Fuente: Montejurra, Número 13, Enero 1966?, página 9.



Puntualizaciones sobre la Legitimidad dinástica
Por Álvaro D´Ors


Legitimidad no hay más que una: la de origen. Legitimidad es la familiar, tanto en la familia privada como en la dinástica. Legitimidad dinástica quiere decir titularidad para el poder en virtud de la filiación que habilita para el gobierno de la familia real. Porque la que reina es la familia real, la dinastía, pero es rey el jefe actual de la dinastía reinante.

Eventualmente, la misma familia real puede inhabilitar a uno de sus miembros para la sucesión política. Esto ocurre cuando aquel miembro conculca los principios esenciales de la Tradición política y moral del pueblo que debe gobernar, o rompe el juramento con su pueblo: la familia real lo excluye entonces de la sucesión dinástica, y queda en aquella familia como un miembro inerte, inhabilitado para reinar; como puede ocurrir con un miembro loco. En tales casos, la inhabilitación viene a impedir la legitimidad de origen.

En términos generales, todo miembro de la familia real que se declara en rebeldía contra el rey legítimo queda “ipso iure” inhabilitado para ser él mismo rey. Su posible legitimidad queda por ello impedida sin remedio; es decir, sin más remedio que el de la expresa condonación de la rebeldía por el rey legítimo que la sufrió.

La legitimidad se adquiere en el momento de la concepción en justas nupcias. Así, el rey inhabilitado no puede expropiar de sus derechos ya adquiridos al hijo concebido con anterioridad a la inhabilitación; en tanto todos los hijos concebidos con posterioridad a la inhabilitación, y toda su ulterior descendencia quedan definitivamente excluidos de la sucesión dinástica. Ésta es la razón por la que Francisco de Paula, Isabel II y toda su posible descendencia quedaron excluidos de la legitimidad, en tanto Carlos VII fue rey legítimo pese a la inhabilitación de su padre.

El ejercicio de la realeza por un monarca excluido de la legitimidad no puede legitimarlo, por mucho que dure tal ejercicio. Cabría pensar quizá que una prescripción de larguísimo tiempo, incluso sin buena fe, podría consolidar los derechos reales, por el ejercicio prolongado de los mismos. Para impedir tal posibilidad, el Carlismo tuvo buen cuidado de interrumpir reiteradamente esa prescripción mediante protestas solemnes, y a veces bélicas, de modo que los sucesores de Isabel II no pudieran jamás invocar tal prescripción a su favor. Por lo demás, el abandono de la realeza detentada (como ocurrió en 1931) excluiría por sí mismo tal pretensión.

La llamada legitimidad “de ejercicio” no es más que el aspecto positivo de un concepto en sí mismo negativo, que es el de la inhabilitación por el ejercicio abusivo, contra los principios políticos de la Tradición. En realidad, no existe una legitimidad de ejercicio, sino la pérdida de la legitimidad por el mal ejercicio. El que no incurre en este mal ejercicio inhabilitante continúa legitimado por la legitimidad de origen. El buen uso de la realeza no habilita a nadie, sino que no lo inhabilita. Los descendientes de los inhabilitados carecen de legitimidad de origen, y no pueden adquirir otra legitimidad, pues no existe.

¿Por qué insistimos tanto en la legitimidad dinástica? ¿No sería posible mantener los ideales de la Tradición en la persona de un rey cualquiera? ¿Acaso no se dice hoy que el rey debe serlo en consideración a sus talentos personales? Todos estos reblandecimientos de la legitimidad se deben al impacto democrático, que llega a infiltrarse, desgraciadamente, en las cabezas de algunos tradicionalistas.

En mi opinión, la legitimidad es necesaria para salvar la Tradición, del mismo modo que es la Tradición la que justifica la legitimidad dinástica; porque la legitimidad se pierde precisamente por el atentado a la Tradición; y de ahí el juramento recíproco del rey y su pueblo. La legitimidad resulta así una firme garantía de la conservación de la Tradición, y por eso he dicho alguna vez que la legitimidad dinástica garantiza la conservación del ideal tradicional de modo análogo a como un buen corcho garantiza la integridad del precioso licor de una botella: no es lo más importante, pero es imprescindible. De hecho, cuantos han intentado defraudar la legitimidad salvando la efectiva Tradición –una vieja y constante y perversa tentación de posibilismo– han venido a caer en el más claro liberalismo: al perder la legitimidad, se les evaporó la Tradición.

Nuestra Guerra de 1936-1939 hubiera debido conducir a una victoria de la Causa Legítima, de no haber sido por la desfavorable coyuntura internacional del totalitarismo imperante entonces en Europa y radicalmente incompatible con el Carlismo. Ese “europeísmo” frustró nuestras justas expectativas. Luego, el posible efecto de la Guerra y de la Victoria se fue desvirtuando por sucesivos eventos, y nos encontramos hoy ante la dificultad de reconstruir un resultado político concreto para la Victoria de 1939. Sólo el Carlismo sigue consecuente con aquella Guerra, precisamente porque aquélla fue en el fondo una Guerra Carlista, aunque frustrada por los factores que todos conocemos.

Recuperar la Tradición, reconstituir políticamente a España, eso es ahora muy difícil, y el riesgo –un riesgo enorme– es el de que nos encontramos, a los treinta años de aquella noble gesta, con que no llegó al rango de una Guerra Civil decisoria, de que fue una simple Cruzada, y España espere todavía el momento de su configuración política.