Tema: Impunidad, complicidad y “vista gorda” hacia Carrillo en su regreso a España

"Ni agallas, ni justicia"

Revista FUERZA NUEVA, nº 522, 8-Ene-1977 NI AGALLAS, NI JUSTICIA El desenlace del asunto Carrillo va a poner a pensar a muchos españoles. La siniestra figura del secretario del P. C. es un indudable elemento que viene a atizar el fuego de la discordia nacional, prendido por la desdichada reforma política. No es lo más lamentable de todo este asunto el desprestigio del Gobierno (desprestigio ganado, ciertamente, de modo muy merecido, paso a paso). No lo es tampoco su debilidad, demostrando que carece de agallas para reaccionar frente a una provocación intolerable. Ni siquiera su falta de visión política, para haber evitado a tiempo este asunto con el que no se ha pretendido otra cosa que la legalización de la estancia de Carrillo en nuestra patria y la del Partido Comunista. Lo más lamentable, lo que carece en absoluto de justificación es el triste papel que se ha hecho jugar al Poder Judicial, sobre el que se ha hecho gravitar la solución de un problema de evidente encaje penal, pero de auténtico y primordial perfil político. Las palabras del presidente Suárez al dueto de carteros de la “Comisión Negociadora” son de lo más lamentable y deprimente: “El tema queda ya fuera de la órbita del Gobierno. Carrillo está a disposición del juez y me alegraré que todo se resuelva lo mejor posible y cuanto antes”. Estas palabras nos hacen pensar en aquellas otras de Poncio Pilato: “Ningún delito hallo en este hombre. Llevarlo ante Herodes”. Lavarse las manos para eludir el problema es una tremenda equivocación de consecuencias imprevisibles. Carrillo -¿a qué recordarlo?- tiene gravísimas responsabilidades que aún gravitan sobre él. Aun cuando el genocidio de Paracuellos (diez mil asesinatos) hubiera legalmente prescrito, su responsabilidad como organizador de las partidas de bandoleros que asolaron con sus violaciones y expolios muchas de nuestras comarcas, hasta bien entrada la década de los 50, está aún latente para la aplicación del Código Penal. Ello sería suficiente para llevarle al pelotón de ejecución. Pretender, ahora, inculparle por una entrada ilegal en el territorio nacional o por una mera actividad de asociacionismo ilegal es un puro sarcasmo y una cobardía. Lentamente, pero de modo seguro, vamos hacia la discordia nacional. Estamos dando los mismos pasos y teniendo los mismos tropiezos que en 1931. Y, lógicamente, llegaremos a la misma meta: a julio de 1936. Cuando ese momento llegue, sería inútil lamentarse de que no hubiera habido a tiempo ni agallas ni justicia. Jaime CORTÉS