento continuo con la gente. Sus padres la ingresaron en un centro psiquiátrico de Andalucía en el que se pasaba el día sedada. De allí la trasladaron a un centro terapéutico donde empezó a reinsertarse. Hoy trabaja en una pescadería de Guadalajara y nunca volverá a Ciudad Real. Tiene pareja y está en Alcohólicos Anónimos.

Insultos y amenazas. Los casos como el de Ismael o Sara forman parte de la larga lista de menores internados en centros especiales, que suponen un gasto diario de 230 euros al día. En ellos, explica Ricardo Fernández, director técnico de la Fundación O´Belén, institución que presta servicios a la Administración con sus centros de menores, «trabajamos de forma individualizada con los niños en conflicto social con un equipo de educadores, médicos, abogados, terapeutas y psiquiatras».
Llevar a cabo su tarea no resulta fácil, pues son frecuentes «los insultos y agresiones» que sufre el personal. «Es un trabajo duro. Son chavales que provienen de familias desestructuradas, eso si tienen familia, chicos de la calle, menores que no tienen normas», explica el experto, quien afirma que cualquier tipo de límite que se les ponga es motivo de conflicto: «Deben seguir un horario para el estudio y aprender que se come con cuchillo y tenedor».

Su método de trabajo se desarrolla en tres fases. En la primera se observa al menor, se hace un diagnóstico y se le asigna un tutor. En la segunda se trabaja el área formativa-laboral, la educación y los talleres y orientación laboral. «Lo importante es crear un hábito de trabajo para que se conciencien de la necesidad del esfuerzo», indica Fernández. Por último, en la tercera fase se trabajan las habilidades sociales, las actividades de ocio, la salud, la higiene y el deporte, y las asambleas de menores, «en las que los chavales opinan, proponen, sugieren y exponen sus quejas». Si la evolución es positiva se les incorpora en algún taller o trabajo fuera del centro hasta que se les da el alta.

La recuperación, señala el experto, no es inferior a los seis meses, pero no debe exceder los dos años «para no institucionalizar al niño». Una vez fuera del centro se les pierde la pista. Y si son menores, se hace un seguimiento. Hemos de reconocer que si vuelven a su lugar de origen, a un ambiente conflictivo -dice Fernández-, las posibilidades de recaer son altas. «A estos niños se les exige un nivel de autonomía a edades muy tempranas. Deben aprender a sacarse las castañas del fuego».

El director técnico de la Fundación O´Belén asegura que cada vez hay más problemas de trastornos de conducta en los colegios. «Hay que invertir más en prevención. Las administraciones se pasan la pelota unas a otras, la Sanidad y la Educación no entran en juego, no hay unidades infanto-juveniles de Psiquiatría en la sanidad pública, sólo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en las otras comunidades meten a los niños con los adultos».

Los trastornos de conducta afectan cada vez más a la infancia. Según la OMS, en España hay 700.000 chicos que sufren este problema, que se caracteriza por la transgresión de las normas, y 1.300.000 están en riesgo de padecerla. El 80 por ciento de los casos no están diagnosticados. Las familias de estos niños suelen sufrir la violencia de sus hijos y se ven incapaces de controlarlos.

La única salida que tienen es internarlos en centros terapéuticos públicos -no existen los privados-, pero para ello deben ceder la tutela a la comunidad autónoma a la que pertenezcan. «Esto desorienta mucho a los cientos de padres desesperados que nos llaman cada día», explica el director jurídico de la Fundación O´Belén, J. Ignacio Arias: « Es muy duro, pues se sienten víctimas y verdugos, y el hijo interpreta que sus padres lo han abandonado». El problema, matiza Carlos Moreno, director de comunicación, es «que no hay respuestas desde el sistema educativo ni sanitario, y a los padres no se les da otra alternativa más que el abandono ficticio de sus hijos», algo que, a su juicio, podría provocar la aparición de centros clandestinos de menores, como el precintado esta semana en Girona, donde los padres estarían dispuestos a dejar a su hijos.
Junto a los trastornos de conducta, la delincuencia juvenil aumenta y con ello el internamiento de los chavales en centros de reforma, lugares para chicos a partir de 14 años que hayan cometido faltas.

En 2004, los juzgados de menores ordenaron el internamiento en centros de reforma y terapéuticos de casi 5.000 niños, un 7,4 por ciento más que en 2003.

La política de bienestar social española se ha volcado en la tercera edad, en la igualdad de las mujeres y recientemente en los colectivos homosexuales. Sin embargo, los niños todavía no han encontrado esa atención que merecen.En nuestro país, unos 50.000 niños viven en centros de protección o acogida, lugares a los que se envía a los menores de 0 a 18 años que han vivido situaciones de maltrato o abandono, como es el caso de la pequeña Alba, y también a menores inmigrantes. «Hay pocos protocolos de coordinación entre los sistemas de protección, sanidad, educación, servicios sociales, y la actuación es muy tardía, por lo que es una forma de maltrato a la infancia. El personal de salud o educativo desconoce los indicadores y detección de maltrato. Esto se traduce en que si se interviene con críos de 5 años tienes todas las posibilidades de recuperarlo, pero si éste ya tiene 12 o 14 años, que viene con deterioro, fracaso escolar y secuelas, las posibilidades de éxito son bajísimas», denuncia el vicepresidente de la asociación Identidad para Ellos, Juan Ignacio González. A todo ese se une la falta de atención terapéutica: «Cuando un crío ingresa en un centro con un cuadro de maltrato físico o abusos, tiene que tener un seguimiento constante. La atención terapéutica deriva toda a salud mental, un sistema que no funciona porque en el mejor de los casos el niño tiene una consulta trimestral o mensual».

Las diferencias entre los centros de protección son otro de los problemas: «En Madrid, Andalucía, Canarias y Ceuta hay colapso, algo que va unido al fenómeno de la inmigración.
En Asturias, por ejemplo, hay plazas libres, mientras que en otros centros hay niños en los pasillos», señala este experto con una larga trayectoria profesional como educador y director en centros de menores.



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